Buenos Aires, jueves 25 de octubre 2012 (Marcha).-
Con la confirmación de la Cámara Criminal, se sostienen las condenas de los policías implicados en el asesinato de Daniel Solano. Aparecieron presuntos restos que están siendo sometidos a pericias. El estado de la causa.
El 19 de octubre la Cámara Criminal Tercera de General Roca confirmó los procesamientos con prisión preventiva dictados en julio por el juez de Choele Choel, Víctor Soto, para los siete policías señalados como presuntos responsables del secuestro y asesinato de Daniel Solano.
De esta manera, deberán esperar en prisión el juicio oral y público con las siguientes acusaciones: Sandro Berthe, Pablo Bender y Juan Francisco Barrera “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”; Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Alberto Quidel y Diego Vicente, como partícipes primarios de “privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”. Finalmente, el oficial inspector Héctor César Martínez es procesado en carácter de partícipe secundario de los delitos de “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado” aunque se lo procesó como el principal responsable del encubrimiento policial del asesinato, atribuyéndole los delitos de “abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica”.
Ayer por la tarde, mientras la copia de la sentencia de la Cámara era enviada al secretario de Seguridad de la provincia, Miguel Bermejo, un cuerpo mutilado emergió del río, a unos 80 kilómetros de Choele Choel, y quedó en la costa de una chacra ubicada en la ciudad de General Conesa. Hoy comenzaró a realizarse la autopsia y prueba de ADN respectiva para comprobar si se trata del cuerpo de Daniel.
Daniel Solano había partido desde su Tartagal natal para trabajar en el raleo y cosecha de manzanas en el Valle medio y fue desaparecido el sábado 5 de noviembre de 2011. El viernes 4 se había realizado el primer pago de Agrocosecha (empresa que falsamente se hace llamar “cooperativa” y que terceriza el servicio de la multinacional Univeg Expofrut S.A. de Lamarque). Los 800 pesos que les correspondía, contra los casi 2.000 que les habían asegurado cuando partieran desde Salta enfurecieron a Daniel. Era el tercer año que iba a trabajar en la temporada de la fruta y había decidido promover una medida de fuerza para el lunes siguiente.
En ese contexto, Daniel no quería salir ese fin de semana de las gamelas donde se apiñaban los trabajadores. Pero a veces los amigos también traicionan y un grupo de compañeros junto con el “puntero” (una especie de caporal) lo convencieron de ir a bailar al boliche Macuba, en la cercana localidad de Choele Choel. Desde allí lo sacó el grupo de policías imputado, lo arrastró a los golpes a la calle lateral e inconsciente lo subió a una Eco Sort policial con la que partieron en dirección al puente de acceso de la Isla 92 (balneario de Choele Choel), seguidos de cerca por un Fiat Duna rojo para nunca más saberse de Solano.
A partir de ese momento la lucha de familiares, abogados e integrantes de la Comisión de Solidaridad de apoyo a la familia fue incansable. En el marco de esa lucha se produjeron avances en la justicia y a mediados de julio se detuvo a los siete policías implicados.
La semana pasada viajaron desde Tartagal algunos compañeros que habían trabajado con Daniel para realizar declaraciones y aportaron nuevos indicios del lugar al que llevaron a Solano y en el que se presume fue asesinado. Uno de ellos declaró que el 9 de noviembre, en un rastrillaje en la Isla 92, encontró la billetera de Daniel y se la entregó en mano a la policía, que la guardó en una bolsa. En el día de ayer, declaró un policía que estuvo en el rastrillaje y contó que escuchó por la radio de la policía que se “habían encontrado la billetera y las zapatillas de Daniel, y que habían sido recolectadas por el personal de Criminalística”. Pero el acta de este rastrillaje desapareció, y no había quedado registro alguno de esa información en el expediente.
Dentro de esa serie de irregularidades, la intervención del oficial Martínez –quien integró la Comisión Investigadora como jefe en esta causa (habiendo sido uno de los siete señalados como los que sacaron y golpearon a Daniel del boliche)– tiene duras acusaciones en la sentencia, ya que actuó “desbaratando ilegítimamente la prueba que se colectaba y produjo ilícitamente constancias para confundir las pistas ya obtenidas”. Según el informe que realizó el diario Río Negro el 20 de octubre, “el Tribunal dio por acreditado que Martínez instrumentó como pistas falsas que Solano se había ido por propia voluntad y luego que había sido asesinado por otros trabajadores. Dice el fallo: 'Como jefe de la Brigada de Investigaciones de la Regional IV de Policía, investigó las instancias preliminares de este terrible hecho, desplegando una estrategia tendiente a desviar la pesquisa verdadera, para lograr la impunidad del crimen”.
Parece que la Justicia avanza para que no quede impune el crimen de Daniel. Un panorama nuevo se abre si el cuerpo encontrado en el río es el de Solano. Los procesamientos a los policías, entonces, están firmes, pero ¿cuántos cómplices y encubridores no son rozados aún por la justicia? ¿Serán salpicados los empresarios dueños de la noche, cómplices de la prostitución y de la corrupción? ¿Por qué entonces Macuba sigue abierto y su dueño acaba de comprar otro boliche bailable en Choele Choel? ¿Será para monopolizar la noche y atajarse por si llegan a clausurar finalmente Macuba? ¿Se profundizará en el eje de explotación laboral y trata de personas, que fue el inicio de este crimen? Habitantes de Choele Choel contaron que la empresa de transporte “El Tucumanito” (que no tiene habilitación) sigue trasladando gente del norte hacia la zona para que realicen la nueva temporada de fruta, para que lleguen y sean apiñados en las gamelas. ¿Se desarticularán los entramados de complicidades policiales y empresariales que se tejen desde hace años? ¿O bastará con que un trabajador explotado reclame su salario digno para que, como en el cuento de la buena pipa, todo vuelva a empezar?
Editoriales ANP
