Hoy, Amnistía Internacional, andhes y el CELS le pedimos al Estado argentino que informe las acciones que está realizando para cumplir con la decisión definitiva del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que le solicitó liberar de inmediato a Milagro Sala.
La decisión del Grupo se dictó en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos instrumentos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Su ejecución, lejos de ser una opción, es un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema jurídico argentino.
Por otra parte, ante decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, el Estado no puede utilizar como excusa que se trataría de una supuesta interferencia indebida en otros poderes o jurisdicciones. Tal proceder significaría desconocer sus obligaciones internacionales, el rol que tiene el Estado federal como garante y numerosos antecedentes.
El texto completo de la nota enviada a la canciller Susana Malcorra y al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj puede leerse aquí. Publicado: Martes 01 de Noviembre de 2016