Al comenzar la represión se habría logrado avisar a la Pastoral Penitenciaria que rápidamente se hizo presente, pero las autoridades del penal se negaron terminantemente a autorizar el ingreso del sacerdote Carlos Morena, este se contactó rápidamente con la APDH, que se hizo presente. Después de 2 horas y solo a través de un fuerte reclamo a las nuevas autoridades provinciales se logró la autorización de Almendra para entrar.
Al ingresar los representantes de la Pastoral Penitenciaria y de los organismos de Derechos Humanos pudieron constatar que no había signos de peleas internas ni de colchones quemados, en su lugar pudieron ver a 9 internos con importante signos de haber sido puestos boca abajo y golpeados en la espalda.
El sub jefe a cargo manifestó que tenían a un preso de apellido Painefil encerrado en el "buzón" y que no se lo podía ver porque estaba sumamente agresivo, ante la insistencia del sacerdote Morena, Almendra accedió diciendo que tuviera mucho cuidado por la agresividad del recluso, pero el sacerdote pudo constatar en realidad que Painefil se encontraba sin luz, tirado con las esposa puestas, y molido a palos, además de presentar signos de estar dopado.
Cuatro reclusos fueron trasladados al Hospital para su atención, entre ellos Bonnefoi, mientra tanto Rubén Marigo de la APDH reclamó que la forma de actuar de Almendra es ilegal desde todo punto de vista ya que se debe dejar pasar a los organismos de Derechos Humanos solo con la orden del juez, y en este caso se buscó obstaculizar y ganar tiempo, evidentemente para que no se pudiera ver lo que estaban haciendo adentro.
Marigo denunció la negativa de los responsables del penal para el ingreso y subrayó que el juez Calcagno llegó después "porque no le avisaron". Al ingresar pudieron conversar con los internos que negaron la versión oficial de una riña con quema de colchones, acto seguido se recorrieron las celdas y realizaron fotografías. Seguidamente llegaron el médico forense y el fiscal que a su vez pudieron constatar las lesiones de los internos que se denunciarán a las autoridades provinciales la próxima semana.
"Esperamos que pronto se ponga en marcha el comité contra la tortura. Esto tiene que ver con el funcionamiento de la alcaldía que venimos denunciando hace años. Le hemos presentado un informe a las autoridades actuales y tenemos esperanza que la nueva gestión pueda cambiar esta situación", aseguró Marigo para después asegurar que luego de la reunión mantenida días atrás con organismos de derechos humanos evalúan que el nuevo gobierno "ha demostrando una actitud diferente". "Tenemos esperanza en que esta nueva directiva termine el sistema de depósito de personas que es hoy la alcaldía así que veremos qué respuesta hay de la Justicia ante esto que pasó".
Tanto los internos como la Pastoral Penitenciaria y los organismos de derechos humanos coincidieron en que esta represión brutal e ilegal muy difícilmente se habría podido producir si hubiera estado presente Manuel Poblete, Jefe del Penal, pero al estar de vacaciones la dirección de la institución quedó a cargo de Almendra.
El juez Calcagno tan cuestionado en otras causas quedó a cargo de esta actuación junto al Fiscal Fernandez.
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