"Según lo que manifestó, lo hará a través de una comisión interministerial que revisará la rentabilidad de cada sector de la economía para confrontarla con la pauta de aumento salarial que ofrecen los empresarios y la que reclaman los trabajadores.
"Nosotros entendemos que hay sectores multinacionales y grupos concentrados locales que han acumulado desde hace años ganancias extraordinarias y no puede haber interferencias por parte del Gobierno para que los trabajadores disputen la distribución de la riqueza hacia el interior de esos grupos económicos.
"En todo caso, los trabajadores de cada sector saben perfectamente cual es la renta empresaria para tener fundamento al momento de exigir un determinado porcentual.
"Los trabajadores no queremos ningún tipo de intervención estatal en la negociación colectiva. El ejemplo más acabado de ello es el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 324/2011 donde el Estado empleador impone unilateralmente el porcentaje salarial, sin ningún diálogo con los representantes de los trabajadores.
"Ratificamos, por lo tanto, que tal como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, el Estado debe garantizar un “salario digno”, que asegure al trabajador (como lo define la ley) "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión".
"Hay vastos sectores de trabajadores que no están incluidos en los Convenios Colectivos y mucho menos perciben una remuneración acorde a dicho mandato constitucional. Más del 51% de los trabajadores están bajo alguna forma de precarización".
"Por lo tanto reclamamos:
1. La no injerencia del Gobierno ni de ninguna comisión en la negociación colectiva.
2. Salarios negociados libremente y fijados de acuerdo a las necesidades de los trabajadores dando cumplimiento al mandato constitucional de “salarios justos”.
3. Una política de empleo que tienda a incluir a los trabajadores que debieran estar comprendidos en un convenio colectivo pero permanecen en la precariedad laboral" reza el comunicado que lleva las firmas de Pablo Micheli, Ricardo Peidro y José Rigane, secretario general y secretarios adjuntos de la CTA respectivamente.
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