Esta semana empezó el tercer tramo del juicio por el
circuito represivo ABO: dos centros clandestinos de detención en Ciudad
de Buenos Aires y uno en La Matanza. Operaron entre 1977 y 1979. Hay 9
acusados y 352 víctimas. Se prevé que dure 18 meses.
Las tres horas del primer día del juicio no alcanzaron para leer las acusaciones de todas las partes contra los nueve imputados por la privación de la libertad y tormentos a 352 víctimas y los homicidios de 19 de ellas. Los delitos se cometieron en el circuito represivo que funcionó en los centros clandestinos el Atlético, el Banco y el Olimpo entre 1977 y 1979. Sí hubo tiempo para escuchar, en una suerte de poema infinito o de letanía circular, los nombres de cientos de personas y cientos de calles y esquinas donde las secuestraron. A medida que la fiscal Gabriela Sosti leía la síntesis del pedido de elevación a juicio, las coordenadas de las casas, departamentos o bares de donde se llevaron a las víctimas dibujaron otro mapa de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mapa de caídas no hubo barrio que no fuera testigo. En el primer día del juicio, también resonaron en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py las desapariciones en la ciudad de La Plata y en otras localidades desde donde fueron trasladados a estos tres campos de detención, tortura y exterminio que funcionaron bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército Argentino. Así comenzó el martes 20 de septiembre el debate por el tercer tramo de la causa -que en la jerga se conoce como “ABO III” – ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2. Los nueve imputados escucharon por qué estaban ahí sentados.
Carlos Pisoni de H.I.J.O.S suele asistir a muchos juicios, pero éste es parte de su historia. Sus padres Irene Bellochio (delegada gremial del Banco Galicia y militante de la Juventud Trabajadora Peronista) y Rolando Pisoni (estudiante de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y militante de la Juventud Universitaria Peronista) fueron vistos por última vez en el Atlético, el 20 de septiembre de 1977. “Es fuerte verle la cara a los genocidas que no habían sido jugados. Empecé a revivir la historia de mis viejos, la mía personal”, dijo a Cosecha Roja después de la primera audiencia. “Estoy contento porque los juicios continúan, siguen las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; pero también un poco decepcionado por el estancamiento de otros procesos. Es momento de agilizar las causas, de que haya más jueces y menos prisiones domiciliarias, y que las que se otorgan, sean controladas”, agregó Pisoni.
Los imputados
Los homicidios incluidos en las acusaciones son los de 19 personas que el 6 de agosto de 1978 fueron “trasladadas”. De los nueve imputados en este juicio, uno ya fue condenado en ABO Bis, Alfredo Omar Feito (18 años de prisión). Desde 1977 hasta 1982, integró el Batallón de Inteligencia 601. Los testimonios lo sitúan en Banco y Olimpo como “Cacho”, parte del plantel de secuestros, interrogatorios y torturas.
Los demás imputados eran, en su mayoría, de la Policía Federal Argentina pero algunos revistaban en Gendarmería y en el Servicio Penitenciario Federal. ellos son:
Gerardo Jorge Arráez: desde el 31 de enero de 1977, policía en la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal. En “Banco” y “Olimpo”, se hacía llamar “Nito”. Estuvo prófugo, ejerció de abogado con documentación falsa y en 2014 fue detenido, imputado como “coautor de secuestros y torturas de 285 víctimas cautivas en Banco y Olimpo, y por su participación en 19 homicidios.
Juan Carlos Mario Chacra: al momento de los hechos era auxiliar de Segunda del Cuerpo de Informaciones de Policía Federal Argentina. Los testigos lo ubican en Club Atlético con el apodo de “Paco”.
Eduardo Ángel Cruz: era auxiliar 4º de Informaciones de la Policía Federal Argentina.
Raimundo Oscar Izzi: era cabo de la Policía Federal Argentina.
Carlos Alberto Lorenzatti: era principal de la Policía Federal, en Atlético y Banco lo llamaban “Gato” o “Gato Viejo”.
Ricardo Valdivia: fue subcomisario de la Policía Federal Argentina; a partir del 2 de enero de 1978 cumplió ese cargo en el Departamento de “Situación Subversiva” de la Superintendencia de Seguridad Federal. Varios testigos lo ubican con los apodos “Miralejos” y “Valderrama”.
Héctor Horacio Marc: fue ayudante de 5ª del Servicio Penitenciario Federal.
Juan Miguel Méndez: era primer alférez de Intendencia de Gendarmería Nacional Argentina.
Pedro Santiago Godoy: oficial de la Policía Federal, estaba procesado y falleció con arresto domiciliario, en octubre de 2014. Había sido condenado con Feito en 2012.
Sin fotos
En este inicio del juicio ABO III, los acusados mantienen su anonimato ante los medios. En general, el tribunal concede unos pocos minutos al inicio de la audiencia para que los fotógrafos puedan retratar a las partes, incluyendo a los acusados. Pero esta semana los jueces no habilitaron a los reporteros gráficos a tomarles imágenes. El argumento fue que podría dar lugar a planteos de nulidad de reconocimientos en próximas audiencias del juicio.
Cómo funcionó el circuito de Atlético-Banco-Olimpo
Los tres centros operaron en distintos momentos pero hilvanaron la misma línea de tortura y exterminio a lo largo del tiempo, como tres escenarios de una película del terrorismo de Estado que empezó por Atlético, se mudó primero a Banco y luego a Olimpo. En 2010, el primer tramo del juicio condenó a 16 personas por delitos en ABO contra 181 víctimas. En 2012, ABO Bis (o II) terminó con dos condenas.
“Hay nuevos imputados pero las fuerzas intervinientes del circuito represivo que operó desde fines del 76 a fines del 77 son las mismas: Policía Federal, Ejército, Gendarmería, Servicio Penitenciario. Y más víctimas. Aunque hay muy pocos sobrevivientes de esa etapa, con lo cual no se puede dar cuenta de la cantidad de gente exterminada”, dijo la fiscal Gabriela Sosti.
Club Atlético operó en el barrio porteño de San Telmo, sobre la avenida Paseo Colón 1266, desde los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina. Funcionó ahí durante 1977, hasta que en diciembre, al iniciarse las obras de la Autopista 25 de Mayo, los secuestrados y sus victimarios fueron mudados temporalmente a Banco, mientras terminaba la construcción de Olimpo.
Banco estaba en La Matanza, en lo que fue la División Cuatrerismo de Policía de provincia de Buenos Aires. Operó hasta mediados de 1978. Olimpo funcionó en el barrio porteño de Floresta (Lacarra y Ramón L. Falcón), en la División Mantenimiento de Automotores de la Policía Federal, hasta principios de 1979.
“A mediados de 1978, el pase del Banco al Olimpo coincidió con un cambio de autoridades nacionales. El Ejército asumió el rol de la represión, que en la Ciudad de Buenos Aires estaba a cargo de la Policía. En el último período, la represión había aflojado bastante. De la primera etapa, en cambio, de Atlético y Banco, no hay casi sobrevivientes”, dijo la fiscal Sosti.
La ESMA fue el centro clandestino de la Armada en la Ciudad de Buenos Aires, donde las otras fuerzas operaron sobre distintos centros, donde se perpetraba el exterminio. “Venía pergeñado desde otro lugar. Si se juzgara a la Inteligencia, esos centros clandestinos de detención podrían estar en una causa que dé cuenta de cómo estaba organizada la represión”, explicó Sosti. Porque, como el Ministerio Público Fiscal ha investigado en otros juicios, este circuito aceitado no funcionó aislado de otros. Vesubio tuvo que ver con Banco, Banco con Olimpo, y estos tuvieron conexión con los del Circuito Camps. “Hay circulación de represores, de personas secuestradas para un exterminio con objetivos políticos. A un militante se lo llevaba al centro clandestino de detención donde se lo vinculaba con otro militante de otro centro”, contó.
Juicios a la historia
“Estos son juicios a la historia, no sólo a un Estado con empleados asesinos”, dijo a Cosecha Roja la fiscal. “Por eso es importante que se difunda lo que pasa en estos procesos. Lo que hagamos con la memoria es lo que vamos a hacer con el futuro. Hay que avanzar en ver cuál es la etiología y quiénes fueron los beneficiarios del genocidio. Uno se queda pensando en lo ominoso de la tortura, pero esto se implementó para beneficio de ciertos sectores”.
Cómo sigue el debate
Ayer, en la segunda audiencia, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tassara preguntaron a las querellas -son varias, entre ellas la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Justicia Ya!- si podían dar por leídas sus síntesis de requerimientos de elevación a juicio. Todas estuvieron de acuerdo. El secretario del Tribunal leyó partes de las dos elevaciones a juicio realizadas por el juez Daniel Rafecas hace dos años.
Como suele ocurrir en estos juicios, el defensor de Feito planteó al tribunal que su cliente ya había sido juzgado por estos hechos. La Fiscalía respondió que no se le imputan los mismos casos. El tribunal dirimirá este planteo en la próxima audiencia, el 28 de septiembre a las 9. Ese día los acusados podrán ejercer su derecho a defensa al brindar sus declaraciones indagatorias.
Las tres horas del primer día del juicio no alcanzaron para leer las acusaciones de todas las partes contra los nueve imputados por la privación de la libertad y tormentos a 352 víctimas y los homicidios de 19 de ellas. Los delitos se cometieron en el circuito represivo que funcionó en los centros clandestinos el Atlético, el Banco y el Olimpo entre 1977 y 1979. Sí hubo tiempo para escuchar, en una suerte de poema infinito o de letanía circular, los nombres de cientos de personas y cientos de calles y esquinas donde las secuestraron. A medida que la fiscal Gabriela Sosti leía la síntesis del pedido de elevación a juicio, las coordenadas de las casas, departamentos o bares de donde se llevaron a las víctimas dibujaron otro mapa de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mapa de caídas no hubo barrio que no fuera testigo. En el primer día del juicio, también resonaron en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py las desapariciones en la ciudad de La Plata y en otras localidades desde donde fueron trasladados a estos tres campos de detención, tortura y exterminio que funcionaron bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército Argentino. Así comenzó el martes 20 de septiembre el debate por el tercer tramo de la causa -que en la jerga se conoce como “ABO III” – ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2. Los nueve imputados escucharon por qué estaban ahí sentados.
Carlos Pisoni de H.I.J.O.S suele asistir a muchos juicios, pero éste es parte de su historia. Sus padres Irene Bellochio (delegada gremial del Banco Galicia y militante de la Juventud Trabajadora Peronista) y Rolando Pisoni (estudiante de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y militante de la Juventud Universitaria Peronista) fueron vistos por última vez en el Atlético, el 20 de septiembre de 1977. “Es fuerte verle la cara a los genocidas que no habían sido jugados. Empecé a revivir la historia de mis viejos, la mía personal”, dijo a Cosecha Roja después de la primera audiencia. “Estoy contento porque los juicios continúan, siguen las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; pero también un poco decepcionado por el estancamiento de otros procesos. Es momento de agilizar las causas, de que haya más jueces y menos prisiones domiciliarias, y que las que se otorgan, sean controladas”, agregó Pisoni.
Los imputados
Los homicidios incluidos en las acusaciones son los de 19 personas que el 6 de agosto de 1978 fueron “trasladadas”. De los nueve imputados en este juicio, uno ya fue condenado en ABO Bis, Alfredo Omar Feito (18 años de prisión). Desde 1977 hasta 1982, integró el Batallón de Inteligencia 601. Los testimonios lo sitúan en Banco y Olimpo como “Cacho”, parte del plantel de secuestros, interrogatorios y torturas.
Los demás imputados eran, en su mayoría, de la Policía Federal Argentina pero algunos revistaban en Gendarmería y en el Servicio Penitenciario Federal. ellos son:
Gerardo Jorge Arráez: desde el 31 de enero de 1977, policía en la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal. En “Banco” y “Olimpo”, se hacía llamar “Nito”. Estuvo prófugo, ejerció de abogado con documentación falsa y en 2014 fue detenido, imputado como “coautor de secuestros y torturas de 285 víctimas cautivas en Banco y Olimpo, y por su participación en 19 homicidios.
Juan Carlos Mario Chacra: al momento de los hechos era auxiliar de Segunda del Cuerpo de Informaciones de Policía Federal Argentina. Los testigos lo ubican en Club Atlético con el apodo de “Paco”.
Eduardo Ángel Cruz: era auxiliar 4º de Informaciones de la Policía Federal Argentina.
Raimundo Oscar Izzi: era cabo de la Policía Federal Argentina.
Carlos Alberto Lorenzatti: era principal de la Policía Federal, en Atlético y Banco lo llamaban “Gato” o “Gato Viejo”.
Ricardo Valdivia: fue subcomisario de la Policía Federal Argentina; a partir del 2 de enero de 1978 cumplió ese cargo en el Departamento de “Situación Subversiva” de la Superintendencia de Seguridad Federal. Varios testigos lo ubican con los apodos “Miralejos” y “Valderrama”.
Héctor Horacio Marc: fue ayudante de 5ª del Servicio Penitenciario Federal.
Juan Miguel Méndez: era primer alférez de Intendencia de Gendarmería Nacional Argentina.
Pedro Santiago Godoy: oficial de la Policía Federal, estaba procesado y falleció con arresto domiciliario, en octubre de 2014. Había sido condenado con Feito en 2012.
Sin fotos
En este inicio del juicio ABO III, los acusados mantienen su anonimato ante los medios. En general, el tribunal concede unos pocos minutos al inicio de la audiencia para que los fotógrafos puedan retratar a las partes, incluyendo a los acusados. Pero esta semana los jueces no habilitaron a los reporteros gráficos a tomarles imágenes. El argumento fue que podría dar lugar a planteos de nulidad de reconocimientos en próximas audiencias del juicio.
Cómo funcionó el circuito de Atlético-Banco-Olimpo
Los tres centros operaron en distintos momentos pero hilvanaron la misma línea de tortura y exterminio a lo largo del tiempo, como tres escenarios de una película del terrorismo de Estado que empezó por Atlético, se mudó primero a Banco y luego a Olimpo. En 2010, el primer tramo del juicio condenó a 16 personas por delitos en ABO contra 181 víctimas. En 2012, ABO Bis (o II) terminó con dos condenas.
“Hay nuevos imputados pero las fuerzas intervinientes del circuito represivo que operó desde fines del 76 a fines del 77 son las mismas: Policía Federal, Ejército, Gendarmería, Servicio Penitenciario. Y más víctimas. Aunque hay muy pocos sobrevivientes de esa etapa, con lo cual no se puede dar cuenta de la cantidad de gente exterminada”, dijo la fiscal Gabriela Sosti.
Club Atlético operó en el barrio porteño de San Telmo, sobre la avenida Paseo Colón 1266, desde los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina. Funcionó ahí durante 1977, hasta que en diciembre, al iniciarse las obras de la Autopista 25 de Mayo, los secuestrados y sus victimarios fueron mudados temporalmente a Banco, mientras terminaba la construcción de Olimpo.
Banco estaba en La Matanza, en lo que fue la División Cuatrerismo de Policía de provincia de Buenos Aires. Operó hasta mediados de 1978. Olimpo funcionó en el barrio porteño de Floresta (Lacarra y Ramón L. Falcón), en la División Mantenimiento de Automotores de la Policía Federal, hasta principios de 1979.
“A mediados de 1978, el pase del Banco al Olimpo coincidió con un cambio de autoridades nacionales. El Ejército asumió el rol de la represión, que en la Ciudad de Buenos Aires estaba a cargo de la Policía. En el último período, la represión había aflojado bastante. De la primera etapa, en cambio, de Atlético y Banco, no hay casi sobrevivientes”, dijo la fiscal Sosti.
La ESMA fue el centro clandestino de la Armada en la Ciudad de Buenos Aires, donde las otras fuerzas operaron sobre distintos centros, donde se perpetraba el exterminio. “Venía pergeñado desde otro lugar. Si se juzgara a la Inteligencia, esos centros clandestinos de detención podrían estar en una causa que dé cuenta de cómo estaba organizada la represión”, explicó Sosti. Porque, como el Ministerio Público Fiscal ha investigado en otros juicios, este circuito aceitado no funcionó aislado de otros. Vesubio tuvo que ver con Banco, Banco con Olimpo, y estos tuvieron conexión con los del Circuito Camps. “Hay circulación de represores, de personas secuestradas para un exterminio con objetivos políticos. A un militante se lo llevaba al centro clandestino de detención donde se lo vinculaba con otro militante de otro centro”, contó.
Juicios a la historia
“Estos son juicios a la historia, no sólo a un Estado con empleados asesinos”, dijo a Cosecha Roja la fiscal. “Por eso es importante que se difunda lo que pasa en estos procesos. Lo que hagamos con la memoria es lo que vamos a hacer con el futuro. Hay que avanzar en ver cuál es la etiología y quiénes fueron los beneficiarios del genocidio. Uno se queda pensando en lo ominoso de la tortura, pero esto se implementó para beneficio de ciertos sectores”.
Cómo sigue el debate
Ayer, en la segunda audiencia, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tassara preguntaron a las querellas -son varias, entre ellas la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Justicia Ya!- si podían dar por leídas sus síntesis de requerimientos de elevación a juicio. Todas estuvieron de acuerdo. El secretario del Tribunal leyó partes de las dos elevaciones a juicio realizadas por el juez Daniel Rafecas hace dos años.
Como suele ocurrir en estos juicios, el defensor de Feito planteó al tribunal que su cliente ya había sido juzgado por estos hechos. La Fiscalía respondió que no se le imputan los mismos casos. El tribunal dirimirá este planteo en la próxima audiencia, el 28 de septiembre a las 9. Ese día los acusados podrán ejercer su derecho a defensa al brindar sus declaraciones indagatorias.
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