El pasado 20 de diciembre el Superior Tribunal de Justicia de la provincia ratificó la sentencia de la Cámara de General Roca del 1 de agosto que condenó por el asesinato de Daniel Solano, a prisión perpetua a Sandro Berthe, Juan Barrera, Héctor Martínez, Pablo Albarrán Cárcamo, Diego Cuello, Pablo Quidel y Pablo Bender por el delito de “homicidio agravado por alevosía por ser cometido por un funcionario público” ocurrido el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel. Los condenados están en libertad hasta que la sentencia quede firme porque tienen instancias para apelar esa decisión del máximo tribunal de justicia rionegrino.
Y ese es el tiempo que se está transitando: hasta el 13 de febrero los abogados defensores de los siete policías y la fiscal pueden apelar la decisión del STJ interponiendo un recurso extraordinario federal (REF), que lleve el rechazo a la Corte Suprema de Justicia. Al menos dos defensores presentaron ya el recurso, y el defensor oficial adelantó que también lo hará. Al día de hoy, ese es el panorama. Son cuatro los defensores de los siete policías: Pablo Iribarren defiende a Sandro Berthe, Pablo Albarrán Cárcamo y Diego Cuello, Ricardo Thompson a Pablo Bender y Héctor Martínez, Pablo Barrionuevo a Juan Francisco Barrera, y el defensor oficial Gustavo Viecens a Pablo Roberto Quidel. El derecho a la defensa es individual; hasta el momento hay condenados que no han apelado y si no lo hacen hasta el 13 de febrero podrían ser encarcelados. Pero atento al comportamiento que tuvieron los defensores en el juicio y en la apelación de esa sentencia, es muy probable que todos los defensores apelen las condenas de los siete policías.
Recibidas las apelaciones, el STJ puede considerarlas admisibles o no. No tiene plazo para tomar esa decisión aunque lo mas probable es que resuelvan el mes de marzo.
Si el STJ desestima las apelaciones, la sentencia queda firme y se podría hacer efectiva de inmediato. Habrá que esperar porque si ocurre esto, los condenados tienen una última instancia que es presentarse en queja a la Corte Suprema de justicia argunentando que el Superior Tribunal cometió una arbitrariedad al desestimar el recurso.
Si el STJ considera admisible el REF, lo que no es muy probable por el tipo de delito que ya examinó al confirmar la sentencia de la Cámara, el expediente sería elevado a la Corte quien se avocaría a la cuestión, y hasta su definición, la sentencia no estaría firme, y los condenados seguirían en libertad.
Señalábamos que en el caso de que el Superior Tribunal de Justicia no haga lugar al REF, los condenados tienen aún la alternativa de elevar un recurso en queja a la Corte. Será la Corte quien defina, si admite o no el recurso, y en esta opción, si lo desestima, la sentencia queda firme y se hace efectiva la condena; si la Corte hace lugar al recurso en queja, no tiene plazo para definir su postura, y la sentencia no quedaría firme, y los policías seguirían en libertad.
En este tiempo, hasta el 13 de febrero, el STJ podrá seguir recibiendo los REF (recurso extraordinario federal que equivale a pedido de elevación a la Corte) de los defensores que aún no lo hicieron y de la fiscal. La fiscal Teresa Giufrida no anunció aún si apelará la decisión del STJ que no hizo lugar a su pedido de cárcel para los policías argumentando la posibilidad de fuga.
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La justicia espera ser tenida en cuenta.
Editoriales ANP
