Por Horacio Aranda Gamboa
La Cámara Federal de San Martín llevó a cabo ayer la audiencia en la que se trató el pedido de recusación presentado por los abogados defensores de Marcela y Felipe Noble Herrera contra la jueza Sandra Arroyo Salgado a raíz de las pericias ordenadas por ésta el pasado 28 de septiembre con las que busca establecer mediante el Banco Nacional de Datos Genéticos si las muestras existentes en el expediente aún son “idóneas” y si de ellas se puede obtener un patrón genético único de cada uno de los jóvenes para eventuales cotejos posteriores.
En la audiencia, que tuvo lugar en la Sala II de esa cámara, estuvieron presentes en representación de Marcela y Felipe Herrera los abogados Alejandro Carrió y Roxana Piña; Luciano Hassan y Mariano Gaitán lo hicieron por Abuelas de Plaza de Mayo, y Alcira Ríos en representación de las familias García, Gualdero y Miranda. El tribunal cuenta con 48 horas para resolver el planteamiento, por lo que mañana estaría emitiendo un dictamen en ese sentido.
El pedido de recusación contra Arroyo Salgado –el segundo que debe soportar desde que se hizo cargo de la causa en febrero pasado– se enmarca en una andanada de recursos judiciales interpuestos por la familia Noble Herrera a los fines de trabar la causa, la que desde el desplazamiento del juez Conrado Bergesio, adquirió nuevos bríos.
En ese sentido, Abuelas de Plaza de Mayo repudió ayer a través de un comunicado de prensa “los reiterados y sistemáticos ataques que abogados vinculados con el Grupo Clarín” están llevando a cabo “con el propósito de socavar la independencia de la jueza a cargo de la causa en la que se investiga la supuesta apropiación de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble”.
En relación con el pedido de recusación, el organismo señaló que los defensores de Marcela y Felipe “sin invocar ningún motivo legalmente previsto, pretenden apartar a la jueza por su resolución del 28 de septiembre, en la cual ordenó nuevas medidas necesarias para avanzar en la investigación”.
También dan cuenta de que Carrió y Piña además presentaron una denuncia “contra Arroyo Salgado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, invocando supuestas irregularidades” las que no fueron planteadas “ante las instancias judiciales correspondientes” y que de manera paralela Ignacio Padilla “interpuso un recurso de hábeas corpus en favor de ambos jóvenes a pesar de que ya interviene en esta causa un juez competente” y advierten que “está acción, cuyo único propósito imaginable era el de entorpecer la investigación que se lleva adelante, fue rechazada en todas las instancias ordinarias”.
El comunicado también da cuenta de que el abogado Ricardo Monner Sanz “sin ningún interés particular evidente en el caso, presentó una denuncia penal” contra la jueza.
Consultado por Buenos Aires Económico, el abogado Mariano Gaitán, de Abuelas, dijo: “Interpretamos que son maniobras para condicionar a la Justicia y concretamente para apartar a la jueza”. En relación con el hábeas corpus, Gaitán advirtió que Padilla “busca la intervención de otro juez en una cuestión que ya se está discutiendo en otro juzgado” lo que comúnmente se denomina “forum shopping, que es cuando uno busca elegir al juez de la causa”.
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