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miércoles, 4 de agosto de 2010

A LOZADA LE TOCÓ LA HORA DE PAGAR: "LA SANTA INQUISICIÓN"

(www.mensajerodigital.com - por Fernando Fernández Herrero).- Lozada molesta, le llegó la hora de pagar, de expiar sus pecados.
Lozada muestra que otra actitud es posible dentro de la justicia, que un juez puede mezclarse con las víctimas, embarrase los zapatos, que confundirse con el pueblo es también una forma de que la justicia sea más digna, muchos de los otros jueces no conocen los barrios humildes de la ciudad, Lozada si, y cuida los derechos de las personas por sobre los de los viene materiales. A Lozada lo respaldan las Organizaciones Sociales y lo respetan los pobres de la ciudad, dos atributos que ningún otro juez de Bariloche puede ostentar. Decenas de fallos de jueces de la ciudad se ven a los ojos de la población como sospechosos, pero ahora el Juicio Político cae sobre un Juez por un tema que está en discusión en todo el país. Si prospera el Juicio Político será un castigo ideológico y religioso.
En el día de mañana los jueces Sodero Nievas, y Alejandra Ramos Mejía; los abogados Enrique José Mansilla, Dolores Mazzante, y Alejandro Ramos Mejía (hijo), y los legisladores Nelly Meana, Iván Lázzeri, y Silvina García Larrauburu, decidirán si avalan el juicio político al Juez Martín Lozada.
El pedido de Juicio Político fue llevado a cabo a raíz de la intervención de Lozada cuando autorizó la interrupción del embarazo a una menor que denunció haber sido violada por su padre y por su tío durante meses, la prueba de ADN cuyos resultados estuvieron después de la intervención que interrumpió el embarazo no pudieron demostrar que el mismo hubiera sido producido por el padre o el tío de la menor.
Diego Breide, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad y ferviente militante católico, además de miembro de la agrupación Grávida cuestionó al juez Lozada durante los acontecimientos argumentando que hubo deficiencias técnicas de la instrucción llevada a cabo. La ley dispone la interrupción del embarazo ante un hecho de violación, las formas de prueba del mismo son diversas, testimonios, análisis de la víctima, pruebas de ADN.
Las organizaciones de derechos humanos respaldaron desde el primer momento y lo siguen haciendo hoy, el accionar de Lozada, entre los promotores del juicio político, muchos abogados revisten y sostienen un rechazo absoluto al aborto debido a sus creencias religiosas y sus posturas ideológicas.
Marina Schifrin consideró que la situación planteada por el Colegio de abogados es un hecho "desatinado" y una "barbaridad", la militante de derechos humanos resaltó que los juicios políticos son mecanismos democráticos que se utilizan en casos de corrupción, cuando hay parcialidad en un caso, o cuando no se tiene verdadero acceso a la justicia, pero no para "una función política o ideológica", en este caso se está poniendo en funcionamiento un mecanismo que es y debería ser democrático para "presionar a un juez que se distingue de los demás por estar asociado a cierto tipo de ideologías". "Estos instrumentos tienen que funcionar no por una cuestión política o ideológica sino cuando hay parcialidad, corrupción y falta de acceso a la Justicia, la verdad espero que no se haga el juicio político". Consideró que es una situación "desatinada" y aseveró que se está "desvirtuando un mecanismo democrático". Con respecto del rol del Consejo de la Magistratura, Schiffrin dijo que "está bien escuchar a los jueces que participen varios integrantes de la comunidad, pero claramente no tiene que haber poder absoluto, sirve en función de una manera de distribuir y controlar, pero acá se pretende juzgar a uno que piensa diferente". Además agregó que "se pretende sentar en el banquillo de los acusados a Lozada porque es un juez que aplica la doctrina internacional de los derechos humanos, que si bien está en la Constitución, no tiene esta recepción en otros Tribunales, hay sectores muy conservadores y no toleran esos casos".
Lozada es un juez que molesta, su trayectoria dentro de una sociedad que salió a vivar el accionar policial a 2 días del asesinato de 3 pibes del alto barilochense, su cuidado de los derechos humanos y sus permanentes reclamos de mejoras en el trato a detenidos, contrastan con una camarilla de jueces que, a los ojos de los sectores populares de la sociedad barilochense, distan mucho de impartir una justicia justa. Lozada molesta a los que se arrogan el derecho de configurar los valores morales que todos deberemos respetar, ese código implícito en el que se cuida la vida del no nacido pero se desprecia y se mata la del que vive en el alto, en el que se protegen las vidrieras de los negocios de Mitre más que las vidas de las personas, ese código que permite detener y golpear a cualquiera que tenga un color de piel incorrecto para determinada zona de la ciudad, o que no juzga a funcionarios y empresarios que promueven un sistema que mata a la gente de pobreza pero si pretende caer con todo su peso sobre los ladrones de gallina, ese código moral de esta sociedad barilochense cae hoy sobre el juez Martín Lozada.