(Contrapunto).- Si bien no se llevó a cabo el desalojo como estaba anunciado para las 15hs de ayer, la medida ordenada por el juez de paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar sigue en pie, a pesar del accionar de los representantes legales y colaboradores de la CIQ, y de la manifiesta ilegalidad de la medida. Dicho juez se presentó en horas de la tarde a anunciarles que el desalojo se efectivizaría a las 8 de la mañana de este jueves. Los integrantes de la CIQ se mantendrán en el lugar y anunciaron que resistirán el desalojo por considerarlo ilegal. CONTRAPUNTO.
El conflicto por las tierras en las comunidades de Tucumán no es nuevo, y esta vez tiene un nuevo capítulo en Colalao del Valle (departamento de Tafí del Valle, Tucumán), que integra la Comunidad India Quilmes.
A pesar de los intentos de que la justicia reconozca los derechos de los Pueblos Originarios, el juez de paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, ordenó desalojar 40 familias de sus tierras, que ocupan desde hace generaciones, en el terreno que está ubicado a la vera de la ruta nacional Nº 40.
Si bien la medida estaba prevista para hoy miercoles a las 15hs, Contrapunto pudo comunicarse con comuneros que están en el lugar y que relataron que fue el mismo juez ,el que se apersonó al lugar a la tarde para anunciarles que la misma se efectivizaría a las 8 de la mañana de mañana jueves.
Vanos fueron los intentos de los representantes y asesores legales de la Fundación ANDHES y del Dr Eduardo Nieva (además Cacique de Amaicha del Valle) para lograr que se pare el desalojo. Cabe acotar que el mismo juez que ordenó el desalojo, está denunciado por la CIQ ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán por parcialidad manifiesta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En declaraciones a Primera Fuente, Francisco Solano Chaile, Cacique de la CIQ manifestó que los "Derechos constitucionales, leyes y hasta la Cédula Real avalan la tenencia de nuestras tierras. Son decenas de familias que viven de la ganadería y la agricultura y temen perder sus viviendas en manos de los terratenientes".
"Lo resuelto por este juzgado de paz fue avalado por el Juez Civil en Documentos y Locaciones de la IIIº Nominación (vía consulta) ante lo cual la CIQ presentó un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de la Provincia el cual está en trámite (vía Queja) ante esa instancia superior.
Pese a todo lo señalado y a la vigencia de la ley nacional 26.160 (invocada por la CIQ en sus distintas presentaciones) —legislación de emergencia que suspende por 4 años todo tipo de desalojo de territorios indígenas— hay terratenientes que insisten en que este tipo de atropello se lleve adelante, incluso con fuerza pública, tal lo que está aconteciendo actualmente" relataron en un comunicado en conjunto ANDHES el Grupo Fogón Andino.
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