San Martín de Los Andes (AM800).- Comunidades Mapuce de la identidad territorial wijice de la Confederación Mapuce Neuquina, (CMN), realizan un corte total de la ruta 62 que une la localidad de Junín de los andes con Aluminé y el paso internacional Mamui Malal.
Las comunidades mapuches reclaman la presencia del ministro de gobierno, educación y cultura Jorge Tobares.
El pasado jueves 16 de Abril y viernes 17, comunidades del sur de Neuquén realizaron un corte en reclamo del cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 17 de Marzo en costa de Malleo, Comunidad Painefilu, con el ahora ex ministro de desarrollo social, Walter Jonson y por la negativa del gobierno provincial a firmar el acuerdo entre el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), la Universidad Nacional del Comahue, la organización mapuche y el estado provincial, el pasado miércoles 15 de Abril.
La firma del mencionado acuerdo pondría en marcha en la provincia del Neuquén el Programa de Relevamiento Territorial de Tierras Indígenas”, ley nacional 26.160.
El Werken de la Confederación mapuce neuquina, Fidel Colipan anuncio que, “estas medidas son el inicio de una serie de acciones que se desarrollaran en todo el territorio provincial ante la negativa del gobierno provincial a reconocer derechos del pueblo mapuce”.
Las comunidades del sur de Neuquén que llevan adelante esta medida son: Painefilu, Linares, Atreuko, Chiquilihuin, Rakitue, Lafkenche y Cayun.
Los voceros mapuche en el corte anunciaron que este corte será total y que solo se permitirá el paso de ambulancias por el puente., hasta tanto no se haga presente el ministro de gobierno jorge Tobares.
En un comunicado difundido el día viernes 17 señalaban, “La no firma del denominado “Programa de Relevamiento Territorial de Tierras Indígenas”,ley nacional 26.160 que permitiría poner freno a los atropellos contra el territorio mapuce Es una clara expresión de la política de este gobierno. Situación de suma gravedad para el presente y futuro de las 55 comunidades mapuce de la Provincia de Neuquén.
El pueblo mapuce denuncia al gobierno de la provincia por esta nueva negación al
Reconocimiento del derecho como pueblo.
Tomando las palabras del Gobernador que en reiteradas oportunidades se ha
Caracterizado como un “esclavo de la ley”, El pueblo mapuce sigue exhortando al señor gobernador que se anime a cumplir y aplicar las leyes para todos como acto de justicia y no que sea producto de la fuerza o intereses económicos, sociedad rural, inmobiliarias etc. quienes permanentemente han denunciado al pueblo mapuce como usurpador del territorio que ancestralmente ocupa.
Lo único que hemos logrado con nuestra paciencia y comprensión con las autoridades provinciales, es cargar con una serie de cargos y procesamientos que suman a la fecha 48 causas civiles y penales en los juzgados provinciales y federales. Nuestras autoridades originarias desfilan ante los juzgados como verdaderos delincuentes cuando lo único que hacen es cumplir con su deber de defender sus derechos históricamente pisoteados.”
martes, 21 de abril de 2009
lunes, 20 de abril de 2009
"CANSADA DE ANDAR RODANDO"
por Nelson Ávalos
Tiene 40 años y tres hijos menores. El mayor, de 16 años, con capacidades diferentes. El menor tiene 10 meses. Hace un año pedía ayuda a la Municipalidad de Lago Puelo. Cansada de esperar respuestas, decidió ocupar un terreno. Se ubicó al costado del camino que lleva a la Pasarela del Río Azul. Cuenta con la solidaridad de vecinos y militantes sociales. Ya le dieron plazo para desalojar.
A unos 200 metros de la entrada del camino que lleva a la Pasarela sobre el Río Azul, se encuentra la precaria vivienda de Beatriz Fernández, una vecina de Lago Puelo que decidió ocupar un terreno fiscal luego de esperar inútilmente respuestas de parte de la Municipalidad de Lago Puelo, en la cordillera del Chubut.
El pasado fin de semana, ayudada por hermanos y vecinos, levantó una habitación de madera de 4 metros por 3 en la que piensa habitar junto a sus tres hijos: Mauricio, de 16 años y con capacidades diferentes; Agustín, de 7, y Luciano de sólo 10 meses.
En diálogo con FM Alas, de El Bolsón, dijo: “Llegué a ésta decisión porque hace un año que llegué a Lago Puelo y no he tenido respuestas a mis pedidos a la Municipalidad. He andado en la casa de mis hermanos… cansada de andar rodando de una casa a otra…”.
El domingo al mediodía, Beatriz, sus hermanos y vecinos que ayudaban a levantar la casilla recibieron la visita de funcionarios municipales. Estos labraron un acta y le dijeron que tenía 48 horas para abandonar el lugar. “Nos dijeron que paremos la obra y les dijimos que no. Preguntaron quién era el responsable y les dijimos que éramos todos. Nos pidieron que firmemos el acta y no firmamos nada. Me dieron 48 horas de plazo”.
“Yo soy nacida y criada acá, pero estaba en Esquel. Pero por cuestiones familiares estoy acá con mis tres hijos. Yo no me voy a ir de éste lugar si no me aseguran un a casa donde vivir…”.
Las “cuestiones familiares” a las que hace referencia es una historia de maltrato por parte de su ex marido.
Huyendo de eso llegó Beatríz nuevamente a su pueblo. Nuevos golpes, esta vez por parte de un Estado ciego y sordo, la han puesto en éste trance.
MÁS SOLIDARIDAD
El lunes por la tarde, Beatriz recibió la visita de integrantes del Colectivo por los Derechos Humanos de El Bolsón. Estos se interiorizaron de su situación y ofrecieron su solidaridad.
Norma Danielián, militante del Colectivo, reflexionó sobre el caso. “Esta es una ocupación particular, porque la mamá tiene dos luchas simultáneas. Por un lado ha denunciado a su compañero por la violencia familiar y por otro el intento de llevar adelante una vida digna. Pero nos contaba Beatriz que ya ha tenido la triste visita de un funcionario que ha amenazado con un desalojo, no sé con qué argumentos…”
El argumento tal vez sea la reciente modificación del Código de Procedimientos de la Provincia, conocida como “Ley de desalojos”. La ley trata sobre los delitos enmarcados en el artículo 181 del Código, o “usurpaciones”. Fue aprobada en la Legislatura y dice: “En las causas en que el damnificado fuera el Estado, Nacional, Provincial o Municipal, o se tratare de bienes fiscales, por petición del damnificado y a requerimiento del Fiscal, el Juez deberá disponer el inmediato reintegro de la posesión o tenencia al Estado, cuando el derecho invocado por el damnificado fuera verosímil”.
A este respecto, Danielián sostuvo que “tiene una lógica dentro del avasallamiento que vienen padeciendo los Derechos Humanos tanto en Chubut como en Río Negro. No me sorprende, pero es repudiable. Las tierras fiscales son de todos, no del Gobernador Das Neves. Y deben cumplir una función social…”
Mientras tanto, un vecino realizaba una sencilla instalación eléctrica en la vivienda. Otro vecino, mediante alargues, proveerá la energía. La solidaridad, siempre porfiada, hará menos oscura la casita y la vida de Beatriz Fernández y sus hijos.
COMUNICADO: LA DIGNIDAD NO SE DESALOJA
Comunicado de las Familias Sin Techo de Mar del Plata:
Como ya es de público conocimiento en el día de ayer el Estado, a través de la Fiscal Graciela Trill y el consentimiento del gobierno Municipal y Provincial, realizó un feroz desalojo por parte de la Policía bonaerense que, mediante un procedimiento absolutamente ilegal, reprimió a las Familias Sin Techo (hablamos de más de 50 familias, con 130 menores que se encontraban en el interior) y más de 250 personas de la Red de Apoyo que estábamos en el “Acampe de la dignidad”, defendiendo a quienes hacía tres meses recuperaron este predio abandonado por el Estado para construir allí un proyecto de vida diferente, comunitario, colectivo y solidario.
Amig@s y compañer@s nos preguntan cuál fue el saldo de la represión…
El saldo de la salvaje represión, que no encuentra muchos precedentes en la historia de Mar del Plata (ni siquiera en tiempos de dictadura), fue:
* 26 detenidos bajo los falsos cargos de resistencia a la autoridad y daños, entre ellos el abogado de los y las Sin Techo, Juan Pablo Gelemur, periodistas del Diario local El Atlántico y de Radio FM De la Azotea, además fueron apresados integrantes de la Red de Apoyo y de organizaciones sociales y políticas que estaban allí manifestando su solidaridad, entre otros del Centro Cultural América libre, de colaboradores de la agrupación H.I.J.O.S, de integrantes de la Comisión de Juicios por la Verdad, también miembros del Polo Obrero, del Movimiento Teresa Rodriguez, del Centro de Estudiantes de Cs. Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y de las Familias Sin Techo, entre otros.
* Alrededor de 30 heridos con cortes en la cabeza y el cuerpo, impactos de balas de goma, magullones y asfixia producto de los gases. Los golpes fueron realizados con bastones, disparos con balas de goma y gases lacrimógenos, uno de ellos fue disparado a la cabeza de un compañero a solo 3 metros, tal como mataron a Carlos Fuentealba, este compañero afortunadamente esta bien y reintegrado a la pelea por la vida digna.
* La policía corrió con caballos y perros a los que una vez abandonado el predio se retiraban por el descampado hacia el barrio Pueyrredón a buscar refugio en la casa de vecinos que rápidamente ofrecieron su apoyo. Entre los que salieron primero estaba los menores que al llegar al barrio se tuvieron que tirar –en medio de un llanto desconsolado- cuerpo a tierra en casas de vecinos que los recibieron. Los últimos en salir aguantaron con mucha dignidad y entereza la represión de la policía, buscando, sólo con piedras (desmintiendo las falsas declaraciones policiales), frenar a la policía mientra los compañeros y compañeras se retiraban hacia el barrio. Pese a todo, la represión de la policía llegó hasta el barrio, a más de 400 metros del predio desalojado, con gases, balas de goma, e incluso se denunciaron disparos de pistolas 9 mm.
* Por último, y acaso, el más terrible de los saldos: Más de 50 familias en la calle, con 130 menores, que no tienen a dónde ir y para los cuales el Estado organizó esta represión inhumana e ilegal y no brindó nunca, ni brinda ahora, ninguna cobertura para su situación de desamparo.
Denunciamos que esta represión fue evidentemente premeditada, planificada y organizada por el poder político y el poder judicial, que tomó la decisión política de actuar de manera ilegal y desmedida, y con absoluta impunidad, como lo demuestra que lo hayan hecho frente a todos los medios de comunicación que se encontraban allí.
Amig@s y compañer@s nos preguntan cuales son los pasos a seguir…
Por un lado se está organizando la denuncia del ilegal e inhumano accionar de las fuerzas represivas, buscando señalar y pedir castigo a los responsables directos, como la Fiscal Graciela Trill y al gobierno municipal de Gustavo Pulti y al gobierno de la provincia de Bs As de Daniel Scioli, principales actores políticos del conflicto y quienes jamás buscaron una salida dialogada. Vamos a iniciar causas penales contra los responsables, vamos a buscar que el Estado argentino tenga que responder ante la OEA y la comisión interamericana de DDHH, porque la causa está presentada en esta instancia y el estado incumplió con todo lo relacionado a las características que debía tener el desalojo, según el fallo del Juez Juan Tapia.
Amig@s y compañer@s nos preguntan cómo estamos…
Ayer con una mezcla de tristeza y bronca por lo perdido, hoy con la tristeza que de a poco va pasando cada vez más a alimentar la bronca y el coraje y ahora –aún con el corazón caliente- ya vamos intentando enfriar las cabezas para analizar y decidir los pasos a seguir. Estamos organizando la solidaridad de la Red de apoyo y de nuevas organizaciones y sectores que acercan y suman su solidaridad con las familias. Nos estamos reagrupando y reorganizando. Ayer se realizaron reuniones de más 350 personas en el América libre (donde están por el momento alojadas las familias), para analizar la situación. Se resolvió como primera medida, ir a la comisaría 4ta a sacar a los detenidos. Allí ya había una concentración que casi ocupaba la cuadra entera exigiendo la libertad de quienes fueron capturados ilegalmente por la policía. Con la presión en la calle la policía los liberó y ya están con nosotros/as.
Esta mañana en nueva asamblea se discutieron los puntos que denunciaríamos en la conferencia de prensa que se realizó en la municipalidad, en dónde la convocatoria a los medios se convirtió en una concentración de cerca de 250 personas que escracharon con pintadas la municipalidad y exigieron castigo a los responsables de la represión y solución para las familias que el Estado dejó en la calle.
Crece la solidaridad de los de abajo...
La solidaridad de la sociedad y las organizaciones sociales ha crecido enormemente, lo que está inyectando mucha fuerza en los ánimos de los y las Sin Techo. Como decimos siempre: la lucha sigue, porque es justa. No la van a resolver con palos, no hay represión que pueda con nuestra causa, con nuestra fuerza y con nuestra unidad. Lo importante es que estamos bien, que nuestro ánimo sigue intacto y que seguimos juntos para denunciar el accionar ilegal del Estado y para seguir luchando por las viviendas.
Somos una ola que ayer hicieron retroceder unos metros hacia el fondo del mar, pero que ahora se prepara para volver con la fuerza de la naturaleza sobre la playa a barrer con todo, esta ola está subiendo en el fondo, aguas abajo hay mucho movimiento, aguas arriba la marea se levanta gracias a la solidaridad de la sociedad marplatense, de las organizaciones sociales, políticas, culturales y de derechos humanos, con la fuerza y organización de la Red de Apoyo, pero sobre todo, con el contundente ejemplo de dignidad, solidaridad, valentía, compromiso, organización y unidad que nos dan, aún en este difícil momento, las Familias Sin Techo. Todo esto está haciendo que esta ola que retrocedió ayer esté preparando su vuelta. Que se preparen entonces, porque ya lo advertimos: la dignidad no se desaloja.
Gracias a los periodistas que con valentía, arriesgaron su integridad física para registraron todo lo ocurrido.
Gracias a las organizaciones sociales y a toda la gente que se expuso en la barrera humana en el momento que comenzó la represión.
Gracias a todas las organizaciones que están acercando la solidaridad y dándoles fuerza a los y las sin techo en su lucha.
Gracias a todo el apoyo de las organizaciones nacionales que hicieron llegar su solidaridad y compromiso con esta situación.
Somos pueblo, y los pueblos no se resignan. Que preparen soluciones o sino que empiecen a construir cárceles grandes, porque van a tener que encerrarnos a todos si quieren callarnos… Pero a decir verdad mejor no, que ni se molesten: nuestros sueños no caben en sus cárceles, así como nuestra dignidad pega mucho más fuerte que sus palos, y nuestra solidaridad llega mucho más lejos que sus gases. Que lo sepan: la dignidad no se desaloja.
La represión fue ilegal e inconstitucional.
El Derecho a una viviendo digna es un Derecho Humano
La lucha sigue, porque es justa.
Mar del Plata, 18 de abril de 2008
Brutal desalojo. Esta es nuestra palabra.
Que lo sepan: la dignidad no se desaloja…
Como ya es de público conocimiento en el día de ayer el Estado, a través de la Fiscal Graciela Trill y el consentimiento del gobierno Municipal y Provincial, realizó un feroz desalojo por parte de la Policía bonaerense que, mediante un procedimiento absolutamente ilegal, reprimió a las Familias Sin Techo (hablamos de más de 50 familias, con 130 menores que se encontraban en el interior) y más de 250 personas de la Red de Apoyo que estábamos en el “Acampe de la dignidad”, defendiendo a quienes hacía tres meses recuperaron este predio abandonado por el Estado para construir allí un proyecto de vida diferente, comunitario, colectivo y solidario.
Amig@s y compañer@s nos preguntan cuál fue el saldo de la represión…El saldo de la salvaje represión, que no encuentra muchos precedentes en la historia de Mar del Plata (ni siquiera en tiempos de dictadura), fue:
* 26 detenidos bajo los falsos cargos de resistencia a la autoridad y daños, entre ellos el abogado de los y las Sin Techo, Juan Pablo Gelemur, periodistas del Diario local El Atlántico y de Radio FM De la Azotea, además fueron apresados integrantes de la Red de Apoyo y de organizaciones sociales y políticas que estaban allí manifestando su solidaridad, entre otros del Centro Cultural América libre, de colaboradores de la agrupación H.I.J.O.S, de integrantes de la Comisión de Juicios por la Verdad, también miembros del Polo Obrero, del Movimiento Teresa Rodriguez, del Centro de Estudiantes de Cs. Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y de las Familias Sin Techo, entre otros.
* Alrededor de 30 heridos con cortes en la cabeza y el cuerpo, impactos de balas de goma, magullones y asfixia producto de los gases. Los golpes fueron realizados con bastones, disparos con balas de goma y gases lacrimógenos, uno de ellos fue disparado a la cabeza de un compañero a solo 3 metros, tal como mataron a Carlos Fuentealba, este compañero afortunadamente esta bien y reintegrado a la pelea por la vida digna.
* La policía corrió con caballos y perros a los que una vez abandonado el predio se retiraban por el descampado hacia el barrio Pueyrredón a buscar refugio en la casa de vecinos que rápidamente ofrecieron su apoyo. Entre los que salieron primero estaba los menores que al llegar al barrio se tuvieron que tirar –en medio de un llanto desconsolado- cuerpo a tierra en casas de vecinos que los recibieron. Los últimos en salir aguantaron con mucha dignidad y entereza la represión de la policía, buscando, sólo con piedras (desmintiendo las falsas declaraciones policiales), frenar a la policía mientra los compañeros y compañeras se retiraban hacia el barrio. Pese a todo, la represión de la policía llegó hasta el barrio, a más de 400 metros del predio desalojado, con gases, balas de goma, e incluso se denunciaron disparos de pistolas 9 mm.
* Por último, y acaso, el más terrible de los saldos: Más de 50 familias en la calle, con 130 menores, que no tienen a dónde ir y para los cuales el Estado organizó esta represión inhumana e ilegal y no brindó nunca, ni brinda ahora, ninguna cobertura para su situación de desamparo.
Denunciamos que esta represión fue evidentemente premeditada, planificada y organizada por el poder político y el poder judicial, que tomó la decisión política de actuar de manera ilegal y desmedida, y con absoluta impunidad, como lo demuestra que lo hayan hecho frente a todos los medios de comunicación que se encontraban allí.
Amig@s y compañer@s nos preguntan cuales son los pasos a seguir…
Por un lado se está organizando la denuncia del ilegal e inhumano accionar de las fuerzas represivas, buscando señalar y pedir castigo a los responsables directos, como la Fiscal Graciela Trill y al gobierno municipal de Gustavo Pulti y al gobierno de la provincia de Bs As de Daniel Scioli, principales actores políticos del conflicto y quienes jamás buscaron una salida dialogada. Vamos a iniciar causas penales contra los responsables, vamos a buscar que el Estado argentino tenga que responder ante la OEA y la comisión interamericana de DDHH, porque la causa está presentada en esta instancia y el estado incumplió con todo lo relacionado a las características que debía tener el desalojo, según el fallo del Juez Juan Tapia.
Amig@s y compañer@s nos preguntan cómo estamos…
Ayer con una mezcla de tristeza y bronca por lo perdido, hoy con la tristeza que de a poco va pasando cada vez más a alimentar la bronca y el coraje y ahora –aún con el corazón caliente- ya vamos intentando enfriar las cabezas para analizar y decidir los pasos a seguir. Estamos organizando la solidaridad de la Red de apoyo y de nuevas organizaciones y sectores que acercan y suman su solidaridad con las familias. Nos estamos reagrupando y reorganizando. Ayer se realizaron reuniones de más 350 personas en el América libre (donde están por el momento alojadas las familias), para analizar la situación. Se resolvió como primera medida, ir a la comisaría 4ta a sacar a los detenidos. Allí ya había una concentración que casi ocupaba la cuadra entera exigiendo la libertad de quienes fueron capturados ilegalmente por la policía. Con la presión en la calle la policía los liberó y ya están con nosotros/as.
Esta mañana en nueva asamblea se discutieron los puntos que denunciaríamos en la conferencia de prensa que se realizó en la municipalidad, en dónde la convocatoria a los medios se convirtió en una concentración de cerca de 250 personas que escracharon con pintadas la municipalidad y exigieron castigo a los responsables de la represión y solución para las familias que el Estado dejó en la calle.
Crece la solidaridad de los de abajo...
La solidaridad de la sociedad y las organizaciones sociales ha crecido enormemente, lo que está inyectando mucha fuerza en los ánimos de los y las Sin Techo. Como decimos siempre: la lucha sigue, porque es justa. No la van a resolver con palos, no hay represión que pueda con nuestra causa, con nuestra fuerza y con nuestra unidad. Lo importante es que estamos bien, que nuestro ánimo sigue intacto y que seguimos juntos para denunciar el accionar ilegal del Estado y para seguir luchando por las viviendas.
Somos una ola que ayer hicieron retroceder unos metros hacia el fondo del mar, pero que ahora se prepara para volver con la fuerza de la naturaleza sobre la playa a barrer con todo, esta ola está subiendo en el fondo, aguas abajo hay mucho movimiento, aguas arriba la marea se levanta gracias a la solidaridad de la sociedad marplatense, de las organizaciones sociales, políticas, culturales y de derechos humanos, con la fuerza y organización de la Red de Apoyo, pero sobre todo, con el contundente ejemplo de dignidad, solidaridad, valentía, compromiso, organización y unidad que nos dan, aún en este difícil momento, las Familias Sin Techo. Todo esto está haciendo que esta ola que retrocedió ayer esté preparando su vuelta. Que se preparen entonces, porque ya lo advertimos: la dignidad no se desaloja.
Gracias a los periodistas que con valentía, arriesgaron su integridad física para registraron todo lo ocurrido.
Gracias a las organizaciones sociales y a toda la gente que se expuso en la barrera humana en el momento que comenzó la represión.
Gracias a todas las organizaciones que están acercando la solidaridad y dándoles fuerza a los y las sin techo en su lucha.
Gracias a todo el apoyo de las organizaciones nacionales que hicieron llegar su solidaridad y compromiso con esta situación.
Somos pueblo, y los pueblos no se resignan. Que preparen soluciones o sino que empiecen a construir cárceles grandes, porque van a tener que encerrarnos a todos si quieren callarnos… Pero a decir verdad mejor no, que ni se molesten: nuestros sueños no caben en sus cárceles, así como nuestra dignidad pega mucho más fuerte que sus palos, y nuestra solidaridad llega mucho más lejos que sus gases. Que lo sepan: la dignidad no se desaloja.
La represión fue ilegal e inconstitucional.
El Derecho a una viviendo digna es un Derecho Humano
La lucha sigue, porque es justa.
Mar del Plata, 18 de abril de 2008
más info: http://mdpsintecho.blogspot.com/
MÁS DE LA MITAD DE LOS CHILENOS NO QUIEREN REPRESAS
Aysén, Chile (Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida).- Un inédito rechazo a nivel país alcanzaron las múltiples represas que HidroAysén y Energía Austral planean construir en los ríos Baker, Pascua, Cuervo, Blanco y Cóndor de la Región de Aysén, en la Patagonia chilena.
La encuesta Ipsos, divulgada hace algunos días, consignó que ante la pregunta “¿Está usted a favor o en contra de la construcción de las centrales hidroeléctricas en la Región de Aysén?” los chilenos respondieron en un 57,6 por ciento negativamente en tanto que sólo un 31,9 se mostró proclive a las iniciativas.
El resultado comprueba un sostenido aumento de la oposición a estos proyectos de centrales hidroeléctricas, ya que la misma encuesta aplicada en abril de 2008 arrojó un 54,7 % a favor y un 37,4 % en contra, variando en agosto del año pasado a un 41,8% y un 44,2 % respectivamente.
“Estos resultados demuestran que la ciudadanía está consciente del daño irreparable que significaría a nuestro patrimonio natural y cultural intervenir a la escala planteada la Patagonia chilena, a la vez que tiene claridad de que tenemos opciones para suplir las necesidades energéticas del mediano y largo plazo sin destruir las cuencas del sur austral, entre ellas la eficiencia energética y las energías renovables no convencionales”, expresó el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo.
Agregó que ésta debe ser una señal muy potente para la eléctrica italiana Enel, que controla HidroAysén a través de Endesa España, luego que el vicepresidente de esta última, Andre Bretan, expresara en la reciente junta de accionistas de Endesa Chile que la construcción de cinco represas en los ríos Baker y Pascua “tiene que ser un proyecto país, y lo haremos con todas nuestras capacidades, tiene que ser aceptado y autorizado por todos”.
“Estamos viendo que no sólo el proyecto no está siendo apoyado por todos sino todo lo contrario, está siendo rechazado por una amplia mayoría. Los chilenos no aceptaremos estas intenciones de imponer un mal proyecto por los intereses privados de trasnacionales que buscan destruir un patrimonio que debemos legar a nuestros hijos”, expresó Patricio Rodrigo.
Agregó sobre las palabras de Bretan -respecto de que no ha podido encontrar aspectos negativos a HidroAysén- que “sería bueno entonces que se informara mejor de las casi 3 mil observaciones que hicieron los servicios públicos y las más de 11 mil de la ciudadanía. Si algo nos ha dejado en claro la crisis financiera mundial es que para ocupar altos cargos directivos en empresas trasnacionales es necesario tener altura de miras para los grandes desafíos globales, y al parecer éste no sería el caso”, puntualizó.
La encuesta cuantitativa Ipsos se aplicó telefónicamente a 1.008 entrevistados en 24 ciudades desde Arica a Punta Arenas, con un margen de error del 3,1 %.
El mayor nivel de rechazo se dio en el segmento etáreo de entre los 18 a los 39 años, llegando a un 63,5 %.
Fuente: Puerta E.
La encuesta Ipsos, divulgada hace algunos días, consignó que ante la pregunta “¿Está usted a favor o en contra de la construcción de las centrales hidroeléctricas en la Región de Aysén?” los chilenos respondieron en un 57,6 por ciento negativamente en tanto que sólo un 31,9 se mostró proclive a las iniciativas.
El resultado comprueba un sostenido aumento de la oposición a estos proyectos de centrales hidroeléctricas, ya que la misma encuesta aplicada en abril de 2008 arrojó un 54,7 % a favor y un 37,4 % en contra, variando en agosto del año pasado a un 41,8% y un 44,2 % respectivamente.
“Estos resultados demuestran que la ciudadanía está consciente del daño irreparable que significaría a nuestro patrimonio natural y cultural intervenir a la escala planteada la Patagonia chilena, a la vez que tiene claridad de que tenemos opciones para suplir las necesidades energéticas del mediano y largo plazo sin destruir las cuencas del sur austral, entre ellas la eficiencia energética y las energías renovables no convencionales”, expresó el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo.
Agregó que ésta debe ser una señal muy potente para la eléctrica italiana Enel, que controla HidroAysén a través de Endesa España, luego que el vicepresidente de esta última, Andre Bretan, expresara en la reciente junta de accionistas de Endesa Chile que la construcción de cinco represas en los ríos Baker y Pascua “tiene que ser un proyecto país, y lo haremos con todas nuestras capacidades, tiene que ser aceptado y autorizado por todos”.
“Estamos viendo que no sólo el proyecto no está siendo apoyado por todos sino todo lo contrario, está siendo rechazado por una amplia mayoría. Los chilenos no aceptaremos estas intenciones de imponer un mal proyecto por los intereses privados de trasnacionales que buscan destruir un patrimonio que debemos legar a nuestros hijos”, expresó Patricio Rodrigo.
Agregó sobre las palabras de Bretan -respecto de que no ha podido encontrar aspectos negativos a HidroAysén- que “sería bueno entonces que se informara mejor de las casi 3 mil observaciones que hicieron los servicios públicos y las más de 11 mil de la ciudadanía. Si algo nos ha dejado en claro la crisis financiera mundial es que para ocupar altos cargos directivos en empresas trasnacionales es necesario tener altura de miras para los grandes desafíos globales, y al parecer éste no sería el caso”, puntualizó.
La encuesta cuantitativa Ipsos se aplicó telefónicamente a 1.008 entrevistados en 24 ciudades desde Arica a Punta Arenas, con un margen de error del 3,1 %.
El mayor nivel de rechazo se dio en el segmento etáreo de entre los 18 a los 39 años, llegando a un 63,5 %.
Fuente: Puerta E.
OBREROS EN LUCHA POR LA EXPROPIACIÓN DE LA EX-PUNILLA EN TRELEW
El Bolsón (ANPP).- Los obreros de la ex textil Punilla de Trelew vienen llevando una heroica lucha en defensa de sus puestos de trabajo, llegando a obligar a la conducción del Sindicato AOT a que pida la expropiación de la fábrica bajo control de los trabajadores.
Fuentes de la región afirman que siguen los despidos y el vaciamiento de las fábricas del parque industrial de Trelew.
La industria textil continúa hundida en una gran crisis donde los trabajadores son quienes están pagando los costos más altos, diariamente crecen los despidos ya que las empresas presentan "quiebra" o simplemente reducen personal.
Los empresarios contarían con el apoyo del gobierno provincial de Mario Das Neves que les allana el camino y les abre la puerta cuando los dueños quieren abandonar las fábricas.
Obreros de la ex Punilla denunciaron hace una semana que los dirigentes de la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Sindicato Empleados Textiles de la Industria y Afines(SETIA) negocian con con la patronal y el gobierno, jugando claramente en contra de los trabajadores al dar por sentado que la única opción para los compañeros es "arreglar los despidos".
Hoy los trabajadores textiles lograron que la conducción del Sindicato AOT pida la expropiación de la fábrica bajo control de los trabajadores, actitud necesaria para que la "crisis" deje de ser pagada por quienes menos tienen.
También denunciaron hace una semana que "los dirigentes nacionales, Jorge Lobais (Secretario general de AOT) y Mauricio Anchava (Secretario general de SETIA) no han difundido esta problemática por los medios nacionales ni convocaron a medidas de fuerza generales, sabiendo que esta situación trasciende los límites de Trelew y de Chubut".
"Los militantes textiles siguen resistiendo, ocupando las fábricas y cortando calles, aunque los gremios y los gobernantes no quieran".
Obreros de la fábrica, junto a referentes del MIR trabajaron en una propuesta para salir de esta situación. Los principales puntos del documento son:
-Avanzar hacia la expropiación de las fábricas y ponerlas a producir bajo control obrero, sin patrones ni burócratas, siguiendo el ejemplo de ZANON.
-Que los gobiernos provincial y nacional les den el marco legal correspondiente a las fábricas expropiadas para que estas funcionen como tal sin problemas judiciales.
-Que el Estado provincial inicie una “promoción industrial especial” que consista en librarlas del pago de impuestos y servicios, y que les garantice la compra de materias primas durante al menos 12 meses.
En un comunicado reciente del MIR, llaman a los movimientos sociales a juntarse y exigir a los gobiernos provincial y nacional que "les den el marco legal correspondiente a las fábricas expropiadas para que estas funcionen como tal sin problemas judiciales".
Además instan al estado provincia a realizar una “promoción industrial especial” que consista en "librarlas del pago de impuestos y servicios, y que les garantice la compra de materias primas durante al menos 12 meses".
más info: mircomodoro.blogspot.com/2009/04/chubut-textiles.html
Fuentes de la región afirman que siguen los despidos y el vaciamiento de las fábricas del parque industrial de Trelew.
La industria textil continúa hundida en una gran crisis donde los trabajadores son quienes están pagando los costos más altos, diariamente crecen los despidos ya que las empresas presentan "quiebra" o simplemente reducen personal.
Los empresarios contarían con el apoyo del gobierno provincial de Mario Das Neves que les allana el camino y les abre la puerta cuando los dueños quieren abandonar las fábricas.
Obreros de la ex Punilla denunciaron hace una semana que los dirigentes de la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Sindicato Empleados Textiles de la Industria y Afines(SETIA) negocian con con la patronal y el gobierno, jugando claramente en contra de los trabajadores al dar por sentado que la única opción para los compañeros es "arreglar los despidos".
Hoy los trabajadores textiles lograron que la conducción del Sindicato AOT pida la expropiación de la fábrica bajo control de los trabajadores, actitud necesaria para que la "crisis" deje de ser pagada por quienes menos tienen.
También denunciaron hace una semana que "los dirigentes nacionales, Jorge Lobais (Secretario general de AOT) y Mauricio Anchava (Secretario general de SETIA) no han difundido esta problemática por los medios nacionales ni convocaron a medidas de fuerza generales, sabiendo que esta situación trasciende los límites de Trelew y de Chubut".
"Los militantes textiles siguen resistiendo, ocupando las fábricas y cortando calles, aunque los gremios y los gobernantes no quieran".
Obreros de la fábrica, junto a referentes del MIR trabajaron en una propuesta para salir de esta situación. Los principales puntos del documento son:
-Avanzar hacia la expropiación de las fábricas y ponerlas a producir bajo control obrero, sin patrones ni burócratas, siguiendo el ejemplo de ZANON.
-Que los gobiernos provincial y nacional les den el marco legal correspondiente a las fábricas expropiadas para que estas funcionen como tal sin problemas judiciales.
-Que el Estado provincial inicie una “promoción industrial especial” que consista en librarlas del pago de impuestos y servicios, y que les garantice la compra de materias primas durante al menos 12 meses.
En un comunicado reciente del MIR, llaman a los movimientos sociales a juntarse y exigir a los gobiernos provincial y nacional que "les den el marco legal correspondiente a las fábricas expropiadas para que estas funcionen como tal sin problemas judiciales".
Además instan al estado provincia a realizar una “promoción industrial especial” que consista en "librarlas del pago de impuestos y servicios, y que les garantice la compra de materias primas durante al menos 12 meses".
más info: mircomodoro.blogspot.com/2009/04/chubut-textiles.html
ORGANICIDAD Y VERTICALISMO EN LA UNTER
El Bolsón (ANPP).- La agrupación docente Agustín Tosco de Valle Medio publicó la tercer edición de su periódico "La Voluntad", del cual extraemos el siguiente texto para la reflexión sobre la lucha de los últimos meses.
Organicidad y verticalismoLa mañana del día 7 de abril los docentes del Valle Medio nos encontramos con los
descuentos masivos y arbitrarios que hizo el gobierno. Tal como lo habíamos previsto y
organizado en una reunión el día anterior fuimos al sindicato a las ocho de la mañana,
pero nos encontramos con que la Comisión Directiva de la seccional no quiso realizar
acciones en la Delegación del ministerio de Educación porque había paritaria, e iban a
respetar “orgánicamente” como comisión directiva la decisión de no actuar. En ese
marco, muchos de los que estábamos allí hicimos efectiva la acción, pero como
trabajadores individuales, sin el apoyo del sindicato. Realizamos una permanencia de 8
horas y una olla popular que nos permitió confraternizar con los compañeros.
No está muy claro qué significa ser orgánico en nuestro gremio, y en el lenguaje
sindical en general. Si orgánico significa respetar decisiones tomadas desde arriba (en
este caso de una comisión directiva) estamos ante un problema: porque estaríamos ante
un sindicato que no presta atención, y no contiene en su organización a los que están en
su base, es decir, una concepción de sindicato Verticalista.
Si ser orgánico significa respetar a la organización sindical estamos de acuerdo. Muchas
veces dijimos que la herramienta fundamental de los trabajadores es la organización; es
la que le da fuerza, la que los nucléa y hace que su fuerza sea mucha más que si
actuaran individualmente. Pero esa organización tiene que estar al servicio de la lucha.
No se puede tener una organización sindical para no luchar, o una organización que deje
solos a sus afiliados ante sus patrones.
Cuando Agustín Tosco hablaba de unidad no lo hacía de manera abstracta y pasiva: él
planteaba la “unidad combativa de la clase obrera”.
Por eso decimos: ¿hay que ser orgánicos? Sí, sin dudas hay que ser orgánicos. Hay que
ser orgánicos, y apoyar con la organización a cada lucha. Una conducción sindical no
puede dejar que sus afiliados estén solos en la lucha, y no puede pedirles cuenta por
haber salido a luchar.
¿Qué es el sindicato?
Varias veces en el proceso de lucha que sostuvimos en los últimos meses se acusó a las
agrupaciones opositoras de “querer destruir el sindicato” o producir su quiebre, por el
hecho de tomar “medidas demasiado extremas”.
Todo depende de qué consideremos sindicato. Nosotros pensamos que la función
fundamental del sindicato es la lucha. Sí, el sindicato es una herramienta de lucha; y se
fortalece a través de la movilización, del debate y del enfrentamiento con nuestro
patrón, que es el Estado. Podemos recibir muchos aprietes legales de parte del Poder
Judicial del Estado, pero si conservamos la voluntad de lucha no podrán quebrarnos
como sindicato.
Por eso citamos una frase del programa de la CGT de los Argentinos (la central sindical
formada en 1968 por varios dirigentes, entre los que se encontraba Agustín Tosco, y que
tenía a Rodolfo Walsh como colaborador); coincidimos fundamentalmente con esta
frase:
“El movimiento obrero no es un edificio ni cien edificios; no es una personería ni cien
personerías; no es un sello de goma ni un comité. El movimiento obrero es la voluntad
organizada del pueblo, y como tal no se puede clausurar ni intervenir” (Programa de la
CGT de los Argentinos, del 1 de Mayo de 1968)
Organicidad y verticalismo
descuentos masivos y arbitrarios que hizo el gobierno. Tal como lo habíamos previsto y
organizado en una reunión el día anterior fuimos al sindicato a las ocho de la mañana,
pero nos encontramos con que la Comisión Directiva de la seccional no quiso realizar
acciones en la Delegación del ministerio de Educación porque había paritaria, e iban a
respetar “orgánicamente” como comisión directiva la decisión de no actuar. En ese
marco, muchos de los que estábamos allí hicimos efectiva la acción, pero como
trabajadores individuales, sin el apoyo del sindicato. Realizamos una permanencia de 8
horas y una olla popular que nos permitió confraternizar con los compañeros.
No está muy claro qué significa ser orgánico en nuestro gremio, y en el lenguaje
sindical en general. Si orgánico significa respetar decisiones tomadas desde arriba (en
este caso de una comisión directiva) estamos ante un problema: porque estaríamos ante
un sindicato que no presta atención, y no contiene en su organización a los que están en
su base, es decir, una concepción de sindicato Verticalista.
Si ser orgánico significa respetar a la organización sindical estamos de acuerdo. Muchas
veces dijimos que la herramienta fundamental de los trabajadores es la organización; es
la que le da fuerza, la que los nucléa y hace que su fuerza sea mucha más que si
actuaran individualmente. Pero esa organización tiene que estar al servicio de la lucha.
No se puede tener una organización sindical para no luchar, o una organización que deje
solos a sus afiliados ante sus patrones.
Cuando Agustín Tosco hablaba de unidad no lo hacía de manera abstracta y pasiva: él
planteaba la “unidad combativa de la clase obrera”.
Por eso decimos: ¿hay que ser orgánicos? Sí, sin dudas hay que ser orgánicos. Hay que
ser orgánicos, y apoyar con la organización a cada lucha. Una conducción sindical no
puede dejar que sus afiliados estén solos en la lucha, y no puede pedirles cuenta por
haber salido a luchar.
¿Qué es el sindicato?
Varias veces en el proceso de lucha que sostuvimos en los últimos meses se acusó a las
agrupaciones opositoras de “querer destruir el sindicato” o producir su quiebre, por el
hecho de tomar “medidas demasiado extremas”.
Todo depende de qué consideremos sindicato. Nosotros pensamos que la función
fundamental del sindicato es la lucha. Sí, el sindicato es una herramienta de lucha; y se
fortalece a través de la movilización, del debate y del enfrentamiento con nuestro
patrón, que es el Estado. Podemos recibir muchos aprietes legales de parte del Poder
Judicial del Estado, pero si conservamos la voluntad de lucha no podrán quebrarnos
como sindicato.
Por eso citamos una frase del programa de la CGT de los Argentinos (la central sindical
formada en 1968 por varios dirigentes, entre los que se encontraba Agustín Tosco, y que
tenía a Rodolfo Walsh como colaborador); coincidimos fundamentalmente con esta
frase:
“El movimiento obrero no es un edificio ni cien edificios; no es una personería ni cien
personerías; no es un sello de goma ni un comité. El movimiento obrero es la voluntad
organizada del pueblo, y como tal no se puede clausurar ni intervenir” (Programa de la
CGT de los Argentinos, del 1 de Mayo de 1968)
más información: http://www.atoscorn.blogspot.com/
domingo, 19 de abril de 2009
COMUNICADO: PARLAMENTO MAPUCHE-TEHUELCHE CONTRA LA ENTREGA DE TERRITORIO
El pasado fin de semana se realizó un Trawun Mapuche-Tehuelche en la localidad de Gobernador Costa. Durante dos días Comunidades y organizaciones se autoconvocaron para abordar temas referidos al Territorio, espiritualidad, Ley de emergencia 26.160, política del gobierno en la entrega y saqueo de las empresas multinacionales (petroleras, mineras) en el territorio ancestral.
Los días 10 y 11 de abril, nos reunimos en Parlamento en la localidad de Gobernador Costa (Chubut), las siguientes Comunidades: Costa del Lepá, Alto Lepá, El Molle, Vuelta del Río, Ñanculawen (Comodoro), Futa Huau, Epu Peñi (Gualjaina), Katrauletuaiñ (Rawson) y Ayllu Ñuke Mapu (Sarmiento). Además de organizaciones warriache de Trelew y Mapuche-Tehuelche independientes de Trelew, Bariloche, Corcovado, Gobernador Costa, José de San Martín, Esquel y Comodoro Rivadavia.
Consideramos como fundamental como Pueblo Mapuche-Tehuelche la pertenencia al Territorio donde vivimos en equilibrio y armonía con nuestra espiritualidad. El Territorio que reafirma nuestra identidad como Pueblo actualmente se encuentra invadido por terratenientes (como López Rey, Abait, Rechene, M. Hauser, Rodríguez Otaño, Bestene, entre otros) por multinacionales y distintos personajes ligados al poder.
Hoy nuestros hermanos se encuentran en conflictos territoriales donde muchas veces varias familias conviven en pequeños espacios de tierra, producto del despojo avalado por los distintos gobiernos.
Otra realidad es que usurpadores particulares utilizan distintas formas de hostigamiento como: cierre de caminos vecinales, amenazas a hermanos como los casos de Juana Sifuentes (Comunidad Corral de Piedras), Familia Antieco (Costa de Lepá), El Molle, Comunidad Sepúlveda (Buenos Aires Chico), entre tantos otros.
REPUDIAMOS:
- La entrega y el saqueo del Territorio Ancestral Mapuche por parte de la Minera Argenta (contratada por Aqualine Resources) y empresas petroleras como Pan American Energy y Repsol YPF. La entrega y el saqueo por parte del Gobierno del Chubut sin respetar sitio ceremoniales y violando cementerios (Chenque). Esta política ha traído consecuencias mortales en las Comunidades: Cáncer por contaminación del agua, falta de agua potable en la meseta, suicidios, etc. Todo esto afecta al WallMapu (Territorio Ancestral), provocando desequilibrios irremediables en nuestro Itrofilmogen (Diversidad de vida).
- La Ley provincial de desalojos en su totalidad, por criminalizar la resistencia y la lucha social.
RECHAZAMOS la Ley Nacional 26.160 en la provincia de Chubut, por:
1- Ser inconsulta a nuestro Pueblo.
2- Por Crear un organismo CPI (Consejo de Participación Indígena) que NO representa en su totalidad al Pueblo Mapuche-Tehuelche (a sus comunidades y organizaciones).
3- Por ser una parte más de las políticas neoliberales del gobierno de turno. Siendo además una herramienta para el saqueo a corto plazo de los Ngen (NgenCo, Ngen Mahuiza...) del WallMapu.
RECHAZAMOS a la Dirección de Asuntos Indígenas como organismo representativo del Pueblo Mapuche-Tehuelche, ya que responde a intereses ajenos a nosotros.
EXIGIMOS:
- Cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT, del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el art. 34 de la Constitución Provincial.
- Consulta genuina a la totalidad del Pueblo Mapuche-Tehuelche, ante cualquier tema que nos involucre.
Hermanos Mapuche-Tehuelche continuemos fortaleciendo nuestra cultura y defendiendo nuestro territorio ancestral.
Por TERRITORIO, JUSTICIA y LIBERTAD!
MARICI WEV!! MARICI WEV!!
Fuente: Puerta E.
HIJOS ALTO VALLE REPUDIA EL TRASLADO DE CASOS A JUSTICIA DE BAHÍA BLANCA
El Bolsón (ANPP).- Los integrantes de Hijos Alto Valle manifestaron públicamente su repudio a la decisión de llevar 23 de los casi 100 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén, a Bahía Blanca.
El primer intento ocurrió hace 5 meses, desde el Juzgado Nº2, en ese momento a cargo del juez Labate.
Con la denuncia y la manifestación pública en el tribunal, junto al repudio de víctimas y familiares en los medios de comunicación, se había logrado frenar esa decisión.
"Hoy, la nueva jueza a cargo del juzgado, intenta omitir y desestimar las razones que obligaron al juez a dictarse competente para seguir investigando esas causas acá. Al declararse incompetente, la jueza Margarita de Argüelles, lo que hace es mandar al olvido y a la impunidad más absoluta las causas de estos compañeros", explicaron desde la organizaciónd e derechos humanos.
Gran malestar causó también que la APDH Neuquén haya avalado esta decisión.
"Es mentira que los delitos deben ser investigados en el último lugar de detención -aclararon desde Hijos-. Lo que determina el código penal es que deben ser investigados en el lugar donde se produjo el delito más grave, y eso se produjo en Neuquén y Río Negro, ya que fueron secuestrados en esta zona, llevados a campos de concentración, torturados y, posteriormente, llevados al centro clandestino de detención 'la escuelita' de Bahía Blanca."
Hijos cuestionó a quienes impulsan el traslado de los casos, señalando "que funcionan con la lógica de las anuladas leyes de obediencia debida y punto final intentando investigar y juzgar sólo a los máximos responsables del genocidio".
"Posiciones y acuerdos como éstos dieron por resultado la selección arbitraria de víctimas, la negación del genocidio, el ocultamiento de la militancia de las víctimas, la no investigación de otras fuerzas y una condena de 7 años a uno de los máximos responsables del genocidio en el Alto Valle."
Por otro lado, Hijos relató que el fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, había desestimado la posibilidad de que estas causas fueran remitidas a esa ciudad y dio cuenta "de la clase de personajes, amigos de los genocidas, que están al frente de dicho juzgado", incluyendo al juez Alcindo Álvarez Canale.
"Los genocidas que los secuestraron y torturaron, fueron grupos que operaron en esta zona, y varios de ellos viven impunemente libres en nuestras ciudades -declararon los militantes de Hijos-. Si hay que trasladar a alguien que sea a los genocidas responsables de Bahía Blanca y no a nuestros compañeros."
El primer intento ocurrió hace 5 meses, desde el Juzgado Nº2, en ese momento a cargo del juez Labate.
Con la denuncia y la manifestación pública en el tribunal, junto al repudio de víctimas y familiares en los medios de comunicación, se había logrado frenar esa decisión.
"Hoy, la nueva jueza a cargo del juzgado, intenta omitir y desestimar las razones que obligaron al juez a dictarse competente para seguir investigando esas causas acá. Al declararse incompetente, la jueza Margarita de Argüelles, lo que hace es mandar al olvido y a la impunidad más absoluta las causas de estos compañeros", explicaron desde la organizaciónd e derechos humanos.
Gran malestar causó también que la APDH Neuquén haya avalado esta decisión.
"Es mentira que los delitos deben ser investigados en el último lugar de detención -aclararon desde Hijos-. Lo que determina el código penal es que deben ser investigados en el lugar donde se produjo el delito más grave, y eso se produjo en Neuquén y Río Negro, ya que fueron secuestrados en esta zona, llevados a campos de concentración, torturados y, posteriormente, llevados al centro clandestino de detención 'la escuelita' de Bahía Blanca."
Hijos cuestionó a quienes impulsan el traslado de los casos, señalando "que funcionan con la lógica de las anuladas leyes de obediencia debida y punto final intentando investigar y juzgar sólo a los máximos responsables del genocidio".
"Posiciones y acuerdos como éstos dieron por resultado la selección arbitraria de víctimas, la negación del genocidio, el ocultamiento de la militancia de las víctimas, la no investigación de otras fuerzas y una condena de 7 años a uno de los máximos responsables del genocidio en el Alto Valle."
Por otro lado, Hijos relató que el fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, había desestimado la posibilidad de que estas causas fueran remitidas a esa ciudad y dio cuenta "de la clase de personajes, amigos de los genocidas, que están al frente de dicho juzgado", incluyendo al juez Alcindo Álvarez Canale.
"Los genocidas que los secuestraron y torturaron, fueron grupos que operaron en esta zona, y varios de ellos viven impunemente libres en nuestras ciudades -declararon los militantes de Hijos-. Si hay que trasladar a alguien que sea a los genocidas responsables de Bahía Blanca y no a nuestros compañeros."
EL GLIFOSATO LLEGÓ A LA CORTE SUPREMA
Por Darío Aranda
Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más usado en la industria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.
Buenos Aires (Página 12).- “Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional.” El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
Con 36 carillas, la presentación describe el accionar del modelo agrario basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativos de los agrotóxicos, informa cuadros médicos agudos de campesinos y solicita la urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroquímicos hasta tanto no se precise su grado de toxicidad. También requiere que la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud –creada en enero último para investigar los efectos de agroquímicos– “se expida definitivamente” sobre los efectos de los herbicidas. “Hasta el momento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos”, afirma la ONG, fundada en el año 2004 por un grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente.
“Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). A la empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)”, aclara el escrito.
La presentación ante la Corte se origina luego de que este diario difundiera un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), en el que se comprobó que dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura provocan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. El amparo de la Asociación de Abogados Ambientalistas es el primero en llegar al máximo tribunal y constituye un viejo anhelo de comunidades campesinas e indígenas.
“Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sabía a las 9 y que el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enteró antes de las 10. Está claro que existen enormes intereses en juego”, reconoció el director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar.
La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El máximo tribunal puede fallar en pocos días (como con el freno a los desmontes en Salta) o dejar dormir la presentación. “La Corte ha demostrado su conocimiento de derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con los bosques de Salta, confiamos que siga en el mismo camino”, arriesgó el abogado, aunque también reconoció que esta causa tiene implicancias muy por encima de las dos anteriores: apunta a un modelo agrario presente en medio país.
El amparo se fundamenta en la figura del “daño ambiental colectivo” (perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona la presentación judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y en el artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley”. Y recuerda que el derecho ambiental, en el que se basa el amparo, “tiene carácter preventivo y precautorio, que lleva fundamentalmente como columna vertebral de su existencia evitar, ante la duda, que se produzcan mayores daños en la vida o en la salud de las personas, ello a pesar de las múltiples comprobaciones que se acreditan (de la toxicidad de los herbicidas)”.
En reiterados apartados, la presentación judicial apunta contra los organismos oficiales. “A los efectos de entender la verosimilitud del derecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estado sobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los seres humanos y sobre el ambiente todo.” La causa, que lleva el número 262/09, reclama la realización de un relevamiento de las zonas afectadas por los agrotóxicos, que se identifiquen los damnificados y se brinde contención y tratamiento médicos adecuados. También solicita declaración testimonial del profesor de embriología y director del Laboratorio de Embriología, Andrés Carrasco, y del secretario de Ambiente.
Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más usado en la industria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.
Buenos Aires (Página 12).- “Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional.” El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
Con 36 carillas, la presentación describe el accionar del modelo agrario basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativos de los agrotóxicos, informa cuadros médicos agudos de campesinos y solicita la urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroquímicos hasta tanto no se precise su grado de toxicidad. También requiere que la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud –creada en enero último para investigar los efectos de agroquímicos– “se expida definitivamente” sobre los efectos de los herbicidas. “Hasta el momento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos”, afirma la ONG, fundada en el año 2004 por un grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente.
“Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). A la empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)”, aclara el escrito.
La presentación ante la Corte se origina luego de que este diario difundiera un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), en el que se comprobó que dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura provocan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. El amparo de la Asociación de Abogados Ambientalistas es el primero en llegar al máximo tribunal y constituye un viejo anhelo de comunidades campesinas e indígenas.
“Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sabía a las 9 y que el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enteró antes de las 10. Está claro que existen enormes intereses en juego”, reconoció el director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar.
La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El máximo tribunal puede fallar en pocos días (como con el freno a los desmontes en Salta) o dejar dormir la presentación. “La Corte ha demostrado su conocimiento de derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con los bosques de Salta, confiamos que siga en el mismo camino”, arriesgó el abogado, aunque también reconoció que esta causa tiene implicancias muy por encima de las dos anteriores: apunta a un modelo agrario presente en medio país.
El amparo se fundamenta en la figura del “daño ambiental colectivo” (perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona la presentación judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y en el artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley”. Y recuerda que el derecho ambiental, en el que se basa el amparo, “tiene carácter preventivo y precautorio, que lleva fundamentalmente como columna vertebral de su existencia evitar, ante la duda, que se produzcan mayores daños en la vida o en la salud de las personas, ello a pesar de las múltiples comprobaciones que se acreditan (de la toxicidad de los herbicidas)”.
En reiterados apartados, la presentación judicial apunta contra los organismos oficiales. “A los efectos de entender la verosimilitud del derecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estado sobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los seres humanos y sobre el ambiente todo.” La causa, que lleva el número 262/09, reclama la realización de un relevamiento de las zonas afectadas por los agrotóxicos, que se identifiquen los damnificados y se brinde contención y tratamiento médicos adecuados. También solicita declaración testimonial del profesor de embriología y director del Laboratorio de Embriología, Andrés Carrasco, y del secretario de Ambiente.
DOCENTES DE EL BOLSÓN ESPERAN EL DIÁLOGO
El Bolsón (ANPP).- Más de 60 educadores se reunieron ayer, en la escuela 271 de El Bolsón, para analizar en asamblea el pedido de sanción disciplinaria, por parte de la conducción local, al profesor Juan Pablo Ruiz por "amenaza de muerte".
La evaluación del conflicto gremial, que en la localidad duró más de dos meses, quedó relegada para otro encuentro de la Unter.
Durante el debate, que se extendió por más de cuatro horas, la denunciante, la dirigente local Patricia Mon Avalle, insistió en la versión de que Ruiz la había amenazado de muerte durante una discusión política, a fines de enero en la sede gremial.
Por su parte, el acusado ratificó que "no hubo ningún tipo de agresión y mucho menos amenazas", y su alegato contó con el apoyo de los testimonios de dos testigos que estuvieron en el momento de la discusión.
Comentó Ruiz al respecto: "Esto no puede explicarse de otra manera que como una persecución ideológica, porque es público mi posicionamiento crítico hacia las dos agrupaciones mayoritarias dentro del sindicato (Azul y Celeste), y dentro de la conducción local, aunque no quieran asumirlo, hay simpatías y filiaciones hacia esos dos sectores ya a esta altura imposibles de ocultar".
Más allá de la diversidad de puntos de vista, la mayoría de los asistentes destacaron la necesidad de que el conflicto interno se resuelva por la vía del diálogo, y a tal fin surgió casi de consenso la propuesta de que se abran instancias de encuentro para resolver esta situación.
En varias intervenciones, por otra parte, se advirtió sobre el peligroso precedente que puede implicar que los debates políticos terminen con el escarmiento del aparato punitorio del sindicato sobre una de las partes.
Sin embargo, y a pesar de las razones expuestas, los integrantes de la conducción presentes en la asamblea ratificaron su determinación de no retirar el polémico pedido de sanción disciplinaria.
La evaluación del conflicto gremial, que en la localidad duró más de dos meses, quedó relegada para otro encuentro de la Unter.
Durante el debate, que se extendió por más de cuatro horas, la denunciante, la dirigente local Patricia Mon Avalle, insistió en la versión de que Ruiz la había amenazado de muerte durante una discusión política, a fines de enero en la sede gremial.
Por su parte, el acusado ratificó que "no hubo ningún tipo de agresión y mucho menos amenazas", y su alegato contó con el apoyo de los testimonios de dos testigos que estuvieron en el momento de la discusión.
Comentó Ruiz al respecto: "Esto no puede explicarse de otra manera que como una persecución ideológica, porque es público mi posicionamiento crítico hacia las dos agrupaciones mayoritarias dentro del sindicato (Azul y Celeste), y dentro de la conducción local, aunque no quieran asumirlo, hay simpatías y filiaciones hacia esos dos sectores ya a esta altura imposibles de ocultar".
Más allá de la diversidad de puntos de vista, la mayoría de los asistentes destacaron la necesidad de que el conflicto interno se resuelva por la vía del diálogo, y a tal fin surgió casi de consenso la propuesta de que se abran instancias de encuentro para resolver esta situación.
En varias intervenciones, por otra parte, se advirtió sobre el peligroso precedente que puede implicar que los debates políticos terminen con el escarmiento del aparato punitorio del sindicato sobre una de las partes.
Sin embargo, y a pesar de las razones expuestas, los integrantes de la conducción presentes en la asamblea ratificaron su determinación de no retirar el polémico pedido de sanción disciplinaria.
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