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viernes, 21 de abril de 2017

DE LA PATAGONIA A BRASILIA, EL PODER DE LA LUCHA INDÍGENA

(La Tinta).- Mientras en la Patagonia marchan a pie 800 kilómetros, en Brasil se  hará la mayor movilización indígena de la historia. El denominador común, la defensa del territorio y la lucha contra las políticas anti-indígenas que arremeten contra los Derechos de los Pueblos Originarios.
Por Sergio Alvez para La Tinta
En la provincia de Río Negro, del 20 al 24 de abril se realiza la marcha de Pueblos Indígenas en rechazo al proyecto del nuevo Código de Tierras impulsado en la legislatura provincial por el gobernador Alberto Weretilneck. “Petu mongueleiñ, fey muta trekaleiñ” (estamos vivos, por eso caminamos) es la consigna de una movilización que recorrerá 800 kilómetros, encabezada por Comunidades Mapuches que habitan la Patagonia, pero que cuenta con el apoyo de numerosos Pueblos y Naciones Originarias, así mismo de organizaciones sociales de todo el país.
El mismo día que concluye la marcha en Viedma, se inicia en Brasilia el “Acampamento Terra Livre” (ATL), manifestación que durante cuatro días reunirá a más de un millón y medio de indígenas provenientes de todo el país, realizada ante un contexto de brutal ofensiva contra los Derechos Indígenas en ese país. El objetivo primordial de esta actividad – que prevé ser la mayor concentración pública de Pueblos Indígenas en la historia de Brasil- es unificar las luchas en pos de la defensa de los derechos de los Pueblos Originarios que en Brasil están siendo avasallados a partir de políticas anti-indígenas, según explican desde la organización.
Estas dos actividades, en Río Negro y Brasilia, resumen de algún modo la creciente organización y la expansión de la lucha de los Pueblos Originarios en un escenario continental donde la mayoría de los gobiernos profundizan sus políticas de saqueo territorial y discriminación.
La Patagonia Rebelde
La marcha en la Patagonia se divide en dos columnas. Una de ellas partió desde la ciudad de Bariloche, a través de la ruta Nacional 23, previendo atravesar las localidades de Ingeniero Jacobacci, Valcheta, y finalizando el domingo en Viedma. La otra columna salió desde Catriel hasta Fiske Menuko (Roca) hasta alcanzar Sierra Colorada, para luego arribar hasta Viedma el 24 de abril. Ambas columnas se encontrarán para marchar hasta la casa de Gobierno, donde se entregará un documento consensuado.
En la convocatoria, se comunicó lo siguiente:
“El Pueblo Mapuche convoca a la marcha provincial por el derecho a la tierra sin contaminación, en rechazo del nuevo Código de Tierras Fiscales que el gobierno provincial quiere imponer sin consulta previa, libre e informada (establecida por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas).
Con este proyecto de ley se pretende terminar el histórico reclamo territorial Mapuche-Tehuelche al no reconocer la preexistencia de los Pueblos Originarios y disponer de las más de 5 millones de hectáreas, relevadas como territorio ancestral por la Ley 26.160, al servicio de la mega minería, el modelo extractivista de petróleo y gas por vías no convencionales, el monocultivo, el turismo para pocos y la continua extranjerización de la Patagonia. Esta ley atentará contra el Art. 75 Inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional y el Art. 42 de la Constitución Provincial al no priorizar la entrega de tierras a los Pueblos Originarios en pos del modelo extractivista. Se trata de un proyecto que perpetúa la senda de la derogación de la Ley Anticianuro realizada en las vísperas navideñas del año 2011”.
Brasil: hacia un encuentro histórico
“Acampamento Terra Livre” se constituye en un momento de importante articulación entre movimientos indígenas de todo Brasil, que vienen luchando contra la paralización de la demarcación de territorios indígenas, recortes presupuestario en instituciones públicas orientadas a los Pueblos Originarios, iniciativas legislativas anti indígenas que se tramitan en el Congreso de la Nación, emprendimientos extractivistas que afectan directamente a las Comunidades, la precarización de las políticas sanitarias para Pueblos Indígenas – que se repite en el área de Educación-, la negación al acceso a la Justicia y la criminalización de líderes indígenas, entre otros puntos.
Durante los tres días que dura el evento, acontecerán marchas, actos públicos, audiencias con autoridades de los tres poderes estatales, debates públicos, y actividades culturales.
Los Pueblos Originarios siguen en pie de lucha, de punta a punta del continente.
*Por Sergio Alvez para La Tinta

LAS TRABAJADORAS DE LIMPIEZA DE LA UNIVERSIDAD DEL COMAHUE CONTINÚAN RECLAMANDO POR SUS PUESTOS DE TRABAJO.

21 de abril de 2017(ANred).-


Luego de más de una semana de toma del decanato en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la facultad de Lengua de la Universidad Nacional del Comahue en su sede de Fiske Menuco (Rio Negro), desde el Enredando las Mañanas nos comunicamos con Paola Tripilao, una de las trabajadoras que permanece dentro del edificio. Afirmó que hace más de cinco meses la situación laboral es insostenible y nadie se hace cargo de las siete obreras tercerizadas para realizar tareas de limpieza. Por RNMA

¿Cuál es la situación que las llevó a tomar el decanato?
La situación hoy por hoy es que la semana pasada recibimos una intimación con escribano público para dejar de prestar el servicio de limpieza, donde desvinculaban a la cooperativa y a todos los asociados. Ante la situación, nosotros decidimos hacer una toma dentro del predio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales considerando que desde el mes de noviembre, mes en el que terminó el contrato con la cooperativa Mariano Moreno que era quien nos representaba, al no renovarse el contrato empezamos con medidas de protesta. A partir de la semana pasada empezamos con la toma del decanato porque estamos hace cinco meses trabajando en negro, porque ya había dejado de existir relación laboral, pero a nosotros nos seguían teniendo como prestadores del servicio de limpieza.
¿Cuántas trabajadoras son?
Éramos 10 trabajadoras y hoy quedamos 7.
¿Cuál era la situación en la que ustedes son desvinculadas y conforman la cooperativa?
Nosotras empezamos a trabajar a principios de septiembre de 2015;firmamos un contrato de trabajo con la empresa santafesina Litoral Clining, que fue la empresa que en agosto de 2015 gana la licitación del servicio de limpieza en la UNCO para prestar el servicio acá en Roca (Fiske Menuco), lo firmamos dentro de la FADECS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales). En ese momento éramos 13 trabajadoras de limpieza, lo hicimos durante 5 meses. El primer mes empezamos con problema de insumos, problemas de la indumentaria para trabajar, problemas con nuestro salario, no nos pagaron en tiempo y forma. Comenzamos a recibir amenazas por parte de la empresa, tratamos de solucionarlo con ellos, empezamos a asesorarnos legalmente porque estábamos cobrando 3.500 pesos. Nos habían sacado hasta el salario de los chicos, no teníamos acceso a obra social, no teníamos seguro que nos cubriera. La situación fue empeorando cada vez más, cuando comenzamos a hacer conocer esto a las autoridades de las facultades porque fueron ellos quienes tomaron el servicio de limpieza y nunca hicieron un control a la empresa. Tomamos una medida de fuerza en el mes de diciembre de 2015, tuvimos una mesa de diálogo con la empresa y la universidad y se comprometieron a pagarnos las diferencias salariales y a poner todo en regla como corresponde, cosa que se firmó y a las dos horas se desestimó por parte de la empresa. Comenzaron a llamar gente y al día siguiente recibimos todos las notas de despido.
A partir de ahí iniciamos otra medida de lucha, estuvimos 26 días tomando la facultad, cuando volvieron todos de sus vacaciones las autoridades se dignaron a llamar a una nueva mesa de diálogo donde obtuvimos un triunfo parcial, pero la precarización la seguimos manteniendo. Nos tomaron en forma de cooperativa y nos apadrinó la cooperativa Mariano Moreno, hasta que saliera la nuestra. Trabajamos todo un año y ellos nos pusieron como condición que tramitemos una cooperativa para participar en una licitación para poder autogestionarnos y tener una situación laboral más clara. Nos pusieron la condición que tenía que ser explícitamente que preste servicio de limpieza. Hicimos todos los trámites para nuestra cooperativa y desde el INAES nos rechazaron porque dicen que desde el año 1994, por un decreto que realizó Menem, prohibieron las cooperativas de limpieza para evitar justamente esta situación de trabajo en negro que están generando las Universidades nacionales.
¿Desde que iniciaron con esta nueva medida tuvieron alguna respuesta?
Por parte de la universidad en la sede central no hemos tenido ninguna, el día miércoles recibimos una intimación del secretario general Atilio Sguazzini para desalojar el lugar incluidos todos los presentes, sino iba a tomar las medidas judiciales y administrativas para el desalojo. Fue la única notificación por parte de la central.
Hace dos días representantes de la FADECS nos acercaron un comunicado y una nota donde piden que se dé con urgencia una mesa de diálogo, que la universidad tome los mecanismos necesarios para resolver esta situación de manera urgente. Por parte de la FADEL(facultad de Lengua) no se ha acercado nadie, ellos declaran asueto pero no se presenta nadie a trabajar ni tampoco hay voluntad política para venir a resolver la situación.
¿Cuáles son los pasos que van a seguir?
Acá vamos a seguir hasta que el rector Crisafulli (Gustavo), quien es el tiene la posibilidad y debería tener la voluntad política de resolver nuestra situación, ya que ante muchas actas que hemos firmado a lo largo de dos años desestimó todo lo acordado. Como él nunca se presentó a una mesa de diálogo, siempre manda intermediarios, esta vez pedimos que sea él quien venga a resolver de manera urgente y que se haga presente en las instalaciones porque es nuestro lugar de trabajo y donde prestamos el servicio.
Se va a presentar una nota en la ciudad de Neuquén pidiendo la apertura de una mesa de diálogo, lo vamos hacer de manera formal para que quede administrativamente por escrito que nuestras intención es resolverlo lo más pronto posible. Llevamos 7 días acá dentro, somos todas mujeres, madres de familia, estamos acá y nuestros hijos en las casas, una situación por demás desgastante. Confiamos en la buena voluntad de la Universidad, que esta situación no la van a dejar dilatar tanto tiempo y que lo van a solucionar. Esto está así porque la Universidad permitió y nos negreó durante más de 5 meses. Lo que más queremos es que nuestros derechos sean como los de cualquier trabajador de acá adentro de la Facultad.
Al día de la publicación de la gráfica de esta entrevista, las trabajadoras llevan 9 días de toma en la FADECS y el panorama es cada vez más tenso. Este miércoles llegaron miembros de la Policía Federal vestidos de civil a intimarlas para que desalojen el lugar, al tiempo que registraron imágenes del edificio y de las obreras. Durante la misma jornada, autoridades de la Universidad presentaron una propuesta de mesa de negociación extorsiva, ya que para concretarla exigieron que se levante la medida de fuerza. Ellas reafirman que mantendrán la toma hasta que sean contratadas de manera directa.



BAUEN: SIGUE LA BATALLA POR LA EXPROPIACIÓN

20 de abril de 2017 (Red Eco).-
Una ráfaga de justicia llegó para los trabajadores del Hotel Bauen. A punto de efectuarse el desalojo, con la convocatoria a las fuerzas de seguridad para garantizarlo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos hizo lugar al pedido presentado por la cooperativa y lo suspendió. Repasamos en esta nota las diferentes instancias judiciales y recordamos quienes son los interesados en desalojar a los trabajadores. Por Mario Hernandez para Red Eco Alternativo


(Mario Hernandez para Red Eco) Ciudad de Buenos Aires- “Debido al levantamiento de la orden desalojo y las condiciones climáticas y siendo un evento al aire libre nos vemos obligados a suspender la actividad ‘Milonga por el BAUEN’. Se suspende el Festival pero no la Lucha. ¡Seguimos firmes en defensa de este proyecto de todxs!”, informaban este miércoles los trabajadores del Bauen en un comunicado de prensa.
La actividad era una más de las pensadas para sumar voluntades contra el desalojo y en defensa de los 130 puestos de trabajo. Dos horas antes se presentaría el libro Bauen el hotel de los trabajadores.
Unos días antes, el martes 11 de abril, la cena solidaria en apoyo a los trabajadores de la cooperativa BAUEN había reunido a más de 700 referentes de la cultura, el deporte, los gremios, la política y el cooperativismo, que se acercaron para expresar su apoyo las familias que defienden sus fuentes de trabajo frente al veto presidencial a la expropiación del hotel y a la inminente orden de desalojo que pesaba sobre el emblemático edificio de Callao 360.
En este contexto de gran acompañamiento, los cooperativistas reafirmaron su convicción de seguir gestionando el hotel de manera cooperativa, dándole continuidad al modelo eficiente y sustentable que impulsan desde 2003, resistiendo el desalojo e insistiendo con el trámite parlamentario.
La cena del ese martes se enmarcó en una importante campaña que tiene como principal objetivo ratificar este año en ambas cámaras del Congreso de la Nación la ley que determina la expropiación y declara de utilidad pública el edificio y las instalaciones del hotel, una norma sancionada con el más amplio respaldo de diversas fuerzas políticas que fue vetada a fines del año pasado por el presidente Mauricio Macri.
A pocas horas de ese evento, la jueza volvió a expedirse sobre la causa y esta vez lo hizo para requerirle al Jefe de Gabinete Marcos Peña el uso de la Policía para llevar adelante el desalojo, en caso que sea necesario. En el escrito que lleva la firma de puño y letra de la jueza podía leerse el argumento de ese pedido “dado el interés público que reviste y la eventual necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad”.
Mientras tanto, los trabajadores habían presentado dos escritos ante la Justicia para frenar el desalojo. En el primero plantearon la inconstitucionalidad del veto presidencial por ir contra una ley que garantiza sus puestos de trabajo y, por tanto, vulnera tratados internacionales de Derechos Humanos que el Estado está obligado a cumplir. El planteo cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 10 a cargo de la jueza Liliana Heiland, quien sin analizar los fundamentos lo rechazó por cuestiones formales, quedando la resolución en manos de la Cámara de Apelaciones.
El segundo fue presentado ante Hualde en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, donde se tramita la quiebra. Allí los trabajadores mencionaron otros dos puntos a considerar: que no está agotado el trámite legislativo porque aún el Congreso puede insistir en la Ley vetada y si es aprobada con dos tercios de los votos debe promulgarse; y que el desalojo es solicitado por un actor que no es parte de la quiebra. Este escrito también fue rechazado y los trabajadores apelaron a la Cámara Comercial.
Por último, los diputados Leonardo Grosso, Diana Conti y Araceli Ferreyra, los senadores Juan Manuel Abal Medina y Teresa Luna, y los responsables de la CTA, la CNCT, la CTEP y la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), entre otros, también presentaron un amparo donde destacan que el veto pasa por alto los derechos laborales de los 130 integrantes de la cooperativa. Su reclamo cayó en el juzgado nacional de primera instancia laboral N° 38, a cargo de María Dora González.
Allí también intervino la Fiscalía Nacional del Trabajo N° 5 a cargo de Juan Manuel Domínguez, quien respaldó con su dictamen el planteo colectivo y solicitó una “medida interina” que suspenda el desalojo hasta tanto se analice el “interés público comprometido” que, en este caso, son los derechos laborales.
Finalmente, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos hizo lugar al Recurso de Queja presentado por la cooperativa, suspendiendo de esa manera el desalojo previsto.
La Cámara entendió que la Dra. María Paula Hualde, a cargo del Juzgado Comercial 9 en donde tramita la quiebra de la ex patronal de los trabajadores, había cometido un error al rechazar la apelación intentada por la cooperativa. En consecuencia, por unánime decisión de los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial el desalojo quedó suspendido y ahora deberá resolver si deja definitivamente sin efecto la medida arbitraria de la Dra. Hualde en contra de la simbólica empresa recuperada.
"Esperamos que este principio de justicia se convierta en un contundente respaldo judicial a los trabajadores que decidimos evitar la estafa de la familia Iurcovich en contra de todos los argentinos, dejando definitivamente sin efecto el desalojo. Seguiremos defendiendo nuestros puestos de trabajo y por eso invitamos a todos a acompañar nuestra lucha dado que tenemos que lograr que el poder legislativo ratifique su decisión, rechazando el veto presidencial, tal como lo dice la Constitución Nacional", dijo Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa.
Todo queda en familia
No es un tema menor que una de las protagonistas de este nuevo capítulo de intereses sea Susana Beatriz Espósito, apoderada de Mercoteles SA, la empresa que aduce ser la dueña del edificio del Bauen. Espósito es comunera del PRO en el barrio de Caballito y esposa del jefe de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Ricardo Pedace, también ex subjefe de la Policía Metropolitana.
De acuerdo a la publicación del periodista Ricardo Ragendorfer en el portal Nuestras Voces, Espósito también es amiga de la jueza Paula Hualde, la misma que ordenó el desalojo de los trabajadores cooperativistas.
En junio de 2006, Espósito firmó como apoderada de Mercoteles una solicitada, junto al apoderado Gerardo Palomero en nombre de Bauen Sacic, que denunciaba a los “ocupantes” y calificaba al proyecto de expropiación, que en aquel momento peleaban en la Legislatura, como carente de sustento “político, filosófico, práctico y jurídico”.
En 2007, la justicia determinó que el hotel pertenece a Mercoteles y no al empresario Félix Solari, que lo compró en 1997 y quebró en 2001. Pero tampoco otorgó razón a la cooperativa de trabajadores que lo ocupa y explota desde 2003.
El fallecido Iurcovich y sus herederos hicieron una fortuna durante la dictadura, y la consolidaron durante las intendencias de Carlos Grosso, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Para lograrlo, se valieron de una telaraña de empresas a nombre de familiares y personeros de variadas razones sociales, dos offshores uruguayas y negocios en Brasil.
Cuando se constituyó Mercoteles figuraba a nombre de testaferros, hasta que la familia Iurcovich blanqueó ser dueña de esa empresa en el acta de cambio de autoridades de junio de 2009. Sin demasiado esfuerzo, la Justicia habría podido comprobar que entre Bauen S.A. y Mercoteles S.A. hay un íntimo hilo conductor: los mismos personajes son familiares de Marcelo Iurcovich o aparecen alternativamente como directivos o apoderados en las dos empresas. Es decir, las dos firmas tienen los mismos dueños.
El edificio fue construido con créditos otorgados por el ex Banade, que a junio del 2000 figuraba con una deuda de 85 millones de pesos en la nómina de esa entidad. “No son casos aislados, entre los deudores del Banade también estaba Ligio Zanón, son empresarios parásitos del Estado, capitalistas sin capital”, afirmó Federico Tonarelli.

jueves, 20 de abril de 2017

COMUNICADO ¡FM ESTACIÓN SUR NO SE CALLA!

(RNMA).-
FM Estación Sur -  radio comunitaria, alternativa y popular de Catamarca, miembro de la RNMA -  acaba de recibir una notificación del ENACOM que rechaza el trámite por el concurso de la Licencia (gestionada en el 2015)
Lo hace bajo argumentos paupérrimos, aludiendo que no fue correctamente  anexada la información de lxs responsables jurídicos de la entidad.
Ese rechazo pone a la única radio comunitaria de la ciudad que transmite por aire, en una situación de ilegalidad y por ello en riesgo de que sus equipos sean secuestrados.
Entendemos este acto como censura y clara persecución a nuestros medios.
Compartimos a continuación el detalle de lo sucedido, en el relato de lxs compañerxs integrantes de la radio:
fm estacion sur catamarca
El 4 de Junio de 2015, bajo la persona jurídica de la Cooperativa de Trabajo Cachalahueca Ltda. se presenta el proyecto de la FM Estación Sur, en el concurso de señales de Frecuencia Modulada abierto por la AFSCA para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca por la frecuencia 103.9 para el sector Privado Sin Fines de Lucro, siendo al momento de apertura de los sobres el único proyecto presentado. 
A partir de ese acto público realizado en presencia de una escribana comenzó un tiempo de espera de respuestas en función del reglamento y los plazos del proceso deberían estar en tres o cuatro meses. 
Cumplido ese plazo, en pleno proceso electoral, no hubo ninguna respuesta ni novedad, y con el cambio de gestión, que trajo aparejada la disolución de la AFSCA y la creación del ENACOM, la incertidumbre sobre el desarrollo del proceso fue en aumento, no logrando hasta ese momento obtener siquiera el número de expediente.
A lo largo de todo 2016 intentamos tener novedades mediante notas, consultas telefónicas y en distintos espacios de reunión entre RNMA, Interredes y el organismo logrando recién en el mes de noviembre obtener el número de expediente, pero sin conocer aún sobre el nivel de avance del proceso.
Ayer 19 de abril, al mediodía, recibimos en la radio un sobre proveniente del ENACOM y en su interior una notificación que señalaba que nuestro proyecto fue RECHAZADO, y el concurso se consideraba FRACASADO ya que éramos los únicos participantes, fundamentando el rechazo en el incumplimiento de los ASPECTOS PERSONALES del reglamento del concurso.  Al revisar el pliego y ver en qué consisten esos aspectos, verificamos que se trataba de la presentación de copia del DNI, y llenado de una ficha de datos personales de lxs miembrxs del Consejo Directivo de la Cooperativa, trámite que obviamente hemos cumplido, y que en caso de algún dato faltante o alguna condición que no se cumpliera, el mismo reglamento del concurso indica que debíamos ser notificados para poder corregir o enmendar el error y que ello no era motivo de inadmisibilidad.
En virtud del análisis del desarrollo del proceso, y la forma en la que la gestión del gobierno de Macri ha considerado desde un principio al sector de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, sostenemos que lo que esta resolución procura es mantener a nuestros medios al margen de la ley, impidiéndonos el acceso a las condiciones previstas en la aún vigente y escasamente aplicada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
Sin dudas que la gestión de De Godoy al frente del ENACOM no quiere asumir la obligación que la ley marca de reservar el 33% del espectro para el sector sin fines de lucro, y en ese sentido no están dispuestos a reconocer la existencia de nuestras voces en el aire, y procuran condicionarnos con la amenaza de represión y criminalización de la comunicación a la que llaman “ilegal”, como lo dejaron en claro en una reciente resolución que habilita a la confiscación de equipos, cierre, detención y judicialización de quienes desarrollen “comunicación de manera ilegal”.
Nosotrxs queremos ser legales y no nos dejan, ni la AFSCA ni el ENACOM cumplieron su rol de garantizar nuestra legalidad, unos por demoras innecesarias, otros por un actitud manifiesta de desconocer a los medios de nuestro sector.
FM ESTACIÓN SUR seguirá transmitiendo, siendo la voz disonante en el aire de los medios catamarqueños, asumiendo la comunicación como un derecho humanos esencial para nuestras comunidades y garantizando la amplificación de las voces de los sectores marginados, de las luchas sociales y ambientales, de las víctimas de la violencia institucional, de los pueblos originarios, de las luchas antipatriarcales, de la cultura y el arte autónomo y autogestivo, de las organizaciones de la economía social y popular.
¡¡FM ESTACION SUR NO SE CALLA!!!
Contactos:
Marcos: 383 469-0311 
Laura: 383 464-6793
 Argentina, 20 de abril de 2017

CONTRA LA REFORMA DE LA LEY 248660 QUE ARRASA LOS DERECHOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

20 de abril de 2017(Agencia Para La Libertad).- Posicionamiento de YoNoFui


(APL) “Este jueves 20 de Abril a las 13 horsa desde YoNoFui vamos a exponer los argumentos por los cuales no estamos de acuerdo con la reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660 ante los senadores de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, en el salón de las Provincias, ubicado en el primer piso del Palacio Legislativo, sito en la calle Hipólito Yrigoyen 1849 CABA. Estamos convencid*s de que esta modificación es contraria a principios constitucionales, a normativa internacional, y que violenta el fin de la ley de ejecución penal que como dice su artículo 1° es la “reinserción” social”. Comienzo del comunicado de YoNoFui, organización de educadores en contexto de encierrro, cuya referente María Medrano expondrá hoy en el Senado junto a numerosos luchadores.

En nombre de la “seguridad” esta reforma propone cambios aberrantes que socavan cualquier posibilidad de proyectar una vida diferente para las personas que se encuentran temporariamente privadas de su libertad. Entre ellos, la eliminación de las salidas transitorias, la libertad asistida y la libertad condicional.
Desde nuestra experiencia en el trabajo en cárceles, y afuera con mujeres que recuperan la libertad entendemos que la posibilidad de estudiar y trabajar en el encierro, así como en las salidas transitorias, permiten ampliar el mapa de relaciones, tejer redes de contención material y afectiva desde la cual proyectar una vida donde la cárcel no sea una opción, y así romper el círculo de violencia y marginación en el que se encontraban antes de entrar a la cárcel.


Allí estaremos presentes para decir #NoALaReformaDeLa24660.

CENTRO ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.) - ESCUELA N°271

El Bolsón (ANPP).- Compartimos la siguiente información: EL SÁBADO PRÓXIMO, 22 de ABRIL, DE 9 A 13 HS., EN EL ÁMBITO DE LA ESCUELA Nº 271, SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DEL CAI. PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 3º A 7º GRADOS DE TODA LA COMUNIDAD. TALLERES DE. TEATRO, COCINA, FUTBOL CALLEJERO Y MÚSICA/PERCUSIÓN/DANZA. Libres y gratuitos. Realizaremos eventos, salidas, festejos, encuentros familiares. ¡LAS / LOS ESPERAMOS!. Heraldo MORA Coordinador C.A.I.

miércoles, 19 de abril de 2017

ARACELI: BÚSQUEDA DESESPERADA EN UN TERRITORIO SIN JUSTICIA

19 de abril(LA Vaca).-
En la plaza central de la localidad de San Martín la familia y vecinos de Araceli Fulles realizaron una nueva acción para exigir su aparición con vida. Tras 18 días, todavía no hay ninguna pista concreta. Su mamá insiste: “No puede habérsela tragado la tierra”. El miedo y la desconfianza en la justicia del barrio está presente en un caso en el que el Estado tampoco aparece.
El colectivo acaba de pisar San Martín y lo primero que se ve es la foto de Araceli. Nos mira desde un afiche, los ojos le brillan y sonríe. Nos mira y no podemos mirar para otro lado.
Tiene 22 años, desapareció el sábado 1° de abril y desde entonces la familia la busca desesperadamente.
Una y otra y otra foto en afiches, carteles, volantes.
“¿Apareció esa mina?” pregunta un pibe desde el colectivo, mirando el patrullero frenado en el semáforo que tiene la foto pegada en el vidrio. “Todavía no”, le contestan.
Te estamos buscando
En la Plaza San Martin reparten la foto de Araceli Fulles y un número de contacto. Los carteles claman: “Viva la queremos”, “Te estamos buscando”, “Seguimos luchando”. Las mujeres sostienen banderas que dicen “Aparición con vida YA”.
El grito es urgente. Araceli está desaparecida desde hace dieciocho días.
La familia realizó la denuncia en la Comisaría 5ta.de Billinghurst. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de San Martín y la fiscal es Graciela López Pereyra.
Las recientes novedades fueron el hallazgo de una pulsera y una cartera en los rastrillajes cercanos a la Villa 9 de Julio. La familia descartó que las pertenencias sean de Araceli, pero dentro de la cartera había un papel escrito con su letra.
Marcelo, su hermano mayor, dijo a lavaca: “Yo creo que ahora están haciendo el trabajo como corresponde”.
¿Qué respuesta le dio la fiscal con respecto a su labor?
“La respuesta que me dio es que yo ahora puedo ir a sacarle fotocopia al legajo y puedo investigar qué están haciendo”.
Investigar si investigan.
En medio de la entrevista Marcelo se quiebra en llanto. No puede seguir hablando. Los familiares se abrazan y contienen unos a otros. La gente que los rodea comienza a aplaudir y a corear el nombre de Araceli.
La acción en Plaza San Martin es la última de muchas que viene sosteniendo la familia. Desde el primer día salieron a buscarla. El Estado, en cambio, no da respuestas.
“Son todas hipótesis. Nos están marcando diferentes lugares, pero no hay nada concreto”, dice a lavaca Andres, otro de los hermanos.
Y se aferran al celular en el que reciben los llamados porque, como dijo Mónica, mamá de Araceli, en un comunicado: “No puede ser que a Araceli se la haya tragado la tierra”.
Voces de mujeres
Ofelia es de Villa La Rana, uno de los barrios en los que se hizo operativos de búsqueda. “Fue la policía, entraron a casas, pero nada”, dice.
¿Qué pasa en el barrio?
“Hay una realidad: hay un montón de violencia y la justicia no hace nada. Estamos desprotegidos totalmente. Estas cosas en el barrio están, lo que no está presente es el Estado, la comisaria y la justicia”.
Silvia suma su mirada: “Acá hay una red de complicidades que, lamentablemente, se van dando en distintos casos. El problema es que hay mucho miedo en los vecinos del barrio. Algunos dicen haberla visto, pero hay mucho miedo de ir a declarar porque los que son testigos protegidos, a la hora del juicio oral terminan teniendo que poner la cara y la experiencia con la justicia acá no es buena”. Y agrega: “La realidad es que muchas veces en el barrio la seguridad, incluso de las compañeras que sufren violencia machista,  no la hace la policía: la hacen los propios narcos. Entonces, si para que se respete a una mujer hay que ir a buscar al tranza del barrio estamos en problemas”.
Sentada está una repartidora de una marca de cerveza, estar en la calle le da una visión estratégica: “Está muy peligrosa, hay muchas mafias”.
¿Qué hacemos?
“Hablar mucho con los chicos. Soy madre de cuatro chicos -dos varones y dos nenas-, todos adolescentes. Les hablo mucho, trato que se vuelquen a la música, al arte, para que ellos se puedan desenvolver como persona”.
Silvia reza: “Sólo le pido a Dios que Araceli aparezca con vida”.

COMUNICADO DE ATE COMARCA ANDINA

El Bolsón (ANPP).- Compartimos el comunicado enviado a nuestra redacción:
http://comarcaandina.ate.org.ar/nota-ab.asp?id=8698

Lamentamos informar que ha fallecido nuestra compañera de conducción Carolina Canellas, después de dar una larga y dura batalla a su enfermedad. 

Carito nos deja su ejemplo de lucha incansable, siempre acompañada por su sonrisa.

Acompañamos y abrazamos a su padre, su hermana y sus hijas Paloma y Jazmín. 

Estarás presente junto a nosotros en cada lucha!

Luciano Taladriz
Prensa ATE-CTA
Comarca Andina
 
ATE
SECCIONAL COMARCA ANDINA
TE 0294 4471309

"FORTALECER EL ESTADO PARA LIBERAR LA NACIÓN"

COMUNICADO DE ATECH NOROESTE

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el siguiente comunicado:
A L@S DOCENTES:

Conforme a lo que hemos definido en estos días, en reuniones de afiliados y encuentros multitudinarios (como durante el PARO del día 6 y el del 11 de abril) hemos encarado algunas acciones.

Recorrimos escuelas y llevamos adelante visitas a lugares como Cholila, El Maitén, Epuyén, Zona Rural, etc. Fomentamos elecciones de delegad@s donde no los había y continuamos en contacto con el sindicato a nivel provincial y regionales.

La demanda de l@s compañer@s se centra en la necesidad de acercar a TODOS los parajes y pueblos los motivos del reclamo y la lucha docente. En la búsqueda de ese encuentro con la comunidad es que nos sumamos a la PEÑA SOLIDARIA que organizan l@s docentes y la Asoc. Cooperadora de la Escuela 109 (para esto invitamos a sumarse a la organización).

La paritaria a nivel provincial se encuentra SIN CONVOCATORIA siendo que lo último que se trabajó en lo salarial fue el rechazo a un aumento del 16,6% en 2 cuotas (que significaban algo más que $900 de bolsillo en 2 cuotas).

PARA CONVERSAR SOBRE TODOS ESTOS TEMAS, ADEMÁS DE LAS VISITAS QUE ESTAMOS REALIZANDO, CONVOCAMOS A L@S DELEGAD@S A REUNIÓN PARA EL DÍA JUEVES 20 DE ABRIL A LAS 11 HS EN LA SEDE SINDICAL DE RUTA 16 KM 10.

nota: Respecto al PARO NACIONAL que declaró para mañana desde ATE, tenemos para decir que NOS SOLIDARIZAMOS COMO SIEMPRE HEMOS HECHO CON L@S TRABAJADOR@S ESTATALES EN SU RECLAMO por el Cese de los despidos, la reincorporación de cesantead@s, el fin de la precariedad en los empleos del estado y la paritaria sin condicionamientos. SI BIEN NO EXISTE CONVOCATORIA A PARO DOCENTE, los compañer@s que entiendan que desean apoyar el reclamo con PARO tienen la libertad y el derecho de hacerlo.

--
           0294 - 4499 - 791
        0294 - 154 - 67 77 66

ARGUMENTOS PARA RECHAZAR LA REFORMA A LA LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA

Buenos Aires 17 de abril (APL).-
Desde la Red de Cooperativas de Liberadxs y organizaciones sociales en contextos de encierro queremos manifestar nuestro repudio al proyecto en debate que pretende modificar parcialmente la Ley 24.660, por ser contrario a principios constitucionales, normativa internacional, y por violentar el fin de la ley de ejecución penal que como dice su artículo 1° es la reinserción social. El proyecto se discute sin contar con un diagnóstico adecuado y sin la participación pertinente en el debate de la sociedad civil, en particular las propias personas privadas de su libertad, de organismos estatales, la comunidad académica y otras organizaciones sociales y asociaciones civiles afines. En adición, propone una reforma parcial de la Ley de Ejecución Penal desconociendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, cuyo incumplimiento puede acarrear la responsabilidad internacional. Por su tratamiento, impide un debate integral y profundo de la aplicación y ejecución de penas e, incluso, contraría principios receptados en la discusión en torno a la reforma del Servicio Penitenciario Federal que no pueden ser eludidos. (Ver argumtos detallados más abajo)


Cuestiones generales
1. Es inconstitucional porque viola el principio de resocialización (único fundamento de la pena en nuestro orden constitucional) y de legalidad, fortaleciendo las potestades del poder administrador en la definición de libertades básicas que afectan derechos reconocidos ampliamente por todos los tratados a los que Argentina suscribió (libertad ambulatoria, derechos laborales, derecho y protección de la familia y de resocialización).



No recepta las consolidadas y recientemente denominadas reglas de Mandela inobservando que en la Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal se recomienda a los Estados Miembros que continúen procurando limitar el hacinamiento en las cárceles y, cuando proceda, recurran a medidas no privativas de libertad como alternativa a la prisión preventiva, promoviendo un mayor acceso a mecanismos de administración de justicia y de asistencia letrada, reforzando las medidas sustitutivas del encarcelamiento y apoyando los programas de rehabilitación y reinserción social. A su vez, agrava ilegítimamente las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad.

2.Viola el principio de competencias legislativas del Congreso Nacional, la ley de ejecución penal es complementaria al código penal, regula el contenido de la pena, es decir es una función constitucionalmente reconocida al Congreso Nacional legislar sobre la materia por el art. 75 inc.15. No obstante el proyecto regula aspectos procesales ajenos al cuerpo normativo de fondo.
Esto se inscribe en la discusión que se ha suscitado entre una doctrina minoritaria (a la que evidentemente adhiere el proyecto) que interpreta que la ley de ejecución penal es una ley local y una doctrina mayoritaria (que es la que además viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia y es conteste con el principio según el cual la materia penal queda reservada al Congreso, y que la ley de ejecución penal es una ley de fondo y no de procedimiento.
3. El proyecto viola el principio de progresividad en tanto impone condiciones más gravosas en la ejecución de la pena y al ejercicio de derechos constitucionalmente consagrados que no pueden ser limitados o restringidos por medio de leyes de jerarquía inferior.



4. Amplía injustificada e inadecuadamente las facultades administrativas del
servicio penitenciario favoreciendo el gobierno de la cárcel de manera arbitraria y discrecional a la voluntad administrativa mediante el uso del sistema de premios y castigos, que no es otra cosa que la restricción abusiva del ejercicio de derechos.
Ello se potencia, a su vez, a través de la utilización de términos vagos o imprecisos poniendo en jaque el principio de legalidad y la certeza jurídica.

Deriva a su vez en un reglamentarismo que excede el ámbito de aplicación que se propone una norma de estas características, poniendo obstáculos a vencer a las personas privadas de la libertad para acceder a la progresividad de la ejecución, sin reconocer herramientas de reclamo de sus derechos y vías de queja.
5. Restringe la garantía del control judicial permanente de la ejecución de la pena, fortaleciendo potestades indebidas en el poder administrador, lo cual va en contra de la doctrina y jurisprudencia mayoritaria consolidada en nuestro país como el antecedente de la Corte Suprema “Romero Cacharane” entre muchos otros.
6. Vulnera los principios de progresividad en la ejecución de la pena y de inocencia al sujetar la concesión de las salidas transitorias y cumplimiento de etapas de la resocialización a la valoración de que la persona se encuentre sujeta a un nuevo proceso, sin que haya condena ya que en ese caso no importaría el esfuerzo personal de una persona detenida, su evolución en el tratamiento penitenciario, ni las calificaciones de conducta y concepto que alcance con base en su comportamiento intramuros.
Tampoco puede restringirse o supeditarse la libertad según la disponibilidad de dispositivos electrónicos o a una evaluación de equipos de trabajo infundadas sobre el futuro que nadie puede conocer con antelación y menos ello ser utilizado en contra de una persona.




Cuestiones específicas
Los problemas más concretos y puntuales que vemos en el marco de esta reforma.
1. Mayores requisitos para la progresividad de la ejecución de la pena: en tiempo, evaluaciones de órganos administrativos y yuxtaposiciones de intervenciones de equipos interdisciplinarios que tornan más engorroso el procedimiento. Esta superproducción de informes técnicos redunda en indefinición de plazos en la resolución de las peticiones y un aumento desmedido de trámites burocráticos.





2. Se traduce en una militarización o fortalecimiento de las áreas de seguridad (bajo el concepto de custodia y represión) por sobre las áreas de profesionales de la salud, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, programas de empleo genuino, oficios. Es decir, es el fortalecimiento de la faz represiva por sobre la resocializadora.
Asimismo, se pone a trabajar a los cuerpos técnicos en funciones dictaminadoras, en desmedro de un rol activo en la concreción de los derechos de las personas privadas de la libertad, la creación de condiciones particulares para lograr el pleno ejercicio de derechos que los internos avancen en los objetivos resocializadores y en consecuencia, que el objetivo de la ley de ejecución penal se cumpla.



3. La única forma de reducir estos efectos negativos de la carcel es mediante mecanismos de desprisionización, y que deben producirse bajo el criterio de

promoción de la libertad, criterio contenido en la ley vigente y que el texto proyectado desnaturaliza, haciendo de la ejecución de la pena compartimientos estancos.
Las formas de desprisionización son la correcta aplicación y consecuente reducción del uso de la prisión preventiva (recomendada por todos los órganos internacionales que orbitan en nuestro orden internacional), la implementación de medidas no privativas de la libertad, la efectivización del menor tiempo que proceda en centros de máxima seguridad, favorecimiento de modalidades de semilibertad y confianza en el autogobierno (salidas transitorias, libertades anticipadas).



4. Inconstitucionalidad de ampliación de requisitos para la evolución en las etapas de la progresividad: la ampliación del elenco de delitos para los cuales lisa y llanamente se establece la improcedencia de salidas anticipadas, advertimos que se vincula con fortalecimiento de la prisionización y recae sobre tipos penales sensibles al sistema punitivo, especialmente a los delitos contra la propiedad que de alta incidencia de prisionización en el país.
Y si bien el proyecto presenta una serie de normas relativas a las penas en la función pública, sabemos claramente que sea por las dificultades en la investigación o por connivencia, los presos por delitos relacionados con la corrupción, no sólo no abundan en el sistema penitenciario, mientras que los delitos que sí llenan las cárceles y que se relacionan con delitos contra la propiedad, generalmente vinculados a problemáticas sociales más amplias que la “conducta desviada” y que se vinculan a los procesos de ajuste en las economías y déficit de las políticas públicas, particularmente las políticas de empleo.



Según la SNEEP la incidencia de los delitos de la propiedad (robo, hurto y otros delitos contra la propiedad), dan un 44% a nivel nacional y 39% para el sistema federal exclusivamente.
La jurisprudencia se expresó respecto de la inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la ley 24.660, en cuanto veda la concesión de salidas transitorias para determinados delitos, es inconstitucional porque vulnera los principios constitucionales de igualdad ante la ley, razonabilidad de los actos republicanos de gobierno, el fin resocializador de la pena privativa de la libertad y el sistema progresivo para la consecución del fin preventivo.



Si el interés está en dar respuesta a la problemática de la reincidencia, consideramos que deben ser tratados con urgencia en la comisión dos proyectos ingresados recientemente que operan en el nudo de la problemática de reinserción: uno referido a la modificación de art. 64 de ley de cooperativas que en la actualidad impide a las personas que registren antecedentes penales integren cooperativas, que en muchos casos son la única opción laboral que encuentran los liberados para sustentar sus proyectos vitales y sostener a sus familias y la otra es la ley de cupo laboral, ambos proyectos operan en el sentido de reconocer en las personas privadas de la libertad a trabajadores y trabajadoras, en muchos casos desocupadas o precarizados, es a través del trabajo genuino que vamos contribuir al objetivo de reducción de la reincidencia, además de las otras necesarias reformas de las que es susceptible la ley actual, que ameritan un amplio debate que integre a todos los órganos estatales (defensoría oficial, procuración penitenciaria, Procuvin, defensor del pueblo), organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y sociales que trabajan con la población y asimismo, debe abrirse el debate a la realidad de cada una de las provincias.



Por todo lo expuesto, solicitamos se rechace el proyecto en debate en los términos planteados.