Hoy se va a conocer la pena para Juan Marcos Fernández y Analía Godoy,
declarados culpables por los delitos de falso testimonio y encubrimiento en el
asesinato del policía José Aigo en Junín de los Andes, concretado en marzo del
2012. Desde los hechos, la investigación se convirtió en hostigamiento y se
realizaron varios operativos en los que se aplicó violencia policial, llegando
incluso a balear a un joven de 18 años que pasaba en moto por la zona en la que
se estaba buscando. Por Soledad Arrieta
Los jueces Cristian Piana, Andrés Repetto y
la jueza Patricia Lupica Cristo declararon a la pareja culpable por falso
testimonio y encubrimiento, hace diez días. Hoy definirán la pena que se le
aplicará, que puede ser de hasta seis años de prisión. Juan Marcos Fernández
conducía la camioneta en la que se trasladaban los autores del homicidio del
policía José Aigo el 7 de marzo del 2012, en el marco de un control vehicular a
la altura del paraje Pilo Lij.
Según contó Juan Marcos Fernández en una
conferencia de prensa nueve días después del asesinato del policía José Aigo en
Junín de los Andes, él mismo fue a la fiscalía de la localidad con la finalidad
de aportar datos acerca de la apariencia de uno de los hombres que era buscado
por el crimen. Sin embargo, el fiscal Manuel González le respondió que si
tomaba la prueba ponía en juego su carrera. “Desde mi detención se intentó vincular
al hecho. Pero he sido y sigo siendo víctima de lo sucedido, sin tener en
cuenta de que soy el principal aportante de hechos para que la justicia
investigue”, explicó el joven entonces y relató que tanto él como su familia
estaban siendo “víctimas de un hostigamiento permanente”.
“Los tres fiscales
intervinientes en el proceso se negaron a recibirme las fotos en donde
identifica al asesino de Aigo”, relató Fernández el 16 de marzo. También
cuestionó el “extraño rol que viene a cumplir el funcionario del ministerio de
Seguridad provincial, Gustavo Lucero, que fue designado por Sobisch para
defender a los comisarios que dieron la orden de asesinar a Fuentealba”, y que
también defendió al asesino policial de Braian Hernández, entre otros.
Violencia
policial
El hostigamiento a la familia de Juan Marcos
Fernández y su compañera Analía Godoy fue apenas una muestra de lo que es capaz
la institución cuando “busca” responsables por la caída de uno de sus miembros.
El 12 de marzo, un joven de 18 años fue víctima
de abusos en un operativo, terminando salvajemente herido por balas y golpes.
Sebastián Bustos se trasladaba de San Martín de los Andes a Cutral Co en moto,
cuando fue detenido a balazos. Durante su viaje, pasó por dos controles y en el
segundo un uniformado ya tenía la pistola desenfundada y le indicó que se haga
a un lado de la camino. El adolescente bajó a la banquina, pero antes de llegar
al puesto a pie empezaron los tiros, de los cuales uno le dio en el hombro
izquierdo dejándolo inmovilizado en el suelo, desde donde lo arrastraron hasta
subirlo a la caja de una camioneta. En ese momento, un policía de la Federal se
acercó y le dijo “tengo el gusto de conocerte la cara, te voy a matar como a un
perro, hijo de puta”, momento en el que se acercaron otros uniformados y
comenzó una golpiza mientras le preguntaban por “el otro” –a él nunca le
pidieron sus propios datos-.
No llamaron a la ambulancia, sino que lo
trasladaron los mismos victimarios primero al hospital de Junín y luego al de
San Martín, manteniéndolo en todo momento esposado y con custodia. Tampoco se
comunicaron con su familia, quien se enteró de los hechos de casualidad, porque
también le había retenido el celular.
EL 13 de marzo y por orden del juez Joaquín
Cosentino, policías de la comisaría 25 de Junín de los Andes ingresaron a la
seccional de Guardaparques de esa localidad. La CTA denunció que “interrogaron
y fotografiaron libros y revistas pertenecientes a un compañero trabajador. Las
preguntas y las fotografías fueron dirigidas hacia bibliografía en la temática
de derechos humanos, política e ideología. Con asombro y perplejidad nuestro
compañero tuvo que responder preguntas y dar explicaciones respecto del Nunca
Mas, la revista Barcelona, el mensuario Le Monde Diplomatique, la revista
América XXI, el Amor en los tiempos de Cólera de Gabriel García Márquez, entre
otros libros que forman parte de su biblioteca” y repudiaron que “a un
trabajador se le allane su pensamiento y su ideología a través de su
biblioteca”.
Los primeros días de abril del 2012, el
guardaparque de Ñorkinko Facundo Alcalde denunció que diariamente la policía
provincial generaba operativos violentos en la zona, no solo a habitantes del
lugar sino también a turistas; “siempre de madrugada y sin notificación”. Además,
sostuvo que sobre la ruta provincial 11 los controles eran permanentes e
insistentes cada vez que él pasaba, que tenían actitudes intimidatorias
poniéndose a su lado mientras hablaba por teléfono, que había efectivos armados
en las sendas de uso turístico y que la policía estaba ingresando a viviendas a
requisar sin ningún tipo de orden. Alcalde denunció también que una camioneta
del Grupo Especial de Operaciones Policiales estuvo estacionada a metros de su
hogar durante dos días.
“A
mí no me mataron en la comisaría de Junín porque era el hijo del intendente,
porque cuando la escalada de violencia y los golpes eran cada vez peores, uno
de los efectivos mientras me apuntaban con el arma y con la linterna me
reconoció y la agresión fue mucho menor”, relató Fernández ayer en
declaraciones radiales.
Las
acusaciones
Juan Marcos Fernández y Analía Godoy ya
fueron declarados culpables por los delitos de falso testimonio y encubrimiento
en la causa, pero sostienen que en el juicio las acusaciones de ocultar información
a la justicia sobre el paradero de José Salazar Oporto y Alexis Cortez Torres
no fueron probadas. “La intencionalidad de la causa es política”, aseguró el
hijo del intendente de Junín de los Andes.
“A Salazar Oporto no lo conocía nadie en
Mallín Ahogado. Yo lo encontré en una oportunidad en San Martín de los Andes en
un encuentro de comunicación y me lo presentaron como Juan Carlos, un
antropólogo que trabajaba con las comunidades mapuce. Después lo encontré en un
centro comunitario en Mallín Ahogado y nos reconocimos, posteriormente nuestras
hijas se hicieron amigas y la hija de Juan Carlos fue invitada al cumpleaños de
mi hija”, relató Fernández en Línea Abierta de LU5 ayer por la mañana: “hacía
fletes regularmente. Él fue a vernos a mi casa y nos pidió que lo llevara a
Aluminé, pasando por San Martín de los Andes, porque iba a ver a una gente para
hacer unos trabajos de investigación y nos dijo que su auto no daba para hacer
ese viaje”.
“Nunca negamos conocerlo – a Sebastián
Oporto-, pero lo conocíamos con otro nombre”, dijo Fernández: “se nos condena
por no conocer el apellido de una persona que luego, a lo largo de una
investigación, se supo que nadie, ni la persona que le alquilaba la casa, sabía
su apellido”.
En relación a las
pruebas aportadas por la querella, Fernández sostuvo que es cierto que se
encontró una computadora de Salazar Oporto, que sí tenía fotos, pero que en
ninguna estaban ni él ni Analía Godoy: “el juez Cristian Piana tuvo que mentir
para argumentar su fallo”.
“Hay una necesidad
política del ministro Gastaminza y de la justicia de ocultar a quiénes tienen
que dar explicaciones. Se pusieron a investigarnos a nosotros mientras nosotros
éramos testigos de la causa”, aseguró el joven: “le vino bárbaro al poder
político que yo fuera el hijo del intendente”.
“Durante el juicio quedó claro que nada
tenemos que ver con todo esto”, concluyó Analía Godoy: “el fallo parece haber
sido elaborado antes del juicio”.
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