Argentina, 14 de febrero 2012 (Red Nacional de Acción Ecologista).- Frente a los últimos acontecimientos ocurridos en Tinogasta, Amaicha del Valle y Andalgalá las organizaciones integrantes de la RENACE queremos transmitirle:
En primer lugar que resulta inadmisible desde todo punto de vista que el llamado al debate sobre la minería se realice simultáneamente a la represión de los manifestantes de La Rioja, Andalgalá, Belén, Tinogasta y Amaicha del Valle. No existe ninguna posibilidad de diálogo y mucho menos de debate cuando las fuerzas policiales continúan amenazando a los manifestantes en toda la zona de conflicto. Tampoco resulta favorecedor de la comunicación que se avance en la criminalización de la protesta aplicando la Ley antiterrorista recientemente sancionada e impulsada por el Poder Ejecutivo a los manifestantes de Catamarca.
En segundo término desde la RENACE y junto a cientos de organizaciones sociales de todo el país desde hace años estamos llamando al debate sobre la minería en el marco del necesario y urgente debate nacional sobre el modelo productivo extractivista que solo produce saqueo, destrucción territorial -con abdicación de las economías regionales- y contaminación. Nuestros documentos así lo expresan desde hace décadas.
En el 2009 al llamar a declarar la Emergencia socioambiental en todo el país decíamos: “es necesario que las estructuras gubernamentales y la sociedad en su conjunto debatan sobre estos problemas que amenazan nuestra vida presente y futura, asumiendo los cambios necesarios en la educación; a través de acciones punitivas a aquellos que transgredan; recuperando la Soberanía Alimentaria mediante el fomento de las producciones alternativas; protegiendo la biodiversidad, promoviendo las energías renovables y limpias y modos de producción y consumo que respeten los derechos de los que heredarán este país”. Un país que no puede desarrollarse sin agua, derecho humano básico y bien común, puesto en riesgo con el actual modelo minero.
Por otro lado no podemos aceptar la simplista y descalificante calificación de “ambientalistas” para los manifestantes. Los movimientos sociales y las Asambleas están conformadas fundamentalmente por vecinos que están defendiendo su calidad de vida, sus fuentes de sustento, su entorno y las economías regionales y entre ellos hay ambientalistas, sindicalistas, campesinos, obreros, militantes políticos, amas de casa, todo el amplio espectro que conforma una comunidad y que se expresa de manera no violenta y democrática en defensa de su territorio.
Estamos convencidos que lo fundamental es dar una mirada amplia a la problemática de la minería en la actualidad y comprender que su accionar y el de las corporaciones que la impulsan es el de dar el último asalto sobre nuestros recursos, a los que denominamos bienes comunes, tan comunes con el aire que respiramos. Tal como lo expresa alguien a quien seguramente no tildarían de “ambientalista”, Eduardo Galeano, cerrando su versión de la Venas Abiertas de América Latina de 1978 “No asistimos en estas tierras a la infancia salvaje del capitalismo, sino a su cruenta decrepitud. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. Es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Impotente por su función de servidumbre internacional, moribundo desde que nació, el sistema tiene pies de barro. Se postula a sí mismo como destino y quisiera confundirse con la eternidad”. Junto Eduardo Galeano compartimos que las Venas de América Latina siguen abiertas y es nuestro desafío, junto a quienes lucharon en los 70, es cerrarlas para poder ver a nuestro continente florecer y vivir en paz con nuestros propios bienes, potencialidades e identidad.
El accionar mafioso de estas corporaciones no es distinto al accionar de las corporaciones mediáticas o del “anarco capitalismo financiero” denunciado por usted de el G20. Lamentablemente, y lo hemos denunciado reiteradamente, estas corporaciones tienen cómplices en diversos estamentos gubernamentales y ellos actúan descaradamente en favor de esos intereses que nada tienen que ver con los de nuestro país.
Cuando usted asumió con el 54 % del apoyo popular se comprometió a no gobernar para las corporaciones sino para el pueblo argentino. Creemos que es el momento de hacer efectivo este compromiso poniendo en marcha un proceso participativo y democrático para poner un límite a estos intereses corporativos de la actividad extractiva, en la que van de la mano el monopolio de los agronegocios y la megaminería metalífera hidroquimica a cielo abierto.
En esta dirección creemos que la única manera en que se pueden dar las condiciones para este debate es que:
- Se termine de manera definitiva y terminante con el hostigamiento, represión y criminalización de las protestas sociales en todos los proyectos de minería a cielo abierto en curso.
- Se declare una moratoria a todos los proyectos de minería a cielo abierto hasta tanto el debate amplio llegue a conclusiones satisfactorias para todos los sectores que representan intereses nacionales.
- Se excluya de este debate a todos los sectores que representen intereses corporativos, incluyendo a investigadores universitarios y funcionarios políticos clara y manifiestamente aliados a estos intereses.
- Se de un lugar preponderante en el debate a las comunidades locales ya que son ellas las que sufren los principales consecuencias de estos proyectos.
- Se enfoque el debate desde una perspectiva sistémica, contemplando todos los factores en juego y no se caiga en la simplificación de poner supuestos beneficios como la “creación de fuentes de trabajo” como ejes del mismo.
- Que el debate comprometa la modificación de la legislación existente para adecuarla a las resoluciones que se tomen teniendo como principio de discusión, la renuncia de Argentina al CIADI, y la modificación del Código Minero Argentino, (t.o. 1997 por Decreto N° 456. con modificaciones de la Ley N° 25.225) de modo que sean de aplicación a la actividad minera, todos y cada uno de los artículos que el actual código subroga respecto de otras disposiciones vigentes y reemplazarlas con las normas sobre prevención, salud y respeto a los Derechos Humanos que la Constitución Nacional y las Leyes del Estado Argentino disponen.
Esperamos su pronta respuesta y expresamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a todos los sectores sociales, gubernamentales y políticos que trabajan por una verdadera transformación de nuestra sociedad, convencidos de que este es el único camino posible para que podamos pensar un futuro latinoamericano que se aleje del sometimiento a los designios de los imperios.
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