El Bolsón (ANPP).- Organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos expresaron su rechazo a los proyectos de ley que establecen la baja de la edad de imputabilidad y la necesidad de desarrollar “un debate nacional integral por la niñez”.
En esa discusión deberá entrar el análisis de la falta de oportunidades para los niños y adolescentes de los sectores populares, “los únicos que serán destinatarios de esta ley”.
Por otro lado, organizaciones y personalidades reclamaron la suspensión urgente del tratamiento de la ley para “evitar que el debate sea rehén del contexto electoral”.
“Las disputas preelectorales, el humor social condenatorio respecto de los adolescentes y niños, con la prédica de los medios que promueve el miedo por la “inseguridad” configuran un escenario inadecuado para encontrar hoy las soluciones referidas al régimen penal juvenil”, argumentaron.
Recordaron, además, que el endurecimiento de las penas y la baja de la edad de imputabilidad no asegura una mejora en lo índices de seguridad y que la única respuesta certera respecto a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social.
En el mismo ejercicio de memoria, señalaron que los adolescentes que hoy tienen entre 14 y 18 años son las “principales víctimas de las políticas neoliberales desarrolladas durante el menemismo y que expresa sus continuidades en la actualidad. Mientras miles de padres se quedaban sin trabajo, los pibes nacían en un país en dónde se destruía la educación, la salud y el trabajo con la consecuencia de la desintegración social y la marginación”.
“Argumentar que bajar la edad de punibilidad es una forma de darles garantías a los niños, es una falacia –denuncian-. Nadie las toma en cuenta a la hora de tratar con los casos de violencia policial y gatillo fácil que suceden a diario en los barrios, y la invisibilidad mediática correspondiente, como Luciano Arruga, de 16 años, quien se encuentra desaparecido desde el 31 de enero de este año, cuando fue visto por última vez subiendo a un patrullero de policía.”
Entre los adherentes al rechazo a este nuevo intento de criminalizar la pobreza se encuentran Nora Cortiñas, Madres Línea Fundadora,-Adolfo Perez Esquivel, SERPAJ, el diputado Claudio Lozano, CTA Capital, ATE Capital, Junta Interna ATE-SENAF, Relatoria Niñez CABA del Capitulo Argentino de la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Hogares Don Bosco, Colectivo Enlace-Cuál Derecho?, Comisión de Derechos Humanos (Bajo Flores).
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