20 de abril de 2017 (Red Eco).-
Una ráfaga de justicia llegó para los
trabajadores del Hotel Bauen. A punto de efectuarse el desalojo, con la
convocatoria a las fuerzas de seguridad para garantizarlo, la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos hizo
lugar al pedido presentado por la cooperativa y lo suspendió. Repasamos
en esta nota las diferentes instancias judiciales y recordamos quienes
son los interesados en desalojar a los trabajadores. Por Mario Hernandez para Red Eco Alternativo
(Mario Hernandez para Red Eco) Ciudad de Buenos Aires- “Debido al levantamiento de la orden desalojo y las condiciones climáticas y siendo un evento al aire libre nos vemos obligados a suspender la actividad ‘Milonga por el BAUEN’. Se suspende el Festival pero no la Lucha. ¡Seguimos firmes en defensa de este proyecto de todxs!”, informaban este miércoles los trabajadores del Bauen en un comunicado de prensa.
La actividad era una más de las pensadas para sumar voluntades contra el desalojo y en defensa de los 130 puestos de trabajo. Dos horas antes se presentaría el libro Bauen el hotel de los trabajadores.
Unos días antes, el martes 11 de abril, la cena solidaria en apoyo a los trabajadores de la cooperativa BAUEN había reunido a más de 700 referentes de la cultura, el deporte, los gremios, la política y el cooperativismo, que se acercaron para expresar su apoyo las familias que defienden sus fuentes de trabajo frente al veto presidencial a la expropiación del hotel y a la inminente orden de desalojo que pesaba sobre el emblemático edificio de Callao 360.
En este contexto de gran acompañamiento, los cooperativistas reafirmaron su convicción de seguir gestionando el hotel de manera cooperativa, dándole continuidad al modelo eficiente y sustentable que impulsan desde 2003, resistiendo el desalojo e insistiendo con el trámite parlamentario.
La cena del ese martes se enmarcó en una importante campaña que tiene como principal objetivo ratificar este año en ambas cámaras del Congreso de la Nación la ley que determina la expropiación y declara de utilidad pública el edificio y las instalaciones del hotel, una norma sancionada con el más amplio respaldo de diversas fuerzas políticas que fue vetada a fines del año pasado por el presidente Mauricio Macri.
A pocas horas de ese evento, la jueza volvió a expedirse sobre la causa y esta vez lo hizo para requerirle al Jefe de Gabinete Marcos Peña el uso de la Policía para llevar adelante el desalojo, en caso que sea necesario. En el escrito que lleva la firma de puño y letra de la jueza podía leerse el argumento de ese pedido “dado el interés público que reviste y la eventual necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad”.
Mientras tanto, los trabajadores habían presentado dos escritos ante la Justicia para frenar el desalojo. En el primero plantearon la inconstitucionalidad del veto presidencial por ir contra una ley que garantiza sus puestos de trabajo y, por tanto, vulnera tratados internacionales de Derechos Humanos que el Estado está obligado a cumplir. El planteo cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 10 a cargo de la jueza Liliana Heiland, quien sin analizar los fundamentos lo rechazó por cuestiones formales, quedando la resolución en manos de la Cámara de Apelaciones.
El segundo fue presentado ante Hualde en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, donde se tramita la quiebra. Allí los trabajadores mencionaron otros dos puntos a considerar: que no está agotado el trámite legislativo porque aún el Congreso puede insistir en la Ley vetada y si es aprobada con dos tercios de los votos debe promulgarse; y que el desalojo es solicitado por un actor que no es parte de la quiebra. Este escrito también fue rechazado y los trabajadores apelaron a la Cámara Comercial.
Por último, los diputados Leonardo Grosso, Diana Conti y Araceli Ferreyra, los senadores Juan Manuel Abal Medina y Teresa Luna, y los responsables de la CTA, la CNCT, la CTEP y la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), entre otros, también presentaron un amparo donde destacan que el veto pasa por alto los derechos laborales de los 130 integrantes de la cooperativa. Su reclamo cayó en el juzgado nacional de primera instancia laboral N° 38, a cargo de María Dora González.
Allí también intervino la Fiscalía Nacional del Trabajo N° 5 a cargo de Juan Manuel Domínguez, quien respaldó con su dictamen el planteo colectivo y solicitó una “medida interina” que suspenda el desalojo hasta tanto se analice el “interés público comprometido” que, en este caso, son los derechos laborales.
Finalmente, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos hizo lugar al Recurso de Queja presentado por la cooperativa, suspendiendo de esa manera el desalojo previsto.
La Cámara entendió que la Dra. María Paula Hualde, a cargo del Juzgado Comercial 9 en donde tramita la quiebra de la ex patronal de los trabajadores, había cometido un error al rechazar la apelación intentada por la cooperativa. En consecuencia, por unánime decisión de los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial el desalojo quedó suspendido y ahora deberá resolver si deja definitivamente sin efecto la medida arbitraria de la Dra. Hualde en contra de la simbólica empresa recuperada.
"Esperamos que este principio de justicia se convierta en un contundente respaldo judicial a los trabajadores que decidimos evitar la estafa de la familia Iurcovich en contra de todos los argentinos, dejando definitivamente sin efecto el desalojo. Seguiremos defendiendo nuestros puestos de trabajo y por eso invitamos a todos a acompañar nuestra lucha dado que tenemos que lograr que el poder legislativo ratifique su decisión, rechazando el veto presidencial, tal como lo dice la Constitución Nacional", dijo Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa.
Todo queda en familia
No es un tema menor que una de las protagonistas de este nuevo capítulo de intereses sea Susana Beatriz Espósito, apoderada de Mercoteles SA, la empresa que aduce ser la dueña del edificio del Bauen. Espósito es comunera del PRO en el barrio de Caballito y esposa del jefe de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Ricardo Pedace, también ex subjefe de la Policía Metropolitana.
De acuerdo a la publicación del periodista Ricardo Ragendorfer en el portal Nuestras Voces, Espósito también es amiga de la jueza Paula Hualde, la misma que ordenó el desalojo de los trabajadores cooperativistas.
En junio de 2006, Espósito firmó como apoderada de Mercoteles una solicitada, junto al apoderado Gerardo Palomero en nombre de Bauen Sacic, que denunciaba a los “ocupantes” y calificaba al proyecto de expropiación, que en aquel momento peleaban en la Legislatura, como carente de sustento “político, filosófico, práctico y jurídico”.
En 2007, la justicia determinó que el hotel pertenece a Mercoteles y no al empresario Félix Solari, que lo compró en 1997 y quebró en 2001. Pero tampoco otorgó razón a la cooperativa de trabajadores que lo ocupa y explota desde 2003.
El fallecido Iurcovich y sus herederos hicieron una fortuna durante la dictadura, y la consolidaron durante las intendencias de Carlos Grosso, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Para lograrlo, se valieron de una telaraña de empresas a nombre de familiares y personeros de variadas razones sociales, dos offshores uruguayas y negocios en Brasil.
Cuando se constituyó Mercoteles figuraba a nombre de testaferros, hasta que la familia Iurcovich blanqueó ser dueña de esa empresa en el acta de cambio de autoridades de junio de 2009. Sin demasiado esfuerzo, la Justicia habría podido comprobar que entre Bauen S.A. y Mercoteles S.A. hay un íntimo hilo conductor: los mismos personajes son familiares de Marcelo Iurcovich o aparecen alternativamente como directivos o apoderados en las dos empresas. Es decir, las dos firmas tienen los mismos dueños.
El edificio fue construido con créditos otorgados por el ex Banade, que a junio del 2000 figuraba con una deuda de 85 millones de pesos en la nómina de esa entidad. “No son casos aislados, entre los deudores del Banade también estaba Ligio Zanón, son empresarios parásitos del Estado, capitalistas sin capital”, afirmó Federico Tonarelli.
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