Gacetilla de prensa:
Convocatoria para el 12 de agosto a las
17 hs. en el mural de Otoño Uriarte.
Libertad para Belén y
anulación de su condena
Belén, una joven tucumana, fue condenada a 8 años de prisión
por el sólo hecho de haber asistido a un hospital mientras cursaba un aborto
espontáneo.
Belén sufrió distintos atropellos y violencias por parte del sistema de salud y el judicial.
Asistió hace dos años al hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con fuertes dolores abdominales. Los médicos le diagnosticaron un aborto espontáneo. En lugar de recibir la asistencia sanitaria que necesitaba, fue denunciada penalmente en una clara violación del secreto profesional.Dieron intervención a la policía permitiendo que la revisaran agentes policiales durante su internación. Recibió tratos crueles y fue víctima de violencia obstétrica.
El poder judicial no aseguró el debido proceso ya que le negó la libertad hasta que se sustanciara el juicio, y la condenó a 8 años de prisión bajo la carátula "homicidio doblemente agravado por el vínculo y con alevosía" sin reunir pruebas.
A Belén se le negaron todos sus derechos por la violencia institucional que pone a las mujeres pobresen el lugar de criminales cuando asistenal hospital requiriendo asistencia por estar cursando un aborto.
El Comité de Derechos Humanos de ONU ya pidió al Estado argentino que tome medidas para su inmediata liberación en virtud de las violaciones alos estándares internacionales de Derechos Humanos cometidas.
El fiscal Edmundo Jimenez dictaminó que "la causa es nula desde foja 1" reconociendo que no existen fundamentos para condenar a Belén. A nivel mundial Amnistía Internacional recogió más de 120.000 firmas que respaldan el pedido de libertad. Belén no puede seguir presa y condenada.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán no puede ser parte de la cadena de violaciones a sus derechos fundamentales.
El Estado tiene que hacerse cargo de la discriminación a la que Belén fue sometida, del maltratoejercido por el sector de salud, la policía y el Poder Judicial, que la han criminalizado desde su ingreso al hospital hasta su privación de la libertad, primero preventivamente y luego a través de una condena injusta y arbitraria, reflejo de posiciones moralistas – conservadoras- religiosas de funcionarixspúblicxsque ponderan sus posiciones personales por sobre las leyes y las institucionales. El Estado debe juzgar las irregularidades con las que se actuó, empezando por las violaciones al secreto profesional cometidas por agentes de salud en una clara vulneración del derecho a la confidencialidad de la paciente.
Belén sufrió distintos atropellos y violencias por parte del sistema de salud y el judicial.
Asistió hace dos años al hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con fuertes dolores abdominales. Los médicos le diagnosticaron un aborto espontáneo. En lugar de recibir la asistencia sanitaria que necesitaba, fue denunciada penalmente en una clara violación del secreto profesional.Dieron intervención a la policía permitiendo que la revisaran agentes policiales durante su internación. Recibió tratos crueles y fue víctima de violencia obstétrica.
El poder judicial no aseguró el debido proceso ya que le negó la libertad hasta que se sustanciara el juicio, y la condenó a 8 años de prisión bajo la carátula "homicidio doblemente agravado por el vínculo y con alevosía" sin reunir pruebas.
A Belén se le negaron todos sus derechos por la violencia institucional que pone a las mujeres pobresen el lugar de criminales cuando asistenal hospital requiriendo asistencia por estar cursando un aborto.
El Comité de Derechos Humanos de ONU ya pidió al Estado argentino que tome medidas para su inmediata liberación en virtud de las violaciones alos estándares internacionales de Derechos Humanos cometidas.
El fiscal Edmundo Jimenez dictaminó que "la causa es nula desde foja 1" reconociendo que no existen fundamentos para condenar a Belén. A nivel mundial Amnistía Internacional recogió más de 120.000 firmas que respaldan el pedido de libertad. Belén no puede seguir presa y condenada.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán no puede ser parte de la cadena de violaciones a sus derechos fundamentales.
El Estado tiene que hacerse cargo de la discriminación a la que Belén fue sometida, del maltratoejercido por el sector de salud, la policía y el Poder Judicial, que la han criminalizado desde su ingreso al hospital hasta su privación de la libertad, primero preventivamente y luego a través de una condena injusta y arbitraria, reflejo de posiciones moralistas – conservadoras- religiosas de funcionarixspúblicxsque ponderan sus posiciones personales por sobre las leyes y las institucionales. El Estado debe juzgar las irregularidades con las que se actuó, empezando por las violaciones al secreto profesional cometidas por agentes de salud en una clara vulneración del derecho a la confidencialidad de la paciente.
El
caso de Belén representa un mensaje disciplinador para todas las mujeres que
seguimos reclamando el ejercicio del derecho a la salud y a la educación sexual
integral sin discriminación, que se cumpla con el aborto no punible – legal –,
yque de una vez por todas se nos reconozca el derecho al aborto legal, libre,
seguro y gratuito.
Exigimos
la libertad inmediata para Belén y anulación de su condena. Nos sumamos a la
convocatoria y las acciones propuestas por La Mesa #LibertadparaBelén.
Este viernes 12 de
agosto llenemos las plazas de todo el país.Belén no está sola.
En la Comarca Andina, nos concentramos en el mural de Otoño el viernes 12 de agosto a las 17 hs.
En la Comarca Andina, nos concentramos en el mural de Otoño el viernes 12 de agosto a las 17 hs.
Convocan:
Mujeres en Libertad, Conjuros a Viva Voz -Producciones Radiales Feministas-,
Socorro Rosa Comarca Andina.
Editoriales ANP
