Con
balas de goma, gases lacrimógenos, gas pimienta, palos y golpes
concretaron el desalojo de la planta que los trabajadores mantenían
tomada en defensa de su fuente laboral. Entre los trabajadores hay 15
heridos y detenidos en la Comisaría 1° de San Fernando. De la misma
manera, las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes a
trabajadores de prensa, impidiéndoles registrar el accionar represivo.
La
empresa había decidido de un momento a otro cerrar la planta de Vicente
López dejando a casi 600 familias en la calle con argumentos que son
insostenible, dado que la fábrica estaba funcionando en condiciones
normales, sin alertar crisis ante la autoridades pertinentes, como
establece la ley.
Ante
esta situación, la CTA Autónoma hace propia la denuncia de los
trabajadores de Pepsico al afirmar que, con el intento de "relocalizar
la producción", en realidad están encubriendo la decisión de la empresa
de despedir a 600 trabajadores y trabajadoras con el único objetivo de
contratar personal en condiciones de mayor precariedad laboral y con
menores derechos laborales.
La
Central alerta sobre este nuevo intento del Gobierno Nacional de
suplantar a la Justicia Laboral y la instancia de mediación y diálogo,
que debería adoptar el Ministerio de Trabajo como marca la Ley de Empleo
24.013, y reemplazarla por la Justicia Penal y sus jueces que actúan
como gerentes de las multinacionales y no como garantes de los derechos
de los ciudadanos.
En
esta línea denunciamos la decisión del Gobierno de formar parte de la
estrategia de las corporaciones en su intento de acorralar a los
trabajadores. Con un Ministerio de Trabajo ausente, la Justicia Penal
junto a las fuerzas represivas custodian los intereses de las empresas y
corporaciones con el propósito de profundizar en nuestro país las
políticas neoliberales de ajuste, pérdida de derechos y miseria para
nuestro pueblo.
Responsabilizamos
al Gobierno Nacional de Mauricio Macri y al Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires de María Eugenia Vidal, no sólo por las pérdidas de los
puestos de trabajo sino por las consecuencias sociales y políticas que
puede traer a nuestro país, el rumbo de la política económica del
Gobierno.
Una
vez más, desde la Central de Trabajadores de la Argentina, convocamos a
todas las fuerzas sociales, sindicales y políticas a repudiar la
represión y la creciente criminalización dela protesta social, y a
acompañar las demandas de nuestro pueblo. Debemos a encontrarnos en
espacios de debate y acción para fortalecer la unidad en la búsqueda de
caminos que conduzcan a la justicia, más democracia y la paz para
nuestro pueblo.
Editoriales ANP
