Informes oficiales y de investigadores explicitan el saqueo del monte nativo. En Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora. El impacto ambiental y social del desmonte.
“Los árboles son sagrados, no se tocan”
Cristina Fernández de Kirchner (15/2/2013)
Por Darío Aranda
Entre 2004 y 2012 las topadoras arrasaron 2.501.912 hectáreas, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Otra forma de decir lo mismo: en Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora. Los datos surgen del cruce de relevamientos oficiales y de oenegés. El último informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación relevó el período 2006/2011y contabilizó que se arrasaron 1.779.360 hectáreas de monte nativo. La causa, tan obvia como impune, el avance de la frontera agropecuaria, con cultivos transgénicos (soja y maíz) y la ganadería intensiva. El desmonte no es solo impacto ambiental, también implica conflictos por la tierra, represiones y asesinatos de campesinos e indígenas.
Paisaje monótono
La ruta 34 une la capital de Santiago del Estero con Salta. Impacta el paisaje homogéneo. Cultivo intensivo, soja alternada con maíz, más soja, y más maíz y más soja. Sólo alterada por la transición entre monte y cultivo: filas de troncos apilados, aún humeando, arrasados para abrir camino a más soja. Ni pasto queda. El monótono paisaje no distingue fronteras. El sur y noreste de Salta es idéntico. Se repite en Chaco y Córdoba. Todas provincias que conocieron del “corrimiento de frontera agropecuaria”.
En pleno conflicto por la resolución 125, marzo de 2008, la Secretaría de Ambiente de la Nación difundió el informe “El avance de la frontera agropecuaria y sus consecuencias”. Detalla que entre 2002 y 2006 se arrasaron 1.356.868 hectáreas. Un promedio anual de 339.217, al mes 939 hectáreas. Cada hora se deforestaron en Argentina 39 canchas de fútbol.
“Una de las causas principales actuales de pérdida de los bosques nativos es sin duda el avance de la frontera agropecuaria. Miles de hectáreas son desmontadas para el cultivo de diferentes especies agrícolas, en particular de la soja, en los últimos diez años”, afirmó la Secretaría de Ambiente y puntualizó en los efectos: aumento de la erosión y desertificación, pérdida de la regulación de aguas superficiales y del subsuelo, disminución de la calidad del agua, pérdida de la diversidad biológica, migración de la población hacia los centros urbanos, pérdida de valores culturales.
El ranking de deforestación estuvo encabezado por Santiago del Estero (515.228 ) y Salta (414.934). Lejos, tercero, Chaco: 127.491 hectáreas.
En junio de 2012, otro documento oficial confirmó que la pérdida de monte continuaba. “Monitoreo de la superficie de bosque nativo”, es el nombre del informe realizado por la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (Umsef) de la Dirección de Bosques de la Nación. Relevó el periodo 2006-2011 las regiones del Parque Chaqueño, Selva Misionera y Selva Tucumano Boliviana.
Detalló la pérdida de 1.779.360 de hectáreas. Un promedio de 34 hectáreas por hora. Santiago del Estero 701.030 hectáreas. Salta, 440.943. Chaco 168.588. Formosa 174.340.
De ese 1,7 millones de hectáreas, 932.109 fueron arrasadas luego de aprobada la Ley de Bosques (26.331), que –justamente– prohíbe desmontar.
“En las provincias los procesos de pérdida de superficie de bosque nativo fueron causados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Las imágenes satelitales ponen de manifiesto la existencia de nuevos cultivos, que en varias oportunidades corresponden a soja”, reconoce el informe oficial y advierte: “La sostenibilidad de los altos precios internacionales, en los últimos años, posibilitó la perdurabilidad e incluso la intensificación en la producción de productos de consumo masivo a nivel internacional, como la soja, avanzando territorialmente sobre nuevas tierras antes impensadas para prácticas agrícolas por la presencia de índices de productividad agroclimáticos bajos. De esta manera, se expandió la actividad sojera desde el norte de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, especialmente a provincias como Santiago del Estero, Chaco, Tucumán y Salta, pese a las limitaciones climáticas”.
Hecha la ley
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla.
El febrero de 2009 un alud inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal (Salta). Organizaciones sociales y académicos apuntaron a la tala selectiva (por venta de madera y por la actividad petrolera). La Presidenta visitó la zona. El 13 de febrero, de regreso a Buenos Aires, reglamentó la ley de bosques.
A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que –en base a datos oficiales– evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación”, afirman las ONG.
El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas. 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día. 26 hectáreas por hora.
Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1.356.868), en los últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Argentina cuenta con 30 millones de hectáreas de bosque nativo, el 30 por ciento de la superficie forestal original. “Nuestro país se encuentra en una verdadera emergencia forestal, acentuada fuertemente en los últimos 15 años por la expansión descontrolada de la actividad agropecuaria”, aseguran las ONG y alertan que no fue respetada la moratoria a nuevos permisos de desmontes establecida en los artículos 7 y 8 de la Ley (desde su sanción a fines de 2007 hasta que las provincias realizaran el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos). “Durante ese período en la región chaqueña, la selva misionera y la selva de yungas, se deforestaron más de 470.000 hectáreas”, afirma.
Ley desfinanciada
La Ley de Bosques establece que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (artículo 31) no podrá ser inferior al 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional. A eso debiera sumar el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y del sector forestal, correspondientes al año anterior. El financiamiento apunta a mejorar la capacidad técnica y de control de las provincias, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques.
Greenpeace, FARN y Vida Silvestre detallaron que en 2008 y 2009 la norma no contó con presupuesto. En 2010 los fondos asignados fueron de 300 millones de pesos, cuando debieron haber sido de al menos 821 millones de pesos (0,3 por ciento del Presupuesto Nacional). “Si se suman las retenciones a las exportaciones, debieron haber alcanzado los 1.200 millones del pesos”, recuerda. Y denuncia que el 11 de febrero de 2010, 144 millones de pesos fueron reasignados al “Programa Fútbol para Todos” mediante la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros. “En 2012 los fondos fueron de 267 millones. Como mínimo debieron haberse previsto 1.300 millones de pesos”, advierten las ONG ambientales y cuestionaron “la constante falta de presupuesto para la conservación y el uso sustentable de los bosques nativos”. Explicaron que en 2013 los fondos serán diez veces menos que lo establecido por la Ley: 230 millones de pesos, cuando debieron haber alcanzado los 2.300 millones.
Capital del desmonte
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf –espacio de ONG y técnicos del norte argentino) con la cooperación técnica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) reveló que entre 2008 y septiembre de 2012 se desmontaron en Salta 330.504 hectáreas.
El relevamiento de Redaf, de 40 carillas, llamado “Bosque Nativo en Salta. Análisis de deforestación y situación del bosque chaqueño en la provincia”, puntualiza que de las 330 mil hectáreas deforestadas, 98.894 fueron en zonas prohibidas por el ordenamiento territorial y 53.202 violando la restricción dictada por la Corte Suprema de Justicia (entre 2009 y 2011).
El trabajo precisa que, entre 2001 y 2012, se desmontaron 920.640 hectáreas. “La tasa de desmontes creció con el fin de la convertibilidad (2001). El interés creciente por habilitar nuevas tierras para cultivos de exportación y ganadería, empujó los desmontes especialmente hacia el Chaco Salteño”, confirma la Redaf.
Arrasando vidas
Deforestación y violencia sobre campesinos e indígenas van de la mano.
El informe de Greenpeace, FARN y Vida Silvestre remarca que en Santiago del Estero aumentaron los conflictos de tierras y “se han vuelto cada vez más violentos”. Denunció que no se realizan las audiencias públicas (que insta la ley) antes de autorizar desmontes. Y recuerda que la autorizaciones de desmontes en zonas “habitadas y/o utilizadas” por comunidades campesinas e indígenas viola los artículos 19, 24 y 26 de la Ley de Bosques.
Santiago del Estero lleva tres asesinatos en tres años. Sandra Ely Juárez murió frente a una topadora de un paro cardiaco el 13 de marzo de 2010, en el paraje campesino de San Nicolás. 33 años, dos hijos. Pretendía evitar que arrasen el monte campesinos.
Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte provincial.
El 10 de octubre de 2012, Miguel Galván, del Pueblo Lule-Vilela y también del Mocase-VC fue asesinado por un empleado de un empresario sojero (el Mocase lo llama directamente “sicario”). El crimen sucedió en el paraje Simbol, en el límite con Salta.
En Formosa, la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) se mantiene en lucha desde hace cinco años. Asediados por la agricultura intensiva y el gobierno de Gildo Insfrán, el 23 de noviembre de 2010 sufrió una represión policial que produjo el asesinato del qom Roberto López. El 9 de diciembre de 2012 fueron atropelladas la beba Lila Coyipe (de diez meses) y su abuela, Celestina Jara. Celestina murió en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció el día siguiente. La comunidad denunció que “no fue accidente”. La familia Coyipé es activa luchadora por el reclamo territorial.
El 9 de enero de 2013, en otro dudoso accidente, falleció Juan Daniel Díaz Asijak, de 16 años. La policía y el gobierno provincial argumentaron que Díaz Asijak estaba ebrio. El padre del joven, Pablo Asijak, denunció que fue una golpiza con el trasfondo de la disputa territorial.
El joven era sobrino del líder de la comunidad y referente en la lucha qom, Félix Díaz.
En Salta aún no hubo asesinatos, pero porque falló la puntería. “Se ha ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la Provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar”, advirtió la Defensoría del Pueblo de la Nación en un informe de catorce carillas, en diciembre de 2012.
La Defensoría recorrió el noreste de Salta (ruta nacional 81, desde Embarcación hasta el pueblo de Los Blancos, límite con Formosa), donde constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas por deslindes y desmontes irregulares”, es el nombre del trabajo de la Defensoría. “La región visitada se encuentra sometido a una alta presión desmontadora impulsada por los altos valores de la soja que han ‘empujado’ a la ganadería fuera de las zonas centrales de la Argentina desplazándolo hacia el gran chaco argentino y por lo tanto también a Salta. Estos cambios atentan directamente al sistema tradicional de producción ganadera del criollo chaqueño”, afirma la Defensoría.
Árboles porteños
La segunda semana de febrero uno de los temas de agenda periodística fue las obras del metrobús porteño y la suerte de parte del arbolado de la avenida 9 de Julio. Los medios de comunicación ligados al Gobierno Nacional dieron amplia cobertura al “desmonte porteño”. Unos 200 árboles trasplantados o talados.
“No vamos a tirar un solo árbol. Los árboles son sagrados, los árboles no se tocan, por lo menos acá en Calafate”, afirmó la Presidenta el 15 de febrero, desde Santa Cruz, en obvia contraposición a lo sucedido en la Ciudad de Buenos Aires. Volvió sobre la misma idea en Tecnopolis, el 21 de febrero, en otro discurso público: “Allá están los árboles, miren que maravilla, miren bien como los respetamos y les hicimos cerquitos (…) Quería mostrarles cómo hemos cuidado los árboles porque yo les dije: ‘No me sacan un árbol’”.
Los árboles porteños también conmovieron al filósofo kirchnerista Ricardo Forster, uno de los referentes de Carta Abierta. Escribió un extenso artículo en el diario Página12. “Apabullado por la maldad que contempló en la avenida 9 de Julio cuando en noches infaustas brigadas vestidas de amarillo destruyen y dañan esas indefensas criaturas que nos ofrecen su belleza, su oxígeno purificado y su sombra a cambio de nada, de que simplemente los dejemos estar ahí, no puedo sino expresar mi indignación y mi tristeza ante lo irrecuperable”, lamentó Forster.
En noviembre pasado, decenas de organizaciones indígenas (entre ellas el Consejo Plurinacional Indígena) consensuaron un documento en que el denunciaron el modelo extractivo, el avance empresario sobre territorios indígenas, la represión sobre las comunidades y exigieron el respeto a los derechos humanos. Lo entregaron en el Congreso Nacional y en Casa de Gobierno.
En enero, un grupo de intelectuales y personas de la cultura escribieron una carta abierta a la Presidenta. Advirtieron sobre la “escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren los pueblos indígenas”. Firmada (entre otros) por el escritor uruguayo Eduardo Galeano y el periodista Osvaldo Bayer, la carta abierta a la Presidenta pidió la intervención del Estado Nacional y, lo más básico, que el Gobierno condene las represiones y asesinatos de campesinos e indígenas.
Ningún referente del espacio Carta Abierta, intelectuales que apoyan al Gobierno, firmó el escrito.
La Presidenta no acusó recibo del pedido y tampoco condenó la violencia sobre campesinos e indígenas.
* Artículo publicado en la revista MU 63 de http://www.lavaca.org
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