También se hizo una explícita denuncia contra el CODEMA (Consejo de Medio Ambiente) de la provincia de Río Negro, por la suspensión infundada de la Audiencia Pública por el Tren de Potasio, convocada para el 20 de diciembre de 2010 en Chinchinales, y por no responder al pedido de acceso a la información sobre el expediente correspondiente, solicitado por Ecosur y Foperma. Se ha constatado, además, que en el Resumen Ejecutivo por el Tren de Potasio, entregado para la Audiencia Pública convocada por el CODEMA, son evidentes los errores en la caracterización del territorio recorrido por las vías férreas y la manipulación de datos, incumpliendo de esta forma las normas básicas de presentación de la información de Evaluación de Impacto Ambiental.
-La complicidad que podemos definir como estructural entre estado y empresas se visualiza, además, en los discursos de las autoridades políticas que presentan a las empresas petroleras y mineras como portadoras de beneficios y desarrollo para las comunidades, cuando en realidad lo único que se “desarrolla” realmente son las ganancias de las empresas, que entablan alianzas estratégicas con los estados provinciales que se convierten en garantes de la impunidad con la que operan para mercantilizar la vida y los territorios.
-También se ha evidenciado la inacción de los poderes políticos locales frente al comportamiento de las empresas transnacionales, tal como se desprende del informe presentado por la fiscalía del caso PAS al relatar que fue una jueza canadiense la que dispuso el cambio de titularidad de un dominio originario de la provincia de Chubut, sin ninguna intervención de autoridades provinciales. Citamos: “¿Con qué autoridad se pasa por encima de la soberanía argentina? Ni la dirección de Minas y Geología de Chubut, ni funcionario alguno, han emitido el menor comentario sobre el particular. ¿Quién debe velar, acaso, por la integridad de nuestro patrimonio?”.
-En relación a la industria petrolera, las leyes y decretos oficiales elaborados por los poderes políticos han beneficiado a las empresas, permitiendo libre disponibilidad, exportación e importación de petróleo crudo, eximiéndolo del pago de cualquier tipo de arancel o retención; libertad de comercialización de petróleo crudo y derivados; desregulación de los precios intermedios y finales del mercado; libre instalación de refinerías y bocas de expendio; libre convertibilidad en divisas de los ingresos; licitación de áreas centrales y marginales de YPF, convirtiendo los contratos de exploración y explotación en concesiones o asociaciones; creación de un sistema mediante el cual las propias empresas debían declarar el nivel de reservas sin ningún control por parte del Poder Ejecutivo; venta de parte de los activos de YPF (refinerías, buques, ductos) y prórroga anticipada de áreas de explotación de hidrocarburos.
-La connivencia entre las políticas de estado y los intereses de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los funcionarios locales, también se puede observar en los proyectos relacionados con la Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), como la construcción del Tren de Potasio y la ampliación y concesión de la terminal portuaria, infraestructura necesaria para trasladar la producción de la empresa Vale SA. desde el área de explotación al puerto de exportación hacia Brasil. Estos proyectos de infraestructura facilitan el saqueo de las empresas transnacionales y en el caso de Vale, esta empresa se ve favorecida por los grandes tendidos eléctricos (caso de la Línea Comahue-Cuyo) hasta las bocas de las explotaciones; la construcción de la represa Chihuidos I, con garantías del Anses y del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Brasil; la ampliación de la Ruta Nacional 22, en el área de conexión con el ferrocarril de Potasio, los accesos ferroviarios al puerto y rotondas; el asfalto de la Ruta Nacional 40 en el tramo límite de la provincia de Neuquén hasta Malargüe; la remodelación de accesos a la ciudad de Bahía Blanca; y la ampliación del puerto de Ingeniero White. A estas obras de infraestructura se agregan otras que favorecen a las corporaciones en general como la creación de rutas bioceánicas y la generación de energía mediante mega emprendimientos hidroeléctricos, plantas nucleoeléctricas y el uso de energías de carácter contaminante como el gas no convencional. Se trata de megaobras costeadas por los gobiernos, a través del financiamiento de organismos internacionales, como el BID, Bandes, Fonplata, CAF (Corporación Andina de Fomento), entre otros.
-La complicidad de los medios masivos de comunicación con las empresas es observable en los mensajes trasmitidos en relación a los beneficios que traerán los proyectos empresariales, entre ellos la generación de empleo y la recuperación de las golpeadas economías provinciales, ocultando los impactos negativos que estos proyectos han traído en otros territorios del país y del mundo y/o en los propios territorios donde ya comenzó la explotación extractivista.
-La complicidad de algunas universidades públicas con las empresas transnacionales se constata en el comportamiento que desempeñan las primeras, en relación a ocultar, tergiversar o producir conocimiento científico o informes técnicos que favorecen a las empresas y/o aceptando fondos provenientes de empresas mineras que contaminan nuestros territorios. De esta forma, se produce una colonización de la producción científica por parte de intereses privados, manipulando, en muchas ocasiones, los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental en sentido favorable a los intereses transnacionales.
A su vez, este tribunal ha verificado la ejecución de las siguientes estrategias empresariales implementadas con el objetivo de maximizar sus ganancias y profundizar el modelo neoextractivista imperante:
-La articulación entre diferentes explotaciones extractivas que permiten consolidar el modelo económico imperante, como el acuerdo Vale-Repsol, para la provisión del gas necesario para explotar el Proyecto Potasio Río Colorado. A lo largo de este juicio se ha podido constatar que dicho emprendimiento tiene como objetivo abastecer a las producciones de soja, caña de azúcar y palma aceitera en Brasil, ya que las tierras de ese país carecen de potasio, que es utilizado como fertilizante, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de los agronegocios y en especial de la producción de agrocombustibles. Así, este proyecto colabora con el desmonte de la zona amazónica y el Matto Grosso, y junto con ello, con la desertificación de uno de los pulmones del mundo.
-Las empresas transnacionales implementan la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), con proyectos y programas comunitarios que les permiten realizar un lavado verde de su imagen y desarrollar políticas de cooptación y asistencialismo respecto de las poblaciones afectadas por sus explotaciones. Un ejemplo es el rol que cumple la Fundación Cruzada Patagónica que posee dos establecimientos educativos y cuenta con el aporte económico de varias petroleras, entre ellas YPF y PAE. Paradójicamente, varios de los niño/as que concurren a esos establecimientos educativos provienen de las comunidades que son afectadas por la explotación de hidrocarburos.
En el caso de PAS, la compra de voluntades de los integrantes de las comunidades mapuche quedó de manifiesto en la última actualización del Informe de Impacto Ambiental, en la cual se proponen como lineamientos de acción establecer canales de comunicación con los grupos opuestos a la actividad minera, realizar convenios sobre la base del reconocimiento de la identidad étnica, continuar con el programa de mejoramientos de las comunidades y el de información, participación y consulta. Estas políticas, que buscan la licencia social para las empresas, se desarrollan a partir del conocimiento de que esas comunidades han participado de todas las asambleas y marchas que se realizan desde 2009 en contra del proyecto.
La empresa transnacional Vale también tiene iniciativas de intervención social sobre las poblaciones indígenas y campesinas afectadas en sus territorios por las explotaciones mineras; entre esas iniciativas se encuentran programas de salud y asistencia social aplicados en comunidades indígenas de distintos estados brasileños donde opera la empresa.
-Otro aspecto a destacar de la RSE son los proyectos de forestación con especies exóticas de coníferas en zonas cordilleranas, desarrollados por empresas petroleras como YPF y Chevron, que incrementan los monocultivos forestales en campos de veranada de las comunidades mapuche y crianceros criollos. De esta manera, se generan conflictos territoriales por la afectación de las rutas de trashumancia y la reducción de los espacios de pastoreo, además de impactar sobre el bosque nativo expuesto al avance colonizador de estas especies exóticas.
A su vez, la empresa Vale Florestar SA promueve también la reforestación con especies nativas y exóticas en áreas degradadas. Esta empresa subsidiaria de la Vale actúa en áreas de la región amazónica donde la expansión de actividades “productivas” acarrea el desmonte de la vegetación.
-Las empresas transnacionales poseen fundaciones que realizan donaciones a instituciones públicas y asociaciones civiles, con el propósito de lograr la licencia social necesaria para operar en los territorios. En el caso de YPF, esta empresa ha financiado encuentros de conservacionismo y proyectos de protección de áreas protegidas, además de intervenir en el área de la cultura a través del YPF Destino Rock (concurso de rock para bandas en ascenso).
A su vez, la Fundación Vale sirve a la empresa para desarrollar y financiar programas que promueven la “sustentabilidad” de la minería en los territorios en los que actúa, así como políticas destinadas al desarrollo integral de la juventud con programas educativos para adolescentes.
-Entre las estrategias implementadas por las empresas se destaca la criminalización y judicialización de la protesta social, la represión y las amenazas ejercidas sobre las poblaciones que se niegan a la implementación y/o avance de los proyectos empresariales. Es la respuesta empresarial, con el apoyo y la complicidad de los organismos estatales, al surgimiento de resistencias populares por parte de asambleas y foros socioambientales, comunidades de pueblos originarios y poblaciones afectadas, que han implementado diversas formas de lucha contra el avance de las corporaciones transnacionales, como bloqueo del ingreso de las empresas a sus territorios, paralización de sus actividades, cortes de ruta, denuncias públicas y judiciales por casos de contaminación probada o probable, entre otras. A su vez, esas resistencias y los cuestionamientos a las empresas han generado el surgimiento de espacios de articulación de organizaciones y movimientos populares de distintas regiones del mundo, como es el caso de Afectados por la Vale.
En el caso de la industria petrolera, los conflictos desencadenados entre empresas del sector y las comunidades mapuche, por concesiones, exploración o explotación en territorios ancestrales han tenido como respuesta la represión y judicialización de integrantes de las comunidades, como en el caso de la comunidad Lonko Purán en la zona centro de Neuquén. En algunos casos, la justicia ordinaria ha fallado a favor de las comunidades como en el conflicto entre la Petrolera Piedra del Águila y la comunidad Wenctru Trawel Leufú, de Picún Leufú, en el cual el amparo presentado por la empresa para poder entrar en la comunidad fue rechazado por la justicia invocando el derecho a la consulta, contenido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
-Acompañando a estas estrategias, también se viene implementando la militarización de los territorios en conflicto. En estas estrategias represivas participan tanto fuerzas de seguridad públicas como privadas, demostrando nuevamente la complicidad de los poderes políticos en la defensa de los intereses empresariales, al poner al servicio de esos intereses las fuerzas de seguridad públicas que deberían proteger los derechos de las poblaciones a una vida digna.
En el caso de las empresas petroleras, se viene dando un despliegue de las fuerzas de seguridad para reprimir las demandas de las comunidades indígenas, organizaciones sociales y trabajadores petroleros, que afectan la producción de los yacimientos o instalaciones de procesamiento o transporte de hidrocarburos. A su vez, en la provincia de Neuquén se han movilizado patotas vinculadas al sindicato petrolero y al Movimiento Popular Neuquino para reprimir demandas sociales en general y demandas del pueblo mapuche en particular.
Con estas denuncias como guía, este tribunal propone para aquellas corporaciones que vienen actuando en las etapas de prospección, exploración y explotación de yacimientos:
-Trabajar en la creación de una instancia judicial ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, además de la obligada remediación de las labores extractivas.
-Demandar al estado argentino y los gobiernos provinciales para que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados; que aseguren un acceso rápido y eficiente a la justicia y la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente; que impulsen que el sistema judicial lleve a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades; que apliquen medidas que permitan respetar el principio del consentimiento libre, previo e informado de los actores sociales en general y de los pueblos indígenas en particular, así como el principio precautorio, cuando se intenten proyectar inversiones de capitales y políticas de desarrollo que puedan producir efectos negativos sobre el territorio y los derechos de las poblaciones; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los derechos humanos y que rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos.
-Solicitar la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios, que no hayan sido sometidos al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, con el objetivo de respetar las normas internacionales que defienden sus derechos y que fueron ratificadas en nuestro país.
-Suspender los megaproyectos referidos a megaminería, explotación de hidrocarburos y desarrollo de monocultivos, hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.
A su vez, este tribunal resuelve:
-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, como antiético y violatorio de los derechos humanos, al modelo neoextractivista y productivo que impera en nuestra sociedad y que tiene en las empresas transnacionales uno de sus principales protagonistas. La promiscuidad del modelo extractivo minero impacta ferozmente en ecosistemas y comunidades durante las tres etapas de prospección, exploración y explotación, con el sistema “a cielo abierto” y brebajes químicos, reactivos tóxicos de lixiviación, que destruyen economías regionales, exprimen suelos, humedales y cuencas hidrográficas no renovables.
-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, las formas de operar de las empresas transnacionales, ya que las enjuiciadas en esta audiencia se consideran una muestra representativa de la conducta de muchas otras presentes en este y otros territorios. Este tribunal ha podido constatar sus prácticas de violaciones de derechos fundamentales de las poblaciones y de la naturaleza, así como la violación de normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones, así como los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, la complicidad y garantía de los poderes políticos en todos sus niveles, de los medios masivos de comunicación y de algunas universidades públicas, con las formas de operar de las corporaciones transnacionales, que generan graves impactos en la calidad de vida de numerosas comunidades y las privan de los recursos básicos necesarios para una vida digna. Las autoridades políticas tienen, a su vez, la responsabilidad por la omisión de medidas a su alcance que podrían modificar la situación actual. Las políticas implementadas desde los estados, como establecer marcos legales e institucionales favorables a las empresas y omitir la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las poblaciones, incrementan el poder de las empresas transnacionales y refuerzan su impunidad, de tal manera que los gobiernos se convierten en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que esas empresas cometen. Además, en muchas ocasiones, esos marcos legales e institucionales hacen jurídicamente imposible para las víctimas prevenir e impedir esas violaciones y obtener una reparación por sus consecuencias.
-Incentivar a las comunidades, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afectadas, a lo/as trabajadore/as y a todas las víctimas del “modelo de desarrollo” que imponen las empresas transnacionales a profundizar su organización, a resistirse y a movilizarse en defensa de los derechos humanos y ancestrales, por la autodeterminación y la soberanía popular, y en resguardo de sus territorios, su cultura, su identidad y sus formas de vida, contra la mercantilización de la vida que implica el modelo neoextractivista que se profundiza en nuestro país.
Conforme a estos enunciados, el Tribunal del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales que se llevó a cabo en la Patagonia exigió, de manera imperativa, que las corporaciones sean expulsadas de los territorios y obligadas a la restitución-remediación del ecosistema tal como lo encontraron al momento de iniciar su explotación, decisión unánime de las comunidades afectadas.
Fuente: Observatorio Petrolero Sur.
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