Bariloche (enestosdías).-
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue aceptada
como querellante en la causa. La Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca aceptó el pedido. Implica un reconocimiento de la
responsabilidad del Estado en el crimen.
La apelación del organismo de derechos humanos barilochense había sido rechazada por el juez federal Gustavo Villanueva, quien entendió que los hechos investigados no revestían una violación de los derechos humanos como para permitir dicha participación.
Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Roca interpretó que el asesinato del joven mapuche puede encuadrarse bajo esa figura y dio crédito al planteo de la APDH que, en base a fallos de Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo “la importancia de la participación de los organismos de derechos humanos, en causas en las que los órganos represivos del Estado son investigados como en el caso de Rafael Nahuel”. En ese hecho “su muerte se produce como resultado de un operativo represivo de las fuerzas de seguridad, donde se analiza el contexto de la represión a un grupo mapuche en el marco de una protesta social, el uso desproporcionado de la fuerza y el homicidio por la espalda del joven”.
De esta manera, la Cámara Federal citando jurisprudencia de la Corte Internacional entendió que la prohibición de ejecuciones extrajudiciales que señala el Derecho Internacional es una “grave violación de los derechos humanos”.
Para el Tribunal “hay un hecho no controvertido en la causa que es la muerte de un joven civil a raíz de un disparo de arma de fuego y la presencia en el lugar -lo que predica sobre su posible involucramiento en ese hecho- de integrantes de una fuerza de seguridad estatal”.
La presentación de la APDH fue realizada por su representante legal, Sebastián Feudal.
Con este fallo de la Cámara Federal no sólo los padres de Rafael Nahuel querellarán en la causa, sino también la APDH de Bariloche.
Para ese organismo el asesinato del joven mapuche fue “un homicidio agravado por alevosía y odio racial”, y debe actuarse “tanto contra los autores materiales como contra los instigadores y responsables del procedimiento represivo que culminara con dicha muerte”.