El Bolsón (ANPP).- Las declaraciones del ministro de Gobierno de la provincia de Río Negro, Diego arreguy, realizadas en Radio Noticias de la ciudad de Viedma ayer, han desenmascarado su ideología represiva en cuanto a las cuestiones sociales.
Las líneas de su gestión, según se deducen de los dichos del ministro, son profundizar la criminalización de la pobreza, impulsar las políticas de mano dura y hacer oídos sordos a las demandas de justicia social del pueblo rionegrino.
Larreguy afirmó que "en Río Negro está instaladísimo el robo calificado", razón por la cual, dijo, su gestión está impulsando “el fortalecimiento de los Consejos de Seguridad en materia de prevención”, tales como el conformado en El Bolsón, encabezado por el violento intendente Oscar Romera (sobre quien pesan, paradójicamente, varias denuncias penales).
Los efectos del Consejo de Seguridad en la ciudad cordillerana pronto se hicieron notar con la presencia de las fuerzas represivas del grupo BORA, que en menos de dos meses cometieron varios abusos de poder.
Durante la entrevista radial, Larreguy llamó a la comunidad a "ser realista", y entender "que con toda esa gente en la calle -refiriéndose a los ladrones-, el Estado no da abasto para reinsertarlos".
Grave y aterrador, en boca de un ministro (supuestamente en democracia), fueron algunas afirmaciones como el comentario de que no hay muertos "de suerte" en hechos delictivos en la provincia.
Por otra parte, el ministro parece faltar a la verdad. Según cifras del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados de la Provincia de Río Negro, para mediados de 2008, más del 60% de los tutelados atendidos por el organismo, estaban condenados a "probations", es decir, eran personas que habían cometido delitos menores, excarcelables, a las cuales se les asigna una tarea comunitaria o institucional para "pagar" su pena.
Según estadísticas oficiales, cerca de 220 mil niños de 0 a 18 años, están en situación de riesgo en la provincia de Río Negro. Muchos de ellos probablemente delincan ahora o en el futuro.
Sin embargo, no hay detenidos ni se criminaliza a quienes desmantelaron la estructura del Estado, a quienes destruyen los recursos naturales de la provincia ni a quienes llevaron las condiciones laborales a una extrema precariedad.
No hay detenidos por la causa Flavors, pero los niños que se criaron con esos alimentos-basura, diariamente son perseguidos, estigmatizados, marginados e incluso asesinados en el territorio de la provincia.
La provincia de Río Negro posee 91 asesinatos sin esclarecer, en los cuales se observó -sino la autoría- cierta vinculación directa con las fuerzas de seguridad. Tres de los más recientes son los casos de David Moyano y Atahualpa Martínez en Viedma, Pablo Torres en Fiske Menuco y Otoño Uriarte en Fernández Oro.
Fuente: agencia Walsh y La Cantora.
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