Entre el 17 y el 18 de junio de 2010, aún bajo gobierno radical, la policía de Bariloche fusiló al adolescente Diego Bonefoi, y más tarde, durante el operativo represivo contra la gente que salió a las calles a repudiar el hecho, dos jóvenes más: Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas.
La ordenanza fue elaborada por la presidenta del concejo, María Eugenia Martini, Alejandro Ramos Mejía, Ramón Chiocconi (PJ); Mauro González (PVpC); Alfredo Martín y Carlos Valeri (F.G), en colaboración con APDH Bariloche, Asociación de Abogados por los Derechos Humanos Bariloche, Multisectorial contra la Represión Policial y Karina Riquelme, esposa de Sergio Cárdenas, y Carmen Curaqueo, mamá de Nicolás Carrasco.
A continuación transcribimos los fundamentos:
El 17 de junio de 2010 fue una fecha que marcó un punto inflexión para la sociedad de San Carlos de Bariloche. Los hechos dicen que en menos de 24 horas fueron asesinados tres jóvenes de los Barrios Altos de nuestra ciudad en un marco de violencia. Los jóvenes, dos de los cuales eran menores, perdieron la vida por el impacto de las armas de fuego de miembros de la Policía de Río Negro.
Las víctimas de la represión policial fueron Diego Bonefoi de 15 años, Sergio Cárdenas de 28 años y Nicolás Carrasco de 16 años. Desde ese día las familias, amigos y parte de la sociedad marchan todos los 17 reclamando saber quiénes son los responsables.
El 2 de junio de 2011 fue condenado a 20 años de reclusión por el asesinato de Diego Bonefoi –le disparó por la espalda con el arma reglamentaria- el cabo Sergio Colombil. Por las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, hasta ahora, no hay condenados.
Este no fue el primer caso de represión policial en San Carlos de Bariloche y tampoco lo fue en la Provincia de Río Negro.
Los hechos referidos, las muertes que tienen como responsables a quienes deben cuidar y proteger los derechos de los ciudadanos, violaron todas las instancias en las que en nuestro país están protegidos los Derechos Humanos, desde la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a los que adhiere, hasta la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal, destacando que la Constitución de la Provincia de Río Negro se detiene para especificar que el Estado será quien procure la “formación integral” de la juventud (Art. 34).
Bariloche dejó de ser, para la mayoría, sólo una postal turística, para dejar expuesta una realidad diferente, conocida por algunos, desconocida por otros y también negada por un sector. Se puso en discusión no sólo el accionar de las fuerzas de seguridad sino también las razones por las que se había llegado a tener en nuestra sociedad hechos que, cuando hay muertes violentas, siempre y bajo cualquier punto de vista, resultan tristes, lamentables e irreparables.
Estos hechos derivaron en una discusión pública sobre la desigualdad, la inclusión social, la discriminación, la violencia, la violencia institucional, la pobreza, el sistema educativo, la desocupación, las políticas sociales, de la que ningún barilochense estuvo ausente. Este proceso reactivó trabajos articulados de las instituciones que ya actuaban en los Barrios Altos, sobre todo en relación a los jóvenes. Las organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos, marcharon desde entonces todos los 17 de cada mes junto a los familiares de las víctimas.
El 17 de junio se transformó, desde el 2010, en una fecha que, sin tener el marco ordenanza, es vivida por gran parte de la sociedad como un día particular en la historia de nuestra sociedad.
Por ello es que se propone, con este proyecto de ordenanza, incorporar a la Ordenanza 2033-CM-2010 de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, el 17 de Junio como Día de la Inclusión Social y contra la Represión Policial.
La Argentina tiene en su historia años signados por el terrorismo de Estado. Los momentos más cruentos de persecución, represión y desapariciones de la última dictadura militar. La Memoria, la Verdad y la Justicia fueron los incansables reclamos de una parte de la sociedad y desde el 2003 comenzaron a ser escuchados y transformados en acciones.
Como órgano democrático, es que este Concejo considera que incluir el Día de la Inclusión Social y contra la Represión Policial es una decisión que servirá como una herramienta más de concientización, memoria y compromiso, para que los Derechos Humanos no vuelvan a ser violados por ningún organismo del Estado, institución civil o militar, nunca más.
Editoriales ANP
