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lunes, 4 de diciembre de 2017
XIII ENCUENTRO DE LA REGIONAL CAMILO CIENFUEGOS
El Bolsón (ANPP).-Se realizará el próximo fin de semana el XIII Encuentro de la Regional Camilo Cienfuegos de grupos de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha:
REPUDIO A LA REPRESIÓN EN NEUQUÉN
El Bolsón (ANPP).-Comunicado de prensa:
Después de un mes de lucha de los trabajadores estatales de ATE por su convenio colectivo unidos a los Tercerizados q además sufren despidos fueron brutalmente reprimidos. El gobierno de Neuquén, aliado del gobierno de Macri utiliza los mismos métodos para acallar la protesta de los trabajadores que defienden sus derechos. Nos solidarizamos con la lucha de los compañeros de la salud y exigimos el cese de la represión y la satisfacción de las reivindicaciones de los trabajadores. Apoyamos las medidas de lucha en apoyo de nuestros compañeros y la necesaria autodefensa para enfrentar la represión. Exigimos a ATE, la CTA y la CGT un plan de lucha con Paros provinciales y nacionales contra la represión y por el triunfo de los trabajadores neuquinos.
Repudiamos la represión del gobierno neuquino a trabajadores de la salud de Neuquén
Después de un mes de lucha de los trabajadores estatales de ATE por su convenio colectivo unidos a los Tercerizados q además sufren despidos fueron brutalmente reprimidos. El gobierno de Neuquén, aliado del gobierno de Macri utiliza los mismos métodos para acallar la protesta de los trabajadores que defienden sus derechos. Nos solidarizamos con la lucha de los compañeros de la salud y exigimos el cese de la represión y la satisfacción de las reivindicaciones de los trabajadores. Apoyamos las medidas de lucha en apoyo de nuestros compañeros y la necesaria autodefensa para enfrentar la represión. Exigimos a ATE, la CTA y la CGT un plan de lucha con Paros provinciales y nacionales contra la represión y por el triunfo de los trabajadores neuquinos.
JUNTA INTERNA DE ATE
OPINIÓN: "MIENTE, MIENTE QUE ALGO QUEDARÁ"
El Bolsón (ANPP).-Nota de opinión:
MIENTE, MIENTE
QUE ALGO QUEDARÁ
Pareciera ser el lema que define a la gestión
del señor José Luis Dari. Y me refiero en particular al trabajo realizado por
el consejero escolar en la Escuela 103, de Mallín Ahogado. Hace tiempo que el
señor Dari viene publicitando su gestión por este y otros medios de
comunicación, enumerando sus supuestos “logros” en pos de “brindar igualdad de oportunidades entre los estudiantes y propiciando
el derecho social a la educación de los niños, niñas y jóvenes”. Lo que el
señor José Luis Dari no cuenta es que la mayoría de los logros han sido gracias
a la presión colectiva ejercida por la
comunidad educativa en defensa de sus derechos (los cuales, en más de
una oportunidad, se vieron avasallados por directivas del ministerio de educación
de la provincia que el señor Dari no dudo en acatar). En esta oportunidad solo
me detendré en uno de los tantos atropellos que hemos vivenciado.
El transporte
escolar
Comienzo con unas palabras de Galeano:
“Hoy, por hoy, no queda bien decir
ciertas cosas en presencia de la opinión pública: Los pobres se llaman
carentes, o carenciados, o personas de escasos recursos. El derecho del patrón
a despedir al obrero sin indemnización ni explicación se llama flexibilización
del mercado laboral”. Siguiendo esta lógica, el señor José Luis Dari llama “optimizar gestiones” y “ordenar recursos” a lo que se debería llamar
“ajuste socio económico”, “recorte de fondos para las escuelas públicas” o bien
“vaciamiento de la educación rural”; ya que a principio de año y recién
comenzado el ciclo escolar el consejero escolar de El Bolsón decidió tomar la
medida de suspender el servicio de transporte escolar gratuito a niños que
vivan en el ejido urbano y asistan a escuelas a más de 3 kms. de distancia,
teniendo que ser reubicados en escuelas de la ciudad ( sin importarle, ni antes
intentar averiguar, si con esta medida estaba dejando sin transporte a chicos “carenciados”
o en proyecto de inclusión).
No hubo notificaciones ni avisos previos y
muchos estudiantes no pudieron asistir al primer día de clases, ni en días
posteriores. Días después cuando la comunidad educativa comenzó a exigir respuestas
la única información que brindaba el señor Dari era que “el gobierno no tiene
dinero para pagar el transporte”; en un primer momento nunca habló de
garantizar el derecho a la educación, solo de una cuestión presupuestaria.
Gracias a la pronta organización de las
familias y de algunos trabajadores de la institución el servicio social del
transporte escolar tuvo que ser restituido, porque este sí era “un sueño que
soñamos todos” los actores sociales de la comunidad educativa de Mallín Ahogado
(recurso de amparo de por medio, la medida cautelar de no innovar por el plazo
aproximado de un año, la difusión del conflicto por los medios de comunicación
y las asambleas comunitarias fueron las que frenaron esta injusticia).
Por lo tanto, Cuando el señor José Luis Dari
se refiere a que “Durante el primer año
de gestión, a cargo del Prof. José Luis Dari, se logró implementar un altísimo
porcentaje de la resolución 906/17”, significa que se logró implementar el
ajuste socio económico en nuestras escuelas, entendiendo el concepto de
“equidad social” por el de inequidad social, ya que el transporte escolar no es
una dadiva, ni mucho menos un favor, es un servicio social que se debe garantizar
a todos los estudiantes por igual ( ya que “lo que es público es de todos”), es
decir equitativamente, y no de manera desigual como promueve dicha resolución la
cual el señor Dari defiende e intenta imponer.
El año entrante, una vez más, muchas familias
de nuestra escuela y de otras verán cercenados sus derechos a elegir a que escuela
mandar a sus hijos y muchos estudiantes comenzaran el año con el temor de
perder a sus amigos y a sus grupos de pertenencia, ya que la única respuesta
que ofrece el señor José Luis Dari ante la quita del transporte público,
gratuito y escolar es la de reubicar a los niños que se vean afectados por esta
medida.
Y aquí, también me detengo a reflexionar (como
padre y también como trabajador de la educación): construir un grupo y afianzar
el sentido de pertenencia es una tarea titánica, una de las más complejas que
nos demanda el quehacer docente. Hoy en día se sabe que para poder construir
conocimientos significativos primero es fundamental crear un vínculo y un
sentido de pertenecía; vinculo basado en el respeto mutuo, la confianza, el
amor fraterno y el dialogo sincero. Todo esto conlleva tiempo, demanda tiempo,
poner el cuerpo y la mente para que sin diluir las individualidades que
enriquecen las aulas todos al fin nos reconozcamos como un grupo. Todo lo antes
expuesto pareciera carecer de relevancia para el señor Dari, quien pretende de
manera autoritaria y arbitraria (pues en ningún momento se le consultó a las
familias, ni mucho menos a los niños) romper estos vínculos y esa pertenencia a
un lugar y a un grupo que tanto esfuerzo costó construir “reubicando” a
nuestros estudiantes, desarraigándolos del ámbito y de nuestra identidad rural para insertarlos
en otros contextos propios de las escuelas urbanas.
Una nueva vergüenza (ajena, pero vergüenza al
fin) asoma a nuestras caras. Bronca ante tanta desfachatez y tanta, pero tanta
palabra disfrazada. En resumen, para evitar los eufemismos y cualquier equivoco
o tergiversación de los hechos: El señor José Luis Dari pretende dejar sin
transporte escolar a muchos niños al defender e intentar implementar la resolución
906/17.
Lo que ignora el señor Dari es que un maestro
que lucha, también enseña y que cuando la comunidad educativa se organiza puede
mover montañas. Entonces, ”¿Qué tal si deliramos por un ratito?
¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo
posible?”.
Adrián Alejandro Estévez
DNI 24.870.509
viernes, 1 de diciembre de 2017
BRUTAL REPRESIÓN CONTRA TRABAJADORES ESTATALES EN NEUQUÉN
30 de noviembre (Tiempo Argentino).-
Martín Piqué
La escalada de violencia que iniciaron la Prefectura y la PFA con su operativo represivo en los alrededores del Lago Mascardi -en el que el joven Rafael Nahuel fue asesinado de un tiro de 9 milímetros que le ingresó por la espalda- pareció inspirar a los grupos antimotines de la policía provincial de Neuquén. Este jueves, tras una orden proveniente del gobierno de la provincia, que encabeza Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino), la policía de la provincia reprimió con extrema violencia a unos mil trabajadores estatales encuadrados en el gremio ATE que se manifestaban frente a la lavandería tercerizada que tiene la concesión de los servicios de limpieza de los hospitales públicos de la provincia. La represión tuvo lugar a 7 cuadras de la gobernación, en el centro de la ciudad de Neuquén.
El accionar policial dejó a alrededor de 70 trabajadores heridos con balas de goma. Algunos de ellos recibieron los disparos de munición no letal casi a quemarropa –en un caso, a 50 centímetros de distancia- y en zonas del cuerpo muy sensibles, como el rostro y la zona frontal que rodea a los ojos. Los manifestantes, que integran la delegación Neuquén del gremio estatal ATE, recordaron que el ministro de Seguridad de la gestión de Gutiérrez, Jorge Lara, responsable directo de la represión, ejercía el mismo cargo en abril de 2007, cuando la policía neuquina asesinó al docente Carlos Fuentealba con una granada de gas lacrimógeno lanzada desde menos de 2 metros.
“Tenemos tres compañeros con heridas más graves, aunque no corren riesgo sus vidas. Y a uno de ellos le destrozaron el pie, porque le tiraron con balas de goma pero a menos de 50 centímetros de distancia y perdió materia corporal: habrá que hacerle una reconstrucción. Los otros dos compañeros recibieron balas de goma en la cara, en el cuerpo y en los labios”, denunció en diálogo con Tiempo el secretario adjunto de ATE Neuquén, Jorge Marillán.
El manifestante que recibió el disparo en el pie casi a quemarropa es uno de los referentes de ATE en el Hospital Castro Rendón: su nombre es Juan Millapán. “Es enfermero y también es delegado general de la Junta Interna de ATE en el Hospital”, informó el secretario adjunto. Los dirigentes del sindicato no descartan que algún efectivo de la policía haya disparado con munición de plomo. “En la zapatilla de un compañero aparecieron dos casquillos de plomo”, denunció Marillán.
Las consecuencias de la represión quedaron a la vista en las fotos que circularon rápidamente por las redes sociales. Los disparos de balas de goma, las nubes de gases lacrimógenos, y la reacción de los manifestantes, quienes intentaron replegarse hacia el interior del Hospital Castro Rendón, principal centro de salud de la provincia dada su complejidad, convirtieron el escenario en la postal de una batalla.
El choque entre los grupos antimotines de la policía y los estatales se produjo el jueves pasadas las 15, al fracasar una reunión entre el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, y un funcionario de la cartera provincial de Trabajo. El conflicto ya lleva 31 días de paro en el sector de la salud de la administración neuquina: los estatales repudian la privatización de servicios de los hospitales públicos. También, y se trata del reclamo principal, exigen que se termine de acordar y se ponga en funcionamiento el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los trabajadores del área de la salud de la provincia.
“Nosotros ya cumplimos 30 días de medidas de fuerza, y ahora permanecemos dentro del hospital (Castro Rendón) esperando a nuestros compañeros heridos, porque estamos exigiendo la finalización del Convenio Colectivo de Trabajo y el cumplimiento de otros convenios”, aseguró Marillán en diálogo con este diario. Según fuentes sindicales, la negociación para la puesta en marcha del convenio de los estatales del sector salud lleva ya 11 años de debate entre el gremio y las autoridades de la provincia.
Privatización y transferencias al sector privado
Desde ATE denuncian que el operativo represivo se desencadenó luego de que el ministro de Salud y Desarrollo Social, Ricardo Corradi Diez, quitara su respaldo y desautorizara la negociación del dirigente de ATE y el funcionario de Trabajo de la gobernación. Corradi Diez también se habría opuesto a que el obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, encabezara una mediación entre los trabajadores y el gobierno provincial.
Hasta ahora, el conflicto en el sector salud pública en Neuquén no afectó las guardias médicas. Sí se paralizaron los servicios de cocina, lavandería y limpieza. En coordinación con ATE, otros sindicatos ligados a la actividad sanitaria –como los profesionales médicos- lanzaron sus propias medidas de fuerza.
La represión se inició pasadas las 15, luego de que el fiscal jefe Pablo Vignaroli ordenara el desalojo por la fuerza de la ocupación que llevaban adelante los estatales. Vignaroli atribuyó su orden a un pedido de la Subsecretaría de Salud provincial, desde donde habían advertido que si no se podía cambiar la ropa de blanco de los internados en el Hospital Castro Rendón se podía agravar el estado de los pacientes.
El descontento de los estatales, profundizado por la indignación y el enojo que produjo ver la cantidad de heridos en sus propias filas, tiene como principal destinatario al ministro Corradi Diez. “Antes de quedar a cargo del ministerio de Salud y Desarrollo Social, fue presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Neuquén. Llegó al cargo con su clínica casi fundada y hoy, sospechosamente, la tiene con sus cuentas saneadas. En lo que va de su gestión se cerraron áreas de pediatría y se transfirieron recursos al sector privado. Por otro lado, nuestra obra social, la obra social de los trabajadores estatales, está bajo su órbita”, denunció Marillán.
Martín Piqué
La escalada de violencia que iniciaron la Prefectura y la PFA con su operativo represivo en los alrededores del Lago Mascardi -en el que el joven Rafael Nahuel fue asesinado de un tiro de 9 milímetros que le ingresó por la espalda- pareció inspirar a los grupos antimotines de la policía provincial de Neuquén. Este jueves, tras una orden proveniente del gobierno de la provincia, que encabeza Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino), la policía de la provincia reprimió con extrema violencia a unos mil trabajadores estatales encuadrados en el gremio ATE que se manifestaban frente a la lavandería tercerizada que tiene la concesión de los servicios de limpieza de los hospitales públicos de la provincia. La represión tuvo lugar a 7 cuadras de la gobernación, en el centro de la ciudad de Neuquén.
El accionar policial dejó a alrededor de 70 trabajadores heridos con balas de goma. Algunos de ellos recibieron los disparos de munición no letal casi a quemarropa –en un caso, a 50 centímetros de distancia- y en zonas del cuerpo muy sensibles, como el rostro y la zona frontal que rodea a los ojos. Los manifestantes, que integran la delegación Neuquén del gremio estatal ATE, recordaron que el ministro de Seguridad de la gestión de Gutiérrez, Jorge Lara, responsable directo de la represión, ejercía el mismo cargo en abril de 2007, cuando la policía neuquina asesinó al docente Carlos Fuentealba con una granada de gas lacrimógeno lanzada desde menos de 2 metros.
“Tenemos tres compañeros con heridas más graves, aunque no corren riesgo sus vidas. Y a uno de ellos le destrozaron el pie, porque le tiraron con balas de goma pero a menos de 50 centímetros de distancia y perdió materia corporal: habrá que hacerle una reconstrucción. Los otros dos compañeros recibieron balas de goma en la cara, en el cuerpo y en los labios”, denunció en diálogo con Tiempo el secretario adjunto de ATE Neuquén, Jorge Marillán.
El manifestante que recibió el disparo en el pie casi a quemarropa es uno de los referentes de ATE en el Hospital Castro Rendón: su nombre es Juan Millapán. “Es enfermero y también es delegado general de la Junta Interna de ATE en el Hospital”, informó el secretario adjunto. Los dirigentes del sindicato no descartan que algún efectivo de la policía haya disparado con munición de plomo. “En la zapatilla de un compañero aparecieron dos casquillos de plomo”, denunció Marillán.
Las consecuencias de la represión quedaron a la vista en las fotos que circularon rápidamente por las redes sociales. Los disparos de balas de goma, las nubes de gases lacrimógenos, y la reacción de los manifestantes, quienes intentaron replegarse hacia el interior del Hospital Castro Rendón, principal centro de salud de la provincia dada su complejidad, convirtieron el escenario en la postal de una batalla.
El choque entre los grupos antimotines de la policía y los estatales se produjo el jueves pasadas las 15, al fracasar una reunión entre el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, y un funcionario de la cartera provincial de Trabajo. El conflicto ya lleva 31 días de paro en el sector de la salud de la administración neuquina: los estatales repudian la privatización de servicios de los hospitales públicos. También, y se trata del reclamo principal, exigen que se termine de acordar y se ponga en funcionamiento el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los trabajadores del área de la salud de la provincia.
“Nosotros ya cumplimos 30 días de medidas de fuerza, y ahora permanecemos dentro del hospital (Castro Rendón) esperando a nuestros compañeros heridos, porque estamos exigiendo la finalización del Convenio Colectivo de Trabajo y el cumplimiento de otros convenios”, aseguró Marillán en diálogo con este diario. Según fuentes sindicales, la negociación para la puesta en marcha del convenio de los estatales del sector salud lleva ya 11 años de debate entre el gremio y las autoridades de la provincia.
Privatización y transferencias al sector privado
Desde ATE denuncian que el operativo represivo se desencadenó luego de que el ministro de Salud y Desarrollo Social, Ricardo Corradi Diez, quitara su respaldo y desautorizara la negociación del dirigente de ATE y el funcionario de Trabajo de la gobernación. Corradi Diez también se habría opuesto a que el obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, encabezara una mediación entre los trabajadores y el gobierno provincial.
Hasta ahora, el conflicto en el sector salud pública en Neuquén no afectó las guardias médicas. Sí se paralizaron los servicios de cocina, lavandería y limpieza. En coordinación con ATE, otros sindicatos ligados a la actividad sanitaria –como los profesionales médicos- lanzaron sus propias medidas de fuerza.
La represión se inició pasadas las 15, luego de que el fiscal jefe Pablo Vignaroli ordenara el desalojo por la fuerza de la ocupación que llevaban adelante los estatales. Vignaroli atribuyó su orden a un pedido de la Subsecretaría de Salud provincial, desde donde habían advertido que si no se podía cambiar la ropa de blanco de los internados en el Hospital Castro Rendón se podía agravar el estado de los pacientes.
El descontento de los estatales, profundizado por la indignación y el enojo que produjo ver la cantidad de heridos en sus propias filas, tiene como principal destinatario al ministro Corradi Diez. “Antes de quedar a cargo del ministerio de Salud y Desarrollo Social, fue presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Neuquén. Llegó al cargo con su clínica casi fundada y hoy, sospechosamente, la tiene con sus cuentas saneadas. En lo que va de su gestión se cerraron áreas de pediatría y se transfirieron recursos al sector privado. Por otro lado, nuestra obra social, la obra social de los trabajadores estatales, está bajo su órbita”, denunció Marillán.
PRONUNCIAMIENTO DEL EQUIPO INTERCULTURAL DEL IFDC DE EL BOLSÓN
El equipo de interculturalidad del Instituto de Formación Docente
de El Bolsón expresa su repudio al acto represivo del que fueron objeto la
comunidad mapuche Lof Lafken Winkul en Bariloche, en el que fue asesinado
Rafael Nahuel y resultaron heridos varios miembros de la comunidad.
Desde nuestro
posicionamiento como profesionales comprometidos con la construcción de una
sociedad intercultural, asumimos que la represión a los pueblos originarios muestra
que el racismo sigue instalado en el Estado, a la vez que significa un ataque a
la sociedad en su conjunto. Estas injusticias históricas en la relación Estado
– Pueblos Originarios se han venido perpetuando en el territorio que hoy llamamos
Argentina desde hace dos siglos.
En este sentido, entendemos
que el accionar represivo institucional llevado a cabo, nos pone frente a un
gobierno que propicia la violencia en general. Por lo tanto,
nos manifestamos contra los actos de violencia de las fuerzas policiales y
militares producidos en el marco de este desalojo y repudiamos enfáticamente el
accionar violento, abusivo de un Estado que se muestra –a través de actos como
este- como terrorista y perpetuador de la invasión.
FIESTA MUDANZA FM ALAS EN EL GALEANO
El Bolsón (ANPP).-Compartimos:
La querida familia de FM Alas migra en busca de un nuevo nido. Se mudan de la casita azul que tanto habitaron con sueños y sonidos al aire durante 20 años.
Y como no podría ser de otra forma, vamos en pos de una merecida despedida a pura música y danza... LA DANZA DE LA MUDANZA...
Acercate a bailotear, a abrazarnos y a seguir sumando ramitas para el nido que se viene!
Y como no podría ser de otra forma, vamos en pos de una merecida despedida a pura música y danza... LA DANZA DE LA MUDANZA...
Acercate a bailotear, a abrazarnos y a seguir sumando ramitas para el nido que se viene!
FUERON LIBERADOS FAUSTO JONES HUALA Y LAUTARO FERNANDO GONZALES
(APL).-
TESTIGOS DIRECTOS DEL ASESINATO DEL JOVEN MAPUCHE RAFAEL NAHUEL POR LA PREFECTURA
(Corresponsal/APL)
Se trata de los testigos directos del asesinato de Rafael Nahuel por
parte de la Prefectura Naval Argentina en el marco del operativo
represivo ordenado por el juez federal Gustavo Villanueva contra
la Lof Lafken Winkul Mapu, en las afueras de Bariloche (Río Negro). Los
jóvenes mapuches fueron detenidos el sábado 25 de noviembre, cuando
bajaron de la montaña para pedir ayuda luego de que Nahuel resultara
baleado por Prefectura. Ambos fueron detenidos,
golpeados y torturados antes de ser detenidos en la sede de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche y habían iniciado una huelga de
hambre en reclamo por su libertad. Anoche el juez Villanueva accedió al
pedido de excarcelación presentado por la
abogada Sonia Ivanoff, por lo que Fausto Jones Huala (24) y Lautaro
Fernando González (20) fueron liberados anoche pasadas las 22.00.
IMPUTACIÓN:
Sin embargo ambos militantes, pertenecientes a la Lof en Resistencia Cushamen, fueron imputados por el juez Villanueva bajo la carátula “usurpación”, por haber sido detenidos en el lugar cuyo desalojo ordenó el juez. En la indagatoria realizada el martes 27, ambos jóvenes fueron indagados en relación a la causa “NN averiguación de muerte dudosa” y “abandono de persona”, ambas en relación a la muerte de Rafael Nahuel.
Sin embargo ambos militantes, pertenecientes a la Lof en Resistencia Cushamen, fueron imputados por el juez Villanueva bajo la carátula “usurpación”, por haber sido detenidos en el lugar cuyo desalojo ordenó el juez. En la indagatoria realizada el martes 27, ambos jóvenes fueron indagados en relación a la causa “NN averiguación de muerte dudosa” y “abandono de persona”, ambas en relación a la muerte de Rafael Nahuel.
La autopsia ya había permitido determinar que la bala que mató a
Rafael es compatible con las utilizadas por la Prefectura Naval
Argentina y que la trayectoria de la misma coincide con lo relatado por
los detenidos acerca de que fue baleado por la espalda
mientras huia montaña arriba tras ser atacados por efectivos de
Prefectura con balas de plomo. Asimismo, las pericias que se les
realizaron tanto al cuerpo de Rafael Nahuel como a Fausto Jones Huala y
Lautaro González no encontraron restos de pólvora, lo que
desmiente las versiones de la Prefectura, que fueron respaldadas por el
Ministerio de Seguridad de la Nación, respecto a que había existido un
enfrentamiento armado entre los mapuches y la Prefectura.
Singularmente, el juez Villanueva lleva adelante la investigación por la muerte del joven mapuche a pesar de que la misma se dio en el marco de un operativo realizado bajo sus órdenes.
Singularmente, el juez Villanueva lleva adelante la investigación por la muerte del joven mapuche a pesar de que la misma se dio en el marco de un operativo realizado bajo sus órdenes.
jueves, 30 de noviembre de 2017
HABLEMOS DE TERRORISMO
29 de noviembre(RNMA).-
A
principios de julio de 2007, luego de pasar velozmente por las dos
cámaras del Congreso Nacional y por las presiones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) fue promulgada la llamada “Ley
Antiterrorista”. La 26.268 modificó el Código Penal incorporando la
confusa figura de “asociación ilícita terrorista”. A partir de su
sanción, el Estado está habilitado para perseguir y procesar, con ley en
mano, a cualquier organización que se manifieste en contra de las
acciones del gobierno o que pretenda ejercer presión sobres sus
organismos.
Tras el fusilamiento por la espalda del joven mapuce Rafael Nahuel,
la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respaldó
públicamente a las fuerzas de seguridad en su tarea represiva y
fundamentó por qué pueden incluso pasar por sobre la decisión de un
juez. “El Juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”, respondió
a un periodista durante la conferencia de prensa realizada este lunes.
Para que quede en claro que su Ministerio y el gobierno nacional
están por sobre cualquier otro poder, afirmó: “las fuerzas de seguridad
federales no van a aceptar ninguna orden individual ni antijurídica que
invierta el rol, que significa que un lugar pueda ser custodiado por un
poder fáctico, que se palpe a la fuerza de seguridad, que se invierta el
rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de
la ley, y que intenta convertirse en este poder fáctico y tomar un
territorio e imponer una ley distinta a la que tienen todos los
ciudadanos argentinos”.
Bullrich
agregó que “esto es muy importante porque ya lo hemos vivido los
argentinos; esto es una decisión muy de fondo porque implica tener muy
en claro dónde está la ley, y qué tiene que hacer cada una de las
fuerzas federales que están bajo la conducción de nuestro Ministerio” y
expresó: “si un juez da una orden legal, nosotros, como establece el
artículo 19 de la Constitución -‘ningún habitante de la nación será
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe’– (decimos que) ningún miembro de las fuerzas federales va a
hacer lo que no manda la ley”.
La Ministra no menciona que el artículo 75 de la Constitución
Nacional, en su inciso 17, manda "reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su
identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible
de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones”.
“Nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo con todo grupo
pacífico que pueda tener una protesta, una reivindicación pero que
quiera resolver los problema en el marco de la ley, y no va a haber
ningún diálogo con grupos violentos que violan la ley”, dijo, sin
mencionar que fue un integrante de la Prefectura Naval Argentina, fuerza
de seguridad que su Ministerio lidera, quien asesinó por la espalda al
joven de 22 años, Rafael Nahuel.
En la misma línea, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, manifestó que “lo que el Estado argentino no puede permitir bajo
ningún concepto es la violación de la ley o la extorsión o la presión
como una forma de algún modo vulnerar la ley y poner en crisis al estado
de derecho” y continuó con la estigmatización del Pueblo Nación Mapuce:
“la existencia de estos grupos que señalaba la ministra de Seguridad,
que no reconocen al Estado, que no respetan la ley, es algo que tenemos
que tomarlo en cuenta y creo que en esto es importante también el
accionar de la Justicia. Nosotros vamos a acompañar a los jueces, al
juez que está interviniendo, a la fiscal, en todas aquellas gestiones
que hagan al pleno respeto del ejercicio de la ley en todo nuestro país y
específicamente en esta zona de Parques Nacionales que fueron tomadas y
que motivaron estos trágicos incidentes”.
Germán Garavano, en una suerte de sutil justificación del accionar
represivo, envió las condolencias a la familias de Nahuel y de las
personas heridas pero, dijo, “me parece que los argentinos tenemos que
aprender de una vez por todas que no es la violencia el camino para
solucionar los conflictos, que la violencia es algo que ningún argentino
quiere y que debe ser repudiada por todos y el Estado debe ejercer su
rol en una sociedad”.
Una hora después de la conferencia de prensa, Isabel Hualas, madre de
Facundo Jones Huala, respondió a los dichos de Bullrich y Garavano en
Enredando las Mañanas, el programa diario de la Red Nacional de Medios
Alternativos. Allí expresó que la “ministra de inseguridad y de
represión” brindó un discurso “barato y violento” porque “ellos mismos
dicen que los violentos somos nosotros, pero no matamos gente: hasta
ahora no hemos matado a nadie, ellos sí tienen una desaparición forzada y
el asesinato de Rafael Nahuel, así que tenemos mucho que repensar de
las palabras de la ministra”.
(Ya no) queremos preguntar (tanto)
Las preguntas del periodismo (in)dependiente fueron claramente
cómodas para ambos ministros. Medios del grupo Clarín (Radio Mitre, Todo
N, diario Clarín, Radio Cadena 3), Radio Continental y la Radio Pública
de la Ciudad de Buenos Aires le pusieron la pelota en los pies frente a
una valla sin arquero.
Consultado sobre “si el gobierno tiene dilucidado y acreditado de
dónde viene y cuáles son las intenciones” de las acciones de
recuperación y resistencia del Pueblo Nación Mapuce, Garavano respondió
que “más allá de las caracterizaciones generales, es importante
detenerse, como lo señalaba la Ministra Bullrich, en que hubo más de
setenta hechos violentos identificados; cada uno de estos hechos motiva
causas penales en donde investiga una fiscal, en donde hay un juez
interviniendo y corresponde a ellos en este momento, frente a cada
hecho, establecer quiénes violaron la ley, quiénes son los responsables
de esa violación de la ley y cuáles son las consecuencias de esa
conducta”.
“Ustedes recordarán que en ocasión del hallazgo del cuerpo de
Santiago Maldonado incluso fue agredido el secretario de Derechos
Humanos y un asesor del Ministerio de Justicia por alguno de estos
grupos, entonces me parece que es importante que ante cada uno de estos
hechos delictivos la Justicia sea la que avance y asigne las
responsabilidades a cada una de las personas que violaron la ley. Ese es
el camino que nos tiene que conducir a recobrar la paz y a marcar que
aquellas personas que violan la ley tienen consecuencias”, agregó.
Las preguntas del periodismo mostraron el absoluto acatamiento a la
clara línea del gobierno de erigir a los mapuce como el nuevo enemigo
interno.
Uno de ellos quiso saber si “existe algún elemento probatorio
concreto, y por concreto me refiero a una bala, una imagen, algún rastro
más allá de los testimonios, para acreditar que se produjo un
enfrentamiento y que hubo un ataque por parte de este grupo violento
hacia los efectivos de la Prefectura que estaban trabajando ahí”.
La Ministra fue contundente: “en primer lugar, decirles que el Juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”.
No “necesitar elementos probatorios” incluye la pérdida del
derecho al “debido proceso” -uno de los principios generales del derecho
en un estado de democracia-, aunque en la práctica es un derecho que se
viola permanentemente sobre el pueblo pobre que habita más del 60% de
las cárceles de nuestro país sin haber sido juzgado.
“El gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad ya han definido
que esto se realizó en el marco de una demanda judicial, emanada del
juez Gustavo Villanueva; la Prefectura Naval Argentina estaba en ese
marco y nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial”, continuó Bullrich, pasando por encima prácticamente todas los tratados de Derechos Humanos habidos y por haber: “nosotros
le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina, el
carácter de verdad, creemos que el Estado es el juez, es el gobierno
nacional, es el Ministerio de Seguridad y es la Prefectura Naval
Argentina que fue a enfrentarse con un grupo violento: en este sentido
el juez podrá buscar las pruebas que quiera”.
El periodista también quiso compartir con la ministra su indignación y le pidió una reflexión “para poder entender por
qué un juez en la República Argentina no puede ingresar a un territorio
argentino; puede ingresar a su casa, a la mía, a un local comercial, a
la Casa de Gobierno, pero no puede ingresar a un territorio
supuestamente perteneciente a una comunidad mapuce; insisto en
algo, en la República Argentina el Congreso sancionó la Ley de
Flagrancia donde se avala el accionar de la fuerza cuando se percibe la
comisión del delito, ¿qué pasa que un juez no puede participar de un
allanamiento u ordenar un allanamiento cuando está viendo que se está
cometiendo un delito?”
La respuesta remitió a lo que ya había dicho al principio de la
conferencia de prensa: “si hay alguien que dice que no se puede entrar a
una parte de territorio argentino, nosotros entramos a todas partes del territorio argentino,
no tenemos ningún límite más que los límites de nuestra Constitución,
entonces no vamos a aceptar ningún tipo de orden que haga que se den
vuelta los valores que tenemos como Estado de derecho” y aseguró que “si las fuerzas de seguridad están frente a un delito tienen que actuar”
y que “la Ley de Flagrancia les da un procedimiento especialísimo para
(actuar) y por lo tanto está absolutamente claro cuáles son los
procedimientos y si alguien quiere invertirlos nosotros no vamos a
acatar que se invierta la ley en Argentina”. Finalizó esta respuesta con
una frase que nos dejó perplejxs: “ya nos costó mucho cuando se invirtió la ley en Argentina”.
Otro de los periodistas, afirmó que el juez Otranto (quien intervino
en parte de la investigación de la desaparición forzada de Santiago
Maldonado) había dicho que su no ingreso al territorio para hacer el
allanamiento tenía que ver con la falta de efectivos necesarios para que
no se genere mayor violencia. “Quería consultarles si el
Ministerio de Seguridad puede poner a disposición del Juez Villanueva la
cantidad de efectivos necesarios para efectuar un eventual allanamiento
y qué órdenes recibieron del juez Villanueva en las últimas
horas y si están buscando a los prófugos, que se sabe de los heridos”,
preguntó
La Ministra le respondió que “el Ministerio de Seguridad tiene todas
las condiciones para entrar a cualquier lugar que le ordene el juez y ya
lo hemos demostrado en distintas acciones, en ese sentido tiene todas las fuerzas a su disposición necesarias para hacer cumplir la ley”.
“Hay una tergiversación maliciosa de la información para seguir legitimando el plan de exterminio a los pueblos originarios”
Claudia Huircan es abogada y parte de la Coordinadora del área de
justicia misionera Claretiana. En el Enredando las Mañanas de este lunes
amplió el panorama sobre el manto de desinformación que cubre al
asesinato de Rafael Nahuel en particular y a toda la lucha del Pueblo
Nación Mapuce en general: “uno de los principales roles que están
cumpliendo los medios hegemónicos de comunicación es instalar que hay un
enemigo interno que está amenazando los intereses de la patria y el
Estado consolidado; un Estado apostado sobre tierras originarias que
habitaron pobladores preexistentes que son los que hoy se están
reclamando”.
“Los medios hegemónicos, más allá de la malicia y el cerco mediático,
en esta situación particular de pueblos originarios resulta inaceptable
el rol que están cumpliendo al pretender instalar sobre la sociedad
desprevenida que no tiene acceso a otra información, que se trata de
enfrentamientos”.
Al respecto detalló que “hay mucha distancia entre la cantidad de
personas y la dimensión del operativo que se montó: si la mayor parte de
la ciudadanía pudiera despertar y darse cuenta que los medios de
comunicación están mintiendo lisa y llanamente -pero no inocentemente-
porque responden a una política de opresión a pueblos originarios, me
parece que la reacción popular sería aún más poderosa que lo que ha sido
en las últimas horas”, reflexionó Huircan y opinó que no llamaría
“cerco mediático” al fenómeno, sino “tergiversación maliciosa para
generar una opinión pública desfavorable a los pueblos originarios para
seguir legitimando el plan de exterminio a los pueblos originarios”.
La abogada confirmó también que “los resultados de la autopsia hablan
de un tiro por la espalda el que le dio la muerte al joven Rafael
Nahuel, el día sábado por la tarde.
Dile a la ministra que te explique la RAM
Consultados ambos funcionarios, durante la conferencia de prensa,
acerca de si había algún tipo de “vinculación de este episodio ocurrido
con el grupo RAM”, la ministra respondió: “en primer lugar, RAM es un
nombre genérico de grupos que actúan violentamente, podrán tener otros
nombres pero los tenemos que separar total y absolutamente de la
comunidad mapuce o de cualquier otra comunidad originaria de Argentina;
es un grupo que, como dijimos, no reconoce a Argentina, no reconoce la
ley, no reconoce la Constitución, no reconoce la bandera”.
Bullrich no sabe que no hay una “comunidad mapuce”, sino un Pueblo
Nación que acoge diferentes comunidades, ¿o habrá que explicárselo en
términos de países, provincias y ciudades, aunque ni siquiera se asemeje
a eso?
“RAM es como un nombre, pero puede haber alguno que se llame de otra
manera; en Chile se llaman CAM pero dentro hay varios grupos y esto es
algo que ya empezamos a hablar con el gobierno chileno para tener una acción conjunta de trabajo en este sentido”, confesó: “no queremos poner un nombre único, se ponen en el RAM todo aquel grupo que no respeta la ley , que esta fuera de la ley”.
Por aquí nos preguntamos si las fuerzas represivas son parte de “el”
RAM –como le dicen desde el poder-, pero también observamos con absoluta
preocupación la hermandad opresiva entre los gobiernos “democráticos”.
Aprobada la materia RAM 1, no respondió nada cuando, como parte de la
misma pregunta, el periodista quiso saber si el Ministerio de Seguridad
estaba en condiciones de tomar determinaciones acerca de este prefecto
que disparó, el que asesinó a Nahuel.
Isabel Hualas dio su mirada sobre la soberanía y el patriotismo, cuando se habla de la propiedad de tierras del Estado
En la entrevista de Enredando las mañanas, al hablar de la situación
de las tierras en la Patagonia, aseguró que “cada vez está peor porque
los negociados que ellos firman se tienen que seguir sosteniendo,
tenemos que darnos cuenta que están entregando todos los lugares con
riqueza, tanto del subsuelo como en el suelo y en el aire, las aguas,
las hidroeléctricas que quieren poner para abastecer a las mineras, y
las mineras destruyen, contaminan y está comprobado en muchos lugares
del mundo, incluso al norte de la República Argentina, no es casualidad
todos los discursos que salen a decir, desconociendo la preexistencia
de los pueblos originarios dentro de su república, no es casualidad esta
represión, esta arremetida y con discursos siempre acomodados hacia los
negociados”.
En relación al derecho indígena, aseguró que “están vulnerando todos
los derechos, están vulnerando sus mismas leyes, pasando sobre todas
leyes que se han firmado en 130 años, en esta zona. Tenemos que ser
claros y decir que la conquista del desierto es la que liberó los
lugares no solo al mal llamado ‘progreso’, sino que a la muerte y al
genocidio que cometieron a nuestro pueblo Mapuce” y que “hoy es una
arremetida, porque la conquista no terminó, están volviendo a conquistar
ahora para los intereses de las multinacionales”.
Armas invisibles, piedras "asesinas"
“¿Tienen información si este grupo de personas que están ahora escondidas, están armadas y,
en el caso que lo estén, sean los que están escondidos o los otros, con
qué tipo de armas cuentan?”, espetó otro “colega”, abonando la
estigmatización mediática de lxs mapuce. “De acuerdo a la información
que nos brindó la Prefectura Naval Argentina que estuvo en el lugar,
había armas de grueso calibre, una de la cuales cortó de cuajo un árbol
de 20 centímetros, así que imagínese el calibre que puede tener” -¿menor
o mayor que el que tenía el arma que fue disparada por la espada de
Rafael Nahuel asesinándolo?- “En este momento las armas están ahí o las
sacaron, porque no se pudo entrar más, porque ni bien la patrulla de
Prefectura bajó fue desarmada; en consecuencia, en este momento todas
las armas que se utilizaron en ese momento en contra de la Prefectura
Naval están ahí o se las llevaron, seguramente se las han llevado”.
No satisfecho con la existencia descrita por Bullrich de armamento de grueso calibre el periodista repreguntó: “¿puede ser que tengan granadas?”,
a lo que la Ministra dijo que “lo que describen los Albatros es que
hubo estruendos muy fuertes y que eso se ve en el corte que tuvieron los
árboles, ¿qué tipo de armas habían? Armas de puño, como se describen,
pero eran como 15/20 que estaban en una formación tipo militar con lanzas, con cuchillos en las puntas, con máscaras antigás, con armas de puños y con armas blancas,
tampoco pudieron ver a todos porque estaban como escondidos, porque
eran 4 prefectos contra 15/20 personas que estaban en este grupo
violento”. Luego apagó la película de Hollywood que estaba imaginando su
cabeza y que seguramente tenía un final abierto porque no podía
explicar por qué, si las armas las tenían los mapuce, ningún prefecto
resultó muerto ni herido y si murió Nahuel y están heridos integrantes
de la comunidad.
La última pregunta no pudo ser más atinada para seguir sembrando el
terror contra lxs mapuce. El periodista quiso saber si “se esperan otros
hechos similares y si se está hablando con el gobierno de Chile” para
hacer “qué”. Bullrich dijo: “creemos que hace tiempo que está esta
situación, que estaba muy tapada, y nuestro gobierno, cómo
piensa que es fundamental poner la ley como centro de las relaciones
sociales de nuestro país, hemos logrado que este problema se conozca y
que lo que solo se sabía en el sur hoy lo conozcan todos los argentinos y
que sepan que tienen un gobierno que los va a defender, que va a
defender la ley y que no va a permitir ningún tipo de ilegalidad”.
Agregó que “en consecuencia, nosotros vamos a tratar de evitar todo
tipo de futuro acto violento, pero es un territorio muy amplio, muy
grande en el que es difícil de llegar a todos lados; pero vamos a
tener una presencia fuerte e importante junto a los gobiernos provinciales;
coordinando con los gobiernos provinciales una presencia para que la
gente que vive en toda la zona, en la que ha habido atentados y muerte,
sepan que los vamos a cuidar a los argentinos que viven en el sur y que
se acabó el mundo del revés”.
Garavano finalizó: “la violación de la ley en Argentina tiene y va a tener consecuencias”.
Crónica de un accionar anunciado
En octubre pasado el diario La Nación publicó una nota donde se
declaraba que "el ministro de Defensa, Oscar Aguad, viene trabajando en
un ambicioso plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que
promete quebrar la rutina de los cuarteles. Por un lado, analiza la
posible reubicación geográfica de bases y unidades militares, algunas de
las cuales podrían cerrarse; por otro, evalúa autorizar la
participación de las tres fuerzas ante agresiones externas, incluidos
eventuales ataques terroristas"
Hoy, trascendidos de diferentes medios indican que “el Ministerio de
Seguridad dictó una resolución para que las fuerzas federales no
obedezcan las órdenes de los jueces si consideran que no son legales. En
una decisión inédita, los jefes policiales podrán decirles a los
magistrados que su interpretación de la ley no es la correcta. En el
Gobierno, no precisaron de qué forma se implementará esto y quién tomará
dentro de las fuerzas policiales la decisión ante la orden de un juez
(sostuvieron que no lo hará la autoridad política, sino la propia
policía)”(Página12).
Si bien aún no existe un anuncio oficial desde el Ministerio de
Seguridad, está claro que los dichos de la ministra Bullrich de ayer no
fueron al azar, consecuencia de lo sucedido el fin de semana, sino que
aparentan ser una continuidad o un comienzo de la reestructuración
mencionada por Aguad meses atrás.
Y como para que no quede duda alguna, el presidente Mauricio Macri
dijo hoy que “hay que volver a la época en la que dar la voz de alto
significaba que había que entregarse”. Respecto a esta frase, María del
Carmen Verdú -abogada de Derechos Humanos y referente de Correpi- afirmó
que “es sencillamente la orden al aparato represivo estatal de aplicar
la Ley de Fugas sin disimulo; la orden de reprimir y fusilar sin
límites; lo mismo que la vicepresidenta Michetti mencionó el domingo en
la televisión donde nos había presentado su nueva tesis de, en caso de
duda, a favor de los represores; y dijo algo muy claro: ‘es la decisión
que hemos tomado como Estado’”.
Hablemos de terrorismo, pero del que el Estado pretende
aplicar contra los sectores organizados, las luchas populares y la
sociedad en general.
miércoles, 29 de noviembre de 2017
NO A LA REFORMA: 29/11. 14HS EN EL CONGRESO
El Bolsón (ANPP).- Compartimos el siguiente comunicado:
--
Ya
son conocidas las intenciones del gobierno para aplicar el ajuste en el
Estado, el propio presidente Mauricio Macri hablo de achicamiento del
gasto público a partir de la "re-estructuración" de todos los
Ministerios y la reducción del presupuesto 2018. Las declaraciones de
Andrés Ibarra, Ministro de Modernización, fueron en el mismo sentido,
asegurando la aplicación del "Plan de Dotaciones Optimas" detrás del
discurso de "la eficacia y la eficiencia", en lo que va del año con este
argumento hicieron pasar "el presentismo y productividad" atacando los
derechos adquiridos, así como paritarias a la baja tanto para lxs
estatales nacionales, como en Provincia de Buenos Aires y Ciudad. Si
bien el gobierno sólo aproximo la idea de que "no descartan despidos" en
diferentes medios de comunicación se hizo público el “Plan de
Dotaciones Optimas” que implicaría una reducción de hasta el 20% en la
Administración Pública Nacional, lo que viene de la mano de una nueva
ola de despidos que dejaría en la calle a 20.000 estatales. En esta
misma sintonía están Vidal en Provincia de Buenos Aires y Larreta en la
Ciudad quienes garantizan la reducción del presupuesto 2018 en
detrimento de las políticas públicas y atacando las condiciones de
trabajo de miles de estatales.
El
plan de ajuste que "Cambiemos" está llevando adelante a lo largo y
ancho del país no sería posible sin las complicidad de la cúpula de las
centrales sindicales, así el triunvirato de la CGT viene cerrando
acuerdos alrededor de la reforma laboral a medida de sus intereses,
intereses contrarios al del conjunto de lxs trabajadorxs. En esta línea
tanto la dirección de UPCN como la de SUTECBA en la Ciudad vienen siendo
los garantes del plan del gobierno; Andrés Rodríguez (Sec. Gral. de
UPCN) viene acordando a espaldas de lxs trabajadorxs sistemáticamente.
Por su parte las distintas fracciones de ATE le dejan allanado el camino
al gobierno para aplicar el ajuste, los discursos por parte de Catalano
desde ATE Capital son cuanto menos contradictorios, primero habla de
"trincheras" y luego le pide a lxs delegadxs de los sectores "que
esperen" y declara el "estado de alerta y movilzación". No muy distintas
son las intervenciones de ATE Nacional. Ambos convocan medidas aisladas
e insuficientes, esto no representa sólo la irresponsabilidad de los
dirigentes con el conjunto de los estatales que estamos cansados de ser
la variable de ajuste, sino que implica la complicidad con el gobierno a
costa de lxs trabajadorxs, no hay discurso posible que justifique la
actitud pasiva con 20.000 posibles despidos, achicamiento de las
estructuras y reducción del presupuesto. La salida está en las calles,
como el pueblo lo viene demostrando con las masivas movilizaciones
contra el 2x1, ni una menos, por Santiago Maldonado, etc.
En
este contexto es fundamental que lxs estatales pasemos a ser
protagonistas en la lucha por la defensa de nuestro trabajo. A lo largo
de la historia de nuestro país cada vez que hubo un ataque a lxs
trabajadorxs y al pueblo la respuesta fue la lucha, y es la única
garantía para torcerle el brazo al gobierno de "Cambiemos". Es necesario
dar el debate en nuestros lugares de trabajo, en cada asamblea,
plenario o instancia de intercambio proponiendo medidas concretas y
escalonadas que nos permitan fortalecer el colectivo de trabajadorxs y
avanzar en un plan de lucha donde ganemos las calles. En este mismo
sentido tenemos que avanzar las agrupaciones, juntas internas, delegadxs
y activistas combativos; no podemos seguir a la espera de que las
direcciones vacilantes de los sindicatos se pongan a la cabeza de la
lucha, hay que avanzar en la construcción de espacios de unidad y
coordinación que se impongan y sobrepasen a los dirigentes sindicales,
representando una alternativa de lucha real.
Lejos
de quedarnos estancados y a la espera de soluciones mágicas, es
momentos de organizarnos y prepararnos para dar la lucha a fondo. Si
tocan a unx, nos tocan a todxs! Frente a los despidos ocupación de
organismos! Al macrismo lo enfrentamos con unidad en la acción y en la
calle!
--
EN LA
______________________________ ______________________________ ____
PROPUESTA "VENTANAS AL CIELO" DEL GRUPO ASTRONÓMICO OSIRIS
El Bolsón (ANPP).-
El
Grupo Astronómico Osiris y el Instituto de Formación Docente Continua
de El Bolsón invitan a la comunidad en general a disfrutar de la
propuesta "Ventanas al cielo", con la que el grupo cerrará sus
actividades de este año. La misma se llevará a cabo el próximo martes 5
de diciembre de 19 a 22 hs en el auditorio del Instituto
(Liniers y Alberti). Se desarrollarán funciones de planetario móvil y
talleres de Astronomía para chicos a las 19 y a las 20 hs. El cupo es
limitado, por lo que es importante llegar 15 minutos antes del horario
de inicio de la actividad. A partir de las 21 hs se realizará una
observación del cielo para todos los interesados. ¡Los esperamos!
Más información:
El Grupo Astronómico Osiris forma parte del Proyecto "Miradas al cielo", correspondiente al Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón y a la Universidad Nacional de Río Negro.
Desde el año 2005 desarrolla actividades de enseñanza y divulgación de
la Astronomía en El Bolsón, Río Negro, extendiendo sus actividades a la
ciudad de Bariloche desde el año 2013. Entre sus actividades, se
destacan los "Encuentros de Jóvenes Astrónomos", el último de los cuales
fue organizado en octubre de este año en San Rafael, Mendoza, con la
participación de unos 100 alumnos y docentes.
Página web: www.miradasalcielo.com.ar
Email: astroosiris@gmail.com
En Facebook: www.facebook.com/grupoastronom icoosiris
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