Gualeguaychú (MUP).- El día 26 de julio se llevó a cabo en el salón del consejo deliberante un nuevo encuentro por la problemática de la tierra y vivienda en Gualeguaychú, un espacio impulsado por distintos gremios y agrupaciones sociales y territoriales.
En este encuentro participaron representantes del poder ejecutivo, en la persona de Amalia Peroni (Secretaria de Planeamiento Urbano), concejales locales en representación de sus respectivos bloques, el titular del IAPV Carlos Aloy y la representación de los gremios AGMER y ATE, junto con las agrupaciones sociales MTR, CCC, MILITANTES POR LA UNIDAD POPULAR , entre otros.
El eje de la reunión se basó en el compromiso asumido en el encuentro anterior, que fue la determinación de los espacios para hacer frente a la demanda habitacional, que según datos históricos asciende a 3.000 familias en Gualeguaychú, lo que equivale a más o menos entre 15.000 a 20.000 vecinos afectados por esta problemática. Esta realidad es muy diversa, están aquellos que aun trabajando y con recibos de sueldos, les es imposible acceder a una vivienda propia por vía de créditos hipotecarios; están los que en igual situación no pueden acceder a la compra de un terreno por el valor especulativo de los mismos, aún cuando haya la posibilidad de la ejecución de planes de viviendas. En igual sentido, ambos se ven cautivos de pagar en algunos casos, alquileres de un valor desproporcionado fruto de la concentración y especulación inmobiliaria, en detrimento de su economía familiar. Además de estas, hay otra diversidad de situaciones hasta llegar a aquellos vecinos que no tienen absolutamente nada, ni trabajo ni vivienda y padecen condiciones indignas de habitabilidad.
Desde el Municipio se plantea una serie de mediadas progresivas para la obtención de tierras aptas para la construcción. Dichas medidas se basan principalmente en ordenanzas que gravan la posesión de grandes superficies con una sobretasa que iría destinada a un fondo para obtener una banco de tierras; por otro lado la exigencia de lotear las grandes terrenos, para de este modo tributar ya no por uno solo, sino por cada lote que se obtenga y con algunas variantes relacionadas a permutas que permitirían la obtención de pequeñas parcelas que se destinarían a viviendas. Así mismo, se plantea la posibilidad de modificar algunas ordenanzas vigentes relacionadas a la construcción en altura y a los metros cuadrados mínimos de loteo (hoy establecidos en 200 m2 ). Estas y otras medidas semejantes son las que se plantean para dar soluciones habitacionales a un mínimo de 3.000 familias. Acciones necesarias pero no suficientes.
Nuestras exigencias no son más que el cumplimiento de la Constitución Provincial , que en su art. 25, garantiza la vivienda digna a todos los habitantes. En este sentido se plantea, ante la grave situación que ya atraviesa a la ciudad, la puesta en funcionamiento de mecanismos constitucionales como es la declaración de utilidad publica de la tierra para la construcción de viviendas, que le corresponde al Consejo Deliberante, y que se completa con la posterior ley de expropiación dictada por la Legislatura Provincial. Mecanismo este, como se observa, que respeta toda las etapas democráticas hoy vigentes.
La expropiación tiene un contexto constitucional y legal que no significa un acto de enajenación y que da cumplimiento al principio constitucional que dice que “la propiedad privada es inviolable y tiene una función social”.
Es aquí donde debe estar la “mano” del estado, regulando una situación presente de indefensión para muchos vecinos, aunque algunos intenten disimular y correr el arco.
No hay duda, estamos en una emergencia social y ante tal situación se debe actuar con la severidad necesaria, esperando que los que hoy nos gobiernan y legislan estén a la altura de las circunstancias y “representen” los intereses del pueblo y no el de un grupo minoritario que sigue siendo favorecido por el sistema.
Nuestro planteo es claro: solución general y total a esta situación de emergencia social. Los mecanismos están en nuestra Constitución, sólo tiene que existir la voluntad política de llevarlas a la práctica y terminar con el padecimiento de miles de vecinos.
Editoriales ANP
