Buenos Aires (Partido Obrero).- El jueves 3 de noviembre, por la mañana, se realizó una audiencia pública en la Cámara de Apelaciones Criminal y Contravencional Penal para decidir en qué jurisdicción va a continuar la causa de los policías involucrados en el crimen de Mariano Ferreyra. Es que la defensa de los policías reclamaron que las actuaciones sean pasadas a la Justicia contravencional de la Ciudad. Ante el rechazo de este pedido, por parte de la jueza Wilma López, los defensores apelaron la resolución.
Una nutrida delegación del Partido Obrero, con la presencia de Néstor Pitrola y Gabriel Solano, se concentró frente a los Tribunales de Viamonte para acompañar el rechazo al cambio de jurisdicción que llevaron adelante en sus intervenciones las abogadas querellantes Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú, representantes de Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez en la causa. En los próximos días podría conocerse la resolución.
En el discurso de cierre de la actividad, Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero se dirigió a todos los presentes señalando “Lo que está en juego en esta decisión es si se avanza en determinar las responsabilidades de una policía que actuó coordinada con la patota y preparó y liberó el escenario de un crimen político” Y continuó “Si la causa pasa a la jurisdicción de la Ciudad, los policías serán juzgados por un delito contravencional, es decir absolutamente menor. Se perdería la posibilidad de ser juzgados como partícipes necesarios del crimen, lo que está demostrado en decenas de declaraciones que los testigos hicieron en la causa”. Pitrola concluyó “la policía es vertical, actuó por órdenes superiores y los superiores dependen de funcionarios políticos, se está buscando ! salvar responsabilidades fundamentales”
Claudia Ferrero, por su parte, señaló “El cambio de jurisdicción sería un paso definitivo hacia la impunidad policial” “La primera decisión, en este sentido, fue separar esta causa de la causa madre, la cual concluía que el ataque de las patotas formaba parte de un plan premeditado. Este mismo hecho sirvió para minimizar el accionar policial caratulando su procesamiento bajo la figura de “abandono de persona”, como si hubiera habido una negligencia y no una zona liberada, como estamos denunciando desde nuestra querella”, concluyó Ferrero.
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