En la apelación hecha al organismo internacional por la Comisión Mapuche de Derechos Humanos y la abogada Sonia Ivanof, se solicita “ordenar la excarcelación del Lonko, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (del 3 de agosto de 2017), que declaró nulo un informe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut, el mismo que dio origen a la actual prisión preventiva que sufre el Lonko, al haber sido elaborado sobre la base de torturas a un comunero mapuche”.
Ivanoff pide asimismo que se desestime el requerimiento de extradición de las autoridades chilenas que pesa sobre Huala y que hoy se encuentra en etapa de apelación. En tal sentido la abogada recuerda en el escrito que aquella causa inició a partir del incendio del fundo Pisu Pisue, ubicado en la comuna Río Bueno, región de Los Ríos, Chile, denuncia en la que tampoco se reunieron pruebas suficientes y que, además, ya cuenta con sentencia absolutoria firme a favor de los otros acusados por este hecho.
Dice el texto dirigido a la CIDH que “Las acciones legales iniciadas por su defensa en Argentina para lograr su liberación han sido desestimadas por el sistema de justicia nacional, mientras que el Estado realiza acciones represivas contra los miembros de la comunidad del Lonko, el Pu Lof Cushamen, a quienes estigmatiza como terroristas e insurgentes”.
El juicio por la extradición de Facundo Jones Huala tuvo lugar en Bariloche a comienzos de año con un resultado que, a decir de las partes “estaba cantado”. En aquella oportunidad el juez Federal Gustavo Villanueva, en una actitud ya repetida, no se presentó e leer su sentencia, trámite que realizó vía teleconferencia.
Al cabo de la lectura, el 5 de marzo cerca del mediodía, integrantes de la comunidad Mapuche que manifestaban a las puertas del juzgado fueron violentamente reprimidos, con un saldo de 16 detenidos entre los que hubo menores, mujeres y algunos heridos.
En una situación inédita, Huala acabó siendo juzgado dos veces por el mismo delito; en la primera resultó absuelto. La decisión en contrario del juez Villanueva fue apelada por sus representantes legales y aun aguarda la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto el líder mapuche permanece detenido en la penitenciaría Federal de Esquel, pronto a cumplir un año privado de la libertad en forma “ilegal y arbitraria” según señala el escrito presentado esta semana ante la CIDH.
Para los abogados de Facundo Jones Huala la prisión no se sustentaría entonces en razones legales sino políticas, al igual que ocurre en Jujuy con la líder social Milagro Sala.
Argumentan además que “Chile y Argentina violan el artículo 32 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 36 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que señalan que ´los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas (…) para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas (…) a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económico, social, cultural, espiritual y medio ambiente´; y que ´los pueblos indígenas (…) divididos por fronteras internacionales tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, así como con otros pueblos, a través de las fronteras´”.
Aseguran por otra parte que “las condiciones carcelarias en la que está el Lonko Facundo tampoco están culturalmente adecuadas, sino que terminan por resquebrajar y denigrar la identidad mapuche”.
Jones Huala inició el 30 de mayo una huelga de hambre por la negativa del juez Gustavo Villanueva de autorizarlo a celebrar el Wiñoy Tripantu (año nuevo Mapuche) y contra la renovada orden de detención de Lautaro González y Fausto Jones Huala, los jóvenes que bajaron a Rafael Nahuel del cerro poco antes de morir, tras la represión en Villa Mascardi.
La petición del líder Mapuche que el Estado argentino considere su caso como un atropello a los derechos de los pueblos indígenas que luchan por la defensa de sus territorios ancestrales.
Tanto la Comisión Mapuche de Derechos Humanos como los abogados de Huala “esperan que la CIDH pueda revisar lo antes posible la solicitud de medidas cautelares, (…) que se haga justicia y cese la criminalización, estigmatización, tortura y despojo territorial que viene sufriendo el pueblo mapuche”, concluye el comunicado.
Editoriales ANP
