El Bolsón (ANPP).- Reproducimos:
Rawson, 25 de enero de 2018
DOCUMENTO CENSO MESA DE UNIDAD SINDICAL
En
vista del Dto. N° 44/18, mediante el cual el Gobierno Provincial,
dispuso un censo para trabajadores de la administración pública
dependientes del Poder Ejecutivo Pcial, y el cual debe efectuarse vía
online, desde la Mesa de Unidad Sindical de la provincia del Chubut
expresamos:
Que
el instrumento legal mencionado anteriormente es extorsivo por cuanto
establece la facultad de sancionar al trabajador si este no completara
los formularios, y la de privarlos de sus haberes del mes de marzo.
Que
tal norma es inconstitucional por violar las garantías del debido
proceso administrativo y que sus intenciones no son claras, siendo que
las Direcciones de Personal y/o Recursos Humanos de los distintos
Ministerios y Organismos Estatales deberían tener los datos de todos/as
los/as trabajadores estatales de la Provincia. Es contradictorio el
planteo de la posibilidad de sanción y/o falta de pago de haberes si los
mismos no “tuvieran” los datos de todos/as los/las trabajadores.
Que
la orden dispuesta por las autoridades de gobierno resulta improcedente
en cuanto ésta establece plazo definitivo de llenado de formularios vía
online, sin tener en cuenta la realidad que viven y padecen los
chubutenses en el interior de nuestra provincia. Pretenden imponer que
los mismos cumplan con una orden que en muchos casos sería de imposible
cumplimiento, porque no existe la señal de internet o wifi en la
localidad donde viven y/o trabajan, en otros casos los mismos no cuentan
con los recursos tecnológicos e informáticos necesarios.
El
Gobierno no tuvo en cuenta que un gran porcentaje de los/as
empleados/as públicos de la Administración Pública está usufructuando su
licencia anual por vacaciones. Por otra parte, quien se encuentra de
licencia no está obligado a cumplir con órdenes de sus superiores porque
comprobada y justificadamente no se encuentra prestando servicios y no
han sido notificados fehacientemente.
Que
el decreto avasalla la privacidad del trabajador ya que solicita datos
personales que no son necesarios para hacer una estadística
administrativa y obliga al trabajador a dar dicha información
desconociendo quien la recepta del otro lado en forma anónima y sin
brindar protección alguna de los datos personales que se solicitan
incumpliendo las leyes vigentes.
Consideramos
que el gobierno obliga a un auto relevamiento que funciona como una
declaración jurada virtual, lejos de ser un censo y también de ser una
encuesta (la legislación vigente establece claramente los requisitos
para que una encuesta pueda ser considerada técnicamente un censo, y
toda encuesta siempre es voluntaria).
El
sistema cuenta con serias falencias en el momento de intentar cargar
los datos solicitados, informando de “error”, “caída del sistema”, etc.;
y asimismo no brinda comprobante una vez cargada la información
solicitada.
La
privatización del contralor médico y el censo se encuadran en una
política ofensiva y agresiva hacia quien trabaja, en una clara
concepción del Estado autoritario, que prioriza la imposición, la
amenaza, y el castigo en vez de convocar al diálogo, al debate y a los
consensos que resultan necesarios para la democracia.
Por
todo lo anteriormente expresado la Mesa de Unidad Sindical realizará
las presentaciones judiciales necesarias para resguardar a los
trabajadores y trabajadoras, reiterando las solicitudes ya realizadas
desde cada uno de los sindicatos que la conforman para que el Gobierno
convoque a los sectores involucrados a fin de evitar profundizar aún
más la problemática suscitada por la falta de socialización del
cuestionado decreto provincial como así también recordarles y exigir la
convocatoria a Paritarias para todo el sector público de nuestra
Provincia.
MESA DE UNIDAD SINDICAL CHUBUT
ATE
SECCIONAL COMARCA ANDINA
TE 0294 4471309
TE 0294 4471309
"FORTALECER EL ESTADO PARA LIBERAR LA NACIÓN"
El
objetivo de los allanamientos fue encontrar elementos que lxs vinculen
con la Resistencia Ancestral Mapuche, desde carteles con inscripciones
políticas hasta pinturas, instrumentos para confeccionar sténciles,
agendas personales, elementos iniciadores de fuego, remeras con
inscripciones políticas, simbología mapuche y demás.
Desde
comienzos de agosto, las manifestaciones y represiones policiales en
Neuquén se hicieron sistemáticas. En las marchas hasta la sede de
Gendarmería Nacional exigiendo la aparición de Santiago Maldonado, las
fuerzas represivas se multiplicaron para cuidar la “seguridad” del
edificio. Así, al subir por la Avenida Argentina podían verse los
vallados frente a los edificios a donde hace cuarenta años acudían
familiares de desaprecidxs de la región rogando información que jamás
obtuvieron. La sede del Juzgado Federal en el centro neuquino era
custodiada en cada marcha por distintas fuerzas policiales: el día 1ro
de cada mes, cuando apareció el cuerpo de Santiago, el 25 de noviembre
tras el fusilamiento de Rafael Nahuel y en cada una de las
manifestaciones que se vienen desarrollando para resguardar los derechos
humanos en la provincia.
Como
no se veía desde el 2013, la represión policial del Estado de Neuquén
se instaló en el centro el último día de noviembre para quedarse. La
última gran represión en el Alto había sido ese año cuando se votaba en
la Legislatura el pacto de la provincia con YPF y Chevrón. Entonces,
afuera las balas de goma y plomo y los gases volaron por más de ocho
horas ininterrumpidas.
El
30 de noviembre, la policía provincial reprimió brutalmente a
trabajadorxs de limpieza terciarizadxs que reclamaban en la lavandería
del Hospital Provincial Castro Rendón. Balas, golpes y gases dejaron un
saldo de más de setenta heridxs, de lxs cuales al menos tres revistieron
gravedad por la cercanía desde la cual recibieron los disparos. Dos
eran trabajadorxs de prensa. El gobierno argumentó que era necesario
garantizar el servicio de salud. Sin embargo, poco le preocupó que lxs
pacientxs que en ese momento se encontraban en el hospital terminaran
siendo víctimas de lo que las fuerzas de “seguridad” a su disposición
provocaron.
Ese
miércoles, trabajadorxs de ATE se encontraban reclamando afuera de la
Casa de Gobierno. Al mismo lugar habían llegado organizaciones sociales
exigiendo un bono de fin de año. En el interior del edificio
trabajadoras de Salud habían ingresado a informar que les realizaron
descuentos que no correspondían y quedaron encerradas durante casi dos
horas. Afuera, la policía desató una represión con balas de goma y gases
que duró más de cinco horas, desplazándose por los alrededores de la
Gobernación. 
El
viernes la situación se trasladó, ya que lxs trabajadorxs decidieron
llevar su reclamo al Centro de Administración Ministerial, en el barrio
Islas Malvinas, y las fuerzas represivas dieron la misma respuesta:
balas y gases, esta vez no solo contra quienes reclamaban, sino también
contra viviendas aledañas. La violencia estatal se reprodujo durante
unas dos horas más. Uno de lxs heridxs fue un periodista de Radio LU19,
quien recibió un balazo de goma muy cerca del ojo.
Desde
el 5 de julio, Madereras Al Mundo permanece cerrada y sus trabajadorxs
ocupando la fábrica para recuperar sus puestos de trabajo, tras ser
deshechadxs por el empresario Adrián Bergese.
El
jueves por la tarde, algunxs de lxs ministros del gobernador Omar
Gutiérrez brindaron una conferencia de prensa para llevar tranquilidad a
la población. En sintonía con el discurso nacional, pusieron el foco de
la violencia del lado de lxs manifestantxs, criminalizaron la lucha,
minimizaron la represión, evadieron preguntas e informaron que abrirían
causas contra militantxs.
Los
penitenciarios Martín Castillo, Gastón Rosas, Sergio Catalán, Gustavo
González y Mirko Bernardelli fueron juzgados en el 2015 por aplicar
diferentes torturas en 2009 –entre ellas submarino seco- contra internos
de la Unidad Penitenciaria N°11 de Neuquén, entre quienes se encontraba
Cristian Ibazeta, asesinado tras las denuncias. 
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