San José (elpais.cr) - Las Fuerzas Armadas de Honduras aumentaron en las últimas horas el nivel de violencia contra la población inofensiva al matar a ciudadanos, secuestrar jóvenes y ametrallar autobuses con gente simpatizante del Presidente Constitucional Manuel Zelaya Rosales.
La red de comunicación del Frente de la Resistencia Popular
(FRP), informó en San José que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH, advirtió a la comunidad internacional descomunal represión y violencia del Ejército de esa nación.Este martes a las 2 de la madrugada, los militares allanaron y secuestraron a los jóvenes en las comunidades rurales del central Departamento de Olancho, de donde es originario el mandatario Zelaya, para reclutarlos y evitar que se sumen a las protestas contra los golpistas.
El domingo anterior, a primera hora de la madrugada, las Fuerzas Armadas secuestraron a Zelaya Rosales y lo enviaron en pijama, en un avión hacia Costa Rica, como parte de un operativo planificado para dar el Golpe de Estado.
“Muchos de los jóvenes han salido a huir a los montes y montañas, en donde están sufriendo persecución de los uniformados, hasta donde hay desplazamientos militares para perseguirlos”, denunció COFADEH.
La organización humanitaria dijo que los militares “han violentado flagrantemente los derechos humanos; los militares han llegado casa por casa, según la denuncia que nos ha llegado de las comunidades de
Guacoca, San Francisco de La Paz, Guarizama y Salamá, que relataron que el avance de las violaciones se extiende a todo el Departamento”.El comunicado de COFADEH, dio cuenta que la tarde del lunes una persona fue muerta y otra se encuentra en estado de coma, mientras hay cientos de golpeados y detenidos por la policía y el Ejército, en Tegucigalpa, la capital de la República.
Dijo que esas acciones represivas se dieron producto de un desalojo violento perpetrado por las fuerzas de seguridad que actuaron contra la población que en forma pacífica se mantenía en las afueras e inmediaciones de Casa de Gobierno, exigiendo la restitución de su presidente Manuel Zelaya.
“Denunciamos que tanto las Fuerzas Armadas como la policía no actúan por sí mismas, sino que necesariamente deben seguir órdenes, de acuerdo a la jerarquía de mando le correspondería a la Presidencia de la República, la cual fue asumida el domingo anterior por el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, quien fue nombrado ilegalmente por el Poder Legislativo, después de que el presidente Manuel Zelaya Rosales fuera sacado por la fuerza de las armas, violentando la institucionalidad del país”, señala el comunicado.
Además, también denunció “al Gobierno usurpador, a las Fuerzas Armadas y a la Policía por la represión que han desatado en contra del pueblo hondureño y los responsabilizamos de todas las violaciones que están cometiendo en contra de líderes sociales -contra quienes hay órdenes de captura-, pobladores, comunidades rurales, estudiantes, campesinos y obreros”.
“Llamamos a la comunidad internacional en especial a la de Derechos Humanos a adoptar medidas que hagan retroceder a este gobierno usurpador en estas prácticas violatorias en contra del pueblo hondureño, y a mantenerse alerta para las informaciones que estaremos enviando”, pidió el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras.
Entre tanto, el Frente de Resistencia Popular también denunció el ametrallamiento de un convoy de 12 autobuses, procedentes del Departamento (provincia), de Olancho, en el centro del país, quienes se trasladaban hacia Tegucigalpa a protestar contra el Golpe de Estado.Secuestros
Pobladores de Olancho denunciaron, a través de llamadas telefónicas a las pocas emisoras independientes que se mantienen en el aire que el Ejército inició el reclutamiento forzoso a adolescentes y jóvenes, entre 17 y 21 años.
Por otro lado. tanto en el centro como en el norte de Honduras, los usuarios de la telefonía celular reciben mensajes en los que se piden donaciones económicas para las Fuerzas Armadas, que fueron movilizadas a las fronteras “para defender al país de una invasión probable”.
"Ellos (los militares) no nos defraudaron, ahora no los defraudaremos a ellos”, agrega el mensaje.
El FRP añadió que, entre otras informaciones confirmadas, tres brigadas del Ejército se unieron en el norte de Honduras a las protestas. Ellas son la brigada 105 de Puerto Cortés, junto con la de Catacamas y la de La Ceiba.
Desde Tegucigalpa, Tribuna Popular, adscrito a la Resistencia, informó que el lunes un batallón del Ejército se declaró fiel al Presidente Zelaya. El Batallón pertenece a la ciudad de San Pedro de Zula y conversando con los dirigentes de las protestas se unieron a la lucha por restablecer el orden constitucional.
Por otro lado, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cuyos dirigentes se encuentran en la clandestinidad con orden de captura, condenó este martes “la sangrienta y fascista represión por parte de agentes de las fuerzas especiales y antimotines enviadas por el usurpador Roberto Micheletti Bain, y su séquito nefasto, en contra de miles de hondureños y hondureñas”, quienes condenan el Golpe de Estado.
“Repudiamos la agresión directa en contra de varios dirigentes populares, incluyendo al candidato presidencial por la candidatura independiente popular Carlos H. Reyes, entre muchos otros”, añadió el comunicado de COPINH.
Además, responsabilizó a los golpistas por lo que sucede con la vida y la libertad de los manifestantes, y demandó respeto a la integridad física de todos y todas las que se encuentran ejerciendo su legítimo derecho a la protesta.
“Las cadenas de televisión nacional y las radioemisoras que han quedado en función disminuyen los hechos, e incluso informan que es un enfrentamiento lo cual es totalmente falso”, aseveró.
Acusó también a la policía y al ejército de atacar con brutalidad a las personas que se han mostrado pacíficas en todo momento.
“Muchos medios internacionales han estado informando a partir de estas fuentes falsas y parcializadas a favor de los usurpadores”, acusó COPINH.
“Adelante compañeras y compañeros, donde se encuentren, los golpistas están llegando a su final, no bajemos la guardia y sigamos haciendo lo que sea necesario para rescatar este hermoso país hoy secuestrado por una banda de mentirosos y falsificadores”, hizo un llamado a los hondureños que resisten en las calles.
En un mensaje enviado por el dirigente campesino hondureño, Octavio Sánchez, denunció que la Corte Suprema de Justicia ha emitido órdenes de captura contra dirigentes populares entre ellos Rafael Alegría, de la organización Vía Campesina, Carlos H Reyes, del Bloque Popular, Andrés Pavón del Consejo de Derechos Humanos de Honduras (CODEH), Berta Oliva, del Comité de Desaparecidos, entre otros.
Sánchez explicó que “la situación en Honduras es grave. Hemos tenido un retroceso a la época de los 80; si antes el terror hacia la población era mediática, ahora la estrategia es de silencio”.
“Están militarizadas las calles de acceso del interior del país para evitar la movilización desde el interior. Hubo una fuerte represión contra, las personas que estaban exigiendo el retorno del Presidente en Casa Presidencial”, explicó.
Aseguró que los teléfonos están intervenidos y han suspendido la telefonía fija.
Por su parte, la Fiscalía de Honduras giró el lunes una orden de captura contra Manuel Zelaya por los delitos de "traición a la patria" y "usurpación de funciones", dijo este martes el fiscal general Luis Alberto Rubí.
“Inmediatamente pise el territorio será detenido", aseguró Rubí el martes en la tarde, en conferencia de prensa,
Según Rubí, las autoridades judiciales cursarán a través de Interpol una orden de captura internacional contra Zelaya, quien ha decidido regresar a Tegucigalpa este este jueves, en compañía del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, y de varios presidentes, entre ellos la argentina Cristina Kirchner y el ecuatoriano Rafael Correa.
La “justicia” hondureña acusa a Zelaya de 18 delitos, entre ellos "traición a la patria", "usurpación de funciones" y "abuso de la autoridad" y "corrupción", entre otros.
Zelaya, que este martes defendió su causa en la tribuna de Naciones Unidas, fue depuesto el domingo en un golpe ejecutado por las Fuerzas Armadas en cumplimiento de una orden judicial apoyada por el Congreso.
El Fiscal general hondureño desmintió a Zelaya, quien dijo en la Organización de Naciones (ONU), que pese a ser blanco de múltiples acusaciones legales en su país, las mismas nunca se formalizaron por las vías jurídicas y legales.
"El procedimiento ha sido totalmente legal y se han seguido todos los pasos correspondientes. Al presidente le demostramos que había abusado del poder, no acataba las disposiciones vigentes y colocó al país por fuera de lo que es un Estado de Derecho", aseguró Rubí en una conferencia de prensa en su despacho.
El Fiscal aseguró que, por tanto, si Zelaya regresa a territorio hondureño, se procederá a cumplir con la orden de detención en su contra. "El va a ser detenido y puesto a órdenes de los tribunales de la República para que se le dé continuidad al trámite correspondiente", indicó.
En el mismo sentido, el designado presidente de Honduras, Roberto Micheletti, dijo este martes que si el derrocado Manuel Zelaya retorna al país será recibido con una orden de captura, mientras en el país se vivía una tensa calma con paros de los maestros y el nuevo gobierno hacia esfuerzos para normalizar el país con un férreo resguardo militar, informó la versión digital del Diario La Prensa, de san Pedro Sula.
Finalmente, fuentes de la Resistencia hondureña dieron cuenta de que ciudadanos de San Pedro Sula, “molestos con las mentiras divulgadas por el diario La Prensa, atacaron el edificio”, tras una manifestación de centenares de personas por las principales calles de la ciudad y en el parque central.
Golpe de Estado en Honduras: ¿el regreso de los Gorilas o la táctica del desgaste?
José Antonio Gutiérrez
Análisis sobre los sucesos de Honduras y el dilema que un golpe de Estado insostenible presenta a la oligarquía de Honduras: o se aferra a la estrategia de los gorilas o utiliza la coyuntura para desgartar al reformista Zelaya, a fin de reconquistar la hegemonía absoluta en el espacio político. De igual manera, planteamos el dilema que enfrentan las fuerzas que hoy se oponen al Golpe: o se permite que la crisis se solucione por arriba, a nivel institucional, lo que deja intactas las raíces del problema, o se derrota al Golpe mediante la movilización popular de masas que no solamente heriría de muerte a la oligarquía, sino que fortalecería al pueblo de Honduras como un actor político de peso.
Los sables vuelven a relucir su filo en tierras Latinoamericanas: los golpes de Estado y los procesos de desestabilización orquestados desde Washington se han sucedido en diversos países donde se implementan gobiernos reformistas que puedan resultar incómodos para la digestión de las élites hemisféricas -Venezuela 2002; Haití 2004; Bolivia 2008. Esta vez el turno ha sido el de Honduras, país cuyo presidente Manuel Zelaya ha sido derrocado por militares y exiliado a Costa Rica. Mientras Zelaya era secuestrado por los milicos, en el Congreso se leía una carta escrita por Zelaya (que resultó ser falsa) en la cual renunciaba a su cargo como presidente. Al mismo tiempo, y mientras diversos parlamentarios denunciaban que la conducta del presidente ponía en riesgo el “estado de derecho” y lo acusaban de violaciones múltiples e imaginarias a la Constitución, se le removía de su cargo, el cual era asumido por el presidente del Congreso, Roberto Micheletti (quien como Zelaya también es del Partido Liberal).
El golpe ha ocurrido el mismo día en que tendría lugar una consulta ciudadana de carácter no vinculante, convocada por Zelaya, respecto a la necesidad de cambiar la Constitución, redactada en 1982, cuando el país recién venía saliendo de una dictadura militar –apoyada por EEUU- extremadamente brutal que detentó el poder desde 1972 a 1981. De ser los resultados favorables al cambio constitucional, se habría convocado en Noviembre a una Asamblea Constituyente.
Esta propuesta enfrentó una enconada oposición de los sectores más reaccionarios de la oligarquía hondureña, que controlan el Legislativo, la Corte Suprema y el Ejército, y que están congregados bajo el liderazgo indiscutido del ultra-conservador Partido Nacional de Honduras. Estos sectores se oponen a la menor reforma que pueda producir el menor cuestionamiento a su dominio absoluto sobre Honduras. El poder Judicial, en coordinación con sus aliados del Legislativo, se apresuraron a declarar el referéndum inconstitucional el día Jueves 25 de Junio, con lo cual el escenario para el Golpe quedaba instalado. Los tanques salieron a las calles el domingo 28 a primera hora en dirección a la residencia de Zelaya, con lo cual cancelaron el referéndum y saldaron (o creyeron saldar) mediante la fuerza el tira y afloja entre los poderes estatales[1].
¿Qué hay detrás de la estrategia golpista?
Honduras es un país que, como mencionábamos, no es ajeno a la historia compartida en nuestro continente de dictaduras militares, las cuales ocuparon todo el período del ’60 al ’70. En los ’80 esta historia de violencia de clase y terrorismo de Estado siguió bajo la forma de un régimen “democrático” bajo el cual proliferó el paramilitarismo, el que cobró la vida a miles de campesinos y trabajadores hondureños, y que sirvió de plataforma para el terrorismo Contra que devastó a Nicaragua. Estas operaciones eran dirigidas directamente por John Negroponte, embajador yanqui en Honduras. LA presencia yanqui todavía se expresa de manera física en la existencia de una base militar de los EEUU con al menos 500 tropas yanquis en suelo hondureño. Bajo esta dinámica política y social se ha nutrido una férrea red de dominación que incorpora a una oligarquía absolutamente colonial y a un ejército imbuido de la doctrina de seguridad nacional.
Zelaya está lejos de ser un revolucionario: es un miembro del Partido Liberal, que se ha pasado a una tendencia reformista, un poco más a la izquierda que el grueso de su partido, y que se plantea ciertas reformas sociales (incluida la nueva constitución). Lo que más inquieta a la oligarquía hondureña es el ingreso de Honduras al ALBA, iniciativa de integración latinoamericana liderada por Venezuela. Sin embargo, como hemos planteado en otras ocasiones, la “radicalidad” de un movimiento o de un dirigente político no puede ser medido en términos absolutos, sino que debe ser comprendida en su contexto: en este caso, la “radicalidad” de Zelaya no emana de sus propias políticas, sino que de la absoluta oposición a cualquier compromiso o a cambios de cualquier clase que presenta la oligarquía. No es que Zelaya sea visto como un “radical” porque sea socialista, sino que por el carácter completamente neandertal de la oligarquía hondureña. Esta paradoja es la que ha hecho que la lucha por reformas bastante tibias en América Latina haya muchas veces asumido formas propias de la lucha revolucionaria.
La estrategia golpista, que engloba la paradoja opuesta a la del reformismo en el contexto latinoamericano, es decir, que adopta formas de “contra-insurgencia” en ausencia de un movimiento revolucionario, puede resumirse a lo siguiente: la necesidad de frenar cualquier proceso de cambio social, aún del más tibio. El gran problema para la oligarquía es que la época en que una dictadura militar podía aceptarse sin complicaciones ha pasado. No estamos en los ’70 y los EEUU están más interesados en guardar las apariencias democráticas y salirse con las suyas mediante otros métodos que imponiendo su voluntad mediante el atajo de los golpes de Estado. Por ello la estrategia golpista presenta como principal inconveniente para esta oligarquía que no es sostenible a largo plazo en el contexto de Honduras[2].
El complejo escenario post-golpe
Las fuerzas golpistas, al igual que aquellas que se les oponen, han de tener sus contradicciones internas. Es probable que haya elementos que en estos momentos estén fantaseando con un retorno al gorilismo puro y duro que asoló a América Latina en durante las cuatro décadas pasadas. Pero otros elementos deben estar bien concientes de que es altamente improbable que esta aventura golpista pueda prolongarse por mucho tiempo. Ellos saben que, después del remezón golpista al escenario político hondureño, es necesario tener un plan B cuando haya que re-establecer el orden constitucional. Para ellos el golpe sería solamente un elemento disuasivo dentro de una estrategia más amplia para retomar el control absoluto y la iniciativa política mediante el desgaste político del adversario.
El golpismo como un elemento disuasivo fue aplicado de manera magistral en Haití durante el primero gobierno del sacerdote reformista Jean Bertrand Aristide. Luego de haber sido derrocado en Septiembre de 1991 mediante un golpe financiado y apoyado por la CIA, Aristide se refugia en los EEUU, donde comienza un largo período de negociaciones con las autoridades norteamericanas (las mismas que estaban detrás del golpe) y, tras una serie de concesiones, es reinstalado en el poder tres años más tarde, de la mano de 20.000 US Marines que ocupan Haití y dan por terminada la dictadura de Cedras[3]. Durante este período, los EEUU logran “moderar” lo suficiente a Aristide como para que, al menos momentáneamente, no representara una “amenaza”[4]: “él se redujo a una posición básicamente defensiva, tratando en todo momento de aparecer a los ojos del gobierno de los EEUU como una persona tan razonable e inofensiva como fuera posible. Así, se sumergió cada vez más en un pantano de concesiones y de claudicaciones, dejando a su pueblo a la espera de que la solución viniera de sus reuniones y no de una ofensiva en las calles y los montes”[5]. Cuando Aristide es devuelto al poder, llega con él un paquete de ajuste estructural a la economía haitiana que profundizó el modelo neoliberal y con él la creciente pauperización de la sociedad haitiana.
Es probable que el golpismo hondureño busque mediante su estrategia algo semejante al ejemplo haitiano (aunque en un lapso temporal bastante menor): ganar tiempo, “moderar” a Zelaya mediante el desgaste (quien en ningún caso es un radical) y buscar la mediación internacional para lograr un “acuerdo” entre las partes que termine de exorcizar definitivamente el espectro de reformas sociales de alguna significación. Haya o no estado la CIA detrás del Golpe (y aunque no haya estado directamente –cosa que es probable-, lo estaría indirectamente pues todos los generales golpistas son herederos de la Escuela de las Américas[6]), los EEUU no tienen hoy, por sí solos, capacidad de jugar el rol de “ablandar” a Zelaya. Además, el contexto actual latinoamericano no lo permitiría. Tal rol quedaría en manos, principalmente, de la OEA, pero también de la comunidad internacional ampliada: la UE y los EEUU.
Rápidamente la “comunidad internacional” (incluida la ONU[7]) se ha pronunciado en contra del golpe y ha rechazado la salida de Zelaya, reiterándole su apoyo[8]. Este rechazo ha sido particularmente categórico entre los países latinoamericanos y los del ALBA. El presidente venezolano Hugo Chávez llegó a decir que sus tropas estaban en alerta debido a la agresión que sufrió su embajador en Honduras por parte de las tropas golpistas[9]. Obama sostuvo una posición ambigua, que se puede entender como una manera de tantear el terreno, en que pide “a todos los actores políticos y sociales en Honduras que respeten las normas democráticas, el estado de derecho y los principios de la Carta Democrática Interamericana”[10], sin rechazar el golpe ni apoyar a Zelaya. Solamente tras señalamientos por parte de Chávez y del presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D’Escoto, respecto a la probable intervención norteamericana en el golpe, los EEUU terminan por reconocer mediante un anónimo funcionario del Departamento de Estado (más para salvar la cara que otra cosa), que Zelaya es el único presidente legítimo de Honduras[11]. Seguramente no les sentó nada bien la diatriba de D’Escoto: "Muchos se preguntan si acaso este intento de golpe es parte de esa nueva política [de EE.UU. hacia Latinoamérica] ya que como bien es sabido el Ejército hondureño tiene un historial de entreguismo total a Estados Unidos".[12]
Todo indica que la oligarquía y el ejército no podrán mantener el Golpe y que solamente les queda ver cómo logran una “solución política” que pueda, de momento, asumir la forma de un “compromiso” de ambas partes, pero que la deje en pie de poder volver a retomar su dominio absoluto a mediano plazo. Ese rol político es el que puede jugar la OEA, la cual, al igual que casi todos los gobiernos, han expresado su rechazo al golpe no en términos del contenido de clase concreto que encarna, sino que desde la abstracción de la defensa del “estado de derecho”. Queda así marcada la cancha para ambos bandos: no se acepta el desborde a la Constitución ni por la derecha ni por la izquierda, o para ser más precisos, se rechaza el desborde por la derecha, precisamente, para evitar el desborde por la izquierda. Lo que se defiende es el “estado de derecho” que, en última instancia, es en lo concreto el orden social capitalista. Esta cruzada democrático-burguesa puede ser liderada de manera magistral por la OEA, la cual, en palabras del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, “tiene un papel clave que jugar [para] encontrar rápidamente una solución multilateral a esta ruptura de la democracia en Honduras"[13].
Con esta táctica, que busca una solución “multilateral” (con el golpismo), la oligarquía hondureña tratará de abrirse un espacio político en los canales institucionales, donde lleva la ventaja al reformismo, a la vez que sacar de la agenda política cualquier reforma sustantiva o cualquier perspectiva de radicalización del proceso político.
¡Abajo el Golpe! ¡Reforzar la Movilización Popular!
Los libertarios, junto a todos los revolucionarios consecuentes, nos posicionamos de manera inequívoca del lado de las fuerzas que se oponen al Golpe. No podemos permitir que el gorilismo levante cabeza en ningún país de nuestra región, que ya ha sufrido de bastantes dictaduras como para cruzarse de brazos y declararnos “neutrales” siquiera ante el espectro de una nueva. Pero no por ello dejamos de plantear nuestra posición de manera clara y categórica.
El gorilismo debe ser extirpado de raíz y creemos que eso no puede producirse desde arriba, desde las alturas burocráticas de la “comunidad internacional”, como pretenden sectores de la burguesía y del reformismo. El único que pueden extirpar de raíz al gorilismo golpista es el pueblo movilizado en las calles, en los campos, en los lugares de trabajo, en las escuelas y universidades para parar esta aventura militar. Dentro del complejo escenario post-Golpe es este pueblo el cual puede convertirse en un actor que altere definitivamente el equilibrio de fuerzas en la sociedad hondureña para alcanzar cambios de fondo. Este pueblo que, venciendo el miedo, se ha comenzado a movilizar, pasando de un centenar de manifestantes afuera del palacio de gobierno por la mañana a varios miles en estos momentos, y que comienza a movilizarse masivamente en toda la capital Tegucigalpa así como en otros puntos del país.
Aún cuando lo que convoque a los manifestantes sea poco más que la defensa de Zelaya, y con él, la defensa de un proyecto de reformas bastante tibio, es en la movilización donde el pueblo aprende a luchar y a construir su proyecto. Toda movilización encierra la posibilidad de radicalización de las masas, sobretodo si consideramos que esta protesta espontánea es un acto de desafío a una oligarquía tan testaruda y retrógrada como criminal. De esto depende que la oligarquía vea frustrado su plan disuasivo para “ablandar” el proyecto político de Zelaya: de si las masas se radicalizan y con ello impulsan el proceso definitivamente hacia la izquierda. Este es el factor con el cual la oligarquía no cuenta (ni el reformismo tampoco). Y este es el factor que más pesa a fin de cuentas.
De cómo se solucione este conflicto, dependerá el futuro del cambio social en Honduras: si la crisis se soluciona por arriba, primordialmente por los canales institucionales[14], el resultado será, sin lugar a dudas, el compromiso y la colaboración de las partes, con el consecuente retorno al status quo; si la crisis, en cambio, se soluciona por abajo, y el golpe es frenado primordialmente por el pueblo movilizado en las calles está la posibilidad de que el pueblo avance hacia un proyecto más radical y que logre aplastar la resistencia de la oligarquía al cambio. Aún cuando el resultado estará lejos de ser la revolución social, dejará sentadas las bases para que el pueblo emprenda ese camino de largo aliento y dejará a un pueblo que haya ganado en experiencia y en confianza en sus propias capacidades. Y esa posibilidad si que hace temblar a la oligarquía.
José Antonio Gutiérrez
28 de Junio del 2009
Editoriales ANP
