El Bolsón (ANPP).-El caso de gatillo fácil ocurrido en Bariloche hace unas semanas sigue teniendo repercusiones y siguen llegando comunicados a nuestra mesa, este es uno de ellos.
Lunes, 05 de julio de 2010
Los abajo firmantes expresamos nuestra posición respecto a los hechos de las últimas semanas; cada uno de nosotros ha participado de diferentes maneras en los momentos oportunos para contribuir a superar esta situación, pero confluimos en este escrito a fin de proponer algunas reflexiones.
Creemos que lo más grave que ha sucedido son las muertes de los jóvenes, Diego Bonefoi provocada por el disparo de un policía, y de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en medio de la represión policial a las protestas. La Justicia ha procesado por homicidio al cabo de policía responsable de la primera muerte y se está investigando lo ocurrido durante la represión, deberá hacerlo hasta las últimas consecuencias, para esclarecer los hechos, identificar a los culpables y establecer las penas que correspondan. Hemos respaldado las acciones del Juez interviniente, Dr. Martín Lozada, las de los fiscales, Dr. Marcos Burgos y Dr. Guillermo Lista, y rechazamos cualquier expresión de descalificación o amedrentamiento contra sus personas. Vemos con preocupación la decisión de la Cámara de recusar al Juez Lozada, hecho que reviste una gravedad política e institucional inéditas y que agrega elementos alarmantes a una situación por demás seria y compleja. Reiteramos nuestro reconocimiento a la labor del Juez Lozada y esperamos que la Justicia actúe con la celeridad necesaria para no invalidar la investigación ya realizada, para que no institucionalice la impunidad.
Si bien todos tenemos algo para aportar desde nuestro lugar, quienes ocupan puestos de gobierno tienen funciones pertinentes que no sólo los obligan a actuar ante hechos tan graves sino que también deberían ser ejercidas de manera que nunca se llegara a situaciones límite como las vividas en Bariloche. En este sentido, el Gobierno provincial tiene la mayor responsabilidad sobre lo ocurrido en la ciudad, por su falta de gestión durante la emergencia (no obstante encontrarse presentes en la localidad), el gobierno Rionegrino debe demostrar su voluntad concreta de corregir propias fallas, con el reemplazo del ministro de gobierno, el secretario de seguridad y el jefe de policía, todos ellos sin duda responsables. Como ejemplo que en democracia es posible reparar acciones reñidas con la ley. Pero sobre todo por la continuidad de políticas que desde hace años profundizan las desigualdades sociales, abandonan a vastos sectores de la sociedad y en materia de seguridad sólo promueven modalidades represivas que reproducen la discriminación y la violencia. El gobierno de Río Negro debe asumir esta responsabilidad y actuar en consecuencia, pero no con soluciones cortoplacistas sino modificando sustancialmente sus políticas.
Necesitamos de la Policía como una institución más que debe cumplir su rol dentro del marco de las leyes de la Democracia. Necesitamos buenos policías, bien pagos, formados, que velen por la seguridad de los vecinos, que no discriminen, que no maltraten a los jóvenes de los barrios, que no se corrompan ni se involucren en actos delictivos, que no abusen de su autoridad y que no lleguen nunca ante ninguna situación a la expresión más extrema y siniestra del abuso de poder, como lo es el “gatillo fácil”.
Creemos que durante estos últimos días se han planteado falsos antagonismos; expresiones maniqueas como “polis o chorros”, “los del alto contra los de abajo” o “ricos contra pobres” solamente provocan mayor desintegración social. Nadie debe ser discriminado, estigmatizado o prejuzgado por el barrio en que vive, su color de piel o su forma de vestir.
Llamamos a la reflexión a los vecinos de falsa conciencia y compromiso de baja intensidad, que son manipulados por aquellos que dejan implícito que una vidriera vale mas que una vida, o un par de “Nike” o campera valen más que un familiar. La sensación de inseguridad existente, agravada por la irresponsable acción policial y la inacción de la autoridad política no deben confundir a los ciudadanos haciéndolos parte de algún tenebroso juego del poder o de individuos sin código social ni moral alguna.
Condenamos a aquellos que, con objetivos de confrontación o sectoriales, realizan o alientan a otros a realizar acciones violentas, atentando contra otras personas y bienes públicos o privados. No hay justificación para cualquier tipo de violencia.
Si bien la situación actual nace de un hecho policial, no podemos desconocer que esto es un emergente de problemas sociales que vivimos como comunidad y que no son exclusivos de Bariloche. Por todo esto, todos tenemos esfuerzos por hacer para que en esta Democracia, avancemos cada vez más en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria.
Hugo Torregrosa - Daniel Madeo - Cristian Grumelli - Alberto P. Zorzoli – Facundo Palumbo – Maria E. Martini – Jorge Vallaza – Eduardo Alzueta – Juan A. Diuzeide – Martín Pargade – Fernando V. Narvaja – Silvia Ferrari – Cesar Miguel - Ruben Scali
Editoriales ANP
