(La Izquierda Diario).-
Con la sanción del proyecto que crea las
figuras de “agente encubierto”, “agente revelador” e “informante”, se
fortalece el poder de quienes gerencian el crimen organizado.
Por
Daniel Satur
La excusa del Gobierno de Mauricio Macri, con su ministra
Patricia Bullrich y sus representantes en el Congreso Nacional es que
con estas incorporaciones a las tareas de las fuerzas represivas del
Estado se estaría contribuyendo a la investigación y resolución de los
llamados “delitos complejos”.
A principios de junio, cuando
el proyecto presentado en abril por el Ministerio de Seguridad obtuvo media sanción en Diputados,
muchas fueron las voces que salieron a cuestionar la idea. Es que las
figuras creadas por esta ley le dan más licencia para el control social y
mayor poder de fuego a los brazos armados del Estado que (como está
sobradamente demostrado) tienen una relación estrecha con millonarios
negocios ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, el
contrabando, el juego clandestino y la prostitución.
Con la norma convertida ayer en ley, el personal uniformado podrá
aumentar también su infiltración en organizaciones sociales a las que
algún juez o fiscal considere “peligrosas” o “criminales”.
En concreto, la figura de “agente encubierto” permite que la Policía
envíe a sus agentes, con identidad oculta, a que se infiltren en las
organizaciones consideradas criminales a fin de “identificar, detener o
impedir un delito”.
Por su parte, siempre según lo votado ayer, el “agente revelador”
será aquel policía que, “simulando interés en hacer un transporte,
compra o consumo de bienes, armas o drogas, u otra actividad criminal”
identifique a presuntos implicados en delitos y mande detenerlos.
Otra de las figuras creadas es la del “informante”. Se tata en este
caso de “un civil con identidad reservada” que, a cambio de un beneficio
económico, aporte datos sobre el presunto accionar delictivo de una o
más personas a la Policía o la Justicia.
Y a todo eso se suman las llamadas “entrega vigilada” y “prórroga de
jurisdicción”, mediante las cuales un juez es autorizado a postergar la
detención de personas si considera que puede “servir a la
investigación”.
En síntesis, con la creación de estas figuras ahora la Policía podrá
profundizar su nivel de involucramiento en los delitos complejos.
Obviamente no para perseguirlos y neutralizarlos sino para gestionarlos
o, en el caso de no participar directamente, encubrirlos.
Sabido es que gran parte de las personas que se encuentran detenidas
en las cárceles y comisarías argentinas lo están por delitos menores
contra la propiedad. Y que en el caso de los llamados “delitos
complejos”, muchas de las personas apresadas son los eslabones más
débiles de la cadena (los “perejiles”) o bien
inocentes que cayeron en las garras de un sistema especializado en armar causas con el objetivo de barnizar de impunidad a los verdaderos criminales.
Voto cantado
El proyecto aprobado ayer contó con 34 votos afirmativos de
macristas, radicales y peronistas; en tanto que 18 senadores
(kirchneristas y de la línea de los Rodríguez Saa) votaron en contra.
Hubo además cinco abstenciones (Jaime Linares del GEN, Pino Solanas de
Proyecto Sur, Magdalena Odarda de la Coalición Cívica, Alfredo Luenzo
del dasnevismo y María Fiore Viñuales del Partido Renovador de Salta).
El presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del
Senado, el peronista entrerriano Pedro Guastavino, informó el proyecto
en el recinto. Quizás queriendo darle sustento a la propuesta explicó
que las figuras de agente encubierto y agente revelador están vigentes
en países como Chile, Uruguay, Costa Rica, entre otros.
Entre otras cosas Guastavino aclaró, por si algún uniformado tiene
dudas, que “no será punible el agente encubierto o el agente revelador
que se hubiese visto impelido a incurrir en un delito” en cumplimiento
de la tarea secreta. Es decir que si agente se ve “obligado” a traficar,
robar o vender alguna cosa puede hacerlo sin preocuparse.
Desde las banca kirchnerista del Senado rechazaron el proyecto. Pero
no porque estén en contra de la infiltración policial, sino porque no
quieren que la ministra Bullrich sea la que conduzca a los infiltrados.
Por eso la senadora Virginia García presentó un dictamen de minoría en
el que propone que el manejo de los agentes esté bajo la órbita del
Ministerio de Justicia y no del de Seguridad.
Otro kirchnerista, Marcelo Fuentes, dijo que la iniciativa, “tal como
la impulsa el oficialismo”, es “un peligro en esta etapa represiva el
Gobierno contra las organizaciones sociales y la protesta social”. Y
como si su fuerza política no hubiera gobernado el país y muchas
provincias durante una década entera, Fuentes dijo que “el nivel de
corrupción” existente en las fuerzas de seguridad hoy dificultaría que
este proyecto pueda servir.
Ninguno de los senadores que se opusieron al proyecto del macrismo,
ni tampoco los que abstuvieron, esgrimieron argumentos que denuncien en
profundidad el carácter realmente criminalizador de la población
trabajadora que está en el trasfondo de esta ley. Nadie reprodujo los
argumentos dados, por ejemplo, por la diputada del PTS-FIT en junio
cuando el proyecto se votó en Diputados.
Allí Bregman cuestionó duramente la iniciativa ya que significa “darle más poder a las fuerzas represivas del Estado”.
“Se le da un enorme poder a la Policía y a un poder judicial que va a
decidir a quién infiltrar a quien tratar como agente encubierto un
poder judicial que nadie voto, que nadie eligió”, aseguró entonces
Bregman. Y denunció que “con agentes encubiertos” como los que propone
el Gobierno de Macri “se encubrieron los asesinatos de Kosteki y
Santillán y se termina criminalizando la protesta social y legalizando
la infiltración como lo demuestra
el caso del agente Américo Balbuena, infiltrado durante casi una década en un medio alternativo de comunicación, o como se hizo con
el Proyecto X”.
Ninguna voz se alzó ayer en el Senado con estas palabras.
