Aysén, Chile (Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida).- Un inédito rechazo a nivel país alcanzaron las múltiples represas que HidroAysén y Energía Austral planean construir en los ríos Baker, Pascua, Cuervo, Blanco y Cóndor de la Región de Aysén, en la Patagonia chilena.
La encuesta Ipsos, divulgada hace algunos días, consignó que ante la pregunta “¿Está usted a favor o en contra de la construcción de las centrales hidroeléctricas en la Región de Aysén?” los chilenos respondieron en un 57,6 por ciento negativamente en tanto que sólo un 31,9 se mostró proclive a las iniciativas.
El resultado comprueba un sostenido aumento de la oposición a estos proyectos de centrales hidroeléctricas, ya que la misma encuesta aplicada en abril de 2008 arrojó un 54,7 % a favor y un 37,4 % en contra, variando en agosto del año pasado a un 41,8% y un 44,2 % respectivamente.
“Estos resultados demuestran que la ciudadanía está consciente del daño irreparable que significaría a nuestro patrimonio natural y cultural intervenir a la escala planteada la Patagonia chilena, a la vez que tiene claridad de que tenemos opciones para suplir las necesidades energéticas del mediano y largo plazo sin destruir las cuencas del sur austral, entre ellas la eficiencia energética y las energías renovables no convencionales”, expresó el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo.
Agregó que ésta debe ser una señal muy potente para la eléctrica italiana Enel, que controla HidroAysén a través de Endesa España, luego que el vicepresidente de esta última, Andre Bretan, expresara en la reciente junta de accionistas de Endesa Chile que la construcción de cinco represas en los ríos Baker y Pascua “tiene que ser un proyecto país, y lo haremos con todas nuestras capacidades, tiene que ser aceptado y autorizado por todos”.
“Estamos viendo que no sólo el proyecto no está siendo apoyado por todos sino todo lo contrario, está siendo rechazado por una amplia mayoría. Los chilenos no aceptaremos estas intenciones de imponer un mal proyecto por los intereses privados de trasnacionales que buscan destruir un patrimonio que debemos legar a nuestros hijos”, expresó Patricio Rodrigo.
Agregó sobre las palabras de Bretan -respecto de que no ha podido encontrar aspectos negativos a HidroAysén- que “sería bueno entonces que se informara mejor de las casi 3 mil observaciones que hicieron los servicios públicos y las más de 11 mil de la ciudadanía. Si algo nos ha dejado en claro la crisis financiera mundial es que para ocupar altos cargos directivos en empresas trasnacionales es necesario tener altura de miras para los grandes desafíos globales, y al parecer éste no sería el caso”, puntualizó.
La encuesta cuantitativa Ipsos se aplicó telefónicamente a 1.008 entrevistados en 24 ciudades desde Arica a Punta Arenas, con un margen de error del 3,1 %.
El mayor nivel de rechazo se dio en el segmento etáreo de entre los 18 a los 39 años, llegando a un 63,5 %.
Fuente: Puerta E.
lunes, 20 de abril de 2009
OBREROS EN LUCHA POR LA EXPROPIACIÓN DE LA EX-PUNILLA EN TRELEW
El Bolsón (ANPP).- Los obreros de la ex textil Punilla de Trelew vienen llevando una heroica lucha en defensa de sus puestos de trabajo, llegando a obligar a la conducción del Sindicato AOT a que pida la expropiación de la fábrica bajo control de los trabajadores.
Fuentes de la región afirman que siguen los despidos y el vaciamiento de las fábricas del parque industrial de Trelew.
La industria textil continúa hundida en una gran crisis donde los trabajadores son quienes están pagando los costos más altos, diariamente crecen los despidos ya que las empresas presentan "quiebra" o simplemente reducen personal.
Los empresarios contarían con el apoyo del gobierno provincial de Mario Das Neves que les allana el camino y les abre la puerta cuando los dueños quieren abandonar las fábricas.
Obreros de la ex Punilla denunciaron hace una semana que los dirigentes de la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Sindicato Empleados Textiles de la Industria y Afines(SETIA) negocian con con la patronal y el gobierno, jugando claramente en contra de los trabajadores al dar por sentado que la única opción para los compañeros es "arreglar los despidos".
Hoy los trabajadores textiles lograron que la conducción del Sindicato AOT pida la expropiación de la fábrica bajo control de los trabajadores, actitud necesaria para que la "crisis" deje de ser pagada por quienes menos tienen.
También denunciaron hace una semana que "los dirigentes nacionales, Jorge Lobais (Secretario general de AOT) y Mauricio Anchava (Secretario general de SETIA) no han difundido esta problemática por los medios nacionales ni convocaron a medidas de fuerza generales, sabiendo que esta situación trasciende los límites de Trelew y de Chubut".
"Los militantes textiles siguen resistiendo, ocupando las fábricas y cortando calles, aunque los gremios y los gobernantes no quieran".
Obreros de la fábrica, junto a referentes del MIR trabajaron en una propuesta para salir de esta situación. Los principales puntos del documento son:
-Avanzar hacia la expropiación de las fábricas y ponerlas a producir bajo control obrero, sin patrones ni burócratas, siguiendo el ejemplo de ZANON.
-Que los gobiernos provincial y nacional les den el marco legal correspondiente a las fábricas expropiadas para que estas funcionen como tal sin problemas judiciales.
-Que el Estado provincial inicie una “promoción industrial especial” que consista en librarlas del pago de impuestos y servicios, y que les garantice la compra de materias primas durante al menos 12 meses.
En un comunicado reciente del MIR, llaman a los movimientos sociales a juntarse y exigir a los gobiernos provincial y nacional que "les den el marco legal correspondiente a las fábricas expropiadas para que estas funcionen como tal sin problemas judiciales".
Además instan al estado provincia a realizar una “promoción industrial especial” que consista en "librarlas del pago de impuestos y servicios, y que les garantice la compra de materias primas durante al menos 12 meses".
más info: mircomodoro.blogspot.com/2009/04/chubut-textiles.html
Fuentes de la región afirman que siguen los despidos y el vaciamiento de las fábricas del parque industrial de Trelew.
La industria textil continúa hundida en una gran crisis donde los trabajadores son quienes están pagando los costos más altos, diariamente crecen los despidos ya que las empresas presentan "quiebra" o simplemente reducen personal.
Los empresarios contarían con el apoyo del gobierno provincial de Mario Das Neves que les allana el camino y les abre la puerta cuando los dueños quieren abandonar las fábricas.
Obreros de la ex Punilla denunciaron hace una semana que los dirigentes de la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Sindicato Empleados Textiles de la Industria y Afines(SETIA) negocian con con la patronal y el gobierno, jugando claramente en contra de los trabajadores al dar por sentado que la única opción para los compañeros es "arreglar los despidos".
Hoy los trabajadores textiles lograron que la conducción del Sindicato AOT pida la expropiación de la fábrica bajo control de los trabajadores, actitud necesaria para que la "crisis" deje de ser pagada por quienes menos tienen.
También denunciaron hace una semana que "los dirigentes nacionales, Jorge Lobais (Secretario general de AOT) y Mauricio Anchava (Secretario general de SETIA) no han difundido esta problemática por los medios nacionales ni convocaron a medidas de fuerza generales, sabiendo que esta situación trasciende los límites de Trelew y de Chubut".
"Los militantes textiles siguen resistiendo, ocupando las fábricas y cortando calles, aunque los gremios y los gobernantes no quieran".
Obreros de la fábrica, junto a referentes del MIR trabajaron en una propuesta para salir de esta situación. Los principales puntos del documento son:
-Avanzar hacia la expropiación de las fábricas y ponerlas a producir bajo control obrero, sin patrones ni burócratas, siguiendo el ejemplo de ZANON.
-Que los gobiernos provincial y nacional les den el marco legal correspondiente a las fábricas expropiadas para que estas funcionen como tal sin problemas judiciales.
-Que el Estado provincial inicie una “promoción industrial especial” que consista en librarlas del pago de impuestos y servicios, y que les garantice la compra de materias primas durante al menos 12 meses.
En un comunicado reciente del MIR, llaman a los movimientos sociales a juntarse y exigir a los gobiernos provincial y nacional que "les den el marco legal correspondiente a las fábricas expropiadas para que estas funcionen como tal sin problemas judiciales".
Además instan al estado provincia a realizar una “promoción industrial especial” que consista en "librarlas del pago de impuestos y servicios, y que les garantice la compra de materias primas durante al menos 12 meses".
más info: mircomodoro.blogspot.com/2009/04/chubut-textiles.html
ORGANICIDAD Y VERTICALISMO EN LA UNTER
El Bolsón (ANPP).- La agrupación docente Agustín Tosco de Valle Medio publicó la tercer edición de su periódico "La Voluntad", del cual extraemos el siguiente texto para la reflexión sobre la lucha de los últimos meses.
Organicidad y verticalismoLa mañana del día 7 de abril los docentes del Valle Medio nos encontramos con los
descuentos masivos y arbitrarios que hizo el gobierno. Tal como lo habíamos previsto y
organizado en una reunión el día anterior fuimos al sindicato a las ocho de la mañana,
pero nos encontramos con que la Comisión Directiva de la seccional no quiso realizar
acciones en la Delegación del ministerio de Educación porque había paritaria, e iban a
respetar “orgánicamente” como comisión directiva la decisión de no actuar. En ese
marco, muchos de los que estábamos allí hicimos efectiva la acción, pero como
trabajadores individuales, sin el apoyo del sindicato. Realizamos una permanencia de 8
horas y una olla popular que nos permitió confraternizar con los compañeros.
No está muy claro qué significa ser orgánico en nuestro gremio, y en el lenguaje
sindical en general. Si orgánico significa respetar decisiones tomadas desde arriba (en
este caso de una comisión directiva) estamos ante un problema: porque estaríamos ante
un sindicato que no presta atención, y no contiene en su organización a los que están en
su base, es decir, una concepción de sindicato Verticalista.
Si ser orgánico significa respetar a la organización sindical estamos de acuerdo. Muchas
veces dijimos que la herramienta fundamental de los trabajadores es la organización; es
la que le da fuerza, la que los nucléa y hace que su fuerza sea mucha más que si
actuaran individualmente. Pero esa organización tiene que estar al servicio de la lucha.
No se puede tener una organización sindical para no luchar, o una organización que deje
solos a sus afiliados ante sus patrones.
Cuando Agustín Tosco hablaba de unidad no lo hacía de manera abstracta y pasiva: él
planteaba la “unidad combativa de la clase obrera”.
Por eso decimos: ¿hay que ser orgánicos? Sí, sin dudas hay que ser orgánicos. Hay que
ser orgánicos, y apoyar con la organización a cada lucha. Una conducción sindical no
puede dejar que sus afiliados estén solos en la lucha, y no puede pedirles cuenta por
haber salido a luchar.
¿Qué es el sindicato?
Varias veces en el proceso de lucha que sostuvimos en los últimos meses se acusó a las
agrupaciones opositoras de “querer destruir el sindicato” o producir su quiebre, por el
hecho de tomar “medidas demasiado extremas”.
Todo depende de qué consideremos sindicato. Nosotros pensamos que la función
fundamental del sindicato es la lucha. Sí, el sindicato es una herramienta de lucha; y se
fortalece a través de la movilización, del debate y del enfrentamiento con nuestro
patrón, que es el Estado. Podemos recibir muchos aprietes legales de parte del Poder
Judicial del Estado, pero si conservamos la voluntad de lucha no podrán quebrarnos
como sindicato.
Por eso citamos una frase del programa de la CGT de los Argentinos (la central sindical
formada en 1968 por varios dirigentes, entre los que se encontraba Agustín Tosco, y que
tenía a Rodolfo Walsh como colaborador); coincidimos fundamentalmente con esta
frase:
“El movimiento obrero no es un edificio ni cien edificios; no es una personería ni cien
personerías; no es un sello de goma ni un comité. El movimiento obrero es la voluntad
organizada del pueblo, y como tal no se puede clausurar ni intervenir” (Programa de la
CGT de los Argentinos, del 1 de Mayo de 1968)
Organicidad y verticalismo
descuentos masivos y arbitrarios que hizo el gobierno. Tal como lo habíamos previsto y
organizado en una reunión el día anterior fuimos al sindicato a las ocho de la mañana,
pero nos encontramos con que la Comisión Directiva de la seccional no quiso realizar
acciones en la Delegación del ministerio de Educación porque había paritaria, e iban a
respetar “orgánicamente” como comisión directiva la decisión de no actuar. En ese
marco, muchos de los que estábamos allí hicimos efectiva la acción, pero como
trabajadores individuales, sin el apoyo del sindicato. Realizamos una permanencia de 8
horas y una olla popular que nos permitió confraternizar con los compañeros.
No está muy claro qué significa ser orgánico en nuestro gremio, y en el lenguaje
sindical en general. Si orgánico significa respetar decisiones tomadas desde arriba (en
este caso de una comisión directiva) estamos ante un problema: porque estaríamos ante
un sindicato que no presta atención, y no contiene en su organización a los que están en
su base, es decir, una concepción de sindicato Verticalista.
Si ser orgánico significa respetar a la organización sindical estamos de acuerdo. Muchas
veces dijimos que la herramienta fundamental de los trabajadores es la organización; es
la que le da fuerza, la que los nucléa y hace que su fuerza sea mucha más que si
actuaran individualmente. Pero esa organización tiene que estar al servicio de la lucha.
No se puede tener una organización sindical para no luchar, o una organización que deje
solos a sus afiliados ante sus patrones.
Cuando Agustín Tosco hablaba de unidad no lo hacía de manera abstracta y pasiva: él
planteaba la “unidad combativa de la clase obrera”.
Por eso decimos: ¿hay que ser orgánicos? Sí, sin dudas hay que ser orgánicos. Hay que
ser orgánicos, y apoyar con la organización a cada lucha. Una conducción sindical no
puede dejar que sus afiliados estén solos en la lucha, y no puede pedirles cuenta por
haber salido a luchar.
¿Qué es el sindicato?
Varias veces en el proceso de lucha que sostuvimos en los últimos meses se acusó a las
agrupaciones opositoras de “querer destruir el sindicato” o producir su quiebre, por el
hecho de tomar “medidas demasiado extremas”.
Todo depende de qué consideremos sindicato. Nosotros pensamos que la función
fundamental del sindicato es la lucha. Sí, el sindicato es una herramienta de lucha; y se
fortalece a través de la movilización, del debate y del enfrentamiento con nuestro
patrón, que es el Estado. Podemos recibir muchos aprietes legales de parte del Poder
Judicial del Estado, pero si conservamos la voluntad de lucha no podrán quebrarnos
como sindicato.
Por eso citamos una frase del programa de la CGT de los Argentinos (la central sindical
formada en 1968 por varios dirigentes, entre los que se encontraba Agustín Tosco, y que
tenía a Rodolfo Walsh como colaborador); coincidimos fundamentalmente con esta
frase:
“El movimiento obrero no es un edificio ni cien edificios; no es una personería ni cien
personerías; no es un sello de goma ni un comité. El movimiento obrero es la voluntad
organizada del pueblo, y como tal no se puede clausurar ni intervenir” (Programa de la
CGT de los Argentinos, del 1 de Mayo de 1968)
más información: http://www.atoscorn.blogspot.com/
domingo, 19 de abril de 2009
COMUNICADO: PARLAMENTO MAPUCHE-TEHUELCHE CONTRA LA ENTREGA DE TERRITORIO
El pasado fin de semana se realizó un Trawun Mapuche-Tehuelche en la localidad de Gobernador Costa. Durante dos días Comunidades y organizaciones se autoconvocaron para abordar temas referidos al Territorio, espiritualidad, Ley de emergencia 26.160, política del gobierno en la entrega y saqueo de las empresas multinacionales (petroleras, mineras) en el territorio ancestral.
Los días 10 y 11 de abril, nos reunimos en Parlamento en la localidad de Gobernador Costa (Chubut), las siguientes Comunidades: Costa del Lepá, Alto Lepá, El Molle, Vuelta del Río, Ñanculawen (Comodoro), Futa Huau, Epu Peñi (Gualjaina), Katrauletuaiñ (Rawson) y Ayllu Ñuke Mapu (Sarmiento). Además de organizaciones warriache de Trelew y Mapuche-Tehuelche independientes de Trelew, Bariloche, Corcovado, Gobernador Costa, José de San Martín, Esquel y Comodoro Rivadavia.
Consideramos como fundamental como Pueblo Mapuche-Tehuelche la pertenencia al Territorio donde vivimos en equilibrio y armonía con nuestra espiritualidad. El Territorio que reafirma nuestra identidad como Pueblo actualmente se encuentra invadido por terratenientes (como López Rey, Abait, Rechene, M. Hauser, Rodríguez Otaño, Bestene, entre otros) por multinacionales y distintos personajes ligados al poder.
Hoy nuestros hermanos se encuentran en conflictos territoriales donde muchas veces varias familias conviven en pequeños espacios de tierra, producto del despojo avalado por los distintos gobiernos.
Otra realidad es que usurpadores particulares utilizan distintas formas de hostigamiento como: cierre de caminos vecinales, amenazas a hermanos como los casos de Juana Sifuentes (Comunidad Corral de Piedras), Familia Antieco (Costa de Lepá), El Molle, Comunidad Sepúlveda (Buenos Aires Chico), entre tantos otros.
REPUDIAMOS:
- La entrega y el saqueo del Territorio Ancestral Mapuche por parte de la Minera Argenta (contratada por Aqualine Resources) y empresas petroleras como Pan American Energy y Repsol YPF. La entrega y el saqueo por parte del Gobierno del Chubut sin respetar sitio ceremoniales y violando cementerios (Chenque). Esta política ha traído consecuencias mortales en las Comunidades: Cáncer por contaminación del agua, falta de agua potable en la meseta, suicidios, etc. Todo esto afecta al WallMapu (Territorio Ancestral), provocando desequilibrios irremediables en nuestro Itrofilmogen (Diversidad de vida).
- La Ley provincial de desalojos en su totalidad, por criminalizar la resistencia y la lucha social.
RECHAZAMOS la Ley Nacional 26.160 en la provincia de Chubut, por:
1- Ser inconsulta a nuestro Pueblo.
2- Por Crear un organismo CPI (Consejo de Participación Indígena) que NO representa en su totalidad al Pueblo Mapuche-Tehuelche (a sus comunidades y organizaciones).
3- Por ser una parte más de las políticas neoliberales del gobierno de turno. Siendo además una herramienta para el saqueo a corto plazo de los Ngen (NgenCo, Ngen Mahuiza...) del WallMapu.
RECHAZAMOS a la Dirección de Asuntos Indígenas como organismo representativo del Pueblo Mapuche-Tehuelche, ya que responde a intereses ajenos a nosotros.
EXIGIMOS:
- Cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT, del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el art. 34 de la Constitución Provincial.
- Consulta genuina a la totalidad del Pueblo Mapuche-Tehuelche, ante cualquier tema que nos involucre.
Hermanos Mapuche-Tehuelche continuemos fortaleciendo nuestra cultura y defendiendo nuestro territorio ancestral.
Por TERRITORIO, JUSTICIA y LIBERTAD!
MARICI WEV!! MARICI WEV!!
Fuente: Puerta E.
HIJOS ALTO VALLE REPUDIA EL TRASLADO DE CASOS A JUSTICIA DE BAHÍA BLANCA
El Bolsón (ANPP).- Los integrantes de Hijos Alto Valle manifestaron públicamente su repudio a la decisión de llevar 23 de los casi 100 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén, a Bahía Blanca.
El primer intento ocurrió hace 5 meses, desde el Juzgado Nº2, en ese momento a cargo del juez Labate.
Con la denuncia y la manifestación pública en el tribunal, junto al repudio de víctimas y familiares en los medios de comunicación, se había logrado frenar esa decisión.
"Hoy, la nueva jueza a cargo del juzgado, intenta omitir y desestimar las razones que obligaron al juez a dictarse competente para seguir investigando esas causas acá. Al declararse incompetente, la jueza Margarita de Argüelles, lo que hace es mandar al olvido y a la impunidad más absoluta las causas de estos compañeros", explicaron desde la organizaciónd e derechos humanos.
Gran malestar causó también que la APDH Neuquén haya avalado esta decisión.
"Es mentira que los delitos deben ser investigados en el último lugar de detención -aclararon desde Hijos-. Lo que determina el código penal es que deben ser investigados en el lugar donde se produjo el delito más grave, y eso se produjo en Neuquén y Río Negro, ya que fueron secuestrados en esta zona, llevados a campos de concentración, torturados y, posteriormente, llevados al centro clandestino de detención 'la escuelita' de Bahía Blanca."
Hijos cuestionó a quienes impulsan el traslado de los casos, señalando "que funcionan con la lógica de las anuladas leyes de obediencia debida y punto final intentando investigar y juzgar sólo a los máximos responsables del genocidio".
"Posiciones y acuerdos como éstos dieron por resultado la selección arbitraria de víctimas, la negación del genocidio, el ocultamiento de la militancia de las víctimas, la no investigación de otras fuerzas y una condena de 7 años a uno de los máximos responsables del genocidio en el Alto Valle."
Por otro lado, Hijos relató que el fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, había desestimado la posibilidad de que estas causas fueran remitidas a esa ciudad y dio cuenta "de la clase de personajes, amigos de los genocidas, que están al frente de dicho juzgado", incluyendo al juez Alcindo Álvarez Canale.
"Los genocidas que los secuestraron y torturaron, fueron grupos que operaron en esta zona, y varios de ellos viven impunemente libres en nuestras ciudades -declararon los militantes de Hijos-. Si hay que trasladar a alguien que sea a los genocidas responsables de Bahía Blanca y no a nuestros compañeros."
El primer intento ocurrió hace 5 meses, desde el Juzgado Nº2, en ese momento a cargo del juez Labate.
Con la denuncia y la manifestación pública en el tribunal, junto al repudio de víctimas y familiares en los medios de comunicación, se había logrado frenar esa decisión.
"Hoy, la nueva jueza a cargo del juzgado, intenta omitir y desestimar las razones que obligaron al juez a dictarse competente para seguir investigando esas causas acá. Al declararse incompetente, la jueza Margarita de Argüelles, lo que hace es mandar al olvido y a la impunidad más absoluta las causas de estos compañeros", explicaron desde la organizaciónd e derechos humanos.
Gran malestar causó también que la APDH Neuquén haya avalado esta decisión.
"Es mentira que los delitos deben ser investigados en el último lugar de detención -aclararon desde Hijos-. Lo que determina el código penal es que deben ser investigados en el lugar donde se produjo el delito más grave, y eso se produjo en Neuquén y Río Negro, ya que fueron secuestrados en esta zona, llevados a campos de concentración, torturados y, posteriormente, llevados al centro clandestino de detención 'la escuelita' de Bahía Blanca."
Hijos cuestionó a quienes impulsan el traslado de los casos, señalando "que funcionan con la lógica de las anuladas leyes de obediencia debida y punto final intentando investigar y juzgar sólo a los máximos responsables del genocidio".
"Posiciones y acuerdos como éstos dieron por resultado la selección arbitraria de víctimas, la negación del genocidio, el ocultamiento de la militancia de las víctimas, la no investigación de otras fuerzas y una condena de 7 años a uno de los máximos responsables del genocidio en el Alto Valle."
Por otro lado, Hijos relató que el fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, había desestimado la posibilidad de que estas causas fueran remitidas a esa ciudad y dio cuenta "de la clase de personajes, amigos de los genocidas, que están al frente de dicho juzgado", incluyendo al juez Alcindo Álvarez Canale.
"Los genocidas que los secuestraron y torturaron, fueron grupos que operaron en esta zona, y varios de ellos viven impunemente libres en nuestras ciudades -declararon los militantes de Hijos-. Si hay que trasladar a alguien que sea a los genocidas responsables de Bahía Blanca y no a nuestros compañeros."
EL GLIFOSATO LLEGÓ A LA CORTE SUPREMA
Por Darío Aranda
Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más usado en la industria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.
Buenos Aires (Página 12).- “Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional.” El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
Con 36 carillas, la presentación describe el accionar del modelo agrario basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativos de los agrotóxicos, informa cuadros médicos agudos de campesinos y solicita la urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroquímicos hasta tanto no se precise su grado de toxicidad. También requiere que la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud –creada en enero último para investigar los efectos de agroquímicos– “se expida definitivamente” sobre los efectos de los herbicidas. “Hasta el momento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos”, afirma la ONG, fundada en el año 2004 por un grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente.
“Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). A la empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)”, aclara el escrito.
La presentación ante la Corte se origina luego de que este diario difundiera un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), en el que se comprobó que dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura provocan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. El amparo de la Asociación de Abogados Ambientalistas es el primero en llegar al máximo tribunal y constituye un viejo anhelo de comunidades campesinas e indígenas.
“Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sabía a las 9 y que el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enteró antes de las 10. Está claro que existen enormes intereses en juego”, reconoció el director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar.
La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El máximo tribunal puede fallar en pocos días (como con el freno a los desmontes en Salta) o dejar dormir la presentación. “La Corte ha demostrado su conocimiento de derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con los bosques de Salta, confiamos que siga en el mismo camino”, arriesgó el abogado, aunque también reconoció que esta causa tiene implicancias muy por encima de las dos anteriores: apunta a un modelo agrario presente en medio país.
El amparo se fundamenta en la figura del “daño ambiental colectivo” (perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona la presentación judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y en el artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley”. Y recuerda que el derecho ambiental, en el que se basa el amparo, “tiene carácter preventivo y precautorio, que lleva fundamentalmente como columna vertebral de su existencia evitar, ante la duda, que se produzcan mayores daños en la vida o en la salud de las personas, ello a pesar de las múltiples comprobaciones que se acreditan (de la toxicidad de los herbicidas)”.
En reiterados apartados, la presentación judicial apunta contra los organismos oficiales. “A los efectos de entender la verosimilitud del derecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estado sobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los seres humanos y sobre el ambiente todo.” La causa, que lleva el número 262/09, reclama la realización de un relevamiento de las zonas afectadas por los agrotóxicos, que se identifiquen los damnificados y se brinde contención y tratamiento médicos adecuados. También solicita declaración testimonial del profesor de embriología y director del Laboratorio de Embriología, Andrés Carrasco, y del secretario de Ambiente.
Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más usado en la industria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.
Buenos Aires (Página 12).- “Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional.” El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
Con 36 carillas, la presentación describe el accionar del modelo agrario basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativos de los agrotóxicos, informa cuadros médicos agudos de campesinos y solicita la urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroquímicos hasta tanto no se precise su grado de toxicidad. También requiere que la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud –creada en enero último para investigar los efectos de agroquímicos– “se expida definitivamente” sobre los efectos de los herbicidas. “Hasta el momento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos”, afirma la ONG, fundada en el año 2004 por un grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente.
“Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). A la empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)”, aclara el escrito.
La presentación ante la Corte se origina luego de que este diario difundiera un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), en el que se comprobó que dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura provocan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. El amparo de la Asociación de Abogados Ambientalistas es el primero en llegar al máximo tribunal y constituye un viejo anhelo de comunidades campesinas e indígenas.
“Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sabía a las 9 y que el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enteró antes de las 10. Está claro que existen enormes intereses en juego”, reconoció el director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar.
La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El máximo tribunal puede fallar en pocos días (como con el freno a los desmontes en Salta) o dejar dormir la presentación. “La Corte ha demostrado su conocimiento de derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con los bosques de Salta, confiamos que siga en el mismo camino”, arriesgó el abogado, aunque también reconoció que esta causa tiene implicancias muy por encima de las dos anteriores: apunta a un modelo agrario presente en medio país.
El amparo se fundamenta en la figura del “daño ambiental colectivo” (perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona la presentación judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y en el artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley”. Y recuerda que el derecho ambiental, en el que se basa el amparo, “tiene carácter preventivo y precautorio, que lleva fundamentalmente como columna vertebral de su existencia evitar, ante la duda, que se produzcan mayores daños en la vida o en la salud de las personas, ello a pesar de las múltiples comprobaciones que se acreditan (de la toxicidad de los herbicidas)”.
En reiterados apartados, la presentación judicial apunta contra los organismos oficiales. “A los efectos de entender la verosimilitud del derecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estado sobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los seres humanos y sobre el ambiente todo.” La causa, que lleva el número 262/09, reclama la realización de un relevamiento de las zonas afectadas por los agrotóxicos, que se identifiquen los damnificados y se brinde contención y tratamiento médicos adecuados. También solicita declaración testimonial del profesor de embriología y director del Laboratorio de Embriología, Andrés Carrasco, y del secretario de Ambiente.
DOCENTES DE EL BOLSÓN ESPERAN EL DIÁLOGO
El Bolsón (ANPP).- Más de 60 educadores se reunieron ayer, en la escuela 271 de El Bolsón, para analizar en asamblea el pedido de sanción disciplinaria, por parte de la conducción local, al profesor Juan Pablo Ruiz por "amenaza de muerte".
La evaluación del conflicto gremial, que en la localidad duró más de dos meses, quedó relegada para otro encuentro de la Unter.
Durante el debate, que se extendió por más de cuatro horas, la denunciante, la dirigente local Patricia Mon Avalle, insistió en la versión de que Ruiz la había amenazado de muerte durante una discusión política, a fines de enero en la sede gremial.
Por su parte, el acusado ratificó que "no hubo ningún tipo de agresión y mucho menos amenazas", y su alegato contó con el apoyo de los testimonios de dos testigos que estuvieron en el momento de la discusión.
Comentó Ruiz al respecto: "Esto no puede explicarse de otra manera que como una persecución ideológica, porque es público mi posicionamiento crítico hacia las dos agrupaciones mayoritarias dentro del sindicato (Azul y Celeste), y dentro de la conducción local, aunque no quieran asumirlo, hay simpatías y filiaciones hacia esos dos sectores ya a esta altura imposibles de ocultar".
Más allá de la diversidad de puntos de vista, la mayoría de los asistentes destacaron la necesidad de que el conflicto interno se resuelva por la vía del diálogo, y a tal fin surgió casi de consenso la propuesta de que se abran instancias de encuentro para resolver esta situación.
En varias intervenciones, por otra parte, se advirtió sobre el peligroso precedente que puede implicar que los debates políticos terminen con el escarmiento del aparato punitorio del sindicato sobre una de las partes.
Sin embargo, y a pesar de las razones expuestas, los integrantes de la conducción presentes en la asamblea ratificaron su determinación de no retirar el polémico pedido de sanción disciplinaria.
La evaluación del conflicto gremial, que en la localidad duró más de dos meses, quedó relegada para otro encuentro de la Unter.
Durante el debate, que se extendió por más de cuatro horas, la denunciante, la dirigente local Patricia Mon Avalle, insistió en la versión de que Ruiz la había amenazado de muerte durante una discusión política, a fines de enero en la sede gremial.
Por su parte, el acusado ratificó que "no hubo ningún tipo de agresión y mucho menos amenazas", y su alegato contó con el apoyo de los testimonios de dos testigos que estuvieron en el momento de la discusión.
Comentó Ruiz al respecto: "Esto no puede explicarse de otra manera que como una persecución ideológica, porque es público mi posicionamiento crítico hacia las dos agrupaciones mayoritarias dentro del sindicato (Azul y Celeste), y dentro de la conducción local, aunque no quieran asumirlo, hay simpatías y filiaciones hacia esos dos sectores ya a esta altura imposibles de ocultar".
Más allá de la diversidad de puntos de vista, la mayoría de los asistentes destacaron la necesidad de que el conflicto interno se resuelva por la vía del diálogo, y a tal fin surgió casi de consenso la propuesta de que se abran instancias de encuentro para resolver esta situación.
En varias intervenciones, por otra parte, se advirtió sobre el peligroso precedente que puede implicar que los debates políticos terminen con el escarmiento del aparato punitorio del sindicato sobre una de las partes.
Sin embargo, y a pesar de las razones expuestas, los integrantes de la conducción presentes en la asamblea ratificaron su determinación de no retirar el polémico pedido de sanción disciplinaria.
MAR DEL PLATA: VIOLENTO DESALOJO A 54 FAMILIAS
Mar del Plata.- El 15 de enero del presente y luego de varios meses de espera por una respuesta que debía dar el gobierno municipal al reclamo de vivienda digna, familias del barrio Pueyrredón decidieron tomar las viviendas del Plan Dignidad que se encontraban abandonadas por parte de la empresa constructora, responsable de la terminación de las mismas. El municipio, con Pulti a la cabeza, siguió haciendo oídos sordos a esta necesidad, que es planteada no sólo por los “Sin Techo” del Pueyrredón, sino por vecinos de todos los barrios de la ciudad. A las reiteradas negativas a las demandas de las familias se sumó una orden de desalojo de las viviendas, que debía hacerse efectiva el día viernes 17 de abril a las 10hs.Fue así como desde la noche del jueves, comenzaron a acercarse al lugar organizaciones sociales y compañeros para solidarizarse con las familias. El viernes, desde muy temprano siguieron llegando distintos grupos que permanecieron a la espera de la resolución del conflicto. Finalmente, la Fiscal Trill dio la orden de desalojo cerca de las 16hs, luego de que la funcionaria del gobierno municipal, Alejandra Patuto, cerrara completamente toda posibilidad de solucionar la situación.
Los efectivos de infantería y caballería rodearon las casas y al cordón de resistencia formado por personas presentes en el lugar, que repetíamos la consigna: “No a cincuenta familias en la calle, No a ciento treinta menores en la calle”
La violenta represión desatada, a cargo del Jefe de la departamental, Gustavo Salvá, terminó con 24 detenidos, numerosos heridos por balas de goma y palazos, las 54 familias desalojadas y nuevamente en la calle. Entre los detenidos se encontraba Juan Pablo Gelemur, abogado del frente Antirrepresivo Marplatense, quien representó legalmente a las familias en todo el proceso de negociación desde la toma de las viviendas. También se detuvo y agredió a periodistas que se encontraban cubriendo el hecho. -La presencia de la Secretaría de DDHH de la provincia.
-Un censo para la reubicación de las familias.
-La cantidad de policías era 3 veces mayor que la cantidad de personas, y ninguno estaba debidamente identificado.
-Las mujeres detenidas fueron aprehendidas por personal masculino
-No había puestos sanitarios
-Se reprimió habiendo menores, incluso se irrumpió en una casa que no pertenecía al predio donde se resguardaban los niños
-Compañeros denunciaron que vieron varios uniformados que los apuntaban con armas de fuego 9mm.
-Se violaron todas las garantías internacionales de derechos humanos
-Un censo para la reubicación de las familias.
-La cantidad de policías era 3 veces mayor que la cantidad de personas, y ninguno estaba debidamente identificado.
-Las mujeres detenidas fueron aprehendidas por personal masculino
-No había puestos sanitarios
-Se reprimió habiendo menores, incluso se irrumpió en una casa que no pertenecía al predio donde se resguardaban los niños
-Compañeros denunciaron que vieron varios uniformados que los apuntaban con armas de fuego 9mm.
-Se violaron todas las garantías internacionales de derechos humanos
Luego, organizaciones estudiantiles, universitarias, sociales y políticas se concentraron exigiendo la libertad de los detenidos que se encontraban en la comisaría 4ta. Varias horas después, todos los compañeros fueron liberados.Reivindicamos ésta y todas las luchas en la que los vecinos y compañeros no se resignan a la falta de cumplimiento de sus derechos, y se organizan para resistir y defender su dignidad, EL PROBLEMA HABITACIONAL, EL HAMBRE Y LA DESOCUPACIÓN NO SE RESUELVE CON REPRESIÓN, por lo tanto, EL ÚNICO CAMINO SIGUE SIENDO LA LUCHA Y LA ORGANIZACIÓN.
Movimiento Teresa Rodríguez, Liberación Mar del Plata, Frente Antirrepresivo MDP, Fogoneros - Argentina
más info y fotos: http://www.antirrepresivomdp.blogspot.com/
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sábado, 18 de abril de 2009
MAPUCE ANUNCIARON MOVILIZACIONES EN TODA LA PROVINCIA DE NEUQUÉN
(Radio Am 800 Wajzugun).- La Confederación Mapuce Neuquina comenzó movilizaciones en toda la provincia del Neuquén ante el incumplimiento del estado provincial de los derechos del pueblo mapuce en esta provincia y por la no firma del denominado “Programa de Relevamiento Territorial de Tierras Indígenas”, ley nacional 26.160.
Comunidades pertenecientes a la identidad territorial Wijice realizaron un corte de ruta en el puente sobre el Rio malleo que comunica hacia el paso internacional Mamui Malal.
Puelmapu_Comunidades del sur de Neuquén realizaron la primera de una serie acciones en demanda del cumplimiento del derecho mapuce en la provincia. El gobierno se negó a firmar el pasado 15 de abril el denominado “Programa de Relevamiento Territorial de Tierras Indígenas”, ley 26.160.
El estado provincial a través del ministro de gobierno, cultura y educación, Jorge Tobares manifestó “problemas de agenda” para no asistir al encuentro.
La identidad territorial Wijice de la organización mapuche corto el puente sobre el río malleo que une a la ciudad de Junín de los Andes con Aluminé y el paso internacional Tromen o Mamui malal el pasado jueves 16 del corriente.
A su vez las comunidades del sur de Neuquén le reclaman al gobierno el cumplimiento de compromisos asumidos el pasado 17 de marzo en Costa de Malleo.
Las comunidades mapuce hicieron conocer el siguiente Comunicado:
IDENTIDAD TERRITORIAL WIJICE. (CMN)
17 De abril de 2009
Comunicado Publico:
Las autoridades mapuce (Logko) de la zonal wijice ante la falta de cumplimiento por parte del estado provincial a los compromisos asumidos el pasado 17 de Marzo en costa de Malleo, Comunidad Painefilu. Exigimos de manera urgente respuestas a la situación que se va agravando por la ausencia de la responsabilidad que le compete al estado en lo inmediato.
El pueblo mapuce ante la proximidad del invierno también le ha advertido sobre situaciones que se generan en el orden social y operativo
La no firma del denominado “Programa de Relevamiento Territorial de Tierras Indígenas”,ley nacional 26.160 que permitiría poner freno a los atropellos contra el territorio mapuce Es una clara expresión de la política de este gobierno. Situación de suma gravedad para el presente y futuro de las 55 comunidades mapuce de la Provincia de Neuquén.
El pueblo mapuce denuncia al gobierno de la provincia por esta nueva negación al Reconocimiento del derecho de nuestro pueblo.
Tomando las palabras del Gobernador que en reiteradas oportunidades se ha caracterizado como un “esclavo de la ley”, El pueblo mapuce sigue exhortando al señor gobernador que se anime a cumplir y aplicar las leyes para todos como acto de justicia y no que sea producto de la fuerza o intereses económicos especulativos como son , La Sociedad Rural, inmobiliarias etc.; quienes permanentemente han denunciado al pueblo mapuce como usurpador del territorio que ancestralmente ocupa y que fuera ocupado tras la invasión y genocidio provocado por la denominada “Campaña del Desierto”
Lo único que hemos logrado con nuestra paciencia y comprensión con las autoridades provinciales, es cargar con una serie de cargos y procesamientos que suman a la fecha 48 causas civiles y penales en los juzgados provinciales y federales. Nuestras autoridades originarias desfilan ante los juzgados como verdaderos delincuentes cuando lo único que hacen es cumplir con su deber de defender sus derechos históricamente pisoteados.
Cabe destacar que el Pueblo Mapuce ha acordado sentarse a dialogar con el Gobierno Provincial, en respuesta a la convocatoria realizada por el mismo, apostando una vez más a un nuevo marco de relación política, acorde con el nuevo escenario de derechos reconocido en la máxima normativa provincial.
En tal sentido, el principal planteo mapuce recae en la demanda de cumplimiento del nuevo marco jurídico de reconocimiento de derechos, especialmente la implementación del derecho al consentimiento libre previo informado como la forma de garantizar el ejercicio de derecho a la administración y control de nuestros territorios. Demandas que el ministro Jorge Tobares, en nombre del Gobierno Provincial, acordó hacer efectivas.
Esta forma de resolver los conflictos nos indigna y nos habilita a tomar las acciones necesarias para hacer efectivo lo que por Derecho nos corresponde.
Por Territorio y Justicia. Marci Weu!!!
http://www.am800wajzugun.org.ar
Comunidades pertenecientes a la identidad territorial Wijice realizaron un corte de ruta en el puente sobre el Rio malleo que comunica hacia el paso internacional Mamui Malal.
Puelmapu_Comunidades del sur de Neuquén realizaron la primera de una serie acciones en demanda del cumplimiento del derecho mapuce en la provincia. El gobierno se negó a firmar el pasado 15 de abril el denominado “Programa de Relevamiento Territorial de Tierras Indígenas”, ley 26.160.
El estado provincial a través del ministro de gobierno, cultura y educación, Jorge Tobares manifestó “problemas de agenda” para no asistir al encuentro.
La identidad territorial Wijice de la organización mapuche corto el puente sobre el río malleo que une a la ciudad de Junín de los Andes con Aluminé y el paso internacional Tromen o Mamui malal el pasado jueves 16 del corriente.
A su vez las comunidades del sur de Neuquén le reclaman al gobierno el cumplimiento de compromisos asumidos el pasado 17 de marzo en Costa de Malleo.
Las comunidades mapuce hicieron conocer el siguiente Comunicado:
IDENTIDAD TERRITORIAL WIJICE. (CMN)
17 De abril de 2009
Comunicado Publico:
Las autoridades mapuce (Logko) de la zonal wijice ante la falta de cumplimiento por parte del estado provincial a los compromisos asumidos el pasado 17 de Marzo en costa de Malleo, Comunidad Painefilu. Exigimos de manera urgente respuestas a la situación que se va agravando por la ausencia de la responsabilidad que le compete al estado en lo inmediato.
El pueblo mapuce ante la proximidad del invierno también le ha advertido sobre situaciones que se generan en el orden social y operativo
La no firma del denominado “Programa de Relevamiento Territorial de Tierras Indígenas”,ley nacional 26.160 que permitiría poner freno a los atropellos contra el territorio mapuce Es una clara expresión de la política de este gobierno. Situación de suma gravedad para el presente y futuro de las 55 comunidades mapuce de la Provincia de Neuquén.
El pueblo mapuce denuncia al gobierno de la provincia por esta nueva negación al Reconocimiento del derecho de nuestro pueblo.
Tomando las palabras del Gobernador que en reiteradas oportunidades se ha caracterizado como un “esclavo de la ley”, El pueblo mapuce sigue exhortando al señor gobernador que se anime a cumplir y aplicar las leyes para todos como acto de justicia y no que sea producto de la fuerza o intereses económicos especulativos como son , La Sociedad Rural, inmobiliarias etc.; quienes permanentemente han denunciado al pueblo mapuce como usurpador del territorio que ancestralmente ocupa y que fuera ocupado tras la invasión y genocidio provocado por la denominada “Campaña del Desierto”
Lo único que hemos logrado con nuestra paciencia y comprensión con las autoridades provinciales, es cargar con una serie de cargos y procesamientos que suman a la fecha 48 causas civiles y penales en los juzgados provinciales y federales. Nuestras autoridades originarias desfilan ante los juzgados como verdaderos delincuentes cuando lo único que hacen es cumplir con su deber de defender sus derechos históricamente pisoteados.
Cabe destacar que el Pueblo Mapuce ha acordado sentarse a dialogar con el Gobierno Provincial, en respuesta a la convocatoria realizada por el mismo, apostando una vez más a un nuevo marco de relación política, acorde con el nuevo escenario de derechos reconocido en la máxima normativa provincial.
En tal sentido, el principal planteo mapuce recae en la demanda de cumplimiento del nuevo marco jurídico de reconocimiento de derechos, especialmente la implementación del derecho al consentimiento libre previo informado como la forma de garantizar el ejercicio de derecho a la administración y control de nuestros territorios. Demandas que el ministro Jorge Tobares, en nombre del Gobierno Provincial, acordó hacer efectivas.
Esta forma de resolver los conflictos nos indigna y nos habilita a tomar las acciones necesarias para hacer efectivo lo que por Derecho nos corresponde.
Por Territorio y Justicia. Marci Weu!!!
http://www.am800wajzugun.org.
OPINIÓN: LOS DIRIGENTES SINDICALES QUE GARANTIZAN PAZ SOCIAL Y "FELICES PASCUAS"
Por Guillermo de Fivke Menuco
La Presidenta y su gabinete pueden continuar su mandato por unos meses más, sin grandes problemas políticos que resolver, al menos en Río Negro y Neuquén, gracias a que tienen a su lado, además de los políticos “opositores”, los dirigentes sindicales que le garantizan, paz social y “felices Pascuas”.
La visita, el 8 de abril en el desierto de Río Negro, para inaugurar la tercera parte del asfalto de la ruta 23, fue sólo la excusa para venir a darle todo su respaldo al gobernador ante la embestida de los trabajadores de la educación que dieron una clase “casi” magistral de lucha contra la intransigencia gubernamental. La misma intransigencia que tiene Sapag pues apenas soltó la miseria de $ 150 ante el paro y la amenaza de corte de ruta hecha por los docentes neuquinos. Pero ahí también los dirigentes le “salvaron las papas” al gobierno. Guagliardo [1] mostró que lo único rojo que tiene es la barba, al salir a defender la oferta salarial.
Nervi y Cía. [2] desde el 23/02, mostraron claramente que no querían llegar hasta el fondo, cuando llevaron fardos de pasto para cortar la ruta nacional 22 en Chichinales. Parece una ironía pero no lo es. Desde el primer camión que arrasó con el pasto y cuanto docente había en el asfalto, hasta el corte en el cuello que sufrió un compañero en manos de dos fascistas, la conducción de UNTER calló su voz, incluso ante el fallecimiento de uno de los integrantes de la mesa central; quedó solo como un accidente, sin relacionarlo con el conflicto.
Se salió a reclamar $ 2.300 en blanco, no al descuento de los días de paro, derogación de las resoluciones discriminatorias del Ministerio de Educación. Salimos con $ 100 bonificables no remunerativos, nos pagarían el 75 % de los días de huelgas adelantando los haberes del mes de diciembre próximo, una promesa de seguir discutiendo en paritarias el 25 % restante y la derogación de las resoluciones. Debemos decir también, que logramos que el resto de los estatales que se agrupan en distintos gremios, le aumentaran $ 200 en negro. Muy poco para semejante huelga.
El piquete: centralizó la experiencia
Más de 40 días en el piquete, permitió a los militantes de la UNTER ver cómo los dirigentes iban para un lado y ellos para el otro o mejor dicho ver cómo los dirigentes y el gobierno hacían todo lo posible para levantar ese curso acelerado de lucha. Los activistas discutían cómo enfrentar al gobierno hasta conseguir las demandas. Cientos de trabajadores en su mayoría jóvenes, lucharon contra los planes de hambre y miseria que nos impone el sistema capitalista y su gobierno.
Queda claro que los dirigentes sindicales, en su gran mayoría, están para preservar o defender este sistema de explotación, que cuando se pone en riesgo el plan económico y social llevado adelante por los gobiernos de turno, despliegan su experiencia, su ingeniería y todo la estructura sindical, para frenar o directamente traicionar el avance de los trabajadores en lucha. En este sistema hacen su diferencia, muchos se llenan de plata, otros se lo pasan de licencia durante años.
Casi siempre es así. Los trabajadores van para adelante y sus dirigentes, para atrás. El piquete de Chichinales unificó por primera vez en la historia del gremio, a todos los sufridos militantes que año tras año salen a enfrentar al gobierno y a su plan económico, pero solo con el paro y la movilización. En una provincia donde las ciudades están muy dispersas, hacía falta un lugar de concentración y de lucha. El corte permitió actividades conjuntas, asambleas generales, discusiones políticas, desarrollar tácticas y estrategias ante los ataques que se sucedían día tras día, por parte de camioneros del sindicato, patoteros del gobierno o de aquéllos que se hacían los valientes y encaraban al piquete.
Con el resultado a la vista, la conclusión debe ser que con lo hecho tampoco alcanza. Hay que cambiar a estos dirigentes por compañeros que acaten lo que resuelve la base, por compañeros que estén dispuestos a enfrentar al poder político y sus planes de hambre, por compañeros que estén dispuestos a cambiar la estructura del sindicato y su método de participación y decisión, por compañeros que en definitiva estén dispuestos a cambiar todo, porque como dice la canción, “el que no cambia todo, no cambia nada”.
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