Buenos Aires (Anred).- El jueves 23 por la tarde la comunidad Maliqueo fue desalojada por la policía de la provincia, aprovechando que la gran mayoría de los integrantes no se encontraban en la misma, llevándose detenida a la única persona que estaba presente, la anciana Zeferina Manchipan, que fue dejada en libertad esa medianoche.
La Comunidad Mapuche Maliqueo es una de las tantas comunidades que están protagonizando un proceso de recuperación de territorios ancestrales en la provincia de Neuquén.
Constituida como comunidad hace dos años, está ubicada a 12 kilómetros de la localidad de Villa Pehuenia, en la zona de la cordillera neuquina, en la cual las comunidades realizan año a año las veranadas, es decir el traslado del ganado para el pastoreo, que permite desarrollar la pequeña ganadería, única posibilidad de sobrevivencia de las comunidades a corto plazo.
Estos territorios se encuentran en disputa con un ex juez federal de la última dictadura militar, Pedro Laurentino Duarte, que denunció a las comunidades de "usurpadoras", abriéndoles causas penales y protagonizando intimidaciones en las cuales no faltaron las armas de fuego.
Los territorios despiertan varios intereses relacionados con especulación inmobiliaria, emprendimientos turísticos y proyectos de forestación con especies exóticas.
En este último sentido, el genocida Duarte convirtió estas tierras en una sábana de pinos ponderosa y oregón, traídos de EEUU, reforestación que trajo varias consecuencias.
Por un lado, la desertificación de los suelos y su pérdida de fertilidad, que impide el crecimiento de otras especies en las áreas plantadas con pinos, y el reemplazo de especies nativas como la araucaria o pehuén, árbol que tiene un lugar destacada en la cultura ancestral mapuche.
Muchos de estos proyectos de reforestación son producto de convenios firmados entre el CORFONE (Corporación Forestal de Neuquén) y terratenientes de la zona, como Duarte, o empresas petroleras, como Repsol.
En febrero de este año el Ministro de Gobierno, Educación y Cultura de la provincia de Neuquén, Jorge Tobares, acordó con la comunidad avanzar en varios puntos, entre ellos el relevamiento de la situación de titularización de tierras tanto de veranadas mapuches como de propiedades privadas y la conformación de una comisión para la aplicación de la ley nacional 26.160, Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria, que frena los desalojos de comunidades por cuatro años.
A pesar de este acuerdo, a principios de marzo, se dictó una orden de desalojo. El 13 de ese mes llegaron a la comunidad el juez, el fiscal y el propio Duarte para hacer una inspección ocular del territorio en conflicto, "protegidos" por varios autos policiales.
La presencia de Duarte acompañando a los representantes de la justicia fue tomada por la comunidad como una provocación, aunque legalmente Duarte podía formar parte de esa inspección por ser querellante de la causa.
En el momento en que llegaron a la comunidad queriendo inspeccionar las tierras, la comunidad les impidió entrar en su territorio. Luego de la comunicación con los abogados de la comunidad, se resolvió dejarlos hacer la inspección y por la tarde volvieron, en esta oportunidad sin Duarte.
El objetivo expresado por los visitantes era observar el lugar y hablar con integrantes de la comunidad para que les transmitieran su mirada sobre el conflicto. La comunidad supuso que el objetivo de la visita era determinar cuál es la tierra en conflicto porque no lo saben exactamente.
La concreción del desalojo el jueves, demuestra la impunidad con la que se manejan los terratenientes, las empresas, la justicia y el poder ejecutivo, que violan no sólo el acuerdo firmado con las comunidades, sino también las leyes nacionales y provinciales, vulnerando permanentemente sus derechos ancestrales.
Cuando los integrantes de la comunidad llegaron al lof, se encontraron con el territorio arrasado, con la ramada, las rukas (casas) y todas sus pertenencias destrozadas al lado de la ruta, del otro lado del alambre.
Decidieron entonces permanecer en el lugar resistiendo en espera de una respuesta por parte de las autoridades.
Editoriales ANP
