miércoles, 28 de diciembre de 2011
PRESENTACIÓN DE LIBRO: "AQUÍ NO VIVE NADIE" DE LUCIANA MELLADO
Llenarán la noche: poesía - clown - música - cositas que vuelan - viento del desierto y del mar - brindis y milagros varios.
Invita la Biblioteca Claudia V. Cherry,
Centro Cutural Galeano y el programa radial Familia de palabras
Entrada libre y gratuita
¡L@s esperamos!
COMUNICADO ATE EL BOLSÓN: SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE CINCO SALTOS
Exigimos que no se despida a personas que cumplen sus tareas y funciones en genuinos puestos de trabajo- que se vayan los ñoquis (que muchos están en planta permanente).
En este momento creemos que es importante defender a los trabajadores que llevan adelante la tarea cotidiana. Queremos respuestas sobre la continuidad de los trabajadores contratados y becados, que no tienen la culpa de la precarización laboral a la que los sometió el gobierno radical y que hoy se encuentran en estado de incertidumbre frente a la falta de respuestas por parte de este nuevo gobierno.
Continuamos en estado de Alerta, Asamblea y Movilización Permanente, exigiendo que se preserven los genuinos puestos de trabajo. Que la crisis no la paguemos los trabajadores y las trabajadoras.
Junta Interna ATE
Promoción Familiar El Bolsón.
AURELIO VÁZQUEZ ESTARÁ ESTA TARDE EN LUIS BELTRÁN
La actividad consiste en un encuentro en la plaza 9 de Julio de Beltrán a las 20:00 donde se convoca a toda la comunidad beltranense y de Valle Medio a participar con la única consigna de acompañar a la familia Solano en su reclamo de esclarecimiento, juicio y castigo a los responsables de la desaparición del joven Daniel, desaparecido el pasado 5 de noviembre.
La Secretaria Adjunta de Valle Medio, Emilse Van Der Linger confirmó a 7enpunto que la actividad contará con la presencia de Aurelio Vazquez. “Aurelio quiso estar presente en esta actividad a la que hemos convocado, por eso esta tarde va a estar en la plaza de Beltrán atendiendo todos los requermientos que le haga la comunidad”.
Van Der Linger indicó también que una vez concluida la actividad ambos emprenderán viaje hacia Viedma, dado que el SITER se reunirá mañana a las 09:00 con el Gobernador Carlos Soria.
Fuente: 7enpunto.com
SANTA FÉ: A LA LEY ANTITERRORISTA SE LA QUIEBRA EN LA CALLE
Reproducimos nota enviada por la organización de la 18a marcha en Capitán Bermúdez:
MACRI VETÓ UNA LEY QUE PROTEGÍA A LAS EMPRESAS RECUPERADAS
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Se trata de la norma que les daba protección por seis años, mientras se tramitaba la expropiación. La decisión del jefe de gobierno porteño pone en riesgo más de dos mil puestos de trabajo de 29 empresas. La Ley 4008 prorrogaba hasta 2017 el régimen de protección a 29 fábricas recuperadas que funcionan en la Ciudad, y que emplean a más de 2000 obreros gráficos, textiles, gastronómicos, madereros y de otras ramas de actividad. Esas fábricas fueron protegidas en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de 1999, con la sanción y promulgación de la Ley 238, que dispuso declarar todas esas unidades productivas de “utilidad pública” para expropiarlas con fondos públicos. La norma, promulgada en septiembre de ese año por Aníbal Ibarra, ordenaba al Estado porteño que, para garantizar ese mandato, se presentara en todos los juicios de quiebra contra esas fábricas, para evitar su cierre y el despido de sus trabajadores. Esa intervención estableció un primer plazo de vigencia por cinco años, que sólo podía ser extendido por una nueva ley que fuera votada por la Legislatura. Eso fue lo que ocurrió en noviembre de 2004, cuando se sancionó la Ley 1529 y prorrogaron ese plazo hasta 2008, el año en que una nueva Legislatura votó la Ley 2970 y extendió los plazos hasta 2011. La protección legal fue ratificada por cuarta vez hace un mes, volviéndose a extender los plazos hasta 2017, con la sanción de la Ley 4008. Sin embargo, el 16 de diciembre, cuando Macri cumplió la primera semana de su nuevo mandato, la norma quedó sin efecto, gracias a un decreto firmado por el magnate, junto a su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. En su nuevo veto, Macri dejó constancia de que “la reglamentación ejecutiva de las leyes” es “una prerrogativa propia del jefe de Gobierno” y por lo tanto “le corresponde a éste trazar los lineamientos y las políticas públicas pertinentes para la ejecución de las leyes”. En ese marco, el pedido de conformar una “mesa participativa” resultaría, según el macrismo, una iniciativa “contraria al principio de división de poderes” establecido en el artículo primero de la Constitución de la Ciudad. Desde la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA), que agrupa a emprendimientos de gestión obrera, anticiparon que los trabajadores de las empresas recuperadas se van a reunir para discutir la situación junto con diputados nacionales y de la Ciudad y evaluar los pasos a seguir. |
CTA CONVOCA A MARCHA ESTE JUEVES 29 CONTRA LA LEY ANTITERRORISTA
Reproducimos a continuación una nota difundida desde la CTA sobre la convocatoria a la marcha: “En nombre y representación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) nos dirigimos a ustedes para comunicarles que según lo resuelto en la reunión de Conducción Nacional en Rosario este jueves 29 del corriente mes, convocamos a movilizarnos en contra de la Ley antiterrorista.
El proyecto incorpora al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión.
En estos casos se eleva la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima.
La excusa de este proyecto es prevenir, investigar y sancionar actividades delictivas con finalidad “terrorista”. Sin embargo, la amplitud con que se definen dichas finalidades es enorme, por lo que la gran mayoría de las acciones de protesta social podrán, potencialmente, ser calificadas como “terroristas” o encuadrar dentro de las previsiones de esta ley.
No se trata de una preocupación en abstracto. Leyes muy similares a estas se utilizan habitualmente en Chile, para acusar por terrorismo a los miembros de las comunidades mapuches que luchan por la defensa de su territorio y de sus costumbres.
Entre las situaciones absurdas por lo ilógico, pero extremadamente graves por sus consecuencias en la práctica pueden citarse las siguientes:
Actualmente la pena prevista por una usurpación es de 6 meses a 3 años, pero si se considera que tiene una finalidad terrorista (por ejemplo, para frenar procesos de desmonte) la pena pasaría a ser de 1 a 6 años, introduciendo así el riesgo de la prisión efectiva.
Este proyecto implicaría nuevas desproporciones en la escala penal: “por ejemplo, quien cometiera un hurto en el contexto de una conmoción pública podría recibir una condena mayor que la que corresponde a un policía que ocasionara torturas”.
Esta reforma genera condiciones para una mayor criminalización de la protesta social, ya que amplía las figuras penales y aumenta notablemente las penas respecto de actos que constituyen la sustancia de las estrategias de reivindicación de derechos en la práctica. Los piquetes, las movilizaciones, las huelgas con permanencia en el establecimiento, la resistencia a desalojos, entre otros, quedarán sujetos a la eventualidad de que un juez los califique como “terroristas”.
En la actualidad numerosos dirigentes sociales enfrentan causas penales como consecuencia del legítimo ejercicio de los derechos constitucionales. De ello pueden dar cuenta, entre muchos otros, los trabajadores del Ferrocarril Sarmiento en Buenos Aires, los trabajadores de la empresa Kraft – Terrabusi en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores estatales de la provincia de Mendoza, los trabajadores docentes de la provincia de Santa Cruz, los trabajadores del azúcar de la provincia de Salta. De sancionarse este proyecto, quienes realicen acciones similares deberán enfrentar, potencialmente, la acusación como ´terroristas´.
Desde el Gobierno Nacional se ha sostenido que durante la última década los luchadores sociales no han debido enfrentarse a la justicia penal. Los ejemplos citados anteriormente desmienten esta afirmación. Y aún así, cabe destacar que esta ley trascenderá los límites del actual gobierno, y de ser aprobada se transformará en una herramienta formidable de todas aquellas autoridades estatales que quieran limitar la protesta social.
Este proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo Nacional en el mes de octubre de 2011, como respuesta a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas
Es decir, el Estado Nacional está privilegiando, en este punto, sus relaciones con el poder financiero internacional por sobre el ejercicio de las acciones de protesta social que puedan llevar adelante todo tipo de organizaciones sociales en nuestro país (sindicatos, organizaciones de campesinos y pueblos originarios, organismos de derechos humanos, movimientos sociales), precisamente aquellas que, desde 1976 en adelante, han sido quienes han encabezado los procesos de resistencia popular ante la profundización de los programas de ajuste.
La concentración será a las 17Hs en Av. de Mayo y 9 de Julio para movilizarnos a Plaza de Mayo junto a organizaciones sociales, de derechos humanos, entre otras que participarán de la misma.
En este fin de año que nos encuentra movilizados en contra de la criminalización y judicialización de la protesta, es un deber indelegable nuestra participación en defensa de nuestras libertades”.
NUEVA JORNADA EN DEFENSA DE LA VIDA EN FAMATINA
Desde la Asamblea de Chilecito se pronunciaron en un comunicado que continuaran con sus manifestaciones "nuestro pueblo elije responder pacíficamente con una actividad que tiene por objetivo la unión en estos tiempos tan difíciles para seguir defendiendo nuestros bienes comunes..." agregando que se se mantienen alertas y deseando que la jornada se desarrolle con normalidad, haciendo hincapie en la responsabilidad que tiene el gobierno provincial.Fotos y texto: Javier Astrada
http://www.mediafire.com/?
Si a la vida, no a la Mina a cielo abierto.
SANTA FE ES TERRORISTA
Reproducimos una nota llegada desde Santa Fé, donde rápidamente, ya se ha puesto en práctica esta ilegítima ley:
COMUNICADO DE PRENSA: UNA LEY CONTRA EL PUEBLO
SI ESTA LEY SE APRUEBA:
EL RECLAMO ES TERRORISMO
Los abajo firmantes expresamos nuestra oposición al proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación por la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner el 14 de octubre de 2011, que logró la media sanción en la Cámara de Diputados con los votos únicamente del Frente para la Victoria, que consiste en un nuevo proyecto de ley “antiterrorista”, que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta que permite la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”.
La ley antiterrorista del 2007
Cabe recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater. El primero de ellos tipificaba como delito la “asociación ilícita terrorista” y el segundo sancionaba el “financiamiento del terrorismo”.
En este sentido, no es menor que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por “terrorismo” y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de “terrorista” para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. Aplicando estas leyes en Chile los mapuches y en Perú los docentes, son procesados y encarcelados como “terroristas”. En Irak y Afganistan los “Terroristas” son lo que resisten la invasión de los EEUU y sus socios.
El nuevo proyecto de ley enviado por Cristina Fernández de Kirchner
El nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta postula la modificación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación “antiterrorista” cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.
Específicamente se promueve la incorporación al Código Penal del art. 41 quinquies, que establecería lo siguiente: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala.”
No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que demonizan la protesta.
A partir de ahora cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional (a través de cualquiera de sus funcionarios públicos, ministros, secretarios, comisarios etc,) gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley. De esta manera esta ley posibilitara calificar de terrorista casi cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados.
La ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de “financiación del terrorismo”, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente directa o indirectamente con cualquier organización o persona que vaya a cometer hechos con la finalidad de obligar a la autoridad a realizar o abstenerse de realizar un acto. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. A la luz de esta nueva legislación todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años.
Asimismo resulta gravísimo que el proyecto de ley, en su art. 6º, autoriza a la UIF – Unidad de Información Financiera que depende del Poder Ejecutivo a que mediante una simple disposición administrativa proceda al congelamiento de activos vinculados a las “acciones delictivas previstas”. De aprobarse el proyecto ya no se requerirá una decisión judicial, si no una simple comunicación al juez de turno una vez que la medida se efectivizó.
Contexto en el cual se enmarca la sanción de la ley antiterrorista.
El peligro que entraña esta legislación debe medirse asimismo con referencia al contexto en el cual se sanciona. En los últimos 8 años la criminalización de la protesta social se ha profundizado al punto tal que no existe lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento. No podemos olvidar la querella penal que inició Cristina Fernández de Kirchner contra los asambleístas de Gualeguaychú a quienes acusó por el delito de sedición, atentado contra el orden democrático, más otros 12 delitos que contemplan prisión efectiva. Tampoco podemos olvidar que en la causa penal iniciada el 23 de diciembre contra los tercerizados del Rocca y ferroviarios de la oposición (detenidos en su momento y luego liberados), se los acusa no sólo por corte de vías sino también por extorsión al Ministro de Transporte Schiavi. Ambos ejemplos quedarían abarcados en los agravantes de esta ley de producirse su vigencia. Mucho menos podemos pasar por alto las declaraciones de la Presidenta cuando califica los reclamos de los trabajadores como extorsivos.
A esta política nacional de criminalizar la protesta, se ha sumado la utilización de patotas contra quienes luchan como ocurrió en el Hospital Francés, en el Indec, en la Legislatura contra los maestros, y en las luchas de los tercerizados del Ferrocarril Roca en la cual fue asesinado Mariano Ferreyra, por citar sólo algunos ejemplos. Por otra parte la represión directa ha crecido exponencialmente tanto en cantidad como en brutalidad. Basta recordar la represión policial a los trabajadores de Kraft en el 2009, la represión a la comunidad qom en la colonia La Primavera en Formosa en la cual fue asesinado Roberto López y en otro hecho el mismo día Mario López, la represión en el Parque Indoamericano que dejó un saldo de tres asesinados (Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri), la represión en Libertador San Martín en Jujuy en la cual fueron asesinadas cuatro personas (Ariel Farfán, Juan José Velázquez, Félix Reyes y Alejandro Farfán (Libertador- Jujuy) y el asesinato a sangre fría de Cristian Ferreira en Santiago del Estero.
Algunos sectores han argumentado que esta ley motiva su aplicación en los lamentables atentados en la Embajada de Israel y AMIA, pero la impunidad de ambos atentados no se debe a las disposiciones actuales del código penal sino al encubrimiento estatal orquestado desde el mismo momento en que se efectuaron.
Una ley contra el pueblo
Debe destacarse que esta ley es promovida (como también lo fue la sanción de la ley 26.268) a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social.
Esta ley no está pensada ni sancionada en pos de resolver ninguno de los problemas que enfrenta el pueblo argentino. Tampoco está destinada a impedir que se produzcan atentados contra el pueblo argentino ni a lograr el esclarecimiento de los ya perpetrados contra la AMIA y la Embajada de Israel. Hay que dejar bien en claro que no es necesaria la sanción de ninguna legislación especial para hacer justicia y resolver estos atentados contra el pueblo argentino.
Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social. La posible privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de “terrorista”, el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación, generan miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico.
Por estos fundamentos repudiamos la sanción del proyecto de ley antiterrorista y exigimos la derogación de la ley 26.268, y llamamos a toda la población a manifestarse y movilizarse en contra de esta legislación represiva y antipopular en defensa de las más amplias libertades públicas por las que el pueblo argentino luchó y seguirá luchando.
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos - AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha - APEL
Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA-APEMIA
Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP
Liberpueblo
EL PUEBLO MAPUCHE LE DICE NO AL CIANURO
Comunicado de Prensa
Al Pueblo Mapuche y sus Comunidades.
Ante los sucesos y posible pronta aprobación intempestiva del Proyecto de derogación de la Ley N° Q 3.981 “que prohíbe el uso del cianuro” para emprendimientos mineros.
Como representantes de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de la Provincia de Rio Negro llamamos a todas la personas pertenecientes al Pueblo Nación Mapuche a estar “movilizados y atentos” ante la posible promulgación de esta de norma que atenta contra la integridad física y territorial del Pueblo Mapuche, afectando nuestra Cosmovisión y Cultura.
Creemos que los argumentos de usar la emergencia por la ceniza volcánica es sumamente superficial y que encubre los objetivos verdaderos de beneficiar a multinacionales que lo menos que hacen es generar mano de obra en las zonas afectadas, ya que dicha producción minera se encuentra altamente tecnificad y usa mano de obra calificada y no a nuestros peñis desocupados.
Decir que el cianuro no es contaminante es una mentira enorme, porque no solo que es contaminante si no que además es cancerígeno.
La minería es un saqueo a la sociedad en general ya que las regalías que deja son exiguas a comparación de las que genera, y la minería del cianuro la única ganancia que nos deja es desplazamiento de los pobladores rurales a las ciudades, crecimiento de la pobreza, agua contaminada, mortandad animal y enfermedades patógenas entre tantas cosas.
Por esto decimos:
Decimos NO! al Cianuro
Decimos NO! a la Minería a cielo abierto
Es necesario establecer una política intercultural coherente, que garantice el uso sostenible de los recursos naturales, que resguarden el bien común, que promueva la soberanía alimentaria, la salud, la educación y el desarrollo de una vida digna tanto en los territorios como en la ciudad de todos los Mapuche.
Generar una política publica para los pequeños productores Mapuche basada en la mejora de la captación de agua, mejora de las instalaciones para manejo ganadero y desarrollar cadenas de valor y puntos de comercialización con el Objetivo final de desarrollar una comercialización justa donde el productor Mapuche reciba la mayor parte de los beneficios, e ir generando diversificación en la producción para generar seguridad y soberanía alimentaria.
Convocamos a todas las Organizaciones Sociales, de Productores y Ambientalistas a manifestar su opinión, descontento y a movilizarse a fin de la no destrucción del Ixofijmogen (biodiversidad) y del Walmapu.
Repetimos:
NO! al Cianuro
NO! a la Minería a cielo abierto
¡Si! a la vida digna en nuestros Territorios
Marici Wew….!!!! Marici Wew….!!!!
Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche
Contactos:
Luis Pilquiman 02944-15604439 Hugo Aranea 02920-15414737
Diego Pereyra Cotaro 02944-15770012 Aniceto Huenchul 02920-15308915