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 Se trata de la norma que les daba protección por seis años, mientras se tramitaba la expropiación. La decisión del jefe de gobierno porteño pone en riesgo más de dos mil puestos de trabajo de 29 empresas. La Ley 4008 prorrogaba hasta 2017 el régimen de protección a 29 fábricas recuperadas que funcionan en la Ciudad, y que emplean a más de 2000 obreros gráficos, textiles, gastronómicos, madereros y de otras ramas de actividad. Esas fábricas fueron protegidas en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de 1999, con la sanción y promulgación de la Ley 238, que dispuso declarar todas esas unidades productivas de “utilidad pública” para expropiarlas con fondos públicos. La norma, promulgada en septiembre de ese año por Aníbal Ibarra, ordenaba al Estado porteño que, para garantizar ese mandato, se presentara en todos los juicios de quiebra contra esas fábricas, para evitar su cierre y el despido de sus trabajadores. Esa intervención estableció un primer plazo de vigencia por cinco años, que sólo podía ser extendido por una nueva ley que fuera votada por la Legislatura. Eso fue lo que ocurrió en noviembre de 2004, cuando se sancionó la Ley 1529 y prorrogaron ese plazo hasta 2008, el año en que una nueva Legislatura votó la Ley 2970 y extendió los plazos hasta 2011. La protección legal fue ratificada por cuarta vez hace un mes, volviéndose a extender los plazos hasta 2017, con la sanción de la Ley 4008. Sin embargo, el 16 de diciembre, cuando Macri cumplió la primera semana de su nuevo mandato, la norma quedó sin efecto, gracias a un decreto firmado por el magnate, junto a su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. En su nuevo veto, Macri dejó constancia de que “la reglamentación ejecutiva de las leyes” es “una prerrogativa propia del jefe de Gobierno” y por lo tanto “le corresponde a éste trazar los lineamientos y las políticas públicas pertinentes para la ejecución de las leyes”. En ese marco, el pedido de conformar una “mesa participativa” resultaría, según el macrismo, una iniciativa “contraria al principio de división de poderes” establecido en el artículo primero de la Constitución de la Ciudad. Desde la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA), que agrupa a emprendimientos de gestión obrera, anticiparon que los trabajadores de las empresas recuperadas se van a reunir para discutir la situación junto con diputados nacionales y de la Ciudad y evaluar los pasos a seguir. |
Editoriales ANP
