Cipolletti (Federación Juvenil Comunista).- Cuando se produjo el intento golpista contra Evo Morales en Bolivia, el pueblo boliviano salió a la calle para defender a su gobierno, los pueblos latinoamericanos los acompañamos y hubo una respuesta activa de los presidentes de Unasur.
Ante el golpe en Honduras -un nuevo hito de la contraofensiva reaccionaria contra los gobiernos progresistas de la región- además de la heroica resistencia de los hondureños, también se dieron protestas de los pueblos y una rápida reacción de los gobiernos latinoamericanos, aunque con los ardides que esta vez agregó la cancillería norteamericana para frustrar el regreso del presidente Zelaya a su país. Ahora, cuando Colombia acuerda ser plataforma de bases militares yanquis, con el avieso propósito de apoyar esa contraofensiva reaccionaria y asegurar el control territorial y político de la región, los gobiernos de la Unasur aceptaron participar de la reunión propuesta por el gobierno argentino en Bariloche, con la presencia de Uribe, presidente de Colombia. Todo esto a pesar de las seguridades que vino a dar Christopher Mc Mullen, subsecretario de la cancillería norteamericana ante la Cancillería argentina, acerca de que no pensaban instalar bases militares.
En este caso, el debate sobre las bases sumó un evidente muestreo para comprobar las respuestas de los pueblos y gobiernos de la región. En primer lugar, las movilizaciones populares han demostrado ser imprescindibles para encabezar los reclamos antiimperialistas, lo que nos obliga a esclarecer y movilizar mucho más intensamente contra este avance del imperio en la región, junto a amplios sectores del campo popular. En segundo lugar, no todos los gobiernos dijeron lo mismo, aunque con la sola excepción de Uribe todos se pronunciaron contra las bases militares y se logró preservar la Unasur ante los intentos de quebrarla. La Unasur es la instancia que en el proceso que transcurre en nuestra región funciona por primera vez sin la tutoría norteamericana. En tercer lugar, la prensa de nuestro país, de manera casi unánime, hizo el coro al narco presidente Uribe, descalificando a los presidentes Chávez, Morales y Correa por sus duras denuncias sobre la política norteamericana en connivencia con el gobierno colombiano.
Y es aquí donde aparece el nuevo retintín mediático, el ahora proyecto de ley de medios, anunciado hace ya varios meses, ha pasado a ser para el grupo Clarín un instrumento dictatorial y denigrable. Lo mismo le sucede al gobierno de Brasil, que en diciembre discute una nueva ley de medios, y ni que hablar de los presidentes Correa y Chávez que ponen en cuestión a los monopolios informativos. Lo cierto es que se profundiza el debate sobre el mayor acceso de la sociedad a todas las formas de comunicación, para lo que debe enfrentarse la construcción de la realidad que ejercen los monopolios informativos. Ernestina Herrera de Noble declara que resistirá los “aprietes” y en su diario, radios y canales de propiedad de su grupo, llama al proyecto gubernamental “proyecto para controlar los medios”. Es que su práctica es la de convertir en valores universales los de su grupo, sus negocios, su clase y sus aliados políticos. En fin, generar un estado de opinión por encima de un estado de democracia.
Ellos esconden la verdadera esencia de su plataforma política tras su ensañamiento falsamente moralizante y sus “valores”, porque si la revelaran, quedaría en claro que son los responsables de la subordinación al imperialismo, del desempleo, la deuda y el empobrecimiento de la población. Si revelaran su plataforma, mostrarían su verdadera intención, volver al mismo programa retrógrado basado en las privatizaciones, el Estado mínimo, la reducción de gastos sociales. Lo mismo que plantea el grupo patronal agropecuario articulado por la trama multinacional sojera, que lanzó el paro del campo, ya sin el brillo de la experiencia anterior, pero concentrando su esfuerzo en la destrucción del ciclo político en curso.
La influencia de este poder de clase, capitaneado por el partido de la prensa, que hace unos días clamaba por la pobreza de manera doliente y ahora elige otra agenda de demandas, tiene que ver con la capacidad de organización, movilización y unidad del campo popular en su expresión más amplia. Lo que se necesita ante esa influencia es la participación popular y su representación política en un programa de liberación nacional y social. No hay otra.
lunes, 7 de septiembre de 2009
TARDE PERO SEGURO: UNTER CONVOCA A MARCHAR CONTRA LA JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA DOCENTE
El Bolsón (ANPP).- A casi 6 meses de la finalización del paro docente y de la persecución ideológica y sembradora de terror posterior que sufrieron y sufren los compañeros docentes de muchas seccionales pero especialmente en El Bolsón la conducción de la UNTER (La misma que traicionó a sus bases en Chichinales y entregó 40 días de lucha por 200 pesos) convoca a una jornada de protesta contra la judicialización de la protesta docente, parece un chiste.
A continuación el comunicado:
(UNTER).-El Consejo Directivo de la Un.TER convocó a una jornada de protesta para el día 11 de septiembre en General Roca. La concentración será a partir de las 10 hrs en la sede central del sindicato, sita en Chula Vista y Avenida Roca, contando con la presencia de los secretarios generales de CTERA, SUTEBA Y ATEN, Estela Maldonado, Roberto Baradel y Marcelo Guagliardo. Desde allí se marchará al Juzgado Federal con asiento en Roca en repudio a la criminalización de la protesta social emprendida por el fiscal Alejandro Moldes. En un accionar teñido de subjetividad ideológica y política, este fiscal ha iniciado una caza de militantes de la Un.TER con el objetivo de procesarlos y dar un escarmiento disciplinador como ofrenda al gobernador Miguel Saiz. Al igual que su hermano Leonidas Moldes - Juez Federal de Bariloche- y el Juez Provincial de El Bolsón, Ricardo Calcagno.
La misma Justicia que habilitó el desabastecimiento de alimentos del lock-out patronal, que declaró constitucionales las rebajas salariales y la entrega del sistema previsional y ha obviado los hechos de corrupción que hoy debate la sociedad rionegrina, pretende actuar con el látigo con los trabajadores que “osan” reclamar. Mientras, alegremente, se otorgan a sí mismos el 82% móvil de sus ostentosos salarios, derecho que históricamente negaron a los trabajadores.
Este Día del Maestro, los trabajadores de la educación ratificamos una vez más nuestra irrestricta defensa de la Escuela Pública. Y advertimos a las patronales –sean éstas públicas o privadas- y a sus gestores de privilegio, que no cesaremos en la lucha por la dignificación de los trabajadores.
A continuación el comunicado:
(UNTER).-El Consejo Directivo de la Un.TER convocó a una jornada de protesta para el día 11 de septiembre en General Roca. La concentración será a partir de las 10 hrs en la sede central del sindicato, sita en Chula Vista y Avenida Roca, contando con la presencia de los secretarios generales de CTERA, SUTEBA Y ATEN, Estela Maldonado, Roberto Baradel y Marcelo Guagliardo. Desde allí se marchará al Juzgado Federal con asiento en Roca en repudio a la criminalización de la protesta social emprendida por el fiscal Alejandro Moldes. En un accionar teñido de subjetividad ideológica y política, este fiscal ha iniciado una caza de militantes de la Un.TER con el objetivo de procesarlos y dar un escarmiento disciplinador como ofrenda al gobernador Miguel Saiz. Al igual que su hermano Leonidas Moldes - Juez Federal de Bariloche- y el Juez Provincial de El Bolsón, Ricardo Calcagno.
La misma Justicia que habilitó el desabastecimiento de alimentos del lock-out patronal, que declaró constitucionales las rebajas salariales y la entrega del sistema previsional y ha obviado los hechos de corrupción que hoy debate la sociedad rionegrina, pretende actuar con el látigo con los trabajadores que “osan” reclamar. Mientras, alegremente, se otorgan a sí mismos el 82% móvil de sus ostentosos salarios, derecho que históricamente negaron a los trabajadores.
Este Día del Maestro, los trabajadores de la educación ratificamos una vez más nuestra irrestricta defensa de la Escuela Pública. Y advertimos a las patronales –sean éstas públicas o privadas- y a sus gestores de privilegio, que no cesaremos en la lucha por la dignificación de los trabajadores.
COMUNICADO:FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL GALEANO
El grupo "PRO ENCUENTRO DE LA MUJER TUCUMÁN 2009" ha organizado una fiesta en el Centro Cultural Galeano para el viernes 11 a las 22 hs. Habrá mucha música para bailar, bandas en vivo y buffete. Esperamos contar con todas y todos para divertirnos y además apoyar a este grupo, para que la mayor cantidad de personas que quieran viajar al encuentro, lo puedan hacer.
REVISTA SUDESTADA EN LA TELEVISION VIETNAMITA
El Bolsón (ANPP).- Aquí les presentamos un video realizado por la televisión vietnamita sobre la revista sudestada por su nota sobre la mujeres del vietcong
http://www.youtube.com/watch?v=F-99Pa_YNOE
http://www.youtube.com/watch?v=F-99Pa_YNOE
domingo, 6 de septiembre de 2009
PARA EL DEBATE: LOS 21 PUNTOS LEY DE MEDIOS
El Bolsón (ANPP).- Más de 300 organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, de pequeñas y medianas empresas, y comunitarias de la comunicación trabajaron durante años en pos de la unidad y modificación de la ley.
Nucleados en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en 2004 suscribieron este es el trabajo colectivo, producto de extensas jornadas de diálogo y consensos:
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
Nucleados en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en 2004 suscribieron este es el trabajo colectivo, producto de extensas jornadas de diálogo y consensos:
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
MAÑANA MARCHAS EN TODO EL PAÍS CONTRA EL HAMBRE
El Bolsón (ANPP).- Este lunes 7 de septiembre, en distintos puntos de Argentina se harán manifestaciones contra el hambre y la represión, así como por la exigencia de impulsar cooperativas bajo gestión autónoma de los trabajadores y no digitadas por los intendentes como viene perfilándose hasta el momento.
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones barriales, de desocupados y cooperativas de trabajo se concentrarán a las 14, con movilización y corte de la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social.
También habrá marchas en Rosario, Tucumán, Cipolletti, Neuquén y Formosa.
En Rosario, desde las 9, habrá un corte de ruta y movilización por la ciudad; en Tucumán, se irá hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y al Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual.
A las 10, Cipolletti será punto de reunión para luego cortar el puente carretero que une esa ciudad rionegrina con la capital de Neuquén.
En la provincia de Formosa, por su parte, a las 9 se cortará la avenida 25 de Mayo, en la ciudad de Ibarreña.
Con esto se buscará que se ponga en marcha el plan anunciado por la presidenta Cristina Fernández “en forma urgente y en todo el país, sin el manejo clientelar de los intendentes afines al gobierno”.
Por otro lado, será una expresión de defensa de las empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores y contra los desalojos de fábricas, centros sociales o comunitarios, o de familias sin techo.
En este sentido, se hará especial énfasis en la fábrica de gestión obrera IMPA.
Organizan y convocan, entre otros: Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Unidad y Lucha, MTL Rebelde, Organización Popular Fogoneros, Frente Territorial 26 de Junio (CTD Aníbal Verón, Resistencia Popular, MIP, CPS 29 de mayo, MTR Santucho, MDVG), MTDs y organizaciones barriales del Frente Popular Darío Santillán, MTR por la Democracia Directa, Frente Territorial de Convocatoria para la Liberación, Agrupación María Claudia Falcone, OLP, MoTOR, IMPA, Fábrica Recuperada por sus trabajadores, Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP).
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones barriales, de desocupados y cooperativas de trabajo se concentrarán a las 14, con movilización y corte de la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social.
También habrá marchas en Rosario, Tucumán, Cipolletti, Neuquén y Formosa.
En Rosario, desde las 9, habrá un corte de ruta y movilización por la ciudad; en Tucumán, se irá hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y al Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual.
A las 10, Cipolletti será punto de reunión para luego cortar el puente carretero que une esa ciudad rionegrina con la capital de Neuquén.
En la provincia de Formosa, por su parte, a las 9 se cortará la avenida 25 de Mayo, en la ciudad de Ibarreña.
Con esto se buscará que se ponga en marcha el plan anunciado por la presidenta Cristina Fernández “en forma urgente y en todo el país, sin el manejo clientelar de los intendentes afines al gobierno”.
Por otro lado, será una expresión de defensa de las empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores y contra los desalojos de fábricas, centros sociales o comunitarios, o de familias sin techo.
En este sentido, se hará especial énfasis en la fábrica de gestión obrera IMPA.
Organizan y convocan, entre otros: Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Unidad y Lucha, MTL Rebelde, Organización Popular Fogoneros, Frente Territorial 26 de Junio (CTD Aníbal Verón, Resistencia Popular, MIP, CPS 29 de mayo, MTR Santucho, MDVG), MTDs y organizaciones barriales del Frente Popular Darío Santillán, MTR por la Democracia Directa, Frente Territorial de Convocatoria para la Liberación, Agrupación María Claudia Falcone, OLP, MoTOR, IMPA, Fábrica Recuperada por sus trabajadores, Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP).
OPINIÓN: LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Por Adolfo Pérez Esquivel
Muchas veces las empresa van de contramano con la libertad de prensa y algunas son monopolios que controlan la información, ejercen la censura y buscan provocar reacciones y manipular la opinión pública para imponer sus intereses políticos a la sociedad.
Este mecanismo de concentración y contaminación de la información se realiza en nuestro país y a escala mundial. Se pretende confundir la libertad de prensa con la libertad de empresa, y no son sinónimos. Los monopolios generan reacciones sociales como la de penalizar la pobreza y las protestas sociales, señalan a los jóvenes como responsables de todos los males que sufre la sociedad, y han desatado campañas para reclaman más "seguridad" contra los "chicos de la calle" y de las villas que, por ser pobres y de piel oscura, se les señala como delincuentes. Se pide bajar la edad de imputabilidad.
Esos medios informativos destilan violencia a través de sus programas y desinforman en lugar de informar, pero no preguntan a ninguno de esos chicos que viven en la calle y que son violentados y marginados de la sociedad, "cuál es su seguridad". Esos jóvenes son considerados no personas y los invisibilizan cuando les conviene a esos medios perversos.
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y pretenden continuar con la ley vigente impuesta durante la dictadura militar.
Vemos que varios dirigentes políticos se rasgan las vestiduras cuando el Poder Ejecutivo presenta una nueva ley. Habría que preguntarles qué han hecho durante estos años, que no quisieron escuchar los reclamos en defensa de la libertad de prensa y miraron para otro lado y se cajonearon proyectos.
Todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha, no tuvieron voluntad política de solucionar y democratizar los medios de comunicación. Por el contrario, Menem impulsó políticas de entrega del patrimonio del pueblo, de los recursos del país a los grandes capitales extranjeros; permitiendo el monopolio de los medios de comunicación y la concentración del poder en pocas manos. Lo mismo podemos decir de los dirigentes radicales y la Alianza.
Durante muchos años emisoras comunitarias como FARCO, y otros medios independientes, han trabajado para la sanción de la nueva ley de radiodifusión, a fin de alcanzar la libertad de prensa. La nueva Ley promoverá la regulación de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas y contempla desterrar los monopolios. Cualquier ley que se sancione y que no ponga fin a los monopolios existentes, terminará siendo más de lo mismo y una nueva frustración para el pueblo.
La Autoridad de Aplicación que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual, según la propuesta del gobierno, es un órgano colegiado del Estado. Es parcial y puede servir para la manipulación y control de los medios. El organismo debe ser integrado por representantes de la sociedad, eso generaría credibilidad y evitaría la presión de los lobby y la manipulación. Es fundamental que sea un ente autárquico y pluralista en su integración, con mandatos renovables.
La ley tiene muchos aspectos positivos, pero es necesario el debate y mejorarla con propuestas superadoras, que realmente puedan concretar la libertad de prensa, como fundamento de los derechos humanos, la libertad de informar y ser informado, por sobre los intereses imperante de los monopolios y oligopolios.
Hay quienes promueven, desde la oposición, que la ley debe ser sancionada después del 10 de diciembre, lo que llevaría al retraso y permanencia de la ley de la dictadura. El justificativo es que "todo se hace apresurado y hay que esperar que asuman los legisladores electos". Me pregunto: ¿los actuales legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre, deben dejar de actuar en sus funciones y salir de vacaciones?
¿Tiene que esperar el país otros 25 años más para sancionar una nueva ley de medios de comunicación audiovisuales? Las empresas que controlan los medios seguirán presionando para continuar usufructuando sus intereses y embarrando la situación, para impedir que se sancione la nueva Ley.
El debate está abierto y es importante terminar con la contaminación mental y visual de los medios, la pobreza y la falta de nivel que impone la dominación cultural. La ley debe contemplar a los pueblos originarios para que puedan difundir sus valores, culturales e identidad. Siempre que se proponen leyes, los pueblos originarios no son tenidos en cuenta.
Es lamentable que los medios audiovisuales en manos de los poderosos, impongan el 97 por ciento de los programas. Son extranjeros, de pésima calidad, incentivan la violencia ignorando a los pensadores, artistas y valores de nuestro país y del continente latinoamericano. Basta tener presente la falta de programas de música, teatro, cine. El desconocimiento y desinterés, que como bien lo señalara Tito Cosa, de los que mandan, miran el país con mirada de sometidos y dominados.
El próximo año el país cumplirá 200 años y hay que pensar si somos un país libre y soberano, con pensamiento propio, o si a doscientos años seguimos siendo sometidos y dominados y colonia de las empresas transnacionales. Será difícil saber si vamos a celebrar o llorar. Creo que es importante reflexionar y saber dónde estamos parados. Comprender ese viejo proverbio que dice: "Si no sabes a dónde vas, regresa para saber de donde vienes"
La nueva Ley de Servicios y Medios audiovisuales debe abrir espacios de libertad de expresión y valores que nos permita construir un nuevo amanecer de la Patria. Una palabra; una pertenencia y pensamiento olvidado, que debemos recuperar. La dominación no comienza por lo económico, comienza por lo cultural.
Muchas veces las empresa van de contramano con la libertad de prensa y algunas son monopolios que controlan la información, ejercen la censura y buscan provocar reacciones y manipular la opinión pública para imponer sus intereses políticos a la sociedad.
Este mecanismo de concentración y contaminación de la información se realiza en nuestro país y a escala mundial. Se pretende confundir la libertad de prensa con la libertad de empresa, y no son sinónimos. Los monopolios generan reacciones sociales como la de penalizar la pobreza y las protestas sociales, señalan a los jóvenes como responsables de todos los males que sufre la sociedad, y han desatado campañas para reclaman más "seguridad" contra los "chicos de la calle" y de las villas que, por ser pobres y de piel oscura, se les señala como delincuentes. Se pide bajar la edad de imputabilidad.
Esos medios informativos destilan violencia a través de sus programas y desinforman en lugar de informar, pero no preguntan a ninguno de esos chicos que viven en la calle y que son violentados y marginados de la sociedad, "cuál es su seguridad". Esos jóvenes son considerados no personas y los invisibilizan cuando les conviene a esos medios perversos.
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y pretenden continuar con la ley vigente impuesta durante la dictadura militar.
Vemos que varios dirigentes políticos se rasgan las vestiduras cuando el Poder Ejecutivo presenta una nueva ley. Habría que preguntarles qué han hecho durante estos años, que no quisieron escuchar los reclamos en defensa de la libertad de prensa y miraron para otro lado y se cajonearon proyectos.
Todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha, no tuvieron voluntad política de solucionar y democratizar los medios de comunicación. Por el contrario, Menem impulsó políticas de entrega del patrimonio del pueblo, de los recursos del país a los grandes capitales extranjeros; permitiendo el monopolio de los medios de comunicación y la concentración del poder en pocas manos. Lo mismo podemos decir de los dirigentes radicales y la Alianza.
Durante muchos años emisoras comunitarias como FARCO, y otros medios independientes, han trabajado para la sanción de la nueva ley de radiodifusión, a fin de alcanzar la libertad de prensa. La nueva Ley promoverá la regulación de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas y contempla desterrar los monopolios. Cualquier ley que se sancione y que no ponga fin a los monopolios existentes, terminará siendo más de lo mismo y una nueva frustración para el pueblo.
La Autoridad de Aplicación que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual, según la propuesta del gobierno, es un órgano colegiado del Estado. Es parcial y puede servir para la manipulación y control de los medios. El organismo debe ser integrado por representantes de la sociedad, eso generaría credibilidad y evitaría la presión de los lobby y la manipulación. Es fundamental que sea un ente autárquico y pluralista en su integración, con mandatos renovables.
La ley tiene muchos aspectos positivos, pero es necesario el debate y mejorarla con propuestas superadoras, que realmente puedan concretar la libertad de prensa, como fundamento de los derechos humanos, la libertad de informar y ser informado, por sobre los intereses imperante de los monopolios y oligopolios.
Hay quienes promueven, desde la oposición, que la ley debe ser sancionada después del 10 de diciembre, lo que llevaría al retraso y permanencia de la ley de la dictadura. El justificativo es que "todo se hace apresurado y hay que esperar que asuman los legisladores electos". Me pregunto: ¿los actuales legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre, deben dejar de actuar en sus funciones y salir de vacaciones?
¿Tiene que esperar el país otros 25 años más para sancionar una nueva ley de medios de comunicación audiovisuales? Las empresas que controlan los medios seguirán presionando para continuar usufructuando sus intereses y embarrando la situación, para impedir que se sancione la nueva Ley.
El debate está abierto y es importante terminar con la contaminación mental y visual de los medios, la pobreza y la falta de nivel que impone la dominación cultural. La ley debe contemplar a los pueblos originarios para que puedan difundir sus valores, culturales e identidad. Siempre que se proponen leyes, los pueblos originarios no son tenidos en cuenta.
Es lamentable que los medios audiovisuales en manos de los poderosos, impongan el 97 por ciento de los programas. Son extranjeros, de pésima calidad, incentivan la violencia ignorando a los pensadores, artistas y valores de nuestro país y del continente latinoamericano. Basta tener presente la falta de programas de música, teatro, cine. El desconocimiento y desinterés, que como bien lo señalara Tito Cosa, de los que mandan, miran el país con mirada de sometidos y dominados.
El próximo año el país cumplirá 200 años y hay que pensar si somos un país libre y soberano, con pensamiento propio, o si a doscientos años seguimos siendo sometidos y dominados y colonia de las empresas transnacionales. Será difícil saber si vamos a celebrar o llorar. Creo que es importante reflexionar y saber dónde estamos parados. Comprender ese viejo proverbio que dice: "Si no sabes a dónde vas, regresa para saber de donde vienes"
La nueva Ley de Servicios y Medios audiovisuales debe abrir espacios de libertad de expresión y valores que nos permita construir un nuevo amanecer de la Patria. Una palabra; una pertenencia y pensamiento olvidado, que debemos recuperar. La dominación no comienza por lo económico, comienza por lo cultural.
sábado, 5 de septiembre de 2009
COMUNICADO: ESCUELA PRIMARIA EN FASINPAT
Neuquén (Prensa Zanón).- La educación es un derecho humano y una necesidad básica de nuestra vida diaria.
La educación nos ayuda a entender la sociedad en que vivimos y a los procesos en
los que estamos comprometidos........Nos ayuda a "leer la realidad para poder escribir la historia."
Por eso, trabajadores de la educación y ceramistas te proponemos terminar tus Estudios primarios en FASINPAT.
Invitamos a todos los compañeros trabajadores del parque industrial que no tengan terminado el ciclo primario a que participen concurriendo a esta escuela que se encuentra al servicio de los trabajadores.
Desde el 1ro. de Septiembre funciona la escuela primaria en la fábrica y queremos que seas parte de esta construcción educativa.
Acércate a la fábrica para inscribirte:
El horario de cursada es de 14 a 18 hs. de Lunes a Jueves.
Y a partir del 2010 pensá en cursar tus estudios secundarios en el mismo lugar.
Para más información:
Prensa zanon
Cristian Mellado 154721968
La educación nos ayuda a entender la sociedad en que vivimos y a los procesos en
los que estamos comprometidos........Nos ayuda a "leer la realidad para poder escribir la historia."
Por eso, trabajadores de la educación y ceramistas te proponemos terminar tus Estudios primarios en FASINPAT.
Invitamos a todos los compañeros trabajadores del parque industrial que no tengan terminado el ciclo primario a que participen concurriendo a esta escuela que se encuentra al servicio de los trabajadores.
Desde el 1ro. de Septiembre funciona la escuela primaria en la fábrica y queremos que seas parte de esta construcción educativa.
Acércate a la fábrica para inscribirte:
El horario de cursada es de 14 a 18 hs. de Lunes a Jueves.
Y a partir del 2010 pensá en cursar tus estudios secundarios en el mismo lugar.
Para más información:
Te esperamos
"Estudiar para luchar y luchar para estudiar"
Bermudes Jorge Bermudes -oberos de zanon- cel.: 154288004
"Estudiar para luchar y luchar para estudiar"
Bermudes Jorge Bermudes -oberos de zanon- cel.: 154288004
Mariel Malan -Docente cel. 154136264
Prensa zanon
Cristian Mellado 154721968
viernes, 4 de septiembre de 2009
EDITORIAL: MANO DURA
Ante la inseguridad, mano dura.
Es casi natural que cada vez que nos encontramos ante la necesidad de resolver un emergente intentemos buscar una salida fácil, cómoda, sencilla. A veces funciona. Otras, y lamentablemente son muchas, aquello no es más que un deseo, y entonces es imperioso superar la desazón y enfrentarse al problema a través de un análisis profundo y serio de la situación.
A un presidente argentino, a quien muchos aún honran en actos solemnes, se le ocurrió que los desórdenes sociales podían reducirse notablemente creando una ley que prohibiera la “vagancia”, la ociosidad de miles de gauchos pendencieros y afectos a la bebida que alteraban la nueva vida de campos rectangulares, alambrados, legales, con su debido propietario. Miembros de las clases altas, innumerables entre la burguesía creciente y algunos pobres entregados al país del progreso y del liberalismo, aplaudieron la medida: vieron en ella una solución fácil, cómoda, sencilla. Estaban ciegos –o pretendían estarlo- frente a la raíz más compleja del problema, que remitía inevitablemente al despojo de tierras con que el estado argentino dejó sin nada, a través de los aparatos jurídico y militar, a miles y miles de humildes pobladores rurales, tanto mestizos como aborígenes. Era gente “ociosa”, es cierto, gente desplazada de un proyecto de país que no los consideraba a la hora de repartir sus frutos. Y esto, que puede parecer anecdótico, es una excelente oportunidad para comprender cómo una profunda injusticia social se puede transformar en causa de los males de la sociedad. Porque el país que se inauguraba allá por 1860 iba a estar sustentado en ese pecado original, en la desigualdad económica, política y social, a partir de la cual es una imbecilidad pretender una sociedad en armonía. Décadas después la historia misma demostraba que sólo se estaba escondiendo basura bajo la alfombra.
Un asesinato conmueve a El Bolsón y la comarca. El caso impacta como cada vez que la realidad nos obliga a vernos cara a cara con la muerte. Nos imaginamos, sin lograrlo, la impotencia infinita, la bronca incontenible de los amigos y familiares. Exigen justicia, que el asesino –que ya fue capturado- termine en la cárcel. Pero se alza también un coro funesto, potenciado por los ecos de los grandes medios de comunicación que desde hace tiempo vienen predicando que la violencia y la represión estatales son la única y verdadera solución a la inseguridad. Más policías, dicen. Más controles. Discursos análogos a esos que ya escuchamos en televisión, de la mano de un empresario textil que prefirió conservar su dinero a la vida de su hijo, o de un advenedizo millonario -con posibles conexiones con los carteles de la droga colombianos- que ganó recientemente las elecciones. El impulso natural a buscar soluciones fáciles ahora está perversamente alentado, como modo único de pensar, por los grandes medios. La ingenuidad gana así terreno en las conciencias encajonadas de algunos. Más policías.
En Chubut hay muchos policías. Son implacables. Los uniformados chubutenses ya son famosos, entre otras barbaridades, por los aberrantes operativos llevados a cabo en Corcovado, donde allanaron y destruyeron decenas de casas sin orden judicial, golpearon a la gente e instauraron un verdadero estado de sitio como en las peores épocas de nuestra historia. Por esos días, en Corcovado la inseguridad vestía de azul, usaba armas reglamentarias y tenía como nombre el de una institución que supuestamente se encarga de proteger a la población.
El Bolsón quizás no cuente con muchos efectivos, pero vimos bastantes, aquel 2 de febrero de 2008, en la plaza Pagano, observando impávidos cómo una patota municipal desalojaba a golpes, garrotazos y a punta de armas blancas a trabajadores artesanos. Hace pocos meses hubo muchos reunidos: medio centenar. ¿Se enfrentaban a una banda de narcotraficantes? ¿Estaban por desbaratar una mafia de piratas del asfalto? ¿Una red de prostitución? Nada de eso. Protegían a lamentables funcionarios del Ministerio de Educación que pretendían llevar adelante un acto ilegal. Allí estaba el cordón policial, aquella triste jornada en la escuela hogar, presto a golpear a los cientos de docentes que osabaran exigir que las cosas se hicieran como marca a ley.
Más policías. Quizás tengamos el honor de que destinen algunos de los tantos uniformados que fueron señalados como cómplices de mafias dedicadas al secuestro de personas. Como los implicados en el Triple Crimen de Cipolletti. O como los policías de Choele Choel, que fueron sorprendidos mientras trataban de “blanquear” a una menor prostituida a través de documentos falsos; policías que por supuesto gozan de plena libertad y circulan entre nosotros como respetables ciudadanos. El caso del secuestro y asesinato de Otoño Uriarte, en 2006, incluía entre sus hipótesis la posible conexión con una red de trata de personas en connivencia con policías y funcionarios judiciales y políticos. (Un dato curioso: el radical Iván Lazzeri se mostró sospechosamente molesto cuando se difundieron las escuchas telefónicas que dejaban “pegados” a los agentes del orden de Choele Choel.) El crimen de Otoño sigue impune, y parece chiste de mal gusto suponer que con más policías (o más jueces o más políticos) se va a hacer justicia con los miserables que le cortaron la vida a los 16 años.
Más policías. Como esos que vinieron desde Bariloche, con ropa de civil, y asaltaron el supermercado Todo, acá, sobre la ruta 40, y fusilaron al cabo Cornejo, que no tenía ni 20 años.
Sólo una mirada encajonada, impulsada por las campañas mediáticas del odio y la violencia, puede seguir sosteniendo que la inseguridad se soluciona con mayor presencia policial o militar. Las fuerzas del orden, tan corrompidas como el estado, tienen una función que nada tiene que ver con el bienestar del pueblo: mantener este esquema de injusticia, proteger a los poderosos y aplastar a los disconformes o a los marginales que esta misma sociedad genera. Los grandes acumuladores de dinero apoyan eufóricos y entusiastas el programa de “más seguridad”, que no es más que la militarización de la sociedad. De esa manera aseguran, por un tiempo al menos, conservar sus obscenos privilegios sobre una sociedad empobrecida. Quizás por eso Romera, que debería estar en la cárcel por corrupto, se apresuró a poner su cara en la primera fila de las manifestaciones de repudio al asesinato del trabajador remisero. Quizás por eso grandes empresarios locales como el señor Guasco pretenden levantar las banderas de la mano dura en El Bolsón.
La felicidad del pueblo es la única garantía de seguridad social. Y la felicidad de cada persona sólo se logra cuando encuentra que la sociedad le guarda un lugar para crecer material y espiritualmente. Claro, la solución no es fácil, implica nada más ni nada menos que reestructurar todo el orden social. Implica que los privilegiados pierdan sus privilegios en pos del bien común. Implica justicia. Justicia en todo sentido.
Es casi natural que cada vez que nos encontramos ante la necesidad de resolver un emergente intentemos buscar una salida fácil, cómoda, sencilla. A veces funciona. Otras, y lamentablemente son muchas, aquello no es más que un deseo, y entonces es imperioso superar la desazón y enfrentarse al problema a través de un análisis profundo y serio de la situación.
A un presidente argentino, a quien muchos aún honran en actos solemnes, se le ocurrió que los desórdenes sociales podían reducirse notablemente creando una ley que prohibiera la “vagancia”, la ociosidad de miles de gauchos pendencieros y afectos a la bebida que alteraban la nueva vida de campos rectangulares, alambrados, legales, con su debido propietario. Miembros de las clases altas, innumerables entre la burguesía creciente y algunos pobres entregados al país del progreso y del liberalismo, aplaudieron la medida: vieron en ella una solución fácil, cómoda, sencilla. Estaban ciegos –o pretendían estarlo- frente a la raíz más compleja del problema, que remitía inevitablemente al despojo de tierras con que el estado argentino dejó sin nada, a través de los aparatos jurídico y militar, a miles y miles de humildes pobladores rurales, tanto mestizos como aborígenes. Era gente “ociosa”, es cierto, gente desplazada de un proyecto de país que no los consideraba a la hora de repartir sus frutos. Y esto, que puede parecer anecdótico, es una excelente oportunidad para comprender cómo una profunda injusticia social se puede transformar en causa de los males de la sociedad. Porque el país que se inauguraba allá por 1860 iba a estar sustentado en ese pecado original, en la desigualdad económica, política y social, a partir de la cual es una imbecilidad pretender una sociedad en armonía. Décadas después la historia misma demostraba que sólo se estaba escondiendo basura bajo la alfombra.
Un asesinato conmueve a El Bolsón y la comarca. El caso impacta como cada vez que la realidad nos obliga a vernos cara a cara con la muerte. Nos imaginamos, sin lograrlo, la impotencia infinita, la bronca incontenible de los amigos y familiares. Exigen justicia, que el asesino –que ya fue capturado- termine en la cárcel. Pero se alza también un coro funesto, potenciado por los ecos de los grandes medios de comunicación que desde hace tiempo vienen predicando que la violencia y la represión estatales son la única y verdadera solución a la inseguridad. Más policías, dicen. Más controles. Discursos análogos a esos que ya escuchamos en televisión, de la mano de un empresario textil que prefirió conservar su dinero a la vida de su hijo, o de un advenedizo millonario -con posibles conexiones con los carteles de la droga colombianos- que ganó recientemente las elecciones. El impulso natural a buscar soluciones fáciles ahora está perversamente alentado, como modo único de pensar, por los grandes medios. La ingenuidad gana así terreno en las conciencias encajonadas de algunos. Más policías.
En Chubut hay muchos policías. Son implacables. Los uniformados chubutenses ya son famosos, entre otras barbaridades, por los aberrantes operativos llevados a cabo en Corcovado, donde allanaron y destruyeron decenas de casas sin orden judicial, golpearon a la gente e instauraron un verdadero estado de sitio como en las peores épocas de nuestra historia. Por esos días, en Corcovado la inseguridad vestía de azul, usaba armas reglamentarias y tenía como nombre el de una institución que supuestamente se encarga de proteger a la población.
El Bolsón quizás no cuente con muchos efectivos, pero vimos bastantes, aquel 2 de febrero de 2008, en la plaza Pagano, observando impávidos cómo una patota municipal desalojaba a golpes, garrotazos y a punta de armas blancas a trabajadores artesanos. Hace pocos meses hubo muchos reunidos: medio centenar. ¿Se enfrentaban a una banda de narcotraficantes? ¿Estaban por desbaratar una mafia de piratas del asfalto? ¿Una red de prostitución? Nada de eso. Protegían a lamentables funcionarios del Ministerio de Educación que pretendían llevar adelante un acto ilegal. Allí estaba el cordón policial, aquella triste jornada en la escuela hogar, presto a golpear a los cientos de docentes que osabaran exigir que las cosas se hicieran como marca a ley.
Más policías. Quizás tengamos el honor de que destinen algunos de los tantos uniformados que fueron señalados como cómplices de mafias dedicadas al secuestro de personas. Como los implicados en el Triple Crimen de Cipolletti. O como los policías de Choele Choel, que fueron sorprendidos mientras trataban de “blanquear” a una menor prostituida a través de documentos falsos; policías que por supuesto gozan de plena libertad y circulan entre nosotros como respetables ciudadanos. El caso del secuestro y asesinato de Otoño Uriarte, en 2006, incluía entre sus hipótesis la posible conexión con una red de trata de personas en connivencia con policías y funcionarios judiciales y políticos. (Un dato curioso: el radical Iván Lazzeri se mostró sospechosamente molesto cuando se difundieron las escuchas telefónicas que dejaban “pegados” a los agentes del orden de Choele Choel.) El crimen de Otoño sigue impune, y parece chiste de mal gusto suponer que con más policías (o más jueces o más políticos) se va a hacer justicia con los miserables que le cortaron la vida a los 16 años.
Más policías. Como esos que vinieron desde Bariloche, con ropa de civil, y asaltaron el supermercado Todo, acá, sobre la ruta 40, y fusilaron al cabo Cornejo, que no tenía ni 20 años.
Sólo una mirada encajonada, impulsada por las campañas mediáticas del odio y la violencia, puede seguir sosteniendo que la inseguridad se soluciona con mayor presencia policial o militar. Las fuerzas del orden, tan corrompidas como el estado, tienen una función que nada tiene que ver con el bienestar del pueblo: mantener este esquema de injusticia, proteger a los poderosos y aplastar a los disconformes o a los marginales que esta misma sociedad genera. Los grandes acumuladores de dinero apoyan eufóricos y entusiastas el programa de “más seguridad”, que no es más que la militarización de la sociedad. De esa manera aseguran, por un tiempo al menos, conservar sus obscenos privilegios sobre una sociedad empobrecida. Quizás por eso Romera, que debería estar en la cárcel por corrupto, se apresuró a poner su cara en la primera fila de las manifestaciones de repudio al asesinato del trabajador remisero. Quizás por eso grandes empresarios locales como el señor Guasco pretenden levantar las banderas de la mano dura en El Bolsón.
La felicidad del pueblo es la única garantía de seguridad social. Y la felicidad de cada persona sólo se logra cuando encuentra que la sociedad le guarda un lugar para crecer material y espiritualmente. Claro, la solución no es fácil, implica nada más ni nada menos que reestructurar todo el orden social. Implica que los privilegiados pierdan sus privilegios en pos del bien común. Implica justicia. Justicia en todo sentido.
SALUD PÚBLICA EN ASAMBLEA PERMANENTE
Zona Andina (ADN). Los trabajadores del hospital zonal “Ramón Carrillo” de Bariloche continuarán con las medidas de fuerza en estado de alerta, movilización y asamblea permanente en reclamo de mejoras salariales. Los profesionales definen mañana, al igual que los hospitalarios de El Bolsón y Jacobacci.
El secretario general de ATE Bariloche, Edgar Actis, señaló a ADN que “día a día vamos evaluando las medidas” y afirmó que es posible que se profundicen las medidas ante la falta de respuesta a sus reclamos.
En tanto, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital tendrá mañana su asamblea para informar sobre la última reunión mantenida con la ministra de Salud, Cristina Uría, en el marco del Consejo de la Función Pública y resolver luego las medidas a seguir.
Esta tarde en el hospital de Bariloche los trabajadores convocados por ATE mantuvieron una asamblea y definieron “continuar con las medidas de fuerza y profundizarlas con un estado de asamblea permanente, alerta y movilización”.
Mañana a las 8:30 horas los trabajadores participarán de una nueva asamblea y se suspenderán en ese momento las actividades con el cierre de ventanillas de atención.
En El Bolsón e Ingeniero Jacobacci las asambleas para definir la continuidad de las medidas se realizarán mañana.
El secretario general de ATE Bariloche, Edgar Actis, señaló a ADN que “día a día vamos evaluando las medidas” y afirmó que es posible que se profundicen las medidas ante la falta de respuesta a sus reclamos.
En tanto, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital tendrá mañana su asamblea para informar sobre la última reunión mantenida con la ministra de Salud, Cristina Uría, en el marco del Consejo de la Función Pública y resolver luego las medidas a seguir.
Esta tarde en el hospital de Bariloche los trabajadores convocados por ATE mantuvieron una asamblea y definieron “continuar con las medidas de fuerza y profundizarlas con un estado de asamblea permanente, alerta y movilización”.
Mañana a las 8:30 horas los trabajadores participarán de una nueva asamblea y se suspenderán en ese momento las actividades con el cierre de ventanillas de atención.
En El Bolsón e Ingeniero Jacobacci las asambleas para definir la continuidad de las medidas se realizarán mañana.
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