
A las irregularidades administrativas se sumaron ese día el uso de las fuerzas represivas del estado -la policía de Río Negro- y "fuerzas de choque"-punteros políticos- con la explícita finalidad de resguardar la realización de un vergonzoso acto, viciado por la violación de normativas que regulan las designaciones de cargos.
La justicia tendrá que decidir entonces sobre la responsabilidad de aquellos funcionarios públicos, del ministerio de educación, involucrados en estos actos de prepotencia propios de los gobiernos autoritarios.