CONFLICTOS TERRITORIALES, CRIMINALIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
Bariloche, 6 Y 7 de noviembre de 2009
Durante los días 6 y 7 de noviembre de 2009 en la ciudad de San Carlos de Bariloche se desarrolló el Foro Conflictos territoriales, criminalización y Derechos Humanos organizado por el Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL), el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Radio El Arka de Bariloche, FM Alas de El Bolsón, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. En el mismo participaron comunidades mapuche, organismos de derechos humanos, asambleas socioambientales, medios de comunicación alternativos, colectivas feministas, sindicatos, bibliotecas populares, colectivos de arte, intelectuales, investigadore/as y abogado/as.
Durante el desarrollo del mismo se realizaron diferentes mesas temáticas a través de las cuales se caracterizaron los conflictos territoriales que asolan a la región y se presentaron distintos casos de violación de los derechos humanos y de judicialización y criminalización de la protesta social en defensa del territorio y de la vida, abordados con perspectiva histórica y considerando sus proyecciones en la realidad presente.
Las mesas temáticas fueron: Violación histórica de los Derechos Humanos en Patagonia; Petróleo, forestales y monocultivos; Trabajo y las Batallas contra la Impunidad; Tierra y territorio; Géneros, jóvenes y niñez; Minería y represas; y Los Derechos Humanos hoy. A lo largo del desarrollo del foro se llevó a cabo un homenaje a Alex Lemun, Mapuche de Ngulumapu (Chile), a siete años de su territorial; también se realizó una invitación a una actividad de repudio a Joe Lewis los días 28 y 29 de noviembre en el Foyel; se presentó el libro “Historias de las familias Mapuche. Los Paicil Antriao y los Quintriqueo en la margen norte del Lago Nahuel Huapi”, editado por Archivos del Sur, Subcomisión de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura; y se realizó la presentación del trabajo de investigación “Actuación policial en un pueblo cordillerano de la provincia de Chubut”, realizado por Gustavo Macayo y Miriam Grimaldi, con la participación de integrantes de la familia Bustos, una de las víctimas de la violencia policial en Corcovado. Además, a lo largo del foro se realizó un mapeo colectivo de conflictos territoriales y criminalización coordinado por el Laboratorio de Comunicación Iconoclasistas y su desarrollo se transmitió en vivo por internet a través de Antena Negra TV y de las radios comunitarias FM El Arka de Bariloche y FM Alas de El Bolsón.
A su vez, se elaboraron dos declaraciones de repudio firmadas por todas las organizaciones presentes: una propuesta por la Confederación Mapuche de Neuquén, referida al hostigamiento que se vive en Neuquén por parte de la Sociedad Rural, grandes estancieros y empresarios mineros, acusando a las comunidades de usurpación cuando protagonizan recuperaciones de territorio mapuche; y otra en relación a las agresiones sufridas en Buenos Aires por un integrante del sindicato del subte y un compañero del Frente Popular Darío Santillán, por parte de la burocracia sindical de la UTA y las fuerzas policiales, respectivamente.
Durante el desarrollo del foro, llegamos a la conclusión de que la judicialización y criminalización de los movimientos sociales es una de las estrategias desplegadas desde los sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las políticas de recolonización que asolan a nuestro continente.
En nuestros países se vienen imponiendo estados que actúan bajo los designios de la seguridad preventiva, considerando que es necesario “prevenir” toda manifestación de oposición a la forma de vida que pretenden que sea nuestro “destino manifiesto”. Sin embargo, una vez “puestas de manifiesto” esas oposiciones, ya no basta la prevención y se hace necesario desplegar mecanismos que frenen las rebeldías en defensa de los territorios, entendidos por sus defensores/as no sólo como espacios geográficos que habitan, sino como ámbitos en los que se construye el sentido de la vida.
Son muchas las modalidades de represión que las empresas capitalistas, transnacionales y nacionales, junto con los poderes políticos locales, lanzan sobre las voces de protesta. Algunas de las más concretas implican el uso de los aparatos del estado para ejercer la represión directa, el despliegue de estrategias de judicialización y criminalización de los movimientos populares, la sanción de leyes que serán utilizadas para frenar la protesta social, como la ley antiterrorista, y la militarización de los territorios en conflicto. Sin embargo, no son sólo las fuerzas públicas de seguridad las que operan en estos casos, tales como la gendarmería, las policías provinciales –y sus nuevos extensiones como la policía turística creada en la provincia de Chubut- y los grupos especiales antimotines, sino también fuerzas privadas contratadas por las empresas, cuya existencia responde a un proceso de privatización de los aparatos de represión. Uno de los ejemplos de extrema violencia policial aplicada contra una población fue la actuación del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) en la localidad de Corcovado, provincia de Chubut, en el mes de marzo de 2009. En un intento de captura de un prófugo de la justicia, ese grupo policial especial tomó el pueblo y tras declarar un virtual estado de sitio, cometió diversas violaciones a los derechos humanos, que trajo como resultado varias personas muertas, otras heridas, una desaparecida y la aplicación de abusos y torturas a pobladore/as del lugar, demostrando, como en muchos otros ámbitos donde actúa el aparato represivo del estado, las continuidades desde la última dictadura en las formas de operar y en los propios integrantes de esos cuerpos policiales y militares.
Esta violencia represiva directa ejercida sobre comunidades y organizaciones sociales es acompañada a su vez por mecanismos de control social, como la disciplina y el castigo, que permiten el ejercicio de una represión real y también simbólica que busca anular toda posibilidad de desarrollo de otras visiones del mundo y de diferentes formas de vida.
Las principales víctimas de la criminalización y de la violencia ejercida desde el poder son los movimientos de jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y campesinas, trabajador/as desocupado/as y precarizado/s y poblaciones afectadas por los nuevos emprendimientos del modelo de “desarrollo” de esta fase del capitalismo neoliberal. Sin embargo, su condición de víctimas de la represión es totalmente desvirtuada por los medios de comunicación de masas que se encargan de presentar las batallas por los derechos sociales, culturales y ambientales como delitos y por ende, a los/as sujeto/as sociales que las promueven como delincuentes, tergiversando la legitimidad de las luchas sociales y generando, en la sociedad en su conjunto, subjetividades basadas en el miedo al diferente, que desemboca en la fragmentación de la sociedad en grupos irreconciliables entre sí. A esta estrategia, se suma una forma más sencilla de operar de los medios masivos que implica la directa invisibilización de esas luchas.
Una de las víctimas principales de la criminalización y judicialización en la región son las comunidades mapuche. Su propia concepción de territorio ancestral, concebido como una construcción histórica colectiva que resignifica relaciones sociales comunitarias y se convierte en un espacio de vida como pueblo, es la que lleva a las comunidades a defender el territorio como forma de reparación histórica, frente a los dispositivos de aniquilamiento e invisibilización que los estados, tanto argentino como chileno, han aplicado contra ese pueblo, desde su propio proceso de constitución. Hoy, en consonancia con esa invisibilización, se le imponen al pueblo mapuche las fronteras nacionales y se fomenta el nacionalismo, desconociendo las raíces históricas de ese pueblo para el que la cordillera nunca fue una frontera, frente a un modelo productivo y extractivo globalizado que no reconoce fronteras en sus modos de operar. Esta paradoja sólo se explica por la necesidad de las empresas transnacionales y nacionales de apropiarse de las riquezas naturales existentes en territorios ancestrales y agotadas en los países desarrollados.
La invisibilización histórica de los pueblos originarios, producto de la lógica de la colonialidad de los estados que se construyó a partir de la idea de subhumanidad y de negación de los “otros”, se sigue reproduciendo en la actualidad a través de la violación de los derechos humanos de los pueblos originarios por parte del propio estado y de los intereses capitalistas aliados, que desconocen los derechos ancestrales reconocidos a través de las constituciones provinciales, la constitución nacional y los convenios y declaraciones internacionales sobre los derechos indígenas aprobados en distintos países, incluido el nuestro.
Este pueblo, que resiste como muchos otros originarios y que interpela con su forma de habitar el mundo a la lógica dominante, está siendo criminalizado en un proceso de continuidad que se abrió con la colonización y la conformación de los estados nacionales. Hoy, la criminalización adquiere nuevas formas y los motes de “terroristas”, “peligrosos”, “extranjeros” se han convertido en moneda corriente en los medios masivos de comunicación, a través de los cuales, y como una nueva estrategia de estigmatización, se intenta vincular al pueblo mapuche con organizaciones armadas como la ETA, las FARC y otras, dejando entrever la supuesta incapacidad de las comunidades para pensar por sí mismas sobre las mejores estrategias de lucha y resistencia. A su vez, los medios generan de esta forma una opinión pública que justifica las represiones y los desalojos, preparando el terreno para futuras arremetidas de judicialización y criminalización sobre las comunidades. Romper con estos mitos es una tarea de todas las organizaciones populares a través de la construcción de la interculturalidad que necesariamente debe ser una nueva forma de reconocimiento y relación entre indígenas y no indígenas.
La necesidad de visibilización de la/os negada/as por el sistema capitalista y patriarcal incluye a las mujeres y a quienes eligen identidades sexuales distintas a la heterosexualidad. Las desigualdades que sufren son en realidad cuestiones culturales, construcciones propias del sistema, no naturales. Esas desigualdades perpetúan injusticias y opresiones en el terreno sexo genérico, bastante poco disputado y muy silenciado, que se manifiestan en casos de judicialización y criminalización en los cuales se aplica la justicia en detrimento de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, que demuestran por un lado, la persistencia de estereotipos y prejuicios cargados de sexismo y heterosexismo, y por el otro, la complicidad entre patriarcado, justicia e impunidad. Estas desigualdades, que se pretenden pertenecientes al ámbito privado, en realidad deben ser visibilizadas para evitar que sean naturalizadas.
La situación en las cárceles es otro de los ámbitos en los que se manifiesta abiertamente la violación de los derechos humanos. Esa situación ha empeorado en los últimos años, y quienes están privado/as de su libertad y sus familiares sufren cada vez más vejaciones, torturas y maltratos, justificados por los discursos del poder que alimentan un sentido común basado en que aquello/as que comenten delitos deben pasarla lo peor posible, cuando en realidad la pena es en sí la privación de la libertad y nada justifica la vejación. En este sentido, por ejemplo, las torturas en centros de detención no se consideran como tales sino como apremios ilegales, justificando de esta forma la violación de los derechos humanos de quienes se encuentran en situación de cárcel.
La precarización de la vida en general y laboral en particular ha llevado a los trabajadores y trabajadoras a sufrir las consecuencias de un sistema que niega los más elementales derechos laborales, razón por la cual ha habido un aumento considerable del números de trabajadore/as desocupado/as y precarizado/as que han puesto en práctica distintas estrategias para recuperar esos derechos perdidos o amenazados. Así, el ejemplo de Zanón refleja una de esas estrategias: la recuperación de la fábrica en manos de sus trabajadore/as cuando sus antiguos dueños pretendían que ya no era negocio rentable, convirtiéndose así en una Fábrica Sin Patrones, que logró la expropiación definitiva recientemente luego de largos años de intensa lucha en las calles neuquinas. También los trabajadores y trabajadoras de la educación vienen protagonizando en la Patagonia distintas luchas por reivindicaciones salariales y la recuperación de la dignidad de la escuela pública y sus trabajadore/as. En este sentido, el foro fue un espacio donde pudimos escuchar el relato de la trayectoria de luchas de los trabajadore/as de la educación de Aten (Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén), quienes en uno de los cortes de ruta realizado en abril de 2007 sufrieron el asesinato del compañero Carlos Fuentealba. Las compañeras de Aten y la Cocapre (Comisión Carlos Presente) presentes en el foro, entre ellas Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos, también explicaron la situación en que se encuentra la causa judicial a través de la cual se logró la condena de los autores materiales del hecho, pero no del autor intelectual, el ex gobernador de la provincia Jorge Sobisch. Las batallas que están protagonizando tienen como objetivo central acabar con la impunidad del poder político provincial, que ideó un plan de represión contra la protesta social de los y las educadoras de la provincia, del que fue producto el asesinato del compañero docente.
El permanente atentado contra los derechos humanos es parte integral de esta etapa de capitalismo global, que implica la mercantilización de la naturaleza, el aniquilamiento de la vida de las poblaciones y la profundización de las formas de opresión de las distintas manifestaciones de lo ”distinto” a los estereotipos que incluye el sistema. Esta etapa del capitalismo tiene como sujeto central a las corporaciones cuya presencia en nuestros países genera varias disputas con las poblaciones y comunidades, unas relacionadas con el control concreto del territorio y otras en relación al significado de conceptos como desarrollo, opresión e incluso derechos humanos. Estas disputas generan de parte de las corporaciones la necesidad de buscar la licencia social en el pueblo para poder operar libremente. Cuando no la consiguen, que es lo que viene ocurriendo en nuestros países, recurren por un lado, a buscarla en los claustros universitarios, y por el otro, a acallar mediante la criminalización real y discursiva las voces de protesta frente al avance del modelo.
En este contexto represivo y criminalizador de las luchas sociales, producto del crecimiento de las resistencias frente a las políticas de saqueo y destrucción que profundizan la exclusión y la precarización de la vida, y favorecido por la impunidad del accionar de las fuerzas de seguridad, de la justicia y de los poderes políticos en general, este foro se convirtió en un espacio de denuncia de los casos de judicialización y criminalización que se vienen dando en la Patagonia, contados por los/as propios/as protagonistas de los mismos, que permitió, por un lado, visibilizar las distintas formas de manifestación de esta estrategia del poder, y por el otro, pensar estrategias colectivas para enfrentarla.
Organizaciones participantes:
· Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
· Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuentealba, Cocapre- Aten, Neuquén
· Alfredo Seguel, Editorial Informativo Mapuexpress, Chile
· Javier Rodríguez Pardo, Renace, Mach y UAC
· Bárbara Jerez, Investigadora chilena de la UNAM, México
· Gustavo Macayo y Miriam Grimaldi, autores del trabajo de investigación sobre la violencia policial en Corcovado
· Fábrica recuperada Zanón/Fasinpat, Neuquén
· Confederación Mapuche Neuquina
· Observatorio Petrolero Sur, Buenos Aires
· Consejo Asesor Indígena, Río Negro
· Mesa de Organizaciones de la Tierra, Bariloche
· CEPPAS-GAJAT, Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra, Buenos Aires
· Radio Nacional Bariloche
· Colectivo el Kultrunazo, Bariloche
· Comunidad Pankegue
· Organismo de Derechos Humanos Zainuco, Neuquén
· SOL, Solidaridad y Organización para ser Libres, Neuquén
· Sindicato de profesionales de Salud Pública, Neuquén
· Agrupación HIJOS Bariloche
· HIJOS Alto Valle
· Grupo de Apoyo Madres Alto Valle
· Centro Cultural La Estrella, Neuquén
· Comunidad Mapuche Huentru Trawel Leufú, Picún Leufú, Neuquén
· Familia Bustos de Corcovado, Chubut
· FM Gente de Radio, Bariloche
· Colectiva feminista La Revuelta, Neuquén
· Ceprodh, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Neuquén
· Callfuco – Plang Curameu, Bariloche
· Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, Zapala, Neuquén
· Comunidad Mapuche Gramajo, Paraje Barda Negra, Neuquén
· Comunidad Mapuche Quintriqueo, Villa La Angostura
· Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, Villa La Angostura
· Wefkuletuyiñ, Bariloche
· Colectivo Árbol de pie, Bariloche
· Agencia Rodolfo Walsh, Buenos Aires
· Alerta Angostura, Villa La Angostura
· Encuentro de Mujeres, Villa La Angostura
· Sumarse, Centro de Estudiantes Crub
· Conjuros a viva voz, FM Alas, El Bolsón
· APDH, Neuquén
· APDH Bariloche
· Colectivo Cholollan EZLN, México
· Comunidad Mapuche Las Huaitecas, El Bolsón
· Vecinos de Bahía Serena, Bariloche
· FM El Arka, Bariloche
· Kaufolikan-Lanco, Malalhue, Chile
· Polo Izquierda de la Memoria, Chile
· Lof Inkayal Wallmapu Mew
· Ruka Mapuche Furilofche
· FM Alas, El Bolsón
· Coalición Ciudadana Patagonia sin Represas, Chile
· Asamblea Comarcal contra el Saqueo y la Contaminación
· Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, Esquel
· Asamblea Popular de Mujeres, Esquel
· Comunidad Mapuche Cayún, Lago Puelo
· Estudiantes Independientes de CRUB
· Comunicación alternativa Iconoclasistas, Buenos Aires
· Frente de Lucha Mapuche y Campesino, Chubut
· Antena Negra TV, Buenos Aires
· Equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, Buenos Aires
· CIFMSL, Buenos Aires
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