La aparición de un agente de la AFI en Esquel sin orden judicial
podría poner en evidencia la connivencia entre servicios de inteligencia
y parte de la Justicia en la región. Una causa se tramita en los
tribunales Federales a partir de la cual se procesó al agente. En tanto,
tras la denuncia en contra de los fiscales por parte de los vecinos que
fueron fichados por el espía, el Consejo de la Magistratura resolvió
archivar la causa.
Por Pablo Quintana para El Extremo Sur
El 31 de agosto del año pasado los fiscales de la Circunscripción Esquel del Poder Judicial de Chubut, Fernando Rivarola, Alicia Fernanda Révori y María Bottini, se vieron obligados a presentar una denuncia penal -en el Juzgado Federal a cargo de Guido Otranto- ante la posible comisión de un delito: realizar tareas de inteligencia interna.
Es un tema extremadamente sensible para una provincia que cuenta en su haber con los hechos sucedidos en el caso de espionaje interno llevado adelante entre los años 2002 y 2006 en la Base Naval Almirante Zar, por la que fueron condenados el jefe y subjefe del Estado Mayor conjunto de la Armada junto a otros trece marinos.
Un mes después de aquel gesto de los fiscales, el ex fiscal de Estado Miguel Montoya y los vecinos espiados presentaron denuncias contra los tres integrantes del Ministerio Público Fiscal. Y más tarde se sumaron como querellantes en la causa federal.
La instancia del Consejo de la Magistratura quedó sellada después de que por mayoría el cuerpo colegiado decidiera archivar la denuncia. En su última sesión en Trelew resolvió con el voto de siete consejeros esa medida, mientras cuatro de ellos se mostraron más prudentes y propusieron esperar una resolución de la Justicia Federal. Uno solo se inclinó por elevar la causa a un jury de enjuiciamiento.
La cara más visible de todo este proceso es la de Rivarola, que actúa como Coordinador del Sector de Investigaciones y Delitos Complejos de la Oficina Fiscal con asiento en Esquel.
Conexiones
El escándalo del espionaje hacia vecinos, periodistas y abogados de Esquel se produjo en medio del proceso judicial que encabeza la fiscalía contra los mapuches que protagonizan desde marzo del año pasado la recuperación del territorio en Vuelta del Río, en cercanías de El Maitén.
El Procurador General de la provincia Jorge Miquelarena dispuso que esa oficina quede a cargo de la investigación del conflicto por el predio que disputan aborígenes y la estancia Compañía Tierras del Sud en Leleque.
Fue entonces cuando apareció en escena un agente de inteligencia en los Tribunales de Esquel, “un topo” que hoy se encuentra procesado aunque su identidad se mantiene en reserva de acuerdo a lo que establece la ley de Inteligencia.
Bottini y Rivarola fueron los encargados de recibir al informante, que desde un comienzo se presentó como integrante de la Delegación Trelew de la Agencia Federal de Investigaciones (ex SIDE). El hombre habría tenido un antecesor. Otro agente de los servicios que terminó con un accidente automovilístico en la ruta que une Esquel con Trelew, a mediados de marzo del 2015, y que casi le costó la vida. Ese espía, en particular, había intentado infiltrarse en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados haciéndose pasar por fotógrafo.
El relato del Topo
“El Topo” que decidió visitar a los fiscales prometió mucha información en torno a la recuperación territorial, pero fue tan variada y disímil que ofreció dejarla en formato digital, descargándola desde un disco externo en la computadora de Rivarola, titulándola “Información Inteligencia”. La entrevista terminó en ese momento y no se tuvo más contacto con el espía, excepto telefónicamente.
Para la fiscalía, la causa que envolvía a mapuches y Benetton era de una gravedad extrema, al punto tal que supo peticionar la aplicación de la ley Antiterrorista, instancia que le fue rechazada por el mismo juez Otranto.
En junio se realizó la audiencia de apertura de la investigación en la cual el único procesado era Martiniano Jones Huala, un albañil –especializado en construcción natural-, vecino de Esquel y descendiente aborigen. Sobre él pesó la sospecha de terrorismo, según las conjeturas de la fiscalía.
Fue en ese transcurso, cuando la Defensoría Pública solicitó copia del legajo fiscal. En esa transferencia de archivos informáticos estaban incluidos los registros aportados por el agente de inteligencia.
Fichas, como en la dictadura
El escándalo tomó estado público cuando el Defensor Oficial, Fernando Radziwilowski anunció con preocupación la existencia de las fichas de vecinos, abogados y periodistas de Esquel en la audiencia del 28 de agosto, frente al silencio mórbido de las fiscales Révori y Bottini.
Sólo cuando los fiscales advirtieron que en las redes sociales y en la prensa se mencionaba la tarea de inteligencia sobre vecinos que tenían en común su participación en el movimiento por “No a la Mina”, convocaron a la Defensora Penal Bagnato y labraron un acta dejando constancia de que esa documental no estaba agregada formalmente al legajo fiscal.
Así, en agosto se vieron obligados a presentar la denuncia en los tribunales federales. Lo llamativo es que Rivarola señaló que hasta entonces ninguno de los fiscales había podido procesar la información que les había dejado esta persona, agregando que resultaba de muy baja calidad a los fines procesales.
“Esa actividad ilegal”, como definió Rivarola en referencia a la radio comunitaria Kalewche, recién fue denunciada cuando tomó estado público. “Nosotros ni bien tomamos conocimiento del contenido hicimos la denuncia, si hubiésemos sabido antes la hubiésemos hecho en su momento”, dijo el integrante del Poder Judicial cuando fue consultado acerca de por qué no denunciaron antes que transcurrieran tres meses desde que se llevó ese material de manera ilícita a los tribunales.
El fiscal y el Topo
Lo cierto es que el contacto entre el fiscal y El Topo continuó posteriormente a través de comunicaciones telefónicas e inclusive en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chubut con dos integrantes de la Delegación Trelew de la AFI, conocidos del personal de la brigada, que le confirmaron que la persona que concurrió a la Oficina Fiscal de Esquel era un agente de ese organismo de inteligencia.
El Topo admitió haber investigado durante más de un año el proceso de recuperación que se realiza en cercanías de El Maitén, acompañando en algunos casos las actividades policiales que se desarrollaron en ese lugar a la vera de la Ruta Nº 40.
La obsesión de Rivarola es poder identificar a las personas que forman parte de la reivindicación aborigen, y hasta se manejó en planos hipotéticos como que existirían actividades de grupos políticos brindando apoyo económico (entre los cuales se hizo mención al MTR y la Federación Universitaria Patagónica). Además, elucubró extorsiones a intendentes para conseguir dinero, financiamiento externo a organizaciones mapuches por parte del movimiento italiano “Ya Basta” y hasta llegó a mencionar financiamiento para la radio comunitaria de Esquel, Kalewche.
Lo llamativo es que el propio agente le advirtió a los fiscales que tanto su presencia en la oficina como la información aportada debían ser resguardadas y sólo podía ingresar a la causa por medio de un oficio judicial.
Fotografías, información de las redes sociales, relevamiento de radios, datos de periodistas y personas que participan en el movimiento asambleario del “No a la Mina” quedaron así identificados, fichados y fotografiados. Si hasta le había anunciado al fiscal que poseía el número de celular de una persona que formaba parte de la toma y que obtuvo la titularidad de la línea y los listados de llamados, registrando comunicaciones con periodistas.
Ya en octubre del año pasado el ex Director General de la AFI, Oscar Parrilli, había afirmado que ese organismo “no realizó actividades de inteligencia en la zona”.
La imputación
El juez Federal Guido Otranto imputó a “El Topo” ya que en su condición de agente de la AFI obtuvo información, produjo inteligencia y almacenó datos sobre veintiséis personas por el solo hecho de su militancia social en la asamblea del No a la Mina. Una tarea sin autorización legal ni requerimiento judicial alguno realizado en una causa concreta, respecto a la recuperación del territorio en el paraje Vuelta del Río.
En la imputación al agente, el Juez Otranto sostiene que la información acopiada sobre cada una de esas personas no consistió en una mera búsqueda a través de alguna red social en internet, sino que dan la pauta de que fue producida por alguien que venía recabando datos y realizando una observación prolongada de la actividad anti minera y de defensa de pueblos originarios en la región.
El espía también intentó realizar un proceso de investigación criminal sin autorización judicial en torno a la figura de Facundo Jones Huala, sobre quien pesa una orden de captura internacional y un pedido de extradición realizado por Chile, y que algunos imaginaron ver en la recuperación en cercanías de El Maitén.
“El Topo”, que estuvo en cuatro oportunidades en la Cordillera durante el año 2015 (marzo, abril, mayo y junio), sostuvo que “(el fiscal) Rivarola quería saber cosas, insistía, pero yo no le podía decir, yo le dije que para incorporar a la causa necesitaba la orden judicial”.
Según los dichos del agente, el integrante del Poder Judicial estaba al tanto de la información que copió. “Todos los documentos que copió en su computadora los abrió, los miró y decidió copiarlos… si mal no recuerdo, me parece (que la carpeta) la tildó como ‘Inteligencia’”, dijo en su declaración al juez.
“El Topo”, rememoró ante el juez Otranto el día que Rivarola lo llamó y le dijo “me mandé un cagadón”. Tras lo cual le había relatado que se había filtrado la información que le había suministrado, tras lo cual reconoció que iba a tener un problema muy grande y el agente también.
El propio magistrado federal analiza la lógica que existió en la elaboración del listado en el que aparecen agrupadas personas que militan contra el desembarco minero a gran escala en la región o en favor del reconocimiento de derechos de los pueblos originarios.
“No puede ser interpretado de otro modo que la intención de establecer una conexión entre estos movimientos con la ocupación territorial del predio de Leleque”, sostiene el juez.
¡Quemá esos archivos!
“El Topo” quedó así procesado en su calidad de autor del delito de investigación criminal en tareas en las que no se le había requerido trabajo alguno por un juez y que se dedicó a obtener información y almacenar datos de personas por el sólo hecho de adherir al movimiento del No a la Mina. Sin embargo, quedó en libertad sin que pese sobre él la prisión preventiva.
Parte de la historia gira en torno a la pericia informática que fue llevada a cabo por la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina hacia fines del año pasado.
Quizás por eso una instancia reveladora en el dictamen de procesamiento de Otranto es la existencia de una importante contradicción entre la versión que dio Rivarola en su declaración testimonial y el análisis pericial que se realizó sobre su computadora.
Según Rivarola copió la información que aportó el agente de inteligencia dentro de la carpeta que identificaba el legajo de investigación en otra carpeta que llamó “Información Inteligencia”.
Sin embargo, el estudio pericial determinó que las carpetas que fueron copiadas el 28 de mayo por la mañana -durante la reunión- en la computadora de Rivarola directamente aparecieron grabadas en una carpeta llamada “Copia Defensa”, que contenía la información que luego fue entregada a la defensora de uno de los imputados.
Recién el domingo 30 de agosto de 2015, cuando la existencia del “fichaje” ya había tomado estado público y un día después los fiscales concurrirían a denunciar el hecho en este juzgado, fue que toda esa información fue copiada en la carpeta titulada “Información inteligencia brigada Puelo”.
Pero lo más llamativo es que los archivos examinados en el peritaje -no ya las carpetas que los contenían- que el 28 de mayo pasaron a la computadora del fiscal aparecieron grabados -en la carpeta “Copia Defensa” mencionada- varias horas después de que se realizara la reunión en que se traspasó la información.
Esto sugiere –entiende el juez- que, en realidad, en un primer momento -durante la entrevista- la información debió haber sido copiada en otra ubicación en el mismo disco rígido. Posiblemente en una carpeta creada en ese momento con el número del legajo fiscal, tal como se aprecia de la grabación que registró la reunión. Después esa información debió haber sido trasladada -cerca del mediodía- mediante un procedimiento de “copiar y pegar” a su ubicación en la carpeta “Copia Defensa” dentro de la carpeta del legajo fiscal que ya existía en el disco rígido.
Sin embargo, no es un dato menor que los archivos no aparecen grabados en esa ubicación en un mismo horario como si hubiesen sido copiados en bloque. De esto se infiere la posibilidad –que será lo que deberá corroborar la justicia federal- de que ese día hayan sido copiados en la carpeta “Copia Defensa” a medida que fueron examinados uno por uno en su ubicación original en el disco rígido.
Esta situación ambivalente sobre el análisis que se dio en el Ministerio Público Fiscal a la información que aportó el agente de inteligencia imputado, en particular sobre el archivo “Activistas Antimineros en la zona de La Comarca Andina.Doc” que contenía el fichaje ilegal de vecinos, deberá ser esclarecida a través de un estudio pericial informático más exhaustivo y abarcador de todo el disco rígido, a través de los puntos de pericia que se establecerán una vez que sean notificadas las partes de la realización de esta medida.
Espiados y ninguneados por la Justicia
El Extremo Sur recogió el testimonio de algunos de los vecinos espiados y fichados, tras la resolución del Consejo de la Magistratura de archivar la denuncia contra los fiscales Révori, Bottini y Rivarola.
Corina Milán
“Indefensión Institucional”
Podría pensar y decir muchas cosas, pero te comparto mi primera impresión cuando me enteré anoche:
No puedo creer en los servicios de inteligencia que nos vigilan porque se les canta o, peor, a pedido de vaya a saber qué poderosos.
No puedo creer en los fiscales de mi pueblo que deberían protegernos de servicios que abusan de su poder, espiando ilegalmente y delinquiendo.
No puedo creer en los que deberían controlar a los fiscales que trabajan en connivencia con los espías ilegales.
Y recuerdo la sintética y clarísima frase con la que expresamos nuestro sentir como ciudadanos en la asamblea posterior al develamiento del fichaje ilegal: “Indefensión Institucional”.
Estamos solos/as, expuestos/as a la acción ilegal de quienes deberían velar por el cumplimiento de la ley.
También recuerdo el cuentito que Kafka metió en medio de la novela El Proceso, que se conoce como “Ante la ley”… la entrada a la ley nos está completamente vedada, aunque nos hacen creer que podemos acceder a ella.
Triste y peligroso, aunque prefiero no enroscarme con el miedo porque inmoviliza y no nos podemos dar ese lujo.
Andrés Campos
“Sólo queda confiar en la justicia Federal”
Indignación total. Votaron sin valorar las actuaciones de la Justicia Federal, donde se muestra claramente la participación de los fiscales. Sorprendido además por el voto de Horacio Crea, realmente no lo esperaba, pero ahora conozco los intereses personales por los cuales votó como lo hizo. Vean todos como se mueve la corpo judicial. Se cubren unos a otros. El Consejo de la Magistratura está diciendo que todo vale, si sos Fiscal podes hacer lo que quieras.
Ahora tengo todas mis esperanzas puestas en la Justicia Federal que ha tenido varios fallos excelentes en temas como obras sociales, trata de personas, ex forense Roo, drogas, etc.
Confío en la Justicia Federal y en la investigación que llevan delante desde el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal. En el expediente Federal entiendo que hay sobrados elementos para procesar a los fiscales en esta causa.
Finalmente comparto un viejo proverbio judicial que dice: “Tres cosas son menester para justicia alcanzar: tener razón, saberla pedir y que te la quieran dar”.
Juan Zuoza
“No más garantes de impunidad”
Lo resuelto por el Consejo de la Magistratura es el más fiel ejemplo de por qué el país está como está. La ecuación es sencilla: en un país con justicia, se extingue la corrupción. Y acá vemos como los mecanismos “depuradores” del Estado funcionan corporativamente para dejar que la impunidad se burle de la sociedad. El daño institucional y social que acaban de hacer los integrantes del Consejo de la Magistratura, es repudiable, indignante y de la más baja moral que se pueda ostentar. No obstante, las víctimas de estos atropellos no vamos a bajar los brazos. No más Rivarolas, Bottinis ni Révoris en el Poder Judicial. No más garantes de impunidad en los órganos de control.
Ludmila La Manna
“Muchas preguntas sin respuestas”
¿Cómo me siento?: indignada.
¿El consejo de la magistratura y el juzgado federal están viendo la misma película? ¿Qué intereses, amiguismos, deudas habrá en el medio para querer tapar todo rapidito? Quienes saben de leyes, dicen que los fiscales cometieron un delito al recibir y ocultar esa información. No debieron haberla recibido ¿En qué se basa el Consejo para ignorar esto?
¿Los fiscales no debieron protegernos? ¿No debieron indignarse al ver esas fichas?
En mi ignorancia, en su momento pensé que esas fichas provenían de la minera. No imaginé que venían realmente del Servicio de Inteligencia… (Es que vi varias de las películas del agente 007… una ficha debía ser algo más serio…). Qué cerca están a veces minería, estado/gobierno, e inteligencia…
Insisto: ¿los fiscales no debieron protegernos? ¿No debieron indignarse al ver esas fichas?
¿El consejo de la magistratura no debió indignarse? ¿Siguen diciendo que no existieron tareas de inteligencia? ¿Y qué son las fotos en una toma? ¿en una marcha? ¿y en una asamblea? ¿Y qué son las fichas de vecinos que participan del No a la mina? ¿Y de sus familiares?!!!
Las fichas son berretas, falaces y difamatorias (y NO es “información sacada de redes sociales, medios masivos de comunicación, de radios, de declaraciones públicas …”)… Y no dejan de ser fichas de vecinos, de docentes, de gente que tiene la loca idea de defender el lugar en que vivimos, defenderlo del robo, de las implicancias sociales, ambientales, económicas, productivas que tiene un emprendimiento minero…
En mi caso particular, me indignó aparecer con información falaz en la ficha de mi esposo (ni siquiera tengo ficha propia!), y lo primero que pensé es: el día de mañana le van a hacer fichas a mis hijos? Porque su papá, como todos nosotros, no quiere a la megaminería (y encima es “zurdito”!).
¿Será que para el Consejo de la Magistratura ponemos “en riesgo la seguridad interior de la Nación”…?
Releo lo que escribí: demasiadas preguntas, y pocas respuestas… así me siento
Moira Millán
“Sabemos que nos vigilan”
No me sorprende, sin embargo no amortigua la bronca y la indignación. Es muy claro el mensaje de “la justicia” impunidad, y complicidad absoluta con las empresas violando todos los derechos. Pero hay que seguir luchando, y estar atentos, ya sabemos que nos vigilan.
Flavio Romano
“Impericia y negligencia”
Siento que el espíritu corporativo marca el paso de muchas instituciones. Cerrados al pueblo, a los vecinos, este Consejo de la Magistratura puede ser más o menos progresista, o democrático, y dilucidar con claridad muchas cuestiones. Pero cuando de un lado están los vecinos sin saco y corbata y del otro los fiscales, cierran filas y se acorazan. Está claro que los fiscales procedieron con impericia y negligencia. Rivarola mismo vino a mi casa a disculparse y lo admitió, negando todo tipo de intencionalidad. “Nunca nos había tocado una situación así, no supimos que hacer, lo recibimos (al espía) para que deje de molestarnos. Nunca vimos lo que había en el pendrive”…Hasta el día de la audiencia…
Y esto no es cierto. Alguien revisó los archivos y los fue guardando sistemáticamente.
Resumiendo, primero se protegen entre ellos, y si les sobra paño, le administran un poco de Justicia al pueblo.
Agustín Gigli
“Legalizar la relación de los espías con la Justicia”
Verificar que hacen inteligencia con nosotros y nuestra militancia no es algo a sorprender. Sé que los servicios de inteligencia nunca fueron alterados sustancialmente desde la dictadura militar. Comprobar esto es un golpe, pero es sólo confirmar algo que uno en lo profundo lo sabe.
Pero ver las fichas, confirmó también otras cosas: los servicios no son los de Hollywood, son los argentinos, lúmpenes al servicio de quien los necesite, registrando cosas que no existen pero que pueden servir para un futuro armado por ellos.
Pero más trágico es encontrarse con que la justicia trabaja con ellos. Es habitual su relación. Tan habitual que los fiscales no se sorprenden de que un servicio de inteligencia vaya a verlos y les entregue información “no solicitada”. Es tan habitual que lo atienden. Esto ya fue una sorpresa.
Pero el Consejo de la Magistratura, ha demostrado que no sólo son tres fiscales de Esquel los que tienen esta operatoria, sino que es la justicia en general. El Consejo les ha dado impunidad, hasta lo que ellos pueden dar, a los fiscales, porque avalan su accionar, su complicidad con los servicios.
Los fiscales se “equivocaron” atendiendo a un servicio, supongamos porque no sabían de leyes, de inteligencia. Entregaron las fichas y cuando se les marcó el error, entendieron e intentaron remediarlo para salvarse. Pero el Consejo de la Magistratura tuvo mucho tiempo para darse cuenta de que el accionar de los fiscales no se ajusta a la ley, y que por lo menos debería investigarse si fue un hecho aislado o es frecuente. Lo que resolvieron es impunidad, para los fiscales de Esquel y para el resto de la provincia. Legalizaron la relación directa, prohibida, de agentes de la AFI con la justicia. Este último hecho es verdaderamente de terror.
Omisiones de la investigación en el Consejo de la Magistratura
Por Gustavo Macayo – Abogado.
Del informe sumarial en el Consejo de la Magistratura. Jorge Amado Gutiérrez se desprende:
– Falta el análisis de los testimonios tomados durante la instrucción del sumario. Solamente se mencionan los testimonios de los defensores Radziwilowiski y Bagnato. Se omite detallar las declaraciones testimoniales de los denunciantes y de una docena de testigos, como Flavio Romano, Juan Zuoza, Gustavo Macayo, Andrés Campos, Nora Corvalán, Silvia Pérez, Pablo Quintana, Miriam Grimaldi, Susana Pérez, Federico Ovidi, Celedonio Díaz, Silvina Larraza, Emanuel Vera, Corina Milán, Fernanda Rojas, y otros ofrecidos en la denuncia y ya producidos.
– El análisis del sumariante, respecto del video incorporado a la causa donde se registró la reunión entre los Fiscales Rivarola y Bottini y el agente de inteligencia en la que se recepcionó la información prohibida, es diametralmente opuesta a la interpretación del mismo video efectuada por el Juzgado Federal, así como a la interpretación de las pericias informáticas ya producidas en el expediente judicial del mismo Juzgado.
– Las conclusiones del sumariante-informante Gutiérrez siguen la línea argumental esbozada por los Fiscales Rivarola, Bottini y Révori en sus descargos, sin analizar en profundidad los hechos que ya se encuentran probados y reconocidos ampliamente, incluso a través de medios masivos de difusión.
Del informe sumarial en el Consejo de la Magistratura. Jorge Amado Gutiérrez se desprende:
– Falta el análisis de los testimonios tomados durante la instrucción del sumario. Solamente se mencionan los testimonios de los defensores Radziwilowiski y Bagnato. Se omite detallar las declaraciones testimoniales de los denunciantes y de una docena de testigos, como Flavio Romano, Juan Zuoza, Gustavo Macayo, Andrés Campos, Nora Corvalán, Silvia Pérez, Pablo Quintana, Miriam Grimaldi, Susana Pérez, Federico Ovidi, Celedonio Díaz, Silvina Larraza, Emanuel Vera, Corina Milán, Fernanda Rojas, y otros ofrecidos en la denuncia y ya producidos.
– El análisis del sumariante, respecto del video incorporado a la causa donde se registró la reunión entre los Fiscales Rivarola y Bottini y el agente de inteligencia en la que se recepcionó la información prohibida, es diametralmente opuesta a la interpretación del mismo video efectuada por el Juzgado Federal, así como a la interpretación de las pericias informáticas ya producidas en el expediente judicial del mismo Juzgado.
– Las conclusiones del sumariante-informante Gutiérrez siguen la línea argumental esbozada por los Fiscales Rivarola, Bottini y Révori en sus descargos, sin analizar en profundidad los hechos que ya se encuentran probados y reconocidos ampliamente, incluso a través de medios masivos de difusión.
– En síntesis, el trabajo realizado en el ámbito del Consejo de la
Magistratura no se condice con la situación de Gravedad Institucional
que tiene el desempeño, por acción y omisión de los agentes del
Ministerio Público Fiscal. Mantener esa posición significa premiar con
impunidad, y dejar a la comunidad de Esquel sometida en lo sucesivo, a
la actividad investigativa penal de los mismos funcionarios que están
involucrados en actividades de Inteligencia expresamente prohibidas por
la Legislación Nacional, la Constitución Provincial, y el Código de
Procedimiento Penal de Chubut.
Editoriales ANP
