LA TERCERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS REPRESIVOS

(Cosecha Roja).-

El violento ataque al tambo “La Resistencia” que tuvo lugar la noche del viernes 8 de abril en la periferia rosarina nos ubica, al decir de sus víctimas, ante la experiencia de haber tocado un límite. “Cruzamos una línea sin retorno”, afirmaron desde el Frente Ciudad Futura. Tres hombres armados y con capuchas ingresaron a la sede de un emprendimiento económico y político de larga trayectoria, maltrataron al representante de una organización social con representación parlamentaria, y transmitieron un mensaje explícito enviado por sus empleadores: “o se van o ponemos una bomba”. El espinel de pretendientes de las tierras donde está asentado el Tambo es nutrido, pero las sospechas apuntan a la empresa CIMAR SA, cuyo slogan es “inversiones en equipo”.

El caso es similar a lo acontecido en Villa Celina, partido de La Matanza, el 12 de febrero. Allí, un sicario apodado “Jonhy” le pegó un balazo en el pecho a un militante del Movimiento Popular La Dignidad, integrante de los Vecinos Autoconvocados del Barrio Vicente López. Minutos antes de efectuar el disparo lo había conminado a “dejarse de joder con sus jefes y con las tierras”, sobre las que mantienen una disputa. Darío Julián –más conocido como Iki– salvó su vida de pura casualidad y hoy, mientras se hace estudios para detectar en qué parte de su cuerpo quedó alojada la bala, debe estar alerta a los movimientos del soldadito que permanece libre y sin cargos (más datos).  

Este hecho motivó el surgimiento de la Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios, integrada por organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y políticas, medios comunicacionales y personas involucradas en dinámicas concretas de democratización. Pronto la nueva iniciativa se vio desbordada por la multiplicación de agresiones contra organizaciones populares en las más diversas geografías del país.

El 19 de febrero, apenas siete días después de lo sucedido en La Matanza, Pablo Sarmiento, campesino e integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI), fue baleado por personal de la Policía Provincial de Mendoza mientras intentaba impedir junto a miembros de su comunidad el alambrado ilegal de sus tierras. Pese a la existencia de una sentencia judicial que le reconoce la posesión a la familia Sarmiento, la empresa Elaia-Argenceres SA redobló la apuesta y contrató policías para custodiar el avance de las obras. Luego de recibir el disparo y sin atención médica, Pablo y otros integrantes de su familia fueron detenidos por “averiguación de antecedentes”. Se trata del devenir sicario de la propia agencia policial (Comunicado de la UST-MNCI).

El viernes 4 de marzo se desató una intensa balacera en el Bajo Flores sin que se hayan podido desentrañar los motivos. Un grupo de civiles armados asesinó a Fernando David González de 21 años e hirió de gravedad a Miriam Villa, quien murió en el hospital casi un mes más tarde (el 3 de abril). Miriam había protagonizado una larga lucha en procura de justicia por el asesinato de su hijo Ariel (de 19 años), en septiembre de 2014. El episodio tuvo lugar en la misma esquina donde a fines de enero la Gendarmería Nacional reprimió salvajemente a los integrantes de la murga “Los reyes del ritmo”. En una muestra de sensacionalismo e irresponsabilidad primero Télam y luego el diario Clarín vincularon ambos hechos; incluso insinuaron que desde la murga habían respondido el ataque con armas de fuego.

El 13 de marzo, en la ciudad costera de Miramar, agentes de la flamante Policía Comunal demoraron a Lautaro Blengio, militante LGBTIQ y presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Media 1, que lleva el nombre de “Rodolfo Walsh”. Lautaro respondió exigiendo la identificación de los efectivos. Lo que recibió fue amenazas: “te voy a tirar en el vivero”,  le dijo uno de los uniformados al frente del operativo. Al día siguiente el joven fue secuestrado por los mismos policías, aunque esta vez no solo no portaban identificación, sino que tampoco vestían uniforme, ni conducían un patrullero. Arriba del vehículo lo encapucharon, lo golpearon y lo llevaron hasta el predio del vivero municipal, una zona apartada y de poca circulación. Allí lo torturaron, le apagaron cigarrillos encendidos en la piel, lo cortaron con una navaja, le hicieron una cruz en el pecho y hasta simularon un fusilamiento.

Lo que cada uno de estos hechos de violencia tiene en común es el avance de variados negocios rentísticos sobre las periferias urbanas y rurales. Territorios históricamente “en desuso” y por lo tanto reservados a la sobrevivencia de los pobres, están siendo colonizados por desarrollos inmobiliarios, empresas narcos y emprendimientos agroexportadores. Una dinámica que se mantuvo constante durante la última década, pero que desde el diez de diciembre pasado sus actores protagónicos disfrutan la apertura de una nueva fase más favorable a sus intereses.

Así como el ajuste en el Estado funciona como estímulo para que el sector privado ejecute una reducción de personal, el desmonte de las articulaciones institucionales que cuestionaban los abusos de las empresas y las maniobras para deslegitimar a las organizaciones sociales ofrecen un escenario inmejorable para que se desate el poder disciplinador de una represión cada vez más paraestatal y agresiva. En este contexto, las organizaciones populares temen por el futuro de sus proyectos comunitarios pero también por la vida de sus militantes expuestos a soldaditos narcos, barras bravas y fuerzas de seguridad.

Las pantallas de los principales medios de comunicación ventilan de manera selectiva y episódica algunas tramas corruptas de altas esferas, las que dependen de la utilización de instrumentos financieros para la fuga masiva de ganancias empresarias sin pagar impuestos, o el blanqueo de montañas de dinero provenientes de la criminalidad económica y el desvío de fondos estatales. Pero nada dicen de esta otra forma de delincuencia organizada que tiene el mismo origen y se derrama con total impunidad sobre los territorios. Poderes estatales claves son fagocitados por negocios que dependen, para su funcionamiento, de dispositivos represivos cada vez más difusos y desencajados. En la construcción de nuevas instituciones populares, complejas y versátiles, con una efectiva capacidad de intervención en este escenario marcado por la tercerización de los servicios represivos, no solo se juega el destino de las organizaciones sociales sino el de la propia democracia.