Representantes de Pueblos Originarios y diputados nacionales dieron una conferencia de prensa ayer por la tarde en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados, para exigir a todos los bloques con urgencia el tratamiento del Convenio 169 de la OIT, y así tenga rango constitucional, el cual busca el reconocimiento de los Derechos Humanos de las Comunidades como deber del Estado para garantizarlos, incluirlas en la legislación, políticas públicas, consultarlas cuando se vean afectadas y respetar su integridad. El proyecto de ley comenzará a ser tratado en la próxima sesión de cámara de diputados, en la que tendrá preferencia. Desde varios puntos del país los reclamos por abandono y avasallamientos quedaron expuestos.
Por Amalia Colombo
Buenos Aires, Martes 15 de Noviembre de 2011 (AW).- "La causa indígena todavía está en la banquina de la historia", comenzó diciendo Laura Laciar Secretaria de relaciones con Pueblos Originarios de CTA Capital, antes de ceder la palabra al Félix Díaz, Qarashe de la Comunidad Qom Potae Napocná (Garra de Oso Hormiguero) Navogoh (La Primavera) de Formosa, quienes la semana pasada volvieron a sufrir un atentado de parte de tres empleados de los terratenientes Celia, una de las patas criollas de Formosa, que junto con el Gobierno de Gildo Insfrán, y el Parque Nacional Río Pilcomayo se fueron quedando con las tierras ocupadas ancestralmente por los Qom. El nieto y el hijo de Díaz salieron ilesos de las balas que les propinaron.
Sobre la actuación de Gendarmería que fue puesta para cuidarlos, luego de ser emitida la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la denuncia presentada el 23 de noviembre de 2010 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que exigía al Estado Argentino la protección de los indígenas "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales", Díaz dice que "no pueden actuar porque es jurisdicción provincial".
Conflictos al Norte
"Nosotros que vivimos en el interior del país somos los que más sufren y los que más protección y garantías necesitamos del Estado. En este tiempo que venimos luchando por la recuperación de nuestro territorio del cual fuimos despojados en 2007, tuvimos solo respuestas negativas, dijo Díaz.
Originalmente la extensión de 5178 hectáreas que habitaban las 800 familias Qom, fueron siendo usurpadas.
"Cuando salió la ley 26.160 (de Comunidades Indígenas, la cual declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes, y que fue sancionada el 1 de Noviembre de 2006, y promulgada el 23 de Noviembre de ese mismo año) teníamos una esperanza, pero hicieron (los funcionarios) todo lo que no tenían que hacer: violaron nuestros derechos, mataron un hermano, recibimos muchas causas penales por reclamar, y que aun hoy soportamos. Y encima de todo eso quemaron nuestras casas, perdimos todas las pocas cosas que hemos tenido", relató Díaz.
No obstante, dijo que continúan esperando que el Estado Argentino actúe a favor de ellos, sin creer en los informes del Gobierno Provincial que "solo dice mentiras con respecto a la situación en la que nos encontramos".
"Creo que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un derecho fundamental para que se pueda aplicar en serio formando parte de la Constitución, y que sea el garante de nuestros derechos que han sido pisoteados", remarcó Díaz.
El próximo miércoles se cumplirá un año de la represión que soportaron los Qom cuando se encontraban cortando la ruta Nacional 86 por la restitución de las tierras. Díaz da cuenta que todavía, algunos de los integrantes Qom, llevan las secuelas, literalmente en sus cuerpos: "Samuel Garcete y Eugenia Gómez siguen inválidos, postrados en su camas, como producto de lo ocurrido". También dijo que uno de ellos tuvo que buscar asistencia medica en Chaco. Esto se debe, como lo ha dicho en otras oportunidades, a que el sistema de salud de Formosa jamás funciona para ellos: "Cuando tenemos que llevar a un enfermo viajamos kilómetros y kilómetros y cuando llegamos no está el medico, cuando está el medico no hay medicamentos; cuando fallece un hermano no hay como comunicarle a la familia".
Nelly Serrudo, referente Quechua de la Comunidad boliviana en Argentina expresó su anhelo de que de una vez por todas, los Pueblos Originarios puedan ser incluidos dentro del proyecto Nacional y Popular, que promociona el Gobierno Nacional.
Sobre Chaco, el Diputado Nacional por Proyecto Sur, Jorge Cardelli, habló de un acuerdo entre el Gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich y una empresa árabe para poner en marcha un emprendimiento que va a implicar inclusive el talamiento de bosques en el impenetrable, y por el cual la comunidad no fue consultada. "El primer derecho que se afecta es el de la consulta", indicó.
Conflictos al sur
Gabriel Colipi mapuche, ocupa la secretaría de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA fueguina: "El mensaje que traigo desde Rio Negro, Chubut y Tierra del Fuego es que se están avasallando nuestros derechos. Por ejemplo en Neuquén no se reconoce a la Confederación Mapuche. Y hace poco el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) firmó un convenio con el Gobernador de esa provincia, Jorge Sapag y nos dejó afuera por el tema del relevamiento territorial y de distintos proyectos".
Diputados a sus bancas
En números son 33 comunidades las que están afectadas. "El Gobierno de Misiones junto con el de Paraguay han acordado el proyecto de la represa de Garabí y esto significa que muchísimas poblaciones van a tener que irse de los lugares donde están viviendo en la actualidad; pasó con Yaciretá por lo que miles de familias todavía están sin un lugar fijo donde vivir", aludió Cardelli en una de sus intervenciones.
En Catamarca, prosiguió Cardelli, a la minera la Alumbrera como se le acabo el agua de un lugar, la tienen que sacar de otro, y para lograrlo van a producir un desplazamiento de gente. También nombró el caso del sitio sagrado indígena en Punta Querandí, Tigre, donde también quieren poner un emprendimiento inmobiliario y los "compañeros están luchando para impedirlo".
Además en esta misma línea, explicó que si se sigue adelante con la extracción de litio del salar de la Salina Grande, las comunidades van a ser movilizadas y van a perder el derecho a su tierra. Por esta cuestión la Comunidad de Santa Ana de la Puna, del departamento jujeño de Cochinoca presentó en el Juzgado de Minas un acta-documento en el que expresa su rechazo a "mega emprendimientos mineros".
En tanto, otro grupo de comunidades de Jujuy y Salta, está trabajando en la presentación de un recurso de amparo ante la Corte Suprema de la Nación.
Los pobladores de la Puna se apoyan en informaciones y estudios que muestran que la extracción de litio requeriría el bombeo de miles de litros de agua al día de los mantos subterráneos de los salares, que luego son evaporados para obtener el mineral, lo que costaría en un consumo diario de entre 33 y 35 millones de litros de agua dulce.
"Que aporten recursos porque muchos pueblos pasan hambre y para el desarrollo de las culturas, ya que una de las que más está amenazada son las lenguas originarias. No se resuelve solo con palabras sino con un compromiso del Estado Nacional en este sentido", concluyó Cardelli.
Seguidamente Alcira Argumedo, diputada por Proyecto Sur habló no solo de los derechos que no se cumplen para los originarios, sino también que reivindicó su fortaleza para resistir desde hace 500 años a la humillación, la expoliación, el maltrato y la masacre con la que se promovió la colonización, e hizo un especial llamado a los sectores del Parlamento, que son reticentes a estos problemas, "tal vez afectados por intereses espureos como la minería a cielo abierto, los pools de siembra y otras formas de depredación de nuestra tierra que va actuar en detrimento del conjunto de los argentinos".
La diputada Silvia Vázquez del Partido de la Concertación - Forja, autora del proyecto, señaló con vehemencia: "Una se tiene que preguntar qué nos pasa a los políticos, a los argentinos cuando tenemos una deuda que lleva 200 años y seguimos mirando para el costado sin tener en cuenta este reclamo. Los despojamos de sus tierras durante la colonización, y después de habernos constituido como Nación. Entonces cuál es la excusa para que no reparemos las deudas del pasado sino que se sigue hostigando a las Comunidades, y por qué el Estado Nacional y los estados provinciales continúan con una política extractiva de recursos naturales que sin lugar a dudas es la clave por la cual el Congreso Nacional no ratifica la Convención".
También expuso: "A mi me da asco y vergüenza estar terminando mi mandato, porque fue parte de mi juramento el día que asumí impulsar leyes como lo hicieron otros diputados, sin que se pongan punto final a la tragedia que sirva como reparación y que reconozca en su diversidad cultural, su derecho a la tierra".
Remarcó que "No nos tenemos que ir el 10 de diciembre sin haber cumplido con esta misión. Porque lo contrario implicaría que todo el trabajo que hicimos que llevó dos años de estar batallando para conseguir hasta el quórum en la Comisión de Población se pierda por completo y otra vez el año empiecen de cero para tardar 20,30 200 años empezando de nuevo".
Finalmente adjudicó la responsabilidad al conjunto de la población, incluida la prensa para lograr esa sensibilización sobre el tema o "por lo menos para que los demás diputados se saquen la careta y el que no tenga convicción para acompañar el reclamo de los Pueblos Originarios, lo diga y lo debata".
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