Hasta el diario La Nación se hizo eco en junio
pasado del inédito fallo de la jueza María José Sarmiento, que ordenó
transferir el dominio de tierras en la ladera noreste del cerro Otto al
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean
adjudicadas a sus ocupantes, el lof Trypay Antú.
La noticiabilidad radicó en que, por primera vez,
la Justicia Federal se pronunciaba en este sentido a favor de los
pueblos indígenas. Pero la resolución fue tan inédita como perecedera:
días atrás, la Cámara en lo Contencioso Administrativo anuló la
sentencia tras la apelación efectuada por el Estado nacional.
El máximo tribunal federal entendió que entre la
comunidad y el Ejército (que también se adjudica la propiedad) hubo un
actor desoído, hasta ahora prescindente en el caso: el Estado de Rio
Negro.
Una extendida jurisprudencia avala el reclamo de
Trypay Antú. La Constitución Nacional, en su artículo 75, reconoce la
preexistencia indígena en el territorio y su derecho a la propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
En el año 2000, además, el Estado argentino
ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
que establece el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos
indígenas.
Asimismo, en 2006, la ley 26.160 declaró la
emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan los indígenas originarios del país con o sin
personería jurídica, tal como observó su reglamentación.
Toda la normativa le cabe a Trypay Antú, que en
2004 inició junto a la comunidad Rankewe la mensura del terreno lindero a
Virgen de las Nieves, cuya certificación no pudo concretar debido a las
acciones interpuestas por el Ejército.
Agotada la demanda por vía administrativa, Trypay
Antú avanzó en el terreno jurídico desmereciendo la alta probabilidad
de toparse con una decisión atada a un contexto político desfavorable.
La mala relación con el Ejército se remonta a la
primera mitad de siglo XX, cuando arribó a Bariloche Napoleón Irusta, el
primer Jefe con destacamento en la ciudad. Desde entonces, las
comunidades vivieron tiempos más o menos intranquilos.
A lo largo de su historia, la Trypay Antú y los
Rankewe sufrieron ocho juicios de desalojo impulsados por el Ejército,
de los cuales sólo prosperó uno. Luego las comunidades regresaron a su
tierra.
La tensión tuvo puntos álgidos en 1973, en un
intento de desalojo violento que precedió al de fines de junio de 1983,
todavía en dictadura. Entonces, los soldados mataron animales y
corrieron a las comunidades a punta de pistola.
Quedará ahora en manos de los asesores legales de
Trypay Antú el camino a recorrer: apelar a la Corte Suprema de Justicia
o volver a empezar en los fueros ordinarios.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
Editoriales ANP
