A pesar de contar con suficientes elementos que prueban la responsabilidad material del cabo Javier Pintos en el homicidio de Rafael Nahuel, el juez Gustavo Villanueva todavía no ha dictado su procesamiento. La demora sólo puede tener una explicación: evitar cualquier tirón de oreja del ministerio de Seguridad, cuando le faltan no más de cien días para alejarse de la causa.
Al Margen pudo saber que el magistrado no ve la hora de irse a fines de noviembre, cuando el juzgado que subroga desde mayo de 2016 volvería a manos de su titular, Leónidas Moldes, cuya representación en el Consejo de la Magistratura de la Nación no podrá renovar, al menos, por un período intermedio de cuatro años.
Para militantes defensores de los derechos humanos, el regreso de Moldes es una mala noticia. Le reprochan haber condenado en 2001 a Marina Schifrin a tres meses de prisión en suspenso, por una protesta de dos horas sobre la ruta 237, a la altura del ingreso a Bariloche. Junto a 300 manifestantes, la abogada reclamaba la apertura de copas de leche y aumento salarial para docentes. Tampoco le perdonan haber ordenado en 2006 el desalojo de una familia que residía desde 1931 en tierras aledañas camino al refugio Jakob, a metros del arroyo Casa de Piedra. Ni haber allanado en 2014 la comunidad mapuche Colhuan Nahuel, tras un incendio en el refugio Neumeyer. Tres integrantes resultaron heridos entonces con balas de goma, entre ellos una joven de 13 años.
De todos modos, el actual vicepresidente del órgano encargado de seleccionar, controlar y sancionar a jueces no tendría ahora margen para engordar la indulgencia con el poder político y eludir el procesamiento de Pintos. Incluso a Villanueva se le acortan esos tiempos, sobre los que puso la causa en modo crucero.
La teoría del enfrentamiento que alimentan Patricia Bullrich y Germán Garavano ni siquiera fue la justificación con la que Pintos pudo haber maquillado el delito. En su declaración de julio frente al juez Villanueva, el albatro aseguró no haber tirado con el subfusil MP5 desde el cual, según los peritos intervinientes, salió disparada la bala que mató a Rafael Nahuel. Es decir, Pintos niega la comisión del delito.
“No tengo pruebas de la connivencia de Villanueva con el Poder Ejecutivo, pero tampoco dudas sobre esto: cuando uno asume responsabilidades como la suya, conoce de antemano los bemoles del trabajo”, desliza Al Margen Estanislao Cazaux, abogado de la familia víctima.
Villanueva será recordado también por su rechazo a la presentación como querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El abogado del organismo Sebastián Feudal explica a este portal que el juez, en su fundamento, omitió la condición mapuche de Rafael Nahuel y, de esta manera, desvió la atención del conflicto principal (en perspectiva histórica) por el que lo mataron.
Si todo sigue igual, pesará sobre Villanueva no haber citado a declaración indagatoria al cabo Juan Obregón, el único prefecto que, de acuerdo al testimonio de Pinto, ingresó al predio de Villa Mascardi con un subfusil MP5.
Se le recriminará, asimismo, no haber resuelto el pedido de nulidad del peritaje del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones de Fiscales del Ministerio Público de Salta, que aseguró que en la mano derecha de la víctima fue hallada una partícula compatible con pólvora. La querella alega que a la provincia norteña sólo llegaron filmaciones y datos digitalizados de la pericia realizada en el Centro Atómico de Bariloche, cuyos especialistas sostuvieron que las partículas correspondientes a las manos de Rafael Nahuel analizadas en las cintas de carbono no son compatibles con pólvora.
En definitiva, transcurrieron ya 9 meses del asesinato del pibe de 22 años de un humilde barrio barilochense, que viajó a solidarizarse con la comunidad Winkul Mapu, luego de haber recuperado su tierra. Todavía, no hay justicia para él.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
Editoriales ANP
