La Procuradora General, Liliana Piccinini, recomendó declarar inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo provincial que ratifica el acuerdo agroalimentario con China y que fuera cuestionado por la legisladora Silvia Horne (PJ) por medio de un recurso de amparo. Esto se suma a las innumerables organizaciones ecologistas, productores, gremios, profesionales, estudiantes y vecinos en el Valle Medio quienes el último fin de semana se reunieron para decir no a este acuerdo.
Por Noelia Carrazana
Río Negro (Red Eco).- Las organizaciones sociales y ecologistas de la provincia aseguran que en realidad el acuerdo pretende que todos aquellos pequeños productores y campesinos arrienden la tierra a China, yéndose a vivir a los cordones de las grandes ciudades. Perdiéndose así la posibilidad de elección de los pocos campesinos y aborígenes que aun resisten en sus territorios ancestrales y que eligen esa forma de relación con la Pachamama. Desaparecerían así la pequeña vida campesina por un proyecto productivo a nivel agroindustrial y bajo las necesidades de un país asiático.
Por su parte la titular de la Procuración dictaminó en el amparo caratulado: “Horne Silvia Renee s/ Acción de Amparo (Art. 42 C. Pcial)”, recomendando al Superior Tribunal de Justicia declarar la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1332, de fecha 13.9.2011, publicado en el Boletín Oficial Nº 4968, de fecha 15.9.2011, en tanto el mismo ha sido dictado en exceso de las facultades que la Constitución confiere al Poder Ejecutivo.
También hizo lugar parcialmente a la acción presentada ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dar cumplimiento al art. 181 inc.13 de la C. Pcial., dando el necesario y previo conocimiento a la Legislatura de las pautas del “Acuerdo de Cooperación para el Proyecto de Inversión Agro Alimentario”, el “Convenio de Cooperación para la presentación de una propuesta de inversión para la instalación de una nueva Terminal portuaria en el área del Puerto de San Antonio Este” y Anexo suscriptos entre la Provincia de Río Negro y Heilongjiang Beidahuang State Faros Business Trade Group CO Limitada; dejando a la posterior ratificación de los Representantes del Pueblo rionegrino.
Piccinini sostiene que el decreto del Poder Ejecutivo por el que ratifica el convenio con una empresa estatal extranjera, el cual contiene un objeto y el abordaje de una temática tan trascendente como la de la producción, el agua, la cesión de tierras sin cargo, el compromiso de promover la exención impositiva y la afectación de tierras costeras para la construcción de un puerto a medida de los requerimientos de la empresa estatal extranjera, concesionado su uso por 50 años prorrogables por idéntico período; es un asunto que excede las competencias de este Poder y que debe pasar por la Legislatura.
Agrega que en lo que respecta a la extranjerización (venta, permisos de tenencia o concesionado a manos privadas o estatales extranjeras) deberá tenerse en cuenta el siguiente concepto de “Zonas de Seguridad” que se crean en 1944 como parte de la defensa nacional en materia territorial, específicamente, para las áreas de frontera.
Las organizaciones reunidas el último fin de semana proponen una política de soberanía alimentaria socialmente distribuida, es decir sin agronegocios ni monocultivos y libre de transgénicos para lograr la diversificación de alimentos, en defensa de la economía regional. Proponen sustituir los cerca de 700 millones de dólares al año que gasta la población de la provincia en alimentos y bebidas -"generalmente chatarra", afirman- con redes productivas y mercados locales.
Indicaron que “delegar a corporaciones qué se produce, cómo, para quién y a qué precio y condiciones se comercializa no es una opción, ya que mientras en Europa discuten cómo manejar su crisis financiera, nuestro blindaje concreto es recuperar protagonismo económico, recuperando la autonomía, la productividad y la creatividad social, de abajo hacia arriba y no al revés". Creen que ofreciendo un horizonte a quienes trabajan, con encuentros productivos, comercio local y educación integrada a una región se puede "sustituir el modelo extractivo actual por una economía socialmente justa y ecológica, basada en mercados locales".
Y esto no es un simple parecer de personas que están en contra del modelo del monocultivo, sino que también existen datos que corroboran sus denuncias. Javier Lewkowicz escribió en el diario Página 12 que “los excedentes de capital que inflan los precios de la tierra y las propiedades, en gran medida son los que deja el agronegocio”. El dato en el que se basa es que según cifras oficiales, en el país hay 2.500.000 de viviendas deshabitadas. En la Ciudad de Buenos Aires, las unidades desocupadas llegan a 341mil, equivalentes al 25 por ciento del total”.
Fuentes: ADN, Pagina 12
Editoriales ANP
