(Grupo de soberanía alimentaria).- Las
organizaciones
abajo firmantes
manifiestan su
preocupación
ante el
vaciamiento de
las políticas
públicas
destinadas a la
agricultura
familiar campesina
e indígena a
través de los
despidos
propiciados por el
Ministerio de
Agroindustria de
la República
Argentina a
técnicos y
extensionistas que
trabajan
acompañando los
procesos
organizativos de
las comunidades
campesinas e
indígenas por el
efectivo goce de
los derechos
humanos de los
ciudadanos
rurales.
Los
despidos se
intentan
justificar en
una supuesta
reingeniería
administrativa
aprobada por el
mismo Gobierno
Nacional y la
necesaria
adecuación a esos
cambios que se
ejecuta reduciendo
los puestos de
trabajo sin
ninguna
alternativa
efectiva para
garantizar la
continuidad
laboral. Esta
decisión tiene
como consecuencia
el abandono de los
agricultores
familiares y un
reiterado
menosprecio a
campesinos e
indígenas; debido
a que esos
trabajadores y
trabajadoras
estatales de las
Delegaciones
Provinciales del
Ministerio de
Agroindustria
cumplían funciones
de asesoramiento,
extensión,
acompañamiento al
sector en materias
como
comercialización,
acceso a la
tierra,
fortalecimiento
institucional,
turismo rural,
capacitación a
comunidades del
interior profundo.
Este
vaciamiento
consolida un
único modelo
productivo
basado en la
desigualdad
social
a través de la
exclusión de los
ciudadanos rurales
y en la
concentración
económica y
acaparamiento de
tierras. Junto con
los más de 160
despidos iniciados
en 2016, y los 330
despidos actuales
se suma la
acefalía
pronunciada de la
Subsecretaría de
Agricultura
Familiar, la falta
de recursos y
quita de tareas
para el personal
que inciden
necesariamente en
el incumplimiento
de la Ley de
Agricultura
Familiar Nº27.118.
Según
datos de la FAO
los y las
agricultores
familiares
producen el 80% de
los alimentos del
mundo, detrás de
cada plato de
comida hay
familias,
vínculos, tierra y
cultura; hay una
gran diversidad
que para
sobrevivir
necesita ser
reconocida y
valorada por
todos.
En
cuanto a la
situación de
tenencia de
tierras más de
9.2 millones de
hectáreas se
encuentra en
conflicto
afectando al menos
a 63.000 familias
argentinas del
campo. Ello hace
necesario, no sólo
que se suspendan
los despidos sino
que se aumenten
los recursos
estatales para un
sector que es
garante de la
soberanía
alimentaria y de
la alimentación
saludable. Nos
preocupa además
del vaciamiento de
políticas
principalmente en
el interior del
país la pérdida de
sustento para esas
familias de
trabajadores en un
contexto de ajuste
general.
Estos
despidos son una
manifestación
más de ese
vaciamiento,
por ello desde las
Organizaciones de
la Sociedad Civil
y de la Academia
que suscriben el
presente
comunicado
manifestamos
nuestra
preocupación,
exigimos al Señor
Ministro de
Agricultura Luis
Etchevere que
revoque esa
decisión y tome
las medidas
conducentes para
dar cumplimiento a
lo establecido por
la Ley 27.118 de
Reparación
Histórica de la
Agricultura
Familiar y
acompañamos a los
trabajadores y
trabajadoras en
este difícil
momento.
Editoriales ANP
