Las venas abiertas de la Cordillera de los Andes
A raíz de la diversificada y estratégica persistencia de los proyectos y acciones de saqueo, pero por otro lado y como contraparte, del visible crecimiento de las luchas de parte de infinidad de pueblos y comunidades en contra de este planificado programa de vaciamiento y aniquilación de la vida, es que desde la Revista y la Red THEOMAI hemos decidido revitalizar este llamado académico y mantenerlo abierto hasta tanto se logre detener este modelo avasallador que, cuando enfoca “tierra”, calcula depósitos de materiales, persigue riqueza concentrada, privatiza la naturaleza y construye murallas mientras nosotros decidimos “vivir” el territorio, lo que implica identidad, ausencia de carreras para engordar economías ajenas, abundancia para todos, vida sana, creatividad social, bienes comunes. Lo último podrá ser considerado utópico, pero lo primero es genocida y no es opción.
Este Llamado Académico, escrito y difundido pocas semanas antes del histórico plebiscito realizado en Esquel y otros pueblos de la Comarca Andina en el año 2003, fue consecuencia de la red social que se formó alrededor del objetivo común de frenar el saqueo y la contaminación, que acredita antecedentes en la lucha contra otros proyectos de explotación y contaminación en la Patagonia Argentina. Se entregó una primera versión de este llamamiento a organizaciones sociales, a universidades e instituciones científicas de todo el país, así como a los gobiernos municipales y provinciales de la región, a los poderes ejecutivo y legislativo del ámbito nacional, y a los diversos medios de comunicación, tanto regional como nacional.
Con los primeros, que respondieron inmediatamente, surgió una alianza y un compromiso profundo. Los segundos (representantes gubernamentales, los “grandes medios”) nunca tuvieron la valentía de acusar recibo, sea para investigar, reconocer o refutar a las objeciones formuladas. La Declaración, a pesar de ello, tuvo una enorme repercusión y ha servido para ampliar la conciencia pública acerca de la minería y el programa de despojo que implica la economía capitalista neoliberal.
A varios años de esa primera manifestación popular de resistencia, hoy se multiplican las manifestaciones de rechazo a lo largo de toda la cordillera y otras áreas del país. Por esta razón se hace imprescindible renovar y profundizar nuestra solicitud de apoyo a la comunidad académica mundial, pues los proyectos mineros en la cordillera de los Andes, junto a otros delirios extractivos, lejos de ser detenidos, avanzan con la impunidad que solo se logra por la extorsión o la violencia del capital.
Los pobladores y organizaciones de la comarca Andino-Patagónica (los municipios vecinos al Paralelo 42 entre las provincias de Río Negro y Chubut) y especialmente de Esquel, han logrado hacer punta en lo relativo a alertar a la opinión pública nacional e internacional acerca las devastadoras características de los mega-proyectos mineros en la región y a lo largo de toda la cordillera. Al día de hoy, casi no queda pueblo en la Argentina que no reaccione frente a esta renovada modalidad de saqueo y cercamiento. Este proceso de movilización social (que se suma de alguna manera a las históricas resistencias de la clase obrera y los sectores populares en contra de la explotación del hombre por el hombre) también ha puesto en evidencia la sorprendente distancia material y mental que todavía existe en nuestro país con respecto a sus recursos y la ignorancia –tanto la que de alguna manera fuera justificable como la que es deliberadamente fabricada- con respecto a procesos productivos o extractivos en gran escala. Con gran parte de la población concentrada en las ciudades no llama la atención que las decisiones estratégicas de esos procesos sean empujados hacia lo que el historiador francés Fernand Braudel llamaba las exclusivas “zonas de opacidad”. Se refería al espacio donde, escribía, “merodean los grades depredadores” y se realizan las grandes ganancias, identificándolo como el “anti-mercado”. ¿Por qué esta referencia?. La mayoría de los “tratados” internacionales actuales son negociados prácticamente a puertas cerradas. Uno de los caso más notorios fue el controvertido y gigantesco “Acuerdo Multilateral de Inversiones”(AMI), suscripto en 1996 por algunos funcionarios argentinos en el nombre de todos y publicitado luego como “la nueva constitución mundial”, nada menos, que cayó bajo la mesa durante el encuentro de la Organización Mundial de Comercio de 1999 en Seattle gracias al naciente movimiento anti-globalización. Pero el lugar del AMI fue rápidamente ocupado por otra serie de medidas de protección a las ganancias, como el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS/GATS) y otros. La naturaleza y toda actividad humana se someten así a las relaciones de poder y a las reglas de comercio transnacional existentes. Estos “tratados”, a su vez, son los que nutren las estrategias para la región, como el ALCA norteamericano o su menos conocida versión europea. ¿Pero por qué tanto manejo tecnocrático? Estas tratativas son sustraídas a la vista de la sociedad porque generan desempleo, devastación ambiental, “efectos colaterales” y externalidades materiales y culturales incalculables, porque desconocen derechos laborales, derechos humanos, pactos internacionales preexistentes y porque solo sirven para concentrar más aún la riqueza en pocas manos. Son impulsados por quienes tienen muy poco que ver con la vida material y el mercado que, en el sentido que le da Braudel, es más contextual, competitivo y tiene menos ganancias justamente porque interactúa y se compromete más con la economía y la sociedad que las alberga. Estos arreglos son ocultados para evitar la crítica social y para anular la competencia.
Es en este contexto que hay que interpretar la firma del Tratado Minero Chile-Argentina gestado durante la presidencia de Menem entre 1991 y 1999, un mega plan de “crecimiento” y “desregulación” que pretende transformar la cordillera de los Andes en uno de los distritos mineros más grandes (y privado) del planeta. Ese “acuerdo” –similar al de otros 70 países “endeudados”- fue oportunamente complementado por una serie de leyes, códigos y normas de “desarrollo sustentable” que protege y asiste al sector con innumerables subsidios, ventajas impositivas y facilidades directas e indirectas. Son hermosas todas estas leyes en cuanto a sus términos, pero son prácticamente inservibles al momento de hacer valer los derechos de los ciudadanos y sus garantías jurídicas colectivas e individuales. Y menos aun sirven para proteger efectivamente el ambiente natural.
El anuncio de emprendimientos extractivos en gran escala podrá tener resonancias positivas para quien no tenga la precaución de investigar en detalle las condiciones concretas pactadas y las consecuencias ambientales y sociales de la minería. “Crecer - dirán- es lo que necesitamos”. Sin embargo ocurriría exactamente lo contrario de avanzar este plan, porque el triunfo estadístico de tal “crecimiento” de la “inversión” solo refleja una fracción del problema. A diferencia del Cerro Rico de Potosí, que lleva más de 4 siglos de explotación, cualquier emprendimiento minero actual puede desplazar montañas de rocas, tierras y escombros en pocos años, generando inmensos cráteres y lagunas artificiales, contaminar cuencas enteras de aguas superficiales y subterráneas. Este plan equivale a cientos, sino miles de Cerros Potosí. La minería actual prácticamente no ocupa gente y menos aún a trabajadores del lugar. En cambio “produce” una descomunal cantidad de residuos tóxicos y constituye una amenaza ambiental permanente, con gran cantidad de accidentes y conflictos documentados en todo el mundo. No responde a necesidades industriales de una economía nacional sino que nutre a otros circuitos industriales y especulativos que poco o nada tienen que ver con nuestras acuciantes necesidades y potencialidades. No solo “deja” insignificantes “regalías” sino que alimenta el destructivo circuito especulativo global, afectando los valores inmobiliarios rurales y urbanos y muchas dimensiones de la vida social y del trabajo, no solo de la zona circundante a cada explotación sino también en las ciudades más alejadas.
El Impacto directo en las regiones afectadas
La explotación minera contaminante y a cielo abierto significaría, lisa y llanamente, la transformación y devastación de una gran cantidad de cerros, valles y estepas, la tala rasa de bosques nativos y el consecuente impacto negativo sobre las poblaciones humanas asentadas en la región y sus actividades económicas a mediano y largo plazo. Afectaría irreversiblemente la calidad del agua. Estas poblaciones viven desde hace varios siglos en base a la utilización de los recursos naturales renovables. La minería en gran escala también implicaría un ataque directo a la base económica, a las visiones del mundo y a la vida de los Pueblos Originarios.
El oro, principal objetivo de los proyectos cercanos a Esquel, ya es extraído con la misma técnica (a cielo abierto) en varios lugares del país: Cerro Vanguardia, Santa Cruz y Andalgalá, Catamarca, son los más conocidos, pero ciertamente no los únicos. El oro, que se usa en un 85% para joyería y finanzas, genera gran cantidad de residuos tóxicos y constituye uno de los refugios preferidos para la especulación financiera especialmente durante las guerras anunciadas.
El proceso de explotación del oro, utilizaría varias toneladas o más de cianuro POR DIA en CADA UNA de las minas (aproximadamente 6 ton. en la proyectada para Esquel, siendo esta una de las minas más pequeñas de la región). Tal despropósito involucra el altamente riesgoso transporte por mar y tierra de ese y otros químicos tóxicos y la posterior liberación de sus productos de descomposición y de metales pesados a los cursos de agua subterráneas, a los suelos y finalmente a toda la cadena alimenticia. La voladura de más de cientos de miles de toneladas de rocas por día y su posterior molienda, además de los problemas inmediatos de polvos en suspensión, dará origen en cada mina a los conocidos drenajes ácidos y a la solubilización de metales pesados, que pueden persistir por siglos, con sus secuelas de irremediable contaminación tanto de las cuencas del Atlántico como del Pacífico.
Esto significaría la incalculable pérdida de calidad de vida, de biodiversidad, de soberanía alimentaria y de potencialidad económica contrariando en forma absoluta cualquier principio de utilización de recursos de una manera ambiental y socialmente sustentable y equitativa. Como contrapartida, el capital especulativo transnacional, necesariamente asociado con un poder político local para llevar adelante semejante atentado, vería rápidamente engrosadas sus ganancias para marcharse una vez el recurso se agote, dejando que los costos y las consecuencias de la devastación, en muchos casos irreversibles, sea asumido por las comunidades locales y regionales.
Argentina, como país centrado en la economía agropecuaria, acredita pocos antecedentes y experiencia en la cuestión minera y las intrigas políticas asociadas. Un mito corriente es pensar el país como un territorio “rico” sin tener en cuenta de qué manera concreta y para qué objetivos esa potencial riqueza sería generada y controlada, con cuales beneficios (y distribuidos luego de qué manera y con cuales principios), cuales son las condiciones laborales y cuales las múltiples consecuencias ambientales, culturales y sociales, sino políticas, de la instalación negligente en este caso de industrias extractivas, sea minería, hidrocarburos, pesca o madera. Creemos es urgente y posible corregir esa carencia, como indica la lucha de la población y las organizaciones de toda la Cordillera y otras localidades directamente afectadas por la minería. Estamos convencidos de que ésta, por su dispersión geográfica, es una causa continental y mundial.
Por todo esto creemos que es fundamental desde el ámbito científico y académico hacer explícito el más amplio rechazo a esta furtiva y gigantesca aventura del capitalismo neoliberal, surgida al amparo de la lógica de la explotación del trabajo y de la naturaleza, y movilizar todos los recursos en pos de detener este devastador atropello ambiental y social. Las múltiples ramificaciones y consecuencias de este tipo de economía extractiva y parasitaria, que alimenta mercados anónimos e insaciables pero no atiende a nuestras necesidades, deben ser investigadas en profundidad y ciertamente no en el marco de las leyes y “acuerdos” que, precisamente, han permitido la privatización de los dictámenes técnicos y excluido la posibilidad de participación directa y vinculante por parte de la población en los procesos estratégicos decisivos.
Editoriales ANP
