El Bolsón (Agenda Qué Hay).- “El próximo paso es conseguir la ley de Identidad de Género”, que abriría la posibilidad de que en los DNI de travestis y transexuales conste el nombre que deseen tener. Las declaraciones de Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Travestis y Bisexuales (LGTB), condensaban el espíritu del gran movimiento nacional que lucha por la libertad sexual.
Paulón fue uno de los panelistas que participaron en la mesa redonda del jueves 6, en FM Alas. Haciendo una revisión histórica, explicaba en términos de proceso el largo camino de ampliación de libertades que empezó en 1987 con la ley de Divorcio y que continuó dos décadas después con la ley de Matrimonio Igualitario. Hay que recordar que esta ley no sólo reconoce el derecho a casarse “con independencia de que los contrayentes sean del mismo o diferente sexo” (artículo 2); también significa otro avance importante en el camino hacia la igualdad de género, como lo ejemplifica el artículo 38, que quita a la mujer casada la obligación de llevar el apellido de su esposo luego de la preposición de, que remite significativamente a un sentido de posesión por parte del hombre que, por ende, cosifica y degrada en el plano del lenguaje a las mujeres.
“Que exista la ley es un logro, pero ahora la letra hay que hacerla cumplir”, afirmó. Hay fuertes resistencias en distintos reductos del entramado social, en algunos casos más visibles que en otros. “En Neuquén, por ejemplo, todavía se sigue penalizando el travestismo, en claro contraste con el espíritu de la nueva ley de matrimonio; hay ese tipo de contradicciones.”
En este sentido, la oposición de los sectores más reaccionarios del catolicismo deja de manera muy notoria su impronta de cruzada fundamentalista y contrarreforma. “En algunas provincias –se lamentaba Esteban Paulón- el precio por dar el voto a la ley de Matrimonio Igualitario fue compensar a los intereses de la Iglesia con concesiones en la educación pública, como pasó recientemente en Córdoba y en Tucumán, donde se incorporó catecismo como materia.” Jurisdicciones que se suman así a la provincia de Salta, donde la educación religiosa integra los planes curriculares de las escuelas públicas estatales desde hace años, a pesar de que la ley nacional 1420, sancionada en 1884 por impulso de Domingo Sarmiento (quizás una de las cosas que haya que rescatar de este controvertido personaje histórico), establece claramente que las escuelas del estado deben ser laicas.
Claudia Pía, activista trans y funcionaria del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia) también participó de la mesa. Repasando su vida, habló de sus inicios en la prostitución y de su temprana convivencia con el virus VIH, del despertar de una conciencia de lucha cuando, usando una imagen suya que resume todo un campo de injusticias, se dio cuenta de que la sociedad jamás le ofreció otra cosa que una esquina. Ni estudios ni trabajo, una esquina.
“El objetivo de nuestra lucha ahora es que se reconozca que tanto travestis como transexuales son identidades”, recalcó Pía. Dentro del movimiento LGTB, las travestis son las que más sufren el impacto de la discriminación, que suele concretarse en violencia física, porque son las más visibles. “Tenemos dos grandes amenazas –detalló la militante-: el VIH y el estado. Estamos expuestas más que nadie a contraer el virus del SIDA, porque la sociedad no nos deja otra salida que no sea la prostitución, y más si crece la pobreza. Y estamos expuestas al maltrato institucional, de la policía esencialmente. Como nuestras identidades y nuestros derechos no están aún reconocidos, somos para ellos un blanco débil.”
Las palizas y violaciones a travestis, de hecho, son historias repetidas en las comisarías de todo el país. Claudia Pía pasó tres años en la cárcel, acusada de un delito que no cometió, y eso pudo suceder sólo debido a que los travestis no tienen estatus de ciudadanos. Y al vacío legal se agrega la ridiculización de la identidad trans que hacen los grandes medios de comunicación masiva.
Hay otro punto crítico: la ausencia en el ámbito de la salud pública de asesoramiento sobre implantes y operaciones, lo que lleva a muchas a caer en tratamientos sumamente nocivos para el cuerpo.
Por eso el paso siguiente de esta estrategia política que comenzó con la ley de Matrimonio Igualitario será hacer realidad la ley de Identidad de Género y de Atención Sanitaria que, afirmaron con optimismo, “saldrá antes de que termine el primer cuatrimestre de 2011”.
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