La abogada de Sobisch, Laura Cancela, había cuestionado la elevación a juicio porque se realizó sólo con la acusación de la querella, sin acompañamiento del fiscal. Los vocales que integran la sala penal del TSJ, Guillermo Labate y Graciela Martínez de Corvalán, rechazaron sus
argumentos, y ahora a la defensa le quedaría acudir a un recurso extraordinario federal como último mecanismo por evitar que se llegue al juicio oral.
Los hechos que originaron la causa de la “zona liberada” ocurrieron el 30 de marzo de 2006, cuando un grupo de personas que se identificaron como obreros de la UOCRA, pero que en realidad era una patota de punteros del partido provincial, desalojó violentamente al grupo de compañeras y compañeros de ATEN que se manifestaba frente a la destilería de YPF en Plaza Huincul. La imputación al exgobernador se fundamenta principalmente en que a pocas horas de los acontecimientos tres jefes policiales denunciaron que se les había ordenado “no intervenir”, y fue el propio Sobisch quién se adjudicó esta orden en un acto oficial.
Este fallo tiene una vital trascendencia ya que a nuestro entender es un primer paso para lograr sentar en el banquillo de los acusados al ex gobernador y al mismo tiempo una bocanada de aire fresco para el tan cuestionado Poder Judicial, que debe dar señales de real independencia del poder político. Si bien valoramos positivamente el fallo del día de hoy, debemos señalar que aún no alcanza para lograr justicia completa. Para lograrla se debe avanzar en la causa Fuentealba II juzgando y condenando a los responsables políticos e ideológicos que diseñaron el operativo represivo en Arroyito donde fue asesinado nuestro compañero Carlos Fuentealba.
Editoriales ANP
