CONDENAN AL DIARIO RUTA 40

El Bolsón, 25 de octubre de 2012 (ANPP).- La Justicia determinó que el diario Ruta 40, medio de difusión de distribución gratuita solventado económicamente por el megamillonario inglés Joe Lewis, deberá pagar a un integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra (ADAT) "por daño moral".
Asimismo, el diario deberá otorgar al vecino de Mallín Aguado un espacio para ejercer su derecho a réplica.
La responsable del medio de prensa que intenta difundir los intereses de Lewis, Nancy Aleuy, está obligada a pagarle al afectado 10 mil pesos como resarcimiento.
A continuación, el texto publicado en el blog de la ADAT:

Y VISTOS: Los presentes autos caratulados: “RONCO, JORGE FABIAN C/ ALEUY, NANCY Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº 042/12 CIV, para resolver: 
A fs. 1/13 se presenta RONCO, JORGE FABIAN reclamando a los aquí demandados, señora ALEUY, NANCY y al propietario del diario Ruta 40 la suma de $ 10.000 por daños morales, espacio en el diario para ejerecer su derecho de réplica y la publicación del fallo por las razones esgrimidas en la demanda. 
A fs.15 se encuentra agregada la constancia de notificación a los demandados del inicio de la presente acción y de la fijación de audiencia. 
A fs.21/22 se realiza la audiencia prevista en el art. 806 del CPCC a la que concurrieron la parte actora y por la parte demandada la señora Nancy Nélida Aleuy en forma personal quien manifestó ser la propietaria del diario demandado, extremo que acreditó posteriormente a fs. 23/24. En dicha audiencia no fue posible llegar a un acuerdo por lo que la demandada presenta escrito contestando demanda y ofreciendo prueba a cuya producción la parte actora se opone. Asimismo en el acto la parte demandada ofrece al actor un espacio en el diario para su descargo por las notas publicadas, allanamiento parcial a la demanda que es aceptado por el actor. 

A fs. 27 se resuelve desestimar la producción de la prueba ofrecida por la parte demandada por lo que pasan los autos a Despacho a fin de dictar sentencia. 
Y CONSIDERANDO: 
1. Que de la lectura del texto publicado el día 10/05/12 en la sección "La Cocina" con el título "La hipocresía del "disfónico"", digo texto puesto que no puede hablarse aquí de noticia en el sentido más estricto de la palabra y lo que ella implica (interés social, veracidad, objetividad y servicio entre otras características), y del análisis de las notas publicadas con posterioridad por el diario Ruta 40, se puede inferir que aquél primer texto se está refiriendo a la persona del aquí actor señor Jorge Ronco. 
Al respecto, no basta para excusarse que la demandada afirme que en ningún momento se nombra al demandante (ver fs. 20, párrafo 2do. del escrito de contestación de demanda) cuando el texto en cuestión proporciona información suficiente que permite a los destinatarios del mismo, que no es otra que la gente, deducir o inferir a qué persona se está haciendo referencia. 
Baste señalar que en dicha nota se hace alusión al "...señor "disfónico", es decir ronco..." siendo el apellido del actor Ronco, asimismo se afirma que "era propietario de una fábrica altamente contaminante" y que "se transformó en un defensor a ultranza de la naturaleza" para luego, el mismo diario, referirse al actor con su nombre y apellido en dos notas posteriores, de fechas 10/08/12 y 13/08/12, manifestando que el mismo estaría ligado o sería propietario de la construcción de un depósito de una "fábrica clausurada por sus altos niveles de contaminación" como así también se refiere al actor como un "reconocido asambleísta ecologista" o "activo asambleísta". 
Otro factor que no debe pasarse por alto es que nos encontramos en una localidad en la que aún, por su cantidad de habitantes, la gente se conoce entre sí, sobre todo cuando se trata de alguna persona que ha tenido activa participación en alguna cuestión de interés social, como en este caso, tal como el mismo diario manifiesta, el señor Ronco ha participado en cuestiones relacionadas a la ecología y el medioambiente, este hecho permite que con una rápida lectura de la nota sea fácil para el lector deducir el nombre de su protagonista. Este contexto social no es una cuestión menor máxime teniendo en cuenta que el texto señalado es publicado en un diario de distribución gratuita al que cualquier vecino accede retirándolo de alguno de los comercios del pueblo en que se exhiben sus ejemplares. 
Las consideraciones hasta aquí expuestas no permiten eximir de su responsabilidad a la publicación por el sólo hecho de no haber mencionado en la primer nota al señor Ronco. Una opinión contraria implicaría otorgar vía libre a la publicación para que amparada en el hecho de que en ningún momento se nombra al demandante, aunque dando todos los elementos necesarios para identificarlo, hable con tanta liviandad y falta de respeto de cuestiones que pueden producir un impacto negativo tanto en su vida familiar como social. Asimismo, puesto que se trata de un medio de difusión destinado al público en general, es dable exigir que el diario tanto en las noticias, opiniones o notas que difunde, guarde el deber genérico de veracidad y prudencia que sea compatible con el resguardo a la dignidad y honor de la persona. Así "...el aludido derecho a la libre expresión e información no es absoluto ... el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas (arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional ) ... el honor de las personas no solo puede verse afectado a través de los delitos de injurias o calumnias cometidas por medio de la prensa (art. 113 del Cód. Penal), toda vez que puede existir injustificada lesión a este derecho que resulte de un acto meramente culpable o aún del ejercicio abusivo del derecho de informar, por lo que el propietario o editor del periódico que da a conocer las falsas imputaciones no puede que dar exento -al igual que cualquier habitante de la Nación- de la responsabilidad civil emergente de tales actos (art. 1109 del Código Civil)..." (Corte Suprema de Justicia de la Nación "Campillay, Julio César c/ La Razón y otros", Fallo 308:789 del 15/05/86). 
Por último debo mencionar que la investigación periodística mencionada por la señora Aleuy en su escrito de contestación de demanda con relación a las notas aparecidas el 10 y 13 de agosto del corriente, respecto a la instalación de un depósito de una fábrica contaminante, existió a medias puesto que en ellas se reproducen notas aparecidas cuatro años atrás en otras publicaciones pertenencientes a otros diarios, una de las cuales, la obrante a fs. 16 no ha sido desconocida por la demandada, las que he tenido a la vista y doy por ciertas, cambiando solo algunos datos para que así resultaran funcionales a los fines perseguidos por el diario. Este hecho hace perder seriedad al tratamiento de una cuestión que podría revestir cierta importancia para la comunidad de la localidad de El Hoyo o que tal como manifiesta la demandada "...podría tener impactos negativos sobre su vida cotidiana" (ver fs. 20 1er. párrafo del escrito de contestación de demanda). 
2. Que con relación a lo peticionado por la parte actora en cuanto al derecho de réplica respecto a las tres notas aparecidas en el diario Ruta 40, la demandada se ha allanado a dicho pedido en la audiencia celebrada a fs. 21/22. Al respecto cabe señalar que al momento de ofrecer al señor Ronco el derecho de réplica la demandada no hizo reserva alguna con relación a aquélla nota en que dice no haberlo mencionado. ¿Por qué debería ejercer el señor Ronco su derecho de réplica si no se estuvieran refiriendo a su persona?. La actitud asumida por la demandada no hace más que confirmar lo hasta ahora concluído por la suscripta. 
3. Ahora bien, en cuanto al resarcimiento del daño moral debo señar que el tenor de las notas difundidas, por su contenido, no solo son lesivas al honor y a la dignidad del actor sino que han puesto en evidencia la falta de rigor en la investigación periodística, lo cual puede provocar inexactitudes y confusión en la opinión pública, cuestión que reviste la suficiente gravedad cuando se trata de un órgano de difusión masiva. Por ello no siendo necesario la existencia de fallo en sede penal para que la persona pueda sentirse injuriada o perjudicada en sus más íntimos sentimientos (doctrina "Campillay") el reclamo del daño moral es procedente y el monto demandado aparece como justo conforme los padecimientos y la lesión a las afecciones íntimas que la publicación de dichas notas pudo traer aparejadas para el actor. 
Por todo ello y conforme lo establecido por el art. 806, segunda parte del CPCC, el Juez de Paz RESUELVE: 1) Hacer lugar en su totalidad al reclamo articulado por la actora y condenar a NANCY ALEUY como editora responsable y propietaria del diario Ruta 40: a) al pago de la suma de pesos diez mil ($ 10.000) en concepto de daño moral la que devengará un interes que se calculará aplicando la tasa activa nominal anual y vencida de la cartera general de préstamos a 30 días que cobra el Banco de la Nación Argentina desde la fecha de la mora hasta su efectivo pago (fallo LOZA LONGO, CARLOS C/ R.J.U. Y OTROS S/ SUMARIO S/ CASACION" (Extpe. n° 23987/09 STJ) Sent. n° 91-D del 15/09/10), dicha suma deberá ser abonada por la demandada dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha de notificación de la presente, b) a conceder al actor espacio en su publicación a fin de ejercer su derecho de réplica el que debe ser suficiente y similar al utilizado por la demandada para referirse al actor, c) a publicar el presente fallo en forma íntegra en el diario Ruta 40 a costo de la demandada. 2) Regular los honorarios del Dr. Hugo Ansaldi en la suma de pesos setecientos ($ 700) y los de la Dra. Pamela Grégori en la suma de pesos quinientos (500) en mérito a la labor profesional , a la calidad y extensión del trabajo y el resultado obtenido. Costas a cargo de la parte demandada quien deberá abonar los mismos dentro del término de cinco días de notificada la presente. 5) Protocolícese, Regístrese, Notifíquese a las partes y a la Caja Forense y cumplido, Archívese.- 
Ante Mi 
Ximena N. Roca Zulma A. Steiner 
Secretaria Letrada Juez de Paz Suplente

ANTECEDENTE, VER NOTA SIGUIENTE PÁRRAFO EN NEGRITAS
POLÍTCOS Y EMPRESARIOS QUE DEFIENDEN AL TERRATENIENTE LEWIS


Desde hace dos años el multimillonario resiste el cumplimiento de un fallo judicial que ordena el libre acceso al lago. Por qué muchos replican su amenaza de dejar sin trabajo a todos sus empleados. El rol de los medios.

Por Leandro Renou

Buenos Aires, 3 de abril de 2011 (Tiempo Argentino).- El imperio privado y por fuera del control estatal que el magnate inglés Joe Lewis creó en la zona de Lago Escondido, se construyó a fines de los años ’90 sobre la base sólida de la connivencia política y el apoyo empresario. Luego de comprar en 1998 las 12 mil hectáreas por sólo U$S 3.500.000, empezó el lobby del dueño de Puma, Vans y Hard Rock Café para blindar del público la zona, ubicada a escasos kilómetros de El Bolsón, provincia de Río Negro. El puntapié inicial del imperio de Lewis se dio a fines de ese año. Diputados trató un proyecto de ley para ampliar el área protegida Río Azul/Lago Escondido para que, justamente, el Estado pudiera tener injerencia sobre las áreas controladas por Lewis. En un principio, todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo, pero a la hora de votar, las presiones de los operadores del magnate dejaron el proyecto en la nada.
A pesar de este antecedente, hasta el día de hoy –donde estalló un escándalo por la privatización de los caminos de acceso al lago y punteros de Lewis se establecieron en Viedma para obstruir la labor de la Corte Suprema provincial–, no se había identificado con nombre y apellido la red de adhesiones políticas, empresarias y de medios de comunicación a la privatización.
Los personajes más célebres y funcionales aparecieron en plenitud en la última constatación del área que ordenó el titular del Supremo Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas: uno de los que el 19 de marzo se interpuso al avance de la justicia en una de las once tranqueras de acceso al lago fue el empresario Juan Carlos Martínez, dueño de la cadena de supermercados El Chaqueño. “Vengo a defender los intereses de mi amigo”, decía Martínez en relación con su vínculo con Lewis. Además, el supermercadista también fue parte del escrache al Poder Judicial de Viedma, marcha en la cual alentaba a las más de 200 personas congregadas frente al edificio a coincidir en que “hoy somos todos ingleses, los trabajadores, los empresarios, todos”. El dueño de El Chaqueño es uno de los cinco empresarios que a diario se reúnen con Nicolás Van Ditmar, administrador de Lago Escondido que días atrás aseveró que defendería la propiedad privada a punta de winchester. En esas reuniones, también tiene influencia Fabián Tornero, propietario del corralón Comarca Andina, que además es proveedor del emprendimiento de Lewis.
“Van Ditmar es el principal operador, vinculado a Lewis a través de su grupo inmobiliario, es el que maneja el negocio y el nexo político”, dijo a Tiempo Argentino el doctor Rubén Marigo, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, seccional Bariloche. Es que Federico Van Ditmar, padre de Nicolás, fue quien le vendió Lago Escondido a Lewis y ubicó a su primogénito como mano derecha del multimillonario.
Otro de los que les puso el cuerpo a los negocios de Lewis fue el abogado bonaerense Santiago Lynch. Es gerente de All About Kids, el predio donde Lewis recibe a colegios como método para blanquear su imagen ante la sociedad; encargado de “las relaciones con la comunidad” y según fuentes que investigan el caso Lago Escondido, además es hoy asesor jurídico de Hidden Lake. Los que lo conocen destacan la formación conservadora del letrado, que se recibió en la Universidad Católica Argentina. En las tranqueras, Lynch presumía ante la justicia diciendo: “Soy pariente del Che Guevara”.
Entre los que adhieren a la causa Lewis se filtró en los últimos días el presidente del Rugby Club Jabalíes, José Calviño, quien afirmó en diferentes medios pro-Lewis que hoy “el lago es mucho más público de lo que parece”. Calviño es uno de los organizadores de los partidos de rugby que se juegan en las canchas que Lewis tiene cerca del lago, y su equipo ha hecho las veces de local en dicho predio. 
Para hacer triunfar su empresa, Lewis creó además un bloque de medios adictos. Dos diarios reproducen sus actividades y tergiversan el humor real que hay en Viedma con la causa Lago Escondido: el diario Ruta 40 está dirigido por Nancy Aleuy, quien además es encargada de prensa de Hidden Lake; mientras que el matutino El Cordillerano tiene como corresponsal en la zona a otro vocero de Lewis. El caso de Ruta 40 es bastante particular: “Se fundó en septiembre de 2010 con la idea de cambiar la imagen negativa del emprendimiento Hidden Lake”, contó a Tiempo Eliana Almonacid, referente de la Juventud Radical de Río Negro y ex trabajadora del diario. Aleuy echó a Almonacid y otros cinco compañeros en noviembre del año pasado, por negarse a juntar firmas contra la legisladora del ARI, Magdalena Odarda, para declararla persona no grata por las investigaciones contra Lewis que lleva adelante desde 2005. Además, el medio siempre pagó los sueldos en negro y los trabajadores están en juicio por salarios adeudados. “La directora nos decía que Lewis tenía comprados todos los medios, y el magnate bancaba todo el diario”, dijo Almonacid. Van Ditmar era, en el periódico, el autor intelectual de la línea editorial.
Pero el engranaje más importante es la pata política del respaldo a Lewis. Avalados por la hasta ahora ausente postura del gobernador radical Miguel Saiz, los funcionarios públicos armaron dos frentes para apoyar al magnate. Por un lado, se constituyó virtualmente el grupo de choque encargado de disuadir cualquier protesta contra Lewis. En este grupo ingresan el comisionado de El Manso, Jesús Carro; y el intendente de El Bolsón, Oscar Romera. Romera fue, junto con Van Ditmar y un grupo de civiles pagos, quien estuvo al frente en marzo de 2009 de una represión a una manifestación de la CTA Neuquén a favor de la soberanía argentina en el Lago. Legisladores que investigaron el caso contaron a este diario que, en esa ocasión, y ante la posibilidad de que la protesta llegara a las puertas de la mansión de Lewis, el magnate cerró un acuerdo con la policía: mientras Romera y Van Ditmar frenaban a la CTA y a algunos vecinos, el grupo Bora, la división antimotines de la policía, esperaba en la casa como el último recurso de la represión. Por fortuna, el cuerpo no tuvo que actuar.
De cualquier forma, el fanatismo de Romera tiene una explicación: fuentes cercanas al funcionario contaron que su hija, Nieves Romera, trabaja actualmente en la empresa Lago Escondido y aspira a ser concejal. Junto a Carro, uno de los que hoy está al frente del escrache a la Corte Suprema, Romera es conocido en la zona como cabeza del grupo de “los amigos de Lewis”.
De todos modos, los vínculos políticos son aun más profundos en el segundo eslabón del apoyo gubernamental: el de las habilitaciones y permisos. El titular del Consejo de Ecología y Medio Ambiente de Río Negro, Oscar Echeverría, fue uno de los señalados por Odarda “como uno de los amigos de los poderosos que se están quedando con nuestros recursos naturales”. A pesar de su rol de control estatal, Echeverría vacaciona en la estancia de Lewis, y fue el encargado de decir que el camino público de acceso al lago no estaba en condiciones, cuando en la constatación judicial se probó que lo único que faltan son los puentes, presuntamente derribados por Lewis. Con este ardid, se intentó frenar el ingreso judicial a las propiedades del millonario. De hecho, por estas trabas recién el 19 de marzo, luego de 12 años de lobbies y presiones, la justicia confirmó que Lewis tiene dos mansiones sobre el camino público.
Pero hay más: Sergio Plunket, ingeniero del organismo Vial Rionegrina Sociedad del Estado (Viarse), responsable de controlar los caminos públicos, ejerce además como consultor ecológico privado de Hidden Lake, con un doble rol. Concretamente, Plunket firma las declaraciones de impacto ambiental de los emprendimientos de Lewis. Se hizo célebre por autorizar la construcción del aeropuerto de Van Ditmar en otra zona de la Patagonia. Paradójicamente, y por sostener su teoría de que el camino de montaña –una sinuosa ruta que se hace con baqueanos– puede usarse para llegar al lago sin necesidad de utilizar el que hoy privatizó Lewis, Plunket se accidentó al caer del caballo subiendo una pendiente. Hoy goza de licencia médica.
Otro de los funcionarios vinculados al inglés es Jorge Belacín subsecretario de Tierras y Comarcas del gobierno provincial. Hoy recae sobre él una denuncia del diputado Luis Bardegia, del Foro Rionegrino (una vertiente del Frente para la Victoria), que lo acusa de haber entregado tierras a Lewis para la especulación. “En 2008, Belacín aprobó la venta de un terreno fiscal al titular de la empresa Forestal Rionegrina, José Martínez Pérez, que se la vendió ocho meses después a Nicolás Van Ditmar, violando las leyes de protección de la tierra”, dijo Bardegia a este diario. En la causa se confirmó que Van Ditmar compró inmediatamente con recursos de Lewis, lo cual está prohibido por norma, ya que para evitar la especulación no pueden venderse terrenos hasta luego de cinco años de adquiridos. Actualmente, los fiscales estudian cinco expedientes nuevos respecto de estos procedimientos, en algunos de los cuales también aparecería Lewis.
El caso Lago Escondido dividió aguas además en el seno más concentrado de las decisiones políticas. El tema tensó aún más la relación entre Miguel Saiz y Bautista Mendioroz, vicegobernador de Río Negro. Mendioroz es la voz anti-Lewis frente a la improcedencia de Saiz, y fue quien en los últimos días repudió y denunció las declaraciones de Van Ditmar de proteger a Lewis mediante el uso de las armas.
“Ellos vinieron a Viedma, con una protesta armada, para demostrar que son más fuertes que el Estado, que son impunes”, concluyó la legisladora Odarda en una descripción que pinta el escenario a futuro. Ahora, con el conflicto nacionalizado y con los negocios del magnate al descubierto, todo está en manos de la Corte de Río Negro, que podría expedirse en menos de 10 días respecto a la liberación al público de los caminos que Lewis tomó irregularmente para sí.