(PÁGINA 12).-Hoy comienza en Esquel el juicio contra cinco personas que se solidarizaron con la comunidad mapuche
En
enero de 2017, cinco personas sufrieron represión policial y apremios
ilegales cuando se solidarizaron con la comunidad de Cushamen. Sus
denuncias fueron ignoradas y, en cambio, desde hoy serán juzgadas por
supuesta resistencia a la autoridad y uso de armas.
G. Seguí, Huenelaf, P. Seguí, Buchile, González, Huenchupan y Jaime al ser liberados el 12 de enero de 2017.
Imagen: Sharon Masurski
Santiago
Maldonado no fue el primer desaparecido en Cushamen. El 10 de enero de
2017 un grupo de personas acudió a la Pu Lof en Resistencia ante la
salvaje agresión que había sufrido esa comunidad mapuche, y fue
reprimido al borde de la muerte, detenido con apremios ilegales y
durante varias horas nada se supo de ellos. Les iniciaron una causa y
hoy comienza el juicio en el que Ivana Huenelaf, Jorge Buchile, Daniela
González, Gustavo Jaime y Javier Huenchupan están acusados de uso
agravado de armas de fuego y resistencia a la autoridad. En tanto, los
policías y empleados de Benetton que los secuestraron y torturaron
siguen impunes. “Los vamos a desaparecer”, repetían los uniformados en
esas largas horas, en lo que fue la antesala de la cacería del 1 de
agosto tras la cual Maldonado estuvo desaparecido, hasta que su cuerpo
sin vida apareció el 17 de octubre en el Río Chubut. “India sucia,
tomate tu propia sangre”, le gritaron a una mujer mapuche que estaba
presa.
Huenelaf, Buchile, Huenchupan, González y Jaime –junto a Pablo y
Gonzalo Seguí, que ya fueron sobreseídos por el presunto delito de
abigeato– no imaginaban que aquel día iban a exponer sus vidas cuando
respondieron los pedidos de ayuda desesperados por Whatsapp, tras haber
escuchado por FM Alas que había heridos graves, como Emilio Jones, a
quien un balazo le destrozó la mandíbula, y Fausto Jones Huala, que
perdió un tímpano. “Fue una situación triste y desconcertante, niños y
mujeres mostraban sus golpes, algunas dijeron que se iban a incendiar
junto con sus hijos si volvían los gendarmes”, recordó con angustia
Gustavo Jaime, profesor de educación física y uno de los imputados, en
diálogo con PáginaI12 a horas del inicio del juicio.
“Vamos por la absolución de todos, pero sabemos que acá está detrás
el Ministerio de Seguridad, en un proceso sin pruebas. Sólo el fiscal
Oscar Oro que dice tener el ‘convencimiento’ de que tiene un caso”, dijo
a este diario el abogado Edgardo Manosalva, defensor junto a Marcos
Ponce.
Al llegar a la Pu Lof vieron los destrozos y escucharon a las mujeres
y niñas golpeadas en el operativo conjunto de Gendarmería y la Policía
de Chubut. La comunidad pidió autos para ir a buscar sus caballos, que
habían sido robados por los efectivos. Y ahí comenzó la pesadilla. “Me
sumé con dos amigos, Gonzalo y Pablo, con su camioneta, íbamos detrás de
las personas que estaban buscando a los animales. Pasó un camión con
caballos, alguien gritó ‘vamos a ver si son los nuestros’, intentamos
ponernos adelante para pedirles que se detuvieran, y ahí comienza la
catástrofe cuando la persona que manejaba saca una pistola y empieza a
disparar. No habíamos hecho nada, así que nos alejamos”, relató Jaime.
“Esa secuencia es larga porque se sumó otro vehículo que nos disparó con
armas largas. Decidimos llegar a El Maitén, pero se interpuso un
patrullero y desde ahí también nos dispararon. Hubo balazos y un fierro
me pegó en la escápula. Había ido a solidarizarme, la policía intentó
matarme, voy a juicio y estoy embargado”, agregó.
Según describió Manosalva, “las fuerzas de seguridad emboscaron a un
grupo de civiles, les dispararon con balas de plomo y antitumulto tal
como confesaron los policías; los persiguieron, los tuvieron detenidos
sin dar información durante 12 horas en diferentes lugares y les armaron
un montaje con pruebas que ellos decían tener y que desaparecen. Es
evidente que borraron las que los comprometían, trucharon actas y
mintieron en las declaraciones”. El abogado agregó: “Denunciamos que
Benetton prestó camionetas y personal ese día para salir a cazar
mapuches, tenemos las fotos de la camioneta, la patente, la marca, el
color. Incluso el propio mayordomo (del empresario) lo reconoce y admite
que manejaba una junto a policías. Pero nunca fueron allanadas las
tierras ocupadas por Benetton porque no está ni en el horizonte de la
Justicia el hecho de hacerlo”. Jaime contó que “el camión y la camioneta
de donde bajaron personas con ropa camuflada y armas largas tampoco
estaban identificados. Parecían del Ejército, pero no había ninguna
razón para que nos dispararan”, dijo. Los medios locales sólo
mencionaron que hubo tres heridos en la “liberación de las vías del tren
La Trochita”, nada del resto de los detenidos.
Película de terror
Cuando llegaron al hospital viejo de El Maitén, los golpearon y los
llevaron a la cárcel de esa localidad, donde permanecieron hasta la
medianoche. “Era como un campo de concentración, celdas de dos por dos,
sin baño, ni luz, ni ventanas, todo sucio. Sólo tenía un ventiluz por
donde una de las mujeres me pidió ayuda, mostrándome su brazo
fracturado. Cuando entré lloraba mientras abrazaba a otra más pequeña
que sangraba. Ninguna había recibido atención. Desde un pasillo le
dijeron que se tomara su propia sangre, a la vez que la llamaban ‘india
sucia’. Eran Ivana Huenelaf y Daniela ‘Rojita’ González”, describió el
abogado Carlos González Quintana. “Había dos varones, uno baleado en la
espalda y el otro con el rostro desfigurado. Eran Jaime y Huenchupan.
Buchile estaba desaparecido. El fiscal Carlos Díaz Mayer, que no me
quería dejar pasar, no sabía dónde estaba. Nos fuimos a Esquel y lo
encontramos en el hospital, muy lastimado, y con tres detenidos también
muy golpeados: Ariel Garzí, Ricardo Antihual y el hermano menor del
lonko Facundo Jones Huala, Nicolás”, completó. Este letrado, junto a
Raúl Prytula de APDH Río Negro, presentó un hábeas corpus en el juzgado
de Ricardo Colabelli, que rechazó la acción después de escuchar los
testimonios de los jefes de policía que intervinieron en la represión
del 10 y 11 de enero. “De Maitén Infantería nos trasladó encapuchados y
esposados por un camino de ripio, no sabíamos a dónde íbamos, no
podíamos hablar porque nos pegaban. Fueron tres horas terribles”,
describió Jaime.
Reino del revés
Los cinco están acusados de agredir a los policías cuando en realidad
fueron ellos los baleados. Les imputan atentado contra la autoridad
agravado por el uso arma y por ser en grupo, y al conductor de la
camioneta, Buchille, le agregan resistencia a la autoridad y las
supuestas lesiones graves del sargento Adrián Amed. Algunos de ellos
afrontan, además, una causa federal por las bombas molotov que la fiscal
Silvina Avila afirma tenían en la caja de su camioneta, y que el juez
Guido Otranto unificó con otro proceso abierto por un corte de la ruta.
En tanto, la denuncia que el grupo inició contra el Estado por su
secuestro, detención y torturas ni siquiera fue abierta en su etapa
preparatoria. “Son ellos contra el Estado, es la doble vara de la
fiscalía que durmió nuestra acusación, pero en 48 horas activó la otra”,
dijo el abogado Manosalva.
Las denuncias que originaron la represión habían sido presentadas por
Benetton, avaladas por la policía local y funcionarios, y luego
impulsadas por el Poder Judicial. “Acusamos en principio al jefe del
GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales). Amed tiró a matar y se
hace la víctima. Ivana les gritó que llevaban a un herido. El supuesto
policía lesionado le pegó a Buchile, entró al hospital a buscar a Jaime,
el herido verdadero, lo sacó, lo tiró al piso y comenzó a las patadas
delante de todos, con la pierna que supuestamente tenía lastimada.
Gustavo nunca se resistió”, describió el letrado, que planea apuntar
también al poder político, porque el propio gobernador Mario Das Neves y
sus funcionarios se habían reunido horas antes con las autoridades
provinciales de Gendarmería.
“En agosto fue la desaparición forzada de Santiago que terminó en su
muerte, pero a los que iban en la camioneta las balas les pasaban a 10
centímetros, esa tragedia podría haber ocurrido en enero. Además, hay
otro paralelismo: la policía, con la anuencia de la fiscalía, también
escondió pruebas de audios, videos y fotografías. A su vez, en la causa
federal hay indicios de un pacto de actuación entre Gendarmería y la
policía de Chubut, cuya función fue ‘cazar mapuches’”, concluyó el
abogado de los cinco que se sentarán ante el juez Martín O’Connor. “Hay
que plantearse cuáles son los objetivos de reprimir, amedrentar y
disciplinar. Al miedo hay que mirarlo a la cara y enfrentarlo, estar
alerta, pero que nunca nos paralice ni nos invite a dejar de actuar”,
concluyó Jaime sobre el calvario que vivieron y que aún no termina.