(Cosecha Roja).-
Esta semana empezó el tercer tramo del juicio por el
circuito represivo ABO: dos centros clandestinos de detención en Ciudad
de Buenos Aires y uno en La Matanza. Operaron entre 1977 y 1979. Hay 9
acusados y 352 víctimas. Se prevé que dure 18 meses.
Las tres horas del primer día del juicio
no alcanzaron para leer las acusaciones de todas las partes contra los
nueve imputados por la privación de la libertad y tormentos a 352
víctimas y los homicidios de 19 de ellas. Los delitos se cometieron en
el circuito represivo que funcionó en los centros clandestinos el
Atlético, el Banco y el Olimpo entre 1977 y 1979. Sí hubo tiempo para
escuchar, en una suerte de poema infinito o de letanía circular, los
nombres de cientos de personas y cientos de calles y esquinas donde las
secuestraron. A medida que la fiscal Gabriela Sosti leía la síntesis del
pedido de elevación a juicio, las coordenadas de las casas,
departamentos o bares de donde se llevaron a las víctimas dibujaron otro
mapa de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mapa de caídas no hubo barrio
que no fuera testigo.
En el primer día del juicio, también
resonaron en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py las
desapariciones en la ciudad de La Plata y en otras localidades desde
donde fueron trasladados a estos tres campos de detención, tortura y
exterminio que funcionaron bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército
Argentino. Así comenzó el martes 20 de septiembre el debate por el
tercer tramo de la causa -que en la jerga se conoce como “ABO III” –
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2. Los nueve imputados
escucharon por qué estaban ahí sentados.
Carlos Pisoni de H.I.J.O.S suele
asistir a muchos juicios, pero éste es parte de su historia. Sus padres
Irene Bellochio (delegada gremial del Banco Galicia y militante de la
Juventud Trabajadora Peronista) y Rolando Pisoni (estudiante de
Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y militante de la Juventud
Universitaria Peronista) fueron vistos por última vez en el Atlético, el
20 de septiembre de 1977. “Es fuerte verle la cara a los genocidas que
no habían sido jugados. Empecé a revivir la historia de mis viejos, la
mía personal”, dijo a Cosecha Roja
después de la primera audiencia. “Estoy contento porque los juicios
continúan, siguen las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; pero
también un poco decepcionado por el estancamiento de otros procesos. Es
momento de agilizar las causas, de que haya más jueces y menos prisiones
domiciliarias, y que las que se otorgan, sean controladas”, agregó
Pisoni.
Los imputados
Los homicidios incluidos en las
acusaciones son los de 19 personas que el 6 de agosto de 1978 fueron
“trasladadas”. De los nueve imputados en este juicio, uno ya fue
condenado en ABO Bis, Alfredo Omar Feito (18 años de prisión). Desde
1977 hasta 1982, integró el Batallón de Inteligencia 601. Los
testimonios lo sitúan en Banco y Olimpo como “Cacho”, parte del plantel
de secuestros, interrogatorios y torturas.
Los demás imputados eran, en su
mayoría, de la Policía Federal Argentina pero algunos revistaban en
Gendarmería y en el Servicio Penitenciario Federal. ellos son:
Gerardo Jorge Arráez: desde el
31 de enero de 1977, policía en la Dirección General de Inteligencia de
la Superintendencia de Seguridad Federal. En “Banco” y “Olimpo”, se
hacía llamar “Nito”. Estuvo prófugo, ejerció de abogado con
documentación falsa y en 2014 fue detenido, imputado como “coautor de
secuestros y torturas de 285 víctimas cautivas en Banco y Olimpo, y por
su participación en 19 homicidios.
Juan Carlos Mario Chacra: al
momento de los hechos era auxiliar de Segunda del Cuerpo de
Informaciones de Policía Federal Argentina. Los testigos lo ubican en
Club Atlético con el apodo de “Paco”.
Eduardo Ángel Cruz: era auxiliar 4º de Informaciones de la Policía Federal Argentina.
Raimundo Oscar Izzi: era cabo de la Policía Federal Argentina.
Carlos Alberto Lorenzatti: era principal de la Policía Federal, en Atlético y Banco lo llamaban “Gato” o “Gato Viejo”.
Ricardo Valdivia: fue
subcomisario de la Policía Federal Argentina; a partir del 2 de enero de
1978 cumplió ese cargo en el Departamento de “Situación Subversiva” de
la Superintendencia de Seguridad Federal. Varios testigos lo ubican con
los apodos “Miralejos” y “Valderrama”.
Héctor Horacio Marc: fue ayudante de 5ª del Servicio Penitenciario Federal.
Juan Miguel Méndez: era primer alférez de Intendencia de Gendarmería Nacional Argentina.
Pedro Santiago Godoy: oficial
de la Policía Federal, estaba procesado y falleció con arresto
domiciliario, en octubre de 2014. Había sido condenado con Feito en
2012.
Sin fotos
En este inicio del juicio ABO III,
los acusados mantienen su anonimato ante los medios. En general, el
tribunal concede unos pocos minutos al inicio de la audiencia para que
los fotógrafos puedan retratar a las partes, incluyendo a los acusados.
Pero esta semana los jueces no habilitaron a los reporteros gráficos a
tomarles imágenes. El argumento fue que podría dar lugar a planteos de
nulidad de reconocimientos en próximas audiencias del juicio.
Cómo funcionó el circuito de Atlético-Banco-Olimpo
Los tres centros operaron en
distintos momentos pero hilvanaron la misma línea de tortura y
exterminio a lo largo del tiempo, como tres escenarios de una película
del terrorismo de Estado que empezó por Atlético, se mudó primero a
Banco y luego a Olimpo. En 2010, el primer tramo del juicio condenó a 16
personas por delitos en ABO contra 181 víctimas. En 2012, ABO Bis (o
II) terminó con dos condenas.
“Hay nuevos imputados pero las
fuerzas intervinientes del circuito represivo que operó desde fines del
76 a fines del 77 son las mismas: Policía Federal, Ejército,
Gendarmería, Servicio Penitenciario. Y más víctimas. Aunque hay muy
pocos sobrevivientes de esa etapa, con lo cual no se puede dar cuenta de
la cantidad de gente exterminada”, dijo la fiscal Gabriela Sosti.
Club Atlético operó en el barrio
porteño de San Telmo, sobre la avenida Paseo Colón 1266, desde los
sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina.
Funcionó ahí durante 1977, hasta que en diciembre, al iniciarse las
obras de la Autopista 25 de Mayo, los secuestrados y sus victimarios
fueron mudados temporalmente a Banco, mientras terminaba la construcción
de Olimpo.
Banco estaba en La Matanza, en lo que
fue la División Cuatrerismo de Policía de provincia de Buenos Aires.
Operó hasta mediados de 1978. Olimpo funcionó en el barrio porteño de
Floresta (Lacarra y Ramón L. Falcón), en la División Mantenimiento de
Automotores de la Policía Federal, hasta principios de 1979.
“A mediados de 1978, el pase del
Banco al Olimpo coincidió con un cambio de autoridades nacionales. El
Ejército asumió el rol de la represión, que en la Ciudad de Buenos Aires
estaba a cargo de la Policía. En el último período, la represión había
aflojado bastante. De la primera etapa, en cambio, de Atlético y Banco,
no hay casi sobrevivientes”, dijo la fiscal Sosti.
La ESMA fue el centro clandestino de
la Armada en la Ciudad de Buenos Aires, donde las otras fuerzas operaron
sobre distintos centros, donde se perpetraba el exterminio. “Venía
pergeñado desde otro lugar. Si se juzgara a la Inteligencia, esos
centros clandestinos de detención podrían estar en una causa que dé
cuenta de cómo estaba organizada la represión”, explicó Sosti. Porque,
como el Ministerio Público Fiscal ha investigado en otros juicios, este
circuito aceitado no funcionó aislado de otros. Vesubio tuvo que ver con
Banco, Banco con Olimpo, y estos tuvieron conexión con los del Circuito
Camps. “Hay circulación de represores, de personas secuestradas para un
exterminio con objetivos políticos. A un militante se lo llevaba al
centro clandestino de detención donde se lo vinculaba con otro militante
de otro centro”, contó.
Juicios a la historia
“Estos son juicios a la historia, no sólo a un Estado con empleados asesinos”, dijo a Cosecha Roja
la fiscal. “Por eso es importante que se difunda lo que pasa en estos
procesos. Lo que hagamos con la memoria es lo que vamos a hacer con el
futuro. Hay que avanzar en ver cuál es la etiología y quiénes fueron los
beneficiarios del genocidio. Uno se queda pensando en lo ominoso de la
tortura, pero esto se implementó para beneficio de ciertos sectores”.
Cómo sigue el debate
Ayer, en la segunda audiencia, los
jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tassara
preguntaron a las querellas -son varias, entre ellas la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, Liga Argentina por los Derechos del
Hombre, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Justicia Ya!- si
podían dar por leídas sus síntesis de requerimientos de elevación a
juicio. Todas estuvieron de acuerdo. El secretario del Tribunal leyó
partes de las dos elevaciones a juicio realizadas por el juez Daniel
Rafecas hace dos años.
Como suele ocurrir en estos juicios,
el defensor de Feito planteó al tribunal que su cliente ya había sido
juzgado por estos hechos. La Fiscalía respondió que no se le imputan los
mismos casos. El tribunal dirimirá este planteo en la próxima
audiencia, el 28 de septiembre a las 9. Ese día los acusados podrán
ejercer su derecho a defensa al brindar sus declaraciones indagatorias.
Editoriales ANP
